El modelo frente a sus límites

[nota aparecida en notas.org.ar, el 4 de abril de 2014]

Por Mariano Féliz*

 

Se rompió la ilusión del capitalismo en serio y sin ajuste. Un repaso por las tensiones y los desequilibrios del modelo económico neodesarrollista del gobierno nacional y un repaso por la coyuntura económica actual.

De la sintonía fina al ajuste (¿heterodoxo?)

Luego de años de prepararlo y anunciar que nunca se haría, llegó el ajuste. Desde la “sintonía fina” de Noviembre de 2011, el kirchnerismo primero postergó y luego disfrazó como otra cosa, la necesidad del proyecto neodesarrollista de reordenar sus desequilibrios en un intento desesperado de evitar que sus límites le estallen. El capitalismo en serio comenzó a mostrar sus rasgos más perversos, luego del agotamiento de la etapa de recuperación e inclusión fácil. Se prepara desde entonces la transición a un neodesarrollismo radicalizado: un ajuste macroeconómico que carga sobre los hombros del pueblo la batalla por la competitividad.

Desde 2008 los desequilibrios era evidentes. La inflación se acentuaba por el control monopolista transnacionalizado de todas las ramas de la economía y por la estrategia que nos coloca como vendedores de materias primas y commodities básicas. En ese marco, la suba en los términos del intercambio comercial y la lucha social por el ingreso se traducen en inflación. La crisis fiscal se apoya en la decisión de subsidiar al gran capital (sin contrapartidas, ni obligaciones) pero sin ampliar la base impositiva sobre las fuentes de rentabilidad y consumo excedentes. El resultado es una creciente endeudamiento interno (con ANSES y Banco Central) y la presión para (y decisión de) retomar el endeudamiento externo bajo la renovada tutela del FMI. Finalmente, la crisis externa y productiva que resulta de una política económica que decidió dejar en manos del gran capital las principales decisiones de inversión y, de esa manera, luego de años de crecimiento acelerado, enfrenta los históricos límites del capitalismo dependiente: crisis devaluatoria, industrialización trunca y regresividad distributiva.

El kichnerismo ha intentado superar estos límites -sin salirse del proyecto que ha forjado- apelando a la solidaridad de la burguesía local transnacionalizada. La presidenta los ha invitado a invertir apostando por el país, luego de haberse apropiado de millonarias ganancias. La respuesta ha sido clara: desinversión y fuga, acaparamiento de mercancías y atesoramiento especulativo de divisas. En el último año ello se acentuó y la consecuencia ha sido la desaceleración de la inversión, la caída brutal en las reservas del Banco Central, el estancamiento económico y la profundización de los límites del “modelo”.

Transición en camino

Los sectores dominantes están decididos a crear las condiciones para que el próximo gobierno de los “partidos del orden” sea el gobierno de la radicalización productivista y competitiva del neodesarrollismo. El kirchnerismo busca llegar al 2015 allanando ese camino, acelerando la transición desde fines de 2013.

El nuevo índice de precios da cuenta del camino elegido hace meses. En el primer bimestre, los trabajadores perdieron más del 3% del valor de su fuerza de trabajo (y por tanto, su poder de compra) con una inflación de 7,1% (a pesar de los “precios cuidados”) frente a salarios que subieron 3,49%; el impacto es aún mayor para los beneficios de la Asignación Universal que no se ajustan desde hace meses. A esto se suma la decisión de acelerar el ajuste en las tarifas de los servicios públicos por la vía de la reducción de los subsidios, con un impacto directo en los ingresos populares, mientras se mantienen los subsidios y la “promoción” al conjunto de las empresas manufactureras, las automotrices, las mineras y las armadurías en Tierra del Fuego. En paralelo, la economía se estanca y la devaluación y suba de tasas de interés contribuyen a acentuar el proceso. La industria cae 0,5% en el último año y la actividad de la construcción se desploma un 5,2%; como resultado, el crecimiento anual ha sido sólo 1,2%, insuficiente para generar los empleos que incorporen a los jóvenes que se suman anualmente a trabajar. La devaluación brusca y no compensada (sin protección a los salarios y beneficios sociales) redunda en una violenta redistribución de ingresos a favor de las empresas, en especial las más grandes, transnacionales y exportadoras.

Incapaz de salirse del corcet que construyó, el gobierno busca complementar la devaluación y compensar parcialmente sus afectos recesivos intentando impulsar un salto inversor de parte de quienes se han negado a hacerlo por su propia voluntad: el gran capital transnacional. Para ello busca cerrar prontamente las puntas abiertas en la reestructuración de la deuda externa, que ya lleva diez años: la búsqueda de un acuerdo con el Club de Paris (de países acreedores, como Francia y España) va en ese sentido, y complementa la decisión de pagar a REPSOL por la expropiación de YPF, la permanencia en el ámbito del CIADI (corte del Banco Mundial para defender los intereses de las transnacionales frente a los Estados) y la aceptación de sus fallos millonarios en contra del país. YPF se encuentra a la cabeza de esta reafirmación del camino de la dependencia: avanza en los acuerdos con las multinacionales del petróleo, como la francesa Total (convenio directamente ligado a la “solución” de la discordia con el Club de Paris), para la explotación de Vaca Muerta.

La batalla de hoy, prepara la de mañana

Ante la evidencia de la crisis en el neodesarrollismo, el pueblo trabajador despliega la resistencia. Primero, rearfimando la necesidad, en lo inmediato, de frenar el ajuste salarial que la inflación y la política de paritarias tuteladas. La lucha docente en la provincia de Buenos Aires consiguió un triunfo parcial (ya que no alcanza a dignificar en lo salarial la tarea docente) pero significativo (pues supera en mucho el punto de partida, menor al 25% y por debajo de la inflación). El mismo pone sobre la mesa el papel clave de la movilización y la unidad en la acción, y la necesidad de superar la barrera que imponen las burocracias sindicales.

Este es un hito en las luchas futuras de los y las trabajadores de la educación y establece un punto de referencia de objetivos y prácticas para el conjunto del pueblo en lucha. Segundo, la desaceleración económica y la alta inflación ponen sobre el tapete la necesidad de defender los puestos de trabajo hoy en riesgo así como los ingresos de las familias trabajadoras. Están a la orden del día la necesidad de suspender los despidos, anular el ajuste de los alquileres para viviendas y la ampliación del alcance y urgente actualización del conjunto de los beneficios de la seguridad social (asignaciones familiares, asignación universal, jubilaciones y pensiones).

 

* Profesor UNLP. Investigador CIG-IdIHCS/CONICET-UNLP. Miembro del Centro de Estudios para el Cambio Social.

Radicalización del neodesarrollismo

Artículo publicado el 27 de diciembre de 2013 en en marcha.org.ar  (http://www.marcha.org.ar/1/index.php/nacionales/97-analisispolitico/4849-radicalizacion-del-neodesarrollismo-su-propia-superacion)

Por Mariano Féliz*. Luego de un quinquenio de estabilización progresiva, a partir de 2008 el proyecto neodesarrollista impulsado por el kirchnerismo desde el Estado comenzó una etapa bisagra.

 

Entre ese año y 2011 las contradicciones que habían creado barreras crecientes al proyecto hegemónico, comenzaron a tornarse en límites cada vez más complejos de superar dentro de la misma estrategia de poder. Una economía altamente dependiente, basada en el saqueo de las riquezas naturales y la superexplotación del trabajo, bajo el control estructural del gran capital transnacional fue incapaz de acomodarse al cambio en la coyuntura internacional y el surgimiento de vulnerabilidades crecientes. La agudización progresiva de la crisis fiscal del Estado, la renovada crisis externa, el retroceso en la redistribución del ingreso a favor de los trabajadores y el bloqueo de la reindustrialización fueron sus manifestaciones más evidentes. A esto se sumaron graves errores de política, evidentes en:

(a) la crisis energética, causada –entre otras cosas- por una fallida política de subsidios y de “dejar hacer” a las empresas de energía y petróleo. Esa política condujo a la creciente necesidad de importar combustibles con su impacto negativo en el balance de pagos,

(b) la crisis de reservas internacionales. Ella es resultado en gran medida de la política de “pagador serial” de una deuda pública ilegítima e ilegal,

(c) la crisis en el transporte público. Esta es producto combinado de la promoción indiscriminada de la industria automotriz y el transporte individual (en parte vinculada a nuestra posición subordinada al Brasil), y una política de subsidios a las empresas transportistas que alimentó las ganancias pero destruyó la infraestructura, y

(d) la crisis habitacional, resultado de la falta de una política que regule la especulación inmobiliaria y los contratos de alquileres.

En 2011 con un amplio triunfo electoral bajo el brazo, el kirchnerismo comenzó un giro que pretendía ser el camino para intentar disminuir las vulnerabilidades e iniciar una dificultosa transición para “radicalizar” el rumbo neodesarrollista. Es decir, desde el gobierno buscaron dar continuidad al proyecto hegemónico, sin superar sus limitantes estructurales (inserción dependiente, de perfil extractivista/exportador bajo control transnacional y subordinada regionalmente).

Ese giro implicó, entre otras cosas:

(a) Acentuar la apropiación de todos los recursos fiscales disponibles (fundamentalmente a través del ANSES) sin alterar la estructura tributaria y flexibilizar las regulaciones del BCRA para convertirlo en medio de financiación del Estado. Ello buscó dar al Estado “poder de fuego” para alimentar la demanda global –por la vía del gasto y el crédito barato- e intentar estimular el consumo y la inversión privada (que no repuntó significativamente en la última década a pesar de la alta rentabilidad).

(b) Iniciar un ciclo de desvalorización del peso. El objetivo de ese cambio es recuperar parte de la competitividad perdida, aún a costa de acicatear la inflación.

(c) Aumentar la política de control salarial indirecto. La misma logró estancar los salarios reales aunque sin conseguir ninguna mejora significativa en la competitividad o reducciones en las tasas de inflación.

(d) Aumentar el control de la compra/venta de divisas. Sin embargo, ello se hizo sin cambiar la estructura del comercio exterior, el peso de las transnacionales en la economía, los patrones de consumo suntuario, la política energética o la de “pago serial” de la deuda externa que son, entre otras, las fuentes básicas del creciente déficit externo.

(e) Tomar mediadas parciales para corregir la política de subsidios en energía y transporte. Sin embargo, ello se hizo sin alterar sustancialmente la estructura de propiedad y gestión en las ramas de producción y distribución de energía y combustible, o la estructura global del transporte masivo (de cargas y pasajeros).

(f) La reestatización parcial de YPF opera como cambio importante en la etapa. Su principal objetivo es desplazar la “restricción externa” convirtiendo a la Argentina en nación petrolera (exportadora neta de hidrocarburos).

(g) Comenzar un proceso de planificación “en los papeles”. La estrategia de radicalización productivista del proyecto neodesarrollista a través de los Planes Estratégicos Agroalimentario y Agroindustrial (PEAA2020) y el Industrial (PEI2020) tiene el objetivo de acelerar la inversión, el crecimiento de la productividad y, consecuentemente, mejorar la competitividad.

(h) Implementar el Plan Procrear, aunque sin dar una solución de fondo a la crisis habitacional.

Esta política no logró evitar la desaceleración general de la economía, el empleo y los salarios, ni corrigió las principales vulnerabilidades macroeconómicas (fiscal, externa, alta inflación) ni alteró la re-concentración global de los ingresos en manos del capital. En los dos años que concluyeron en las elecciones legislativas de 2013 las barreras, los límite y la tendencia general a la crisis del proyecto hegemónico se profundizaron.

La derrota electoral del kirchnerismo abrió la puerta a una acentuación de ese giro estratégico. En la misma línea, se producen cambios parciales en la política cambiaria, energética, de transporte, etc., sin una alteración sustantiva de las bases estructurales del proyecto hegemónico:

(1) Se acelera la devaluación del peso para recuperar competitividad al costo de una inflación creciente y de la desvalorización salarial.

(2) Se estatiza parcialmente el sistema de transporte (incluidos peajes) con reducción de subsidios y aumentos de tarifas, pero sin redefinir integralmente su estructura, o el lugar del automóvil en el sistema.

(3) Se aceleran los acuerdo con transnacionales para la explotación de hidrocarburos no convencionales, con el fin de realizar obras hidroeléctricas o para la llamada “modernización” del sistema de transporte. Brilla por su ausencia una política de desarrollo nacional de las tecnologías o bienes de capital necesarios para esas obras, pues los mismos son importados a cambio del ingreso de divisas y/o la garantía de demanda externa de los productos de exportación (ej., trenes por soja).

(4) Continúan las demandas del kirchnerismo al conjunto de la burguesía para que aumenten las tasas de inversión, mientras las fracciones dominantes exigen a cambio del “progreso” una mayor cuota de “orden”.

(5) Comienzan a producirse “deslizamientos” en la estructura salarial a favor de las fuerzas de seguridad, eslabón que ganará peso en una etapa que augura mayores niveles de conflictividad y menor consenso.

El neodesarrollismo atraviesa momentos duros en los que la necesidad de su radicalización productivista enfrenta la fractura de bloque de poder y la explosión silenciosa de sus contradicciones y límites. La transición se ha iniciado. Su final no está anunciado.

 

* Investigador CONICET. Profesor UNLP. Miembro del Centro de Estudios para el Cambio Social. Agradezco los comentarios de Ismael Domian, Diego Paz y Melina Deledicque a la versión inicial de esta nota.

¿Hacia la crisis transicional en el neodesarrollismo?

[publicado en marcha.org.ar; miércoles 4/9/2013]

El enfrentamiento con los “fondos buitres” y los cambios en el impuesto a las ganancias ponen nuevamente en el tapete el debate sobre los límites del neodesarrollismo kirchnerista.

Una de terror: buitres versus pagadores seriales

El fallo de la Corte de Apelaciones de Nueva York en torno a la demanda de acreedores externos, pone nuevamente en el debate nacional a la deuda externa. A pesar de haberse reducido su peso relativo, luego de haber pagado decenas de miles de millones de dólares y de dos canjes (“exitosos” en sus propios términos), Argentina está en situación de insolvencia potencial.

Frente a los ahorros realizados con los canjes (79 mil millones de pesos, equivalentes al total destinado a la asignación universal, o las escuelas construidas/arregladas en los últimos 10 años), la friolera de los pagos efectuados (170 mil millones de dólares, 15 veces los “ahorros”), ponen en perspectiva las ventajas de esa estrategia. Por otro lado, ratifican una inaudita cesión de soberanía, revalidando la decisión de pagar en plazas internacionales.

No ir de frente contra el carácter fraudulento e ilegítimo de la mayor parte de la deuda, ha tenido costos enormes. Toda la estrategia podría derrumbarse por la acción de 0,5% de los bonistas, los temidos “fondos buitres”, pues se ha dado un poder inconmensurable a una minúscula fracción de los acreedores externos.

Esos especuladores se han convertido en espada de Damocles para la estrategia de gestión de la deuda. Antes que “crecer para pagar”, la idea podría definirse como “reestructurar y pagar para seguir pagando”. Como en una mala película de terror, a los Buitres se los enfrentó con la estrategia del “Pagador Serial”, que paga sin motivo aparente. La consecuencia es siempre trágica. Con lo que se pagó a los acreedores ¿cuántas viviendas y escuelas podrían haberse construido, cuánto más podrían haber aumentado las jubilaciones, y los salarios de docentes y médicos?

La deuda externa regresa como la vieja deuda eterna. ¿Qué pasará si la Corte Suprema de los EE.UU. ratifica la obligación del gobierno argentino de pagar a los buitres? Los pronósticos no son optimistas, pero es sorprendente que la primera opción haya sido encomendarnos a la Providencia Divina: “La primera decisión que hemos tomado, bueno, es pedirle a Dios que ilumine a la Corte Suprema de los Estados Unidos”, dijo la presidenta en transmisión conjunta de radio y televisión.

Ganancias: prima el pragmatismo

En la misma semana, el gobierno informó su decisión unilateral de alterar la estructura del impuesto a las ganancias: 1,7 millones de asalariados y jubilados dejarán de pagarlo por los próximos meses, al menos hasta que la siguiente ronda de negociaciones colectivas lleve a muchos, que ganan entre 11 y 15 mil pesos por mes (menos de 2 veces la canasta familiar) nuevamente por encima de los mínimos.

En una decisión evidentemente motivada por cuestiones electorales, el Ejecutivo prefirió no modificar el mínimo no imponible (demanda básica del sindicalismo) sino crear una deducción especial adicional (que aparecerá señalada en los recibos de sueldo) que sube ese mínimo a 15 mil pesos brutos de ingreso mensual para casadas/os y solteros/as. La nueva deducción no altera las escalas del impuesto, que han quedado fuertemente desactualizadas, ni eleva las escalas superiores del mismo (que no superan el 35%).

La tardía decisión se toma de manera inconsulta con el conjunto de las organizaciones populares, en particular las sindicales, sólo invitando a “discutir” en el Encuentro de Diálogo Social a las corporaciones empresariales y sindicatos hoy afines de su proyecto. El Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil brilla por su ausencia y sigue siendo un lugar de legitimación de los hechos consumados del gobierno antes que espacio de negociación pública y democrática. El gobierno continúa haciendo de las decisiones impositivas un instrumento de su control unilateral, en este caso modificando un impuesto clave sobre los salarios, cuando se le ocurre y como se le ocurre. Sería tiempo de crear un mecanismo automático de actualización de las categorías, deducciones y mínimos del impuesto.

El cambio decidido supone una pérdida fiscal de 5000 millones de pesos hasta fin de año. Para compensarlo parcialmente, recuperando unos 2000 millones de pesos, el gobierno establecerá un impuesto de 10% sobre la distribución de dividendos de las empresas por acciones y una tasa de 15% sobre la compra-venta de acciones que no cotizan en los mercados de capitales locales. La medida es justa pero parcial, fuera de un debate integral sobre la carga tributaria y los mecanismos de recaudación, y se toma justo cuando eran reactivadas (y ahora abortadas) en el Congreso las discusiones sobre la re-imposición de las cargas patronales que fueron reducidas en los 90.

Una decisión correcta pero oportunista e insuficiente: continúa negando la justicia de los reclamos que plantean que el salario no es ganancia, y que es imprescindible gravar ampliamente y en mayor medida a la renta extraordinaria (en el agronegocio, las finanzas, la minería, el juego), y a las ganancias empresariales.

Negación de la crisis, necesidad de alternativas populares

Estas medidas caracterizan tanto la estrategia política de las fuerzas en el gobierno (kirchnerismo), así como los límites de una estrategia de “desarrollo” que no busca radicalizarse para dirigirse a la superación del capitalismo periférico.

Una década después de sus inicios, la falta de vocación para la participación y el protagonismo popular se exacerban en el arco político del kirchnerismo y parecen conducirlo a su superación por derecha (dentro del justicialismo). Diez años en que no se alteraron estructuralmente las reglas del juego de la economía argentina más que para estabilizarla a favor del capital, con consecuencias concretas. La dilapidación de millones de dólares en pagos “seriales”, la continuidad de una política fiscal que sigue castigando a los trabajadores/as con altos impuestos (IVA, “ganancias”) y pobres prestaciones en servicios públicos -salud, educación, vivienda, transporte- mientras premia al gran capital con subsidios y exenciones.

Hoy, la creciente debilidad de los frentes fiscales (déficit creciente) y externos (reservas en niveles mínimos), parecen llevar a una situación de crisis y deslegitimación definitiva del proyecto kirchnerista aunque no necesariamente del proyecto neodesarrollista.

Eso no implica que la salida sea inevitablemente por derecha. Sólo supone que su superación “natural” parece serlo (Scioli y Massa como los principales referentes). La “tibieza” del proyecto kirchnerista que sólo tiene vocación de construir un capitalismo posible en la periferia sin compromiso con una participación popular, deja sembrado el sendero para una etapa donde la balanza entre consenso y coerción se incline algo más hacia esta última.

Frente a este panorama es imprescindible la construcción de alternativas políticas de los sectores populares para enfrentar la crisis transicional en el proyecto neodesarrollista (2013-2017) con posibilidades de convertirla en una crisis del proyecto e impulsar una alternativa emancipatoria, de base nacional-popular y tendencia anti-capitalista, donde la participación popular sea protagonista.

Chevron, Vaca Muerta y el proyecto neodesarrollista. ¿Es posible una alternativa energética para el buen vivir?

[nota aparecida en Página/12, 5/agosto/2013, con el título de "Apostar por el buen vivir"; http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-226039-2013-08-05.html%5D

El acuerdo YPF – Chevron avanza contra los derechos populares sobre los bienes comunes y profundiza la integración dependiente de nuestro país.

“Si malo es el gringo que nos compra, peor es el criollo que nos vende” Arturo Jauretche.

Hidrocarburos por ‘fracking’, el combustible del neodesarrollismo.

El acuerdo del Estado con la trasnacional Chevron, perfecciona la ecuación energética del proyecto de capitalismo en serio, creando las pre-condiciones para convertirnos en nación petrolera.

El acuerdo revierte la retórica anti-imperialista agitada por el gobierno y los enemigos del Pueblo se convierten en socios indispensables, que aportan recursos y saber técnico. Sin embargo, la inversión de Chevrón representará un porcentaje ínfimo de los recursos necesarios, que serán aportados mayoritariamente por YPF, quien por su parte ya usa las tecnologías de punta.

Hasta la salida de Repsol, la estrategia había sido mantener el esquema de concesiones petroleras a empresas privadas creado en los años 90. Erróneamente se esperó que ellas invirtieran mientras el gobierno mantenía bajos precios para los combustibles a través de subsidios masivos. Resultado: el igual que Repsol, Chevron desinvirtió y fugó capitales. Esa política llevó al agotamiento de las reservas, a la creciente importación de combustibles y a la consolidación de una matriz energética y un patrón de consumo apoyado en combustibles fósiles.

Con la re-estatización parcial de YPFSA, el kirchnerismo dió un giro inesperado. La empresa sería la base de una nueva estrategia: convertir a la Argentina en país exportador neto de combustibles a partir de las explotación del gas/petroleo no convencional con las técnicas de la factura hidráulica (o “fracking”), cuyo elevado costo socio-ambiental ha llevado a varios países a prohibirla. Más allá de cualquier beneficio económico mediato o inmediato de esa decisión, cabe primero poner en debate la conveniencia de la explotación misma, más cuando contamos con alternativas energéticas abundantes y poco exploradas.

Ignorando las denuncias de organizaciones socio-ambientales y la decisión de pueblos que en el país votaron contra el fracking, el gobierno avanza con esta primera ‘alianza estratégica’. Chevron obtiene el derecho a la exploración y explotación en condiciones excepcionales, con exenciones impositivas multimillonarias (por 35 años), libre uso del 20% de la producción en el corto plazo (luego del quinto año del acuerdo) y posibilidad de remisión al exterior de todas las utilidades obtenidas. El acuerdo habilita a todas las empresas que ya operan en el país a avanzar en proyectos similares y con similares beneficios.

La soberanía popular sobre las riquezas naturales permanece en el discurso oficial pero cambia de contenido, desnaturalizándola. El capital financiero sigue pesando en la dirección de YPF que permanece como sociedad anónima cotizando en la bolsa. La soberanía energética se reduce a la exportación de hidrocarburos. A diferencia de la experiencia de países del ALBA, Argentina mantiene una política que cede al sector privado 2/3 de las explotaciones para el saqueo de nuestras riquezas. El reciente decreto del gobierno nacional crea un marco más propicio para que las provincias sigan avalando la depredación del subsuelo. La normativa continúa cediendo a la jurisdicción extranjera la resolución de las controversias entre las partes, abandonando el derecho soberano de la justicia argentina.

Más allá del neodesarrollismo. Una política energética para el buenvivir.

Se profundiza una patrón periférico de inserción internacional de la economía. A la sojización transgénica y la mega-minería a cielo abierto, se agregan los hidrocarburos no convencionales al eje extractivista de producción para la exportación. La nación organizada como plataforma de exportación de productos primarios o manufacturas básicas para beneficio de las trasnacionales y nuestros socios comerciales.

Frente a un destino presentado como inexorable pero providencial, es indispensable comenzar un nuevo camino que nos re-posicione como nación enmarcada en un proyecto popular en la Patria Grande.

Primero, la política de hidrocarburos debe nacionalizar las reservas, desplazando al capital privado. Esto supone suspender las nuevas concesiones a la vez que se anulan las existentes, con YPF recuperando el control de estos bienes comunes. El ejemplo venezolano de control 100% estatal sobre todas las explotaciones de riquezas naturales o la estrategia ecuatoriana de no explotar los hidrocarburos bajo el parque nacional Yasuní para proteger su biodiversidad, son ejemplos de alternativas viables.

Debe reencauzarse la política energética orientando recursos, hoy derrochados en estos proyectos altamente costosos, hacia el desarrollo local de tecnologías de producción de energía renovable de menor impacto social y ambiental. La superación a mediano plazo de la dependencia de los hidrocarburos, la energía hidroeléctrica y nuclear pude ser impulsada por una nueva YPF, transformada en sociedad de gestión popular en lugar de sociedad anónima, y convertida en empresa de producción de energías sustentables.

Tercero, la nueva matriz de generación debe ser acompañada por una estrategia de reducción del consumo suntuario de energía, alterando los patrones de consumo y las tecnologías de producción en empresas. Esto requerirá revisar el conjunto de las políticas de transporte, vivienda e infraestructura (entre otras) en pos de construir nuevas formas de vida social que respeten a la naturaleza y promuevan el uso racional de la energía y los bienes comunes.

En definitiva, frente al acuerdo de Chevron-YPF (que no es más que la más reciente expresión de la política del neodesarrollismo en la periferia), la alternativa es avanzar en una dirección que tenga por horizonte el buen vivir.

Por Mariano Féliz (investigador CONICET, profesor UNLP, miembro del Centro de Estudios para el Cambio Social).

Los secretos del neodesarrollismo

Los secretos del neodesarrollismo.
Por Mariano Féliz*

[artículo publicado en revista Mascaró, mayo de 2013]

Periódicamente aparecen noticias señalando el crecimiento de las exportaciones o en la recaudación de impuestos. Esos números aparentemente positivos tienden a ocultar un patrón de producción con elementos altamente regresivos. El mismo se articula a un estructura económica apoyada en la superexplotación de la naturaleza y de la fuerza de trabajo. Si bien, a través del neoliberalismo esa estructura se consolidó en los países de Suramérica, en la Argentina sus rasgos negativos alcanzan ribetes extraordinarios.

Desde esa base, en los países del ALBA, pueblos y gobierno populares hacen esfuerzos por apuntalar procesos de transformación poscapitalista que permitan superar y desplazar esos fundamentos. Por el contrario, en Argentina desde 2002 el kirchnerismo ha tomado como punto de partida las tendencias y estructuras creadas en el neoliberalismo (1975-2001) pero las aprovecha para avanzar en un proyecto de las clases dominantes: un capitalismo neodesarrollista. Utiliza los resultados del neoliberalismo para montar una estrategia favorable a las necesidades de las más grandes empresas del país (en su mayoría extranjeras) en un intento de garantizar las condiciones que les permita acumular más ganancias.

Superexplotación y saqueo, los pilares del modelo.

Ese proyecto se apoya en dos pilares fundamentales. Por un lado, la superexplotación de la fuerza de trabajo. Esto quiere decir que una parte importante de los/as trabajadores/as en Argentina están cobrando salarios que se encuentran por debajo de la canasta familiar: más de la mitad de la fuerza de trabajo asalariada gana menos que esa canasta, que hoy se encuentra en torno a los 8000 pesos mensuales. En Argentina una gran cantidad de personas no solo gana menos de lo que produce con su trabajo (es decir, es explotada) sino que gana menos de lo que necesita para vivir dignamente (es decir, es super-explotada). De allí que una porción significativa de las ganancias empresariales sean resultado de este proceso que les permite apropiarse de una porción excesiva (aún dentro del capitalismo) de la riqueza creada: los empresarios se quedan con el 65% del valor creado por el pueblo trabajador. ¿Cuál es la causa principal de esta situación? La precarización del empleo que desprotege a los trabajadores y trabajadoras y reduce su poder de negociación frente a las empresas. Hoy más del 50% de los trabajadores del sector privado se encuentran en alguna forma evidente de precarización. Si bien la precarización del empleo se generalizó a través del neoliberalismo, en el neodesarrollismo las grandes empresas la perpetúan y reproducen a escala ampliada. Para colmo, esta situación es favorecida por el Estado que es el principal precarizador del empleo, a través del uso de cooperativas o subcontrataciones irregulares, y de formas de contratación temporarias que se extienden a más del 70% de la planta de personal en algunas dependencias.

En segundo lugar, la economía argentina funciona sobre la base de las superexplotación (o saqueo) de la naturaleza. Esto significa que una gran proporción de la riqueza social surge de la utilización no sustentable de las riquezas naturales o bienes comunes. Esas riquezas naturales (agua, tierra fértil, minerales, etc.) son convertidos en recursos naturales al ser explotados productivamente por parte de grandes corporaciones o por el propio Estado (a través de YPF, por ejemplo). En el caso de la Argentina, esa utilización se traduce en saqueo de las riquezas por dos motivos fundamentales. Por un lado, buena parte de la riqueza extraída se destina directamente a la exportación (prácticamente la totalidad de la soja y el oro producido) sin tener en cuenta las necesidades productivas y de consumo del pueblo. Por otra parte, los procesos de explotación de las mismas se basan en técnicas de alto impacto socioambiental: consumo excesivo de energía y agua, utilización insumos altamente tóxicos sin control (como el herbicida Round-Up), destrucción del hábitat natural por la vía de la dinamita (en el caso de la mega-minería a cielo abierto) y por la sobre-utilización de la tierra. Además, las empresas que controlan la mayor parte de estas actividades son grandes capitales trasnacionales (tanto extranjeros, como Monsanto y Barrick Gold, como “nacionales”, como Grobocopatel) cuyo único interés es obtener las mayores ganancias posibles en el mínimo tiempo, sin considerar los costos sociales ni el respeto a los tiempos de reproducción de la Madre Tierra.

Está lógica de producción, impulsada desde el Estado, permite al conjunto de las mayores empresas que operan en Argentina obtener superganancias 50% superiores a las que obtenían en los noventa. Paradójicamente, a pesar de esos elevados niveles de rentabilidad, brillan por su ausencia su reinversión en la ampliación de la capacidad productiva, en el desarrollo de la tecnología o en la mejora en las condiciones de trabajo y remuneración. El gran capital prefiere fugar esos recursos o dilapidarlos en el consumo suntuario de sus propietarios y socios en el Estado. La consecuencia es la incapacidad de la economía de responder a las necesidades populares y consecuentemente multiplicar las presiones inflacionarias.

¿No hay alternativas? Más allá del neodesarrollismo, el Buen Vivir.

Frente a la situación planteada, la posición hegemónica –defendida por el gobierno y por las fracciones dominantes del gran capital- es profundizar el camino emprendido promoviendo las obras de infraestructura ligadas al saqueo (puertos, carreteras, plantas de energía eléctrica) y expandiendo los subsidios directamente dirigidos a las grandes empresas. Las obras vinculadas a la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana –IIRSA (como el Corredor Bioceánico Aconcagua; ver Mascaró 9) son un claro ejemplo. En esa misma línea se articulan la política macroeconómica, industrial y agropecuaria, así como la política de ciencia y técnica, todas orientadas a mantener la “competitividad” (rentabilidad) del capital.

¿Pero no hay alternativas? Suele enfatizarse que no hay opciones, que lo racional es aprovechar las ventajas existentes (fuerza de trabajo barata y bien calificada, abundancia de riquezas naturales) para impulsar el desarrollo capitalista (es decir, el crecimiento económico). Poco se dice de los costos de esa estrategia, que como vimos son vastos y de largo alcance (afectando también a las generaciones futuras).

Sin embargo, muchas organizaciones populares de la Argentina y la experiencia concreta de los países del ALBA en la región, permiten delinear alternativas viables. Por un lado, marcan la necesidad de poner en discusión el modelo de producción extractivista basado en el saqueo. Ello requiere racionalizar la producción minera y agroalimentaria, adaptándola a las necesidades del conjunto del pueblo (suspendiendo algunas producciones como la de oro, o redireccionando el uso de la tierra, por ejemplo, reduciendo la producción sojera a favor de otras alternativas) y teniendo en cuenta las demandas de las poblaciones directamente afectadas. Por otra parte, la nueva ley orgánica del trabajo (LOT) venezolana es un nuevo paradigma para la defensa de los derechos de los/as trabajadores/as en el empleo, pues prohíbe la tercerización precarizadora y garantiza un adecuado derecho al descanso y la formación en el trabajo, entre otros derechos. Además, es necesitarlo repensar el patrón de consumo y producción de energía, a los fines de acotar el uso de energía en el consumo y la producción de bienes y servicios (por ejemplo, menos autos, más transporte público, más bicicletas), y de redefinir la matriz energética hacia alternativas renovables compatibles con las necesidades de la naturaleza. Finalmente, el Estado debe redireccionar los subsidios al capital para promover la inversión productiva con fines de satisfacer las necesidades del conjunto del pueblo y reducir (entre otras formas, por la vía impositiva) el consumo suntuario, que no sólo desvía recursos de destinos socialmente más importantes, sino que alimenta la inequidad social.

Tal vez con la excepción de Cuba, ningún país del mundo escape hoy a la carga de la superexplotación del trabajo y la naturaleza, pero las diferencias nacionales en la región Suramericana no son menores: están quienes se la aprovechan para el beneficio de unos pocos (como en Argentina) y, por otra parte, aquellos que buscan reducir su incidencia buscando el Buen Vivir de sus pueblos, preservando la vida del planeta y de la especie humana.


* Profesor Ordinario UNLP. Investigador CIG-IdHCS/CONICET-UNLP. Miembro del Centro de Estudios para el Cambio Social. Correo elecrónico: marianfeliz@gmail.com

“Los secretos del neodesarrollismo”, en la revista Mascaró

Comprá la revista Mascaró de mayo y leé Los secretos del neodesarrollismo.

“Diez años de kirchnerismo y la situación del pueblo trabajador”

“Diez años de kirchnerismo y la situación del pueblo trabajador”.

El proyecto neodesarrollista enfrenta sus límites: Precarización del empleo y estancamiento salarial.

Por Mariano Féliz* y Diego Paz**

En http://frentepopulardariosantillan.org

A diez años de comenzado el proceso político dominado por el kirchnerismo como fuerza política en el control del Estado, un nuevo Primero de Mayo nos permite valorar las situación del pueblo trabajador en Argentina.
Luego de un primer lustro (2003-2007) de inflación moderada y crecimiento económico sostenido, el proyecto kirchnerista, de carácter neodesarrollista[1] (y nombrado desde el gobierno como un capitalismo “serio”), enfrenta sus límites. Esto se manifiesta en el aumento de los precios, desde el 2008, por encima del 20% anual (promedio), y a una situación que alterna entre el estancamiento perdurable y el bajo crecimiento de la actividad económica. Esto supone pasar de una situación de aumento en el empleo, recuperación parcial de los salarios de los trabajadores y trabajadoras formales y por lo tanto cierta mejora distributiva, a una situación de salarios fluctuantes, escasa creación de empleo y descenso en la participación de los salarios en el ingreso. Los “beneficios del modelo” han durado poco para el pueblo trabajador. La fachada del “capitalismo serio” que prometía una vida mejor para todos y todas, muestra cada día más sus grietas y su verdadera naturaleza.
Por detrás de este ciclo, una serie de elementos marcan las continuidades estructurales del proyecto actual con el neoliberal: la persistencia de la precarización como forma extendida de las relaciones laborales y la super-explotación del trabajo como fuente extraordinaria de ganancias empresariales, entre otras continuidades como el saqueo de la naturaleza, la regresividad tributaria y el sometimiento al pago de la deuda pública.
Más de una década después de la crisis neoliberal en Argentina, la mitad de los/as asalariados/as en el sector privado enfrentan alguna forma de precarización laboral mientras que la misma penetra todos los rincones del aparato estatal. Los contratos basura, las cooperativas truchas y las tercerizaciones son las modalidades más extendidas, aunque no las únicas. Estado y capital han escrito un compendio de formas de precarizar el trabajo, con el aval de presidentes/as y CEO, de ministros y gerentes, de secretarios, subsecretarios y directores. La extensión de la precariedad laboral garantiza la prevalencia de la super-explotación de los trabajadores y trabajadoras: más del 50% ganan por debajo de la canasta familiar mientras un número creciente ganan menos que el salario mínimo. Los bajos niveles salariales y las precarias condiciones de trabajo se desparraman en efectos sobre las condiciones materiales de vida, haciendo imposible para las familias trabajadoras tener una casa digna o arreglarla, tener tiempo de ocio y esparcimiento, alimentación y vestimenta adecuados o acceso a servicios básicos.
Esta situación es el producto de la condición estructural que desde el Estado ha sido consolidada, pero también de la política laboral llevada adelante desde el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Desde 2003, ese ministerio utilizó la reapertura de las Comisiones Paritarias para canalizar institucionalmente el conflicto laboral que desde 2002 se hacía cada vez más potente. Una creciente cantidad de comisiones internas ganadas por los/as trabajadores/as a las burocracias sindicales se convirtieron para el gobierno y las cúpulas de los sindicatos en los principales objetivos de la nueva política laboral, en un afán de controlarlas y neutralizarlas en su accionar.
A partir de 2006 se sumó como objetivo de primer orden, la “contención” de las demandas salariales que -aun dentro del “corset” de los ámbitos paritarios- desbordaban los objetivos empresariales y minaban su rentabilidad. En el marco de la nueva política de “techos salariales”, comenzó a exigirse “moderación” a las exigencias salariales, cargando las culpas por la creciente inflación sobre los/as trabajadores/as.
En esas condiciones, desde 2001 el PBI creció un 74% hasta 2012. Sin embargo, el salario real (poder de compra) de los trabajadores formales del sector privado lo hizo apenas 20%. Los trabajadores informales y los estatales todavía tienen salarios un 25% por debajo de los niveles de 2001.
En años recientes, las barreras y límites del proyecto neodesarrollista se hacen cada vez más evidentes: regresión distributiva, reindustrialización trunca, crisis fiscal e inflacionaria, externa y productiva. Frente a ello, desde el Estado se ha avanzado en “poner en caja” las demandas populares. Los techos salariales se han generalizado, convirtiéndose en efecto en límites a las mejoras salariales. La vocación del Estado de sostener el pago de la deuda pública (fraudulenta e ilegítima) y continuar con una política de subsidios generalizados al gran capital sin corregir la inequidad tributaria, se manifiesta en la decisión de sostener un régimen de impuestos sobre el salario (“a las ganancias”) que pesa cada vez más sobre una fracción creciente de los/as trabajadores/as.
A su vez, las Comisiones Paritarias se desvirtúan (por acción y omisión de parte de los funcionarios y las burocracias sindicales) convirtiéndose en espacios que permiten legitimar un ajuste silencioso: aumentos salariales menores a la inflación, en cuotas y con plazos cada vez más prolongados. Esto se suma a la aprobación de legislación anti-popular que favorece el debilitamiento de la capacidad de lucha del pueblo. En ese sentido operan la llamada ley “anti-terrorista” junto a la violación sistemática del derecho a huelga con el descuento de los días de paro y el uso ilegítimo de la conciliación obligatoria por parte del Estado. La retórica nacional-popular que se trasmite desde las fuerzas políticas en el gobierno es cada vez más incongruente con la realidad. La reciente aprobación de una nueva legislación de riesgos del trabajo (Ley de ART) avanza destruyendo los derechos básicos del pueblo trabajador, en momentos en que al menos mil personas mueren anualmente en promedio por accidentes laborales.
En la última década, las luchas del pueblo trabajador en torno a sus condiciones materiales de empleo como fuerza de trabajo, han mutado. Los primeros años posteriores a la crisis de la convertibilidad encontró a la histórica CGT y la CTA como actores que recuperaban cierta capacidad de intervención. Esto se explica, en parte, por la presión de sus bases, la reducción en la desocupación y la acción de los Movimientos de Trabajadores/as Desocupados/as. La creciente contradicción entre el discurso del “capitalismo serio” y la realidad de las condiciones precarias de existencia del trabajo, se tradujeron en fracturas al interior de las organizaciones sindicales. Se consolidó así en el país un panorama gremial con cuatro centrales sindicales.
En simultáneo, las organizaciones sociales nacidas al calor de las luchas contra el neoliberalismo, registran progresivamente los cambios en la morfología del pueblo trabajador (menos desocupación abierta, más empleo precario, mayor peso del empleo industrial y en el Estado) y profundizan un trabajo sindical de nuevo tipo apoyado en los aprendizajes de sus luchas anteriores y en experiencias recientes de nuestra historia del movimiento obrero como el clasismo: democracia de base y protagonismo popular, formación de base permanente, unidad en la acción, socialismo prefigurativo, articulación multisectorial de las luchas. Nuevas corrientes sindicales, nutridas de esa experiencia y de una nueva generación de activistas, han comenzado a transformar la dinámica política en el seno del movimiento obrero altamente precarizado y con creciente participación de jóvenes compañeras y compañeros.
Este es el panorama general que enmarca el Primero de Mayo, con el desafío permanente de impulsar nuevas luchas y la organización de los trabajadores y trabajadoras, con independencia de clase, y con la mirada en avanzar con todos los sectores del pueblo trabajador en la construcción de un proyecto verdaderamente popular, que resuelva los problemas de fondo, para la vida digna y realización plena de las grandes mayorías.

* Economista. Investigador del CONICET (CIG/UNLP & CEIL-PIETTE/CONICET); docente de la UNLP. Miembro del Centro de Estudios para el Cambio Social (CECSO). Militante del Frente Popular Darío Santillán – Corriente Nacional. Correo electrónico: marianfeliz@gmail.com

** Militante de La Fragua (Trabajadorxs organizados en el FPDS-Corriente Nacional).

[1]Hablamos de neo-desarrollismo porque comprendemos que luego del 2001, el modelo neo-liberal perdió consenso social y político, aunque varias de sus reformas estructurales sirvieron y sirven hoy de base para una mayor apropiación de la riqueza a favor de los grupos económicos concentrados del capital, tanto nacional como transnacional. Por lo tanto entendemos que el “modelo” económico vigente hoy en Argentina presenta rupturas y continuidades con respecto a la etapa neoliberal, entendiendo que el neo-desarrollismo no es más que una nueva etapa hegemónica en el marco de expansión y desarrollo capitalista, el cual ha avanzado históricamente sobre la soberanía y la emancipación de lxs trabajadorxs y en detrimento de sus condiciones materiales de vida. Para profundizar más consultar: http://www.herramienta.com.ar/proyecto-neodesarrollista-en-la-argentina/proyecto-neodesarrollista-en-la-argentina

Socialismo del siglo XXI: contradicciones, barreras y posibilidades.

Contradicciones y posibilidades

Por Mariano Féliz y Melina Deledicque *

[Publicada en Página/12, 1 de octubre de 2012; http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-204602-2012-10-01.html]

Hasta fines de los años ochenta, Venezuela era conocida fundamentalmente por su petróleo, sus playas y sus Miss Universo. En 1989, en el estallido popular denominado Caracazo, el pueblo venezolano decidió comenzar a dar vuelta la historia. En 1992, el comandante Hugo Chávez encabezó un nuevo alzamiento contra el neoliberalismo y, si bien fracasó, abrió una esperanza. Veinte años después, Venezuela está a la vanguardia del cambio posneoliberal en la región.

Venezuela es un país basado en el rentismo petrolero y ejemplo de los costos de seguir ese camino. El proceso iniciado en 1998 intenta –trabajosamente y lejos de la perfección– avanzar en un cambio copernicano que aproveche los ingresos extraordinarios de la explotación petrolera (que representa casi la totalidad de las exportaciones) para otorgar a millones de venezolanos los derechos sociales básicos y, a su vez, pueda conformar las bases de un nuevo proyecto social-político, que desde 2006 se conoce como Socialismo del siglo XXI.

El primer gran paso en esta dirección fue la recuperación para el pueblo de la empresa Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en el año 2003, ciento por ciento estatal e instrumento clave en la redistribución social de la renta petrolera, equivalente a casi la mitad de la recaudación fiscal. Con la “siembra petrolera”, el gobierno bolivariano ha avanzado en la construcción de ciudadanía para los millones que habitan las barriadas populares de Caracas y más allá las cuales no existían para el Estado. Ese proceso involucró la promoción de la organización popular en el relevamiento de las necesidades barriales y en su solución a través de una multitud de misiones que permitieron conformar una red de mercados populares para luchar contra la especulación y la inflación, crear miles de salas médicas que desarrollan la salud preventiva, impulsar campañas que erradicaron el analfabetismo, entre otras. En menos de una década, millones de venezolanos/as accedieron a bienes y servicios que les fueron históricamente negados por las elites gobernantes.

Esa estrategia es acompañada de una política de desarrollo que busca garantizar la soberanía alimentaria y productiva del país. A través de convenios de cooperación e intercambio solidario con las naciones aliadas, el gobierno ha conseguido la construcción de decenas de emprendimientos para la producción de alimentos, bienes de consumo y maquinaria. Estos intercambios compensados buscan superar la lógica del comercio capitalista, apuntalando la posibilidad de sacar a Venezuela de años de dependencia importadora. La misión Gran Vivienda Venezuela, que concluirá sus primeros dos años construyendo 300 mil casas nuevas, se apoya en el aporte material y humano de Rusia, Bielorrusia, China y otros socios, y en una multitud de emprendimientos autogestivos.

El proyecto de revolución del siglo XXI en Venezuela busca –con dificultades y limitaciones– construir un nuevo tipo de Estado en un nuevo tipo de sociedad. A través de las leyes del Poder Popular (aprobadas en 2010) se impulsa, financia y apoya la auto-organización popular por la vía de miles de consejos comunales y decenas de comunas socialistas en construcción. Si el pueblo logra aprovechar la oportunidad que estos instrumentos proporcionan, ellos podrán conformarse en experiencias embrionarias de formas de auto-gobierno popular que desplacen al Estado burgués que todavía prevalece. El principal riesgo es el uso clientelístico y burocrático que en muchos casos impera. A estas nuevas formas organizativas se las intenta complementar con la promoción de nuevas formas de propiedad comunitaria y cooperativa que impulsen otro estilo de desarrollo.

El camino del Socialismo del siglo XXI está plagado de barreras. Los propios aparatos del Estado existente suelen bloquear las iniciativas populares por el peso de viejas estructuras políticas. En una alianza de gobierno que lejos está de ser ejemplo de pureza ideológica o política, Chávez sigue siendo fundamental como factor de unidad pero también de radicalidad. La política macroeconómica enfrenta las barreras de una economía capitalista aún minada por grandes empresas que pretenden continuar imponiendo sus intereses al proyecto colectivo. Por sobre todas las cosas, enfrenta la dificultad de avanzar en un cambio trascendental en una región donde Argentina y Brasil buscan imponer proyectos neodesarrollistas de capitalismo periférico. La incorporación de Venezuela al Mercosur (estrategia de integración de raíz neoliberal) plantea el interrogante sobre las posibles contradicciones con la apuesta de una integración posneoliberal en el ALBA. Venezuela es hoy el faro que ilumina un posible horizonte de superación del desarrollo capitalista. La continuidad y profundización de ese proceso son la esperanza de los pueblos del mundo en esta etapa de crisis y cambios en el capitalismo a escala internacional.

* Miembros del Centro de Estudios para el Cambio Social.

Cacerolas de ayer y hoy.

Cacerolas de ayer y hoy.

Por Melina Deledicque* y Mariano Féliz*

[nota aparecida en Diario Página/12, 11 de junio de 2012; http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-196088-2012-06-11.html]

Diciembre de 2001 fue el momento en que todas las contradicciones del proyecto neoliberal en Argentina colapsaron. La magnitud de la crisis era tal que ese mes hasta los sectores medios (típicamente más conservadores y menos propensos a movilizarse colectivamente) salieron a las calles con sus cacerolas. En una suerte de catarsis colectiva, amplias fracciones de las clases medias urbanas de la ciudad de Buenos Aires y algunas otras ciudades, recuperaron el espacio público. Lo hicieron, primero en función de un reclamo material muy específico, como era el manejo de sus depósitos bancarios que habían sido congelados por el corralito. Esa medida que hizo colapsar la circulación monetaria, tuvo amplios efectos contractivos sobre el conjunto de la actividad productiva y en particular sobre la economía informal. De allí en más, la acentuación de la crisis y la convergencia con otras fracciones sociales (el recordado “piquete y cacerola”) impulsó un reclamo más amplio cuando en los días previos a la navidad de 2001 decenas de miles se movilizaron contra el Estado de Sitio decretado por el entonces presidente De La Rúa. Las efímeras pero significativas asambleas populares constituidas por cientos en esos días marcaron toda una novedad para la política argentina: las clases medias emulaban las formas de autoorganización de los sectores populares e intentaban recuperar la práctica de la política en primera persona.

Diez años después, retornaron las cacerolas pero ahora una fracción ínfima de esa clase media vuelve a las calles. Esta vez, sin embargo, la naturaleza de su reclamo se devalúa por el contexto, el tiempo pasado y –sobre todo- por el sentido de la acción colectiva. El contexto es diferente pues hoy el capitalismo argentino no atraviesa una crisis total como en 2001 sino que comienza a deslizarse por un sendero de desaceleración fuerte pero sin perspectivas catastróficas a corto plazo. El contraste con aquellos años es que hoy no está en cuestión la propia legitimidad del proceso político como si lo estaba en aquel momento con el “que se vayan todos”. El Estado ha recuperado su capacidad de condensar las exigencias de orden de las clases dominantes, y la protesta callejera de ciertas fracciones de los sectores medios tienen poca capacidad de impugnación de la recuperada hegemonía del capital. Finalmente, la demanda de “derecho al atesoramiento de dólares” en el actual contexto aparece como poco razonable y nada generalizable, en el marco de una sociedad donde la capacidad de ahorro se reduce a un subsector muy reducido de la población. Por otra parte, en el marco de un “capitalismo serio” (es decir, “en régimen”), la clase media atesoradora se convierte en un residuo (o peor aun en un factor negativo) frente a las fracciones medias rentistas que colocan sus excedentes líquidos en inversiones inmobiliarias u otras formas dinámicas de capital financiero. En un capitalismo donde la capacidad de producción de plusvalía no está puesta en cuestión, el atesorador es un personaje simpático pero para nada funcional.

En diciembre de 2001, el corralito como agravio (para usar el concepto de E.P. Thompson) golpeaba seriamente a una importante porción de los sectores medios (que iba más allá de quienes detentaban plazos fijos e incluía a los –mucho más numerosos- poseedores de cuentas corrientes y de ahorro en general) y tenía efectos expansivos al conjunto social en un marco de crisis orgánica. De allí, la dimensión y legitimidad de la acción emprendida por los participantes. Hoy, el agravio sólo atañe a una fracción de las clases medias que no pueden generalizar su visión del mundo pues material y simbólicamente no remite a las prácticas mayoritarias de su propia clase. Por otra parte, estas cacerolas no pueden interpelar al conjunto del pueblo trabajador (y no lo buscan) porque no cuestionan un proyecto capitalista en crisis.

El corralito sobre el dólar es una medida torpemente implementada por el gobierno y no ataca los problemas de fondo que se traducen en presiones devaluatorias. Las restricciones a la compra-venta de dólares no resuelven la crítica situación del balance de pagos que se vincula al síndrome de endeudamiento crónico de la Argentina, el peso creciente del capital transnacional (y su política de fuga de divisas) y la incapacidad sistémica de la industria argentina de competir internacionalmente sobre la base de la inversión. Las cacerolas se convirtieron en el chivo expiatorio (como en otro momento, Repsol, Clarín, los “fondos buitres” y otros) para que el gobierno pragmáticamente accione con el fin de desplazar las barreras de su proyecto, ganando tiempo y creando nuevo espacio político de maniobra.

* Miembros del Centro de Estudios para el Cambio Social (cecso.argentina.2011@gmail.com)

“Grèce et Argentine: semblables mais différentes”, artículo en Pages de Gauche.

“Grèce et Argentine:, semblables mais différentes”, Pages de gauche, mensuel d’opinions socialistes indépendant, no. 110, p. 4, abril 2012 (http://www.gauche.ch/). En francés. En colaboración con Jerónimo Montero.

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Texto en castellano

Grecia y Argentina. Parecidos pero diferentes
Por Mariano Féliz y Jerónimo Montero

Grecia atraviesa hoy día una profunda crisis económica, política y social. La respuesta del Estado frente a la misma ha sido avanzar en el ajuste económico y la represión política. Uno de los puntos salientes de la crisis parece ser el alto peso de la deuda pública, que ya supera el valor total de la producción anual de riqueza. La Unión Europea ha decidido anular de facto la soberanía griega y poner en marcha un plan de ajuste en el Estado y la sociedad a los fines de recrear las condiciones para el repago del endeudamiento.

Frente a ese panorama, cuando se piensan las salidas para esa crisis, suele proponerse a Argentina como ejemplo a seguir frente a la propuesta Comunitaria. Sin embargo, conviene analizar más en detalle el contexto y la dinámica del proceso argentino de salida de la crisis, hace ya 10 años.

En efecto, la Argentina tenía a fines de 2001 un importante volumen de endeudamiento pero en 2000 apenas superaba al 50% del PBI. La crisis económica no era una crisis de endeudamiento, sino la crisis del neoliberalismo como forma de gestión de la sociedad. En los años noventa, en Argentina esa forma de gestión del ajuste capitalista tuvo su síntesis en la Convertibilidad que -entre otras cosas- ataba el peso argentino al dólar norteamericano.

La crisis argentina comenzó en 1998 y se extendió hasta comienzos de 2002. En esos 4 años, la economía se contrajo fuertemente producto de las contradicciones objetivas acumuladas y de políticas económicas de ajuste. Por otra parte, la resistencia social a las políticas neoliberales, que venía creciendo desde la primera mitad de la década de los noventa, comenzó a ganar impulso de la mano de las luchas de los movimientos piqueteros, los estudiantes, la lucha de los trabajadores asalariados (en particular, maestros y empleados estatales). Por fin, hacia finales de 2001, en el alzamiento popular de fines de diciembre se sumaron masivamente los sectores medios en las grandes ciudades, forzando definitivamente el abandono del programa neoliberal. El pueblo argentino pudo terminar con la Convertibilidad que ataba la moneda nacional al dólar Sin embargo, el fin de la Convertibilidad implicó una violenta redistribución de los ingresos en favor de los grandes capitales, algo que el pueblo no logró parar.

La salida de la crisis argentina no empezó -como creen muchos- a través de la restructuración de la deuda pública. Por el contrario, nació de una devaluación del 200%, que permitió al capital desvalorizar los salarios en un 30% en pocos meses y recomponer su tasa de rentabilidad. Ese nuevo comienzo en 2002 fue acompañado por un doble movimiento: por un lado se generó más deuda para salvar al sistema financiero local y a las grandes empresas de la quiebra; por el otro, se suspendió el pago de una parte importante de la deuda pública externa.

La renegociación de la deuda pública se produjo recién en 2005, cuando la economía había recuperado su capacidad expansiva y un nuevo gobierno había conseguido articular una nueva hegemonía. Mediante la renegociación se consiguió una quita significante y una prolongación de los plazos de pago. En 2010 se produjo una segunda renegociación más acotada. Por otra parte, el contexto internacional en el cual se realizó la primera (y más importante) renegociación de la deuda externa, era mucho más favorable en términos políticos y económicos que los años 2001 y 2002, donde la crisis argentina alcanzó su momento más crítico.

Entonces, debe quedar claro que la crisis argentina no fue una crisis de la deuda, y que la renegociación de la deuda no fue la solución a la crisis. La crisis en el capitalismo argentino se superó con un altísimo costo para los sectores populares, que si bien pudieron forzar la salida del neoliberalismo, no fueron capaces de articular una alternativa propia al capitalismo. Grecia puede aprender de la Argentina pero no puede tomarla como ejemplo. Grecia puede sacar una gran conclusión de la experiencia argentina: una salida popular a la crisis capitalista sólo puede surgir de la organización del pueblo.

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