El gobierno de Macri entre el estancamiento, la crisis social y las esperanzas de un rebote. ¿Un cambio por el sendero equivocado?

El gobierno de Macri entre el estancamiento, la crisis social y las esperanzas de un rebote.

¿Un cambio por el sendero equivocado?

Publicado en Brecha, el miércoles 4 de enero de 2017 (http://brecha.com.uy/cambio-sendero-equivocado/).

Mariano Féliz*

 

Un año de gobierno de Cambiemos, un año de depresión económica y ajuste. Doce meses de aceleración de la crisis transicional del neodesarrollo. La economía cae más de 3,5 por ciento en comparación con un año antes, el consumo masivo se reduce en magnitudes similares, el desempleo salta para acercarse al 10 por ciento de la población económicamente activa. Aumentos salariales por debajo de la inflación, despidos y empobrecimiento son la cara (im) popular del golpe de timón que propuso la fuerza política que reemplazó al kirchnerismo.

El gobierno de los Ceos (como gusta llamar a muchos por la composición empresarial de los funcionarios del gobierno de Cambiemos) llegó para superar el estancamiento de la economía argentina en el último gobierno de Cristina Fernández.

Con un discurso optimista, supuso que la reorganización macroeconómica iba a rendir frutos rápidamente. Devaluación y apertura unilateral de la economía en lo comercial y financiero (fin del control de cambios), fuerte reducción en los impuestos a las exportaciones primarias (agropecuarias y mineras), eliminación de subsidios al consumo de los servicios públicos y aumento en sus tarifas, y cierre del conflicto por la deuda pública con los acreedores externos que no se habían sumado a las renegociaciones de 2005 y 2010. Todo esto debía conducir —según el discurso hegemónico— a una lluvia de inversiones que impulsaría el crecimiento económico. Sin embargo, lo único que logró fue provocar una disparada de la inflación (que superó el 40 por ciento anual), la destrucción del poder de compra de los salarios, el reemplazo de producción nacional por productos importados (mientras la producción local cae, las importaciones de bienes de consumo aumentan fuertemente) y, consecuentemente, una contracción brutal de la actividad económica en prácticamente todas las ramas de actividad. Si la política interna no colaboró con la recuperación, el contexto global tampoco ayudó: Brasil se hunde en una recesión y crisis política, los países centrales se encuentran estancados y atravesando una crisis social-política sin precedentes (con el triunfo del Brexit en el Reino Unido y de Trump en Estados Unidos como mascarones de proa) y China en un proceso de desaceleración y crisis inminente.

Los límites del neodesarrollo en su etapa kirchnerista persisten. La acentuación del giro neopopulista de derecha (conservador, liberal) no encuentra aún las claves para construir su superación.

La estrategia de Cambiemos apuntó primero a reconfigurar la macroeconomía buscando construir una matriz distributiva (producción y apropiación del valor y plusvalor) acorde a la estructura del capital social. La pregunta que debía responder era cómo lograr que el extractivismo extranjerizado (agronegocios, minería e hidrocarburos) pudiera arrastrar al resto de la economía; todo ello con el apalancamiento del sistema financiero y en un marco de mayor apertura económica. El cambio en la política económica debería —esperaban— crear las señales adecuadas para inducir la inversión. Esa pregunta aún carece de respuesta.

El 2017 es un año de elecciones de medio término (legislativas) y si Cambiemos pretende continuar gobernando debe —como condición necesaria pero no suficiente— mejorar su desempeño electoral. Recesión, debilidad político-institucional y conflictividad social son los ingredientes para la debacle, y el gobierno de Macri lo sabe.

Por ello, intenta construir una base social más amplia que la que los llevó al control de Estado. Recordemos que Cambiemos ganó —por poco— en segunda vuelta electoral de noviembre de 2015, luego de sacar menos de 33 por ciento en la primera. Para ello ha buscado tender puentes con fracciones del peronismo, especialmente el PJ no kirchnerista, apelando al uso discrecional de la política fiscal (fondos para obras públicas y programas sociales diversos). De todos modos, el gobierno sabe bien que el peronismo es un aparato político-electoral experto en vandorismo (confrontar para negociar) y un socio dúctil pero poco confiable.

Por otra parte, el gobierno no sólo pretende ampliar su sustento en el aparato del sistema político, sino sobre todo crear las condiciones para la gobernabilidad. Eso requiere limar diferencias con las organizaciones sindicales más fuertes (en particular, dentro de la peronista Confederación General del Trabajo, Cgt) y buscar integrar parcial pero eficazmente a las organizaciones sociales con capacidad disruptiva (en especial, el espacio liderado por el Movimiento Evita). La ministra de Desarrollo Social Stanley y el ministro de Trabajo Triaca han sido claves en esta transición. La transferencia de fondos de obras sociales (servicios de salud) a las cajas sindicales (una masa total de recursos de 30 mil millones de pesos), la aprobación de la Emergencia Social (que transferirá cerca de 10 mil millones de pesos anuales a la ‘economía popular’, a través de las organizaciones sociales) y la votación de la reducción parcial del impuesto sobre los salarios (‘impuesto a las ganancias’) pagado por las fracciones más formalizadas de la fuerza de trabajo, han sido prenda de canje para un verano tranquilo.

¿Muestra de debilidad o fortaleza del gobierno? El tiempo dirá si el pueblo organizado se resigna a seguir esperando la recuperación económica (aún si ella supone profundizar el extractivismo extranjerizado), o si la recomposición política de las clases que viven de su trabajo logra canalizar el descontento social en mayor inestabilidad social y política, y —eventualmente— la crisis del régimen político para promover un cambio de rumbo. Paradójicamente, este diciembre la vieja frase “Que se vayan todos” volvió a escucharse en las calles porteñas, en una protesta de las y los jóvenes científicos que el gobierno pretendió despedir. Ese sector social, típicamente poco activo y menos politizado, pudo frenar (si parcial y precariamente) ese intento, sumándose activamente a la ola de descontento; el ministro de Ciencia y Técnica Barañao, golpeado, pudo soportar la presión y continúa en su cargo. Sin embargo, la mecha parece encendida y el ‘fantasma del 2001’ resuena, presente.

Lo cierto es que la creciente impaciencia social con el ajuste sin fin y sin destino aparente pone nerviosos a más de uno, en especial a quien el gobierno espera hace meses que tome la posta: el gran capital transnacional. El cambio reciente en el “ministerio de Economía” (el ministro Prat-Gay fue reemplazado y su ministerio de Hacienda y Finanzas dividido en dos) parece abrir una nueva etapa en la estrategia gubernamental. La aceleración del ajuste fiscal es la más reciente señal que el gobierno busca dar a los ‘inversores’ de que está dispuesto a todo, aún si debe hacer concesiones tácticas como las mencionadas. A los 40 mil despidos en el sector público, la caída en los salarios reales de los empleados del Estado (cercana al 10 por ciento en 2016), y la reducción de subsidios a la luz y el gas, se suma la eliminación reciente de la devolución parcial del impuesto al valor agregado sobre el consumo bancarizado (con tarjetas de débito), un proyectado recorte progresivo en impuestos sobre la nómina salarial y una nueva ola de despidos en el Estado (ahora mismo cerca de 3000 en el Ministerio de Educación de la Nación).

Por ahora, lo único que avanza en la Argentina es la especulación financiera de la mano del ‘blanqueo’ de capitales no declarados y de la política de tasas de interés elevadas por parte del Banco Central. Unos pocos ‘brotes verdes’ se observan en la economía a comienzos de 2017, con algunas ramas, pocas aun, mostrando algún signo de haber tocado fondo; las exportaciones primarias muestran signos de algún leve aumento en noviembre luego de un año de retracción. Con el dólar cada vez más barato (casi congelado desde principios de 2016 con una inflación elevada) y el crédito alimentando las esperanzas de consumo e inclusión de millones de trabajadoras y trabajadores pobres, Cambiemos enfrenta el dilema de convertirse en una versión mejor del kirchnerismo con el fin de construir un capitalismo posible (gobernable) o ceder a corto plazo ese lugar. Para el pueblo las esperanzas se centran en construir una alternativa política que canalice la conflictividad y la resistencia social al ajuste capitalista en un proyecto superador a la alternancia neodesarrollista contemporánea. El futuro está abierto.

 

* Doctor en Economía y Ciencias Sociales. Investigador IdIHCS/Conicet-UNLP. Profesor UNLP. Militante de Comuna en el Frente Popular Darío Santillán – Corriente Nacional de Argentina.

¿A dónde va la ciencia y universidad argentina? Entre una ciencia para el capital y la lucha por una ciencia insurgente

¿A dónde va la ciencia y universidad argentina?
Entre una ciencia para el capital y la lucha por una ciencia insurgente

Un primer balance de la lucha de 2016

En los primeros días del 2017 resuenan los despidos en el Ministerio de Educación como una muestra más del ajuste, pero también se evidencia la lucha de los/as trabajadores/as. En este contexto, desde COMUNA- FPDS CN queremos compartir un balance del año que pasó en otro sector que fue clave para entender los objetivos del ajuste, pero también las batallas que se vienen: La Universidad y el Sistema Científico.

I

2016 será recordado como el año de la radicalización del ajuste desarrollista, ahora en clave conservadora. Luego de varios años de estancamiento con impacto desparejo en las distintas fracciones del pueblo, el primer año de gobierno de Cambiemos estuvo signado por una aceleración de la crisis del proyecto hegemónico consolidado en el primer quinquenio de los 2000.

II

El sistema de Universidades Nacionales y de Ciencia y Técnica (UUNN-CyT) afrontó un deterioro profundo en su presupuesto y la profundización de un giro tecnocrático e instrumentalista. La aceleración inflacionaria primero, y el ajuste en el presupuesto 2017 después, han puesto al conjunto de las actividades de CyT contra las cuerdas. Además, presenciamos con claridad la consolidación de tendencias que están convirtiendo a las instituciones de educación superior y de investigación y desarrollo en subsistemas crecientemente integrados a la lógica del capital. Esas tendencias fueron formalizadas en el Plan Argentina Innovadora 2020 aprobado en 2011 y hoy son parte del discurso hegemónico y de buena parte del establishment científico. El presidente del CONICET (Alejandro Ceccatto) y el Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (Lino Barañao) son la expresión más evidente de esa continuidad y profundización.

III

Esa dinámica opera en al menos dos sentidos. Por un lado, la ‘apertura extensionista’ se consolida como modalidad de la contención social capitalista. Esa apertura (a través de la multiplicación de proyectos de extensión y voluntariado universitarios, con pocos recursos reales y con esfuerzos completamente dispersos y desarticulados) se constituye como forma de promoción social en un formato que opera en los márgenes, sin contribuir con cambios sustantivos en la realidad social. Terminan fungiendo como una suerte de ‘responsabilidad social universitaria’ (mimética con la responsabilidad social empresarial). Por otra parte, la política de transferencia se multiplica y la investigación asociada a las necesidades empresariales se amplifica. Esta última dimensión es la tendencia central, ganando peso en términos de personal y recursos involucrados. Más y más recursos son volcados a la producción de patentes y desarrollos ‘tecnológicos’ en articulación subordinada con grandes empresas.

IV

Frente a estas tendencias de corto y mediano plazo, la comunidad universitaria y científica ha comenzado a despertar de una modorra estructural a la que está acostumbrada. Claro que siempre ha habido elementos díscolos, e incluso en otros momentos históricos movimientos contra-hegemónicos o críticos al cientificismo. Sin embargo, en universidades e instituciones de investigación, la mayor parte del ‘staff académico’ se ha mal acostumbrado a navegar en las tendencias en boga, sin contradecirlas demasiado. En parte, quizá a esta pesada herencia, las luchas de este año contra la aceleración del ajuste en el área de CyT, han sido importantes pero tardías y tal vez poco eficaces. En especial, durante el primer semestre de 2016 se llevó adelante un conflicto importante centrado en la insuficiencia presupuestaria en las Universidades Nacionales. Si bien alcanzó cierta masividad, la desarticulación de la lucha, la limitada participación de lxs propios involucrados y en algunos caso, la práctica burocrática de muchas organizaciones gremiales puso un techo a las posibilidades de masificación y radicalización de las demandas.

V

A mediados de diciembre de 2016, la realidad de la no continuidad (despido encubierto) de cientos de jóvenes investigadores/as del CONICET pone en perspectiva la historia reciente: años de reclamos no reconocidos para que los miles de becarios y becarias de posgrado sean reconocidos/as como lo que son, trabajadoras y trabajadores del sistema de Ciencia y Técnica (CyT). La negativa histórica, de parte de los actuales funcionarios que provienen de la gestión kirchnerista anterior, a blanquear esa situación hoy pretende ser usada como medio para dejar fuera de decenas de personas altamente calificadas; hoy, en el marco de la aceleración del ajuste, decenas de personas que siempre quedaban fuera (a pesar de haber cumplido ‘las reglas’ establecidas -formación de posgrado, publicaciones- y ser ‘recomendadas’ para continuar) pasan a ser centenares. El cambio cuantitativo se transforma en salto cualitativo.

VI

En los últimos tiempos, muchos descubrieron la precariedad de su situación y se incorporaron a un proceso de lucha (por ejemplo, quienes integran la colectiva Científicos y Universitarios Autoconvocados -CyUA- o los Becarios Empoderados). La ‘intelectualidad precarizada’ se moviliza por demandas corporativas básicas (salarios y empleo/estabilidad); pero todavía persiste la ausencia de una crítica profunda sobre las prácticas de educación superior y del sistema de CyT. Y mucho más distante aún está la discusión acerca del rol de las universidades y la producción institucional de conocimiento (en el sistema de CyT) en el aporte a la construcción de una nueva sociedad. Prima en muchos miembros del sistema (aún en lxs más jóvenes) un oportunismo supremo, que pone la posibilidad de ventajas individuales inmediatas por sobre la construcción colectiva. En gran medida esta mirada individualista y competitiva es alentada y forjada por la misma estructura del sistema científico.

VII

Sin embargo, como venimos diciendo, los últimos hechos dieron cuenta de nuevos procesos de lucha, debates y articulación del sector. Los sindicatos en la educación superior y en ciencia y técnica no logran canalizar la nueva radicalidad. En algunos casos (en particular, en CONICET) la forma de autoconvocatoria se multiplica en parte por la ausencia de conciencia clasista y la fuerte historia de tradiciones elitistas; muchas siguen pensándose como trabajadores/as de ‘alta calidad’. Sin embargo, como señalamos, sus demandas son básicas. Tarde pero seguro, se multiplica el número de ‘científicos/as’ que rompen su habitus y se suman a la lucha por sus propios derechos. Este es un activo importante de la lucha encarada en 2016 y que debe ser canalizado productivamente para las luchas futuras.

VIII

La práctica burocrática que permea buena parte del sindicalismo (para ser justos, no todo el sindicalismo, pero opera como tendencia) conspira contra la posibilidad de masificar y movilizar. La convivencia orgánica en la cogestión de las universidades y organismos de CyT, crea inconsistencias difíciles de saldar; los ‘gerentes’ son los colegas y compañeros de trabajo. Por otra parte, juegan fuerte las fuerzas políticas nacionales con inserción institucional que aparecen muchas veces, actuando detrás de la auto convocatoria. Operan detrás de ellas fracciones importantes del establishment científico (por ejemplo, Ciencia y Técnica Argentina -CyTA-), acostumbrado a manejar los hilos del sistema. Temerosos de perder el control jerárquico del que disponen, maniobran al interior de las instituciones (por encima de las instancias colectivas construidas) para construir ‘soluciones’ que garanticen sus condición de privilegio. La actitud de miembros ‘progresistas’ del Directorio del CONICET y las maniobras de ex funcionarios para llegar a un acuerdo superestructuras, dan cuenta de esa práctica. Por su parte, UPCN CONICET sólo operó por fuera del conflicto, dando cátedra de sus típicas prácticas burocráticas y de un cinismo sin igual (‘corriendo por izquierda’ a quienes participamos de la lucha).

IX

La burocracia sindical es expresión de un colectivo laboral propenso a renegar de su condición y a delegar su representación. La combinación de precarización laboral, arbitrariedad en la gestión institucional (en especial, en las universidades) y elitismo, promueve la falta de protagonismo y participación. Por suerte, cuando la lucha se masifica, aun si de manera poco orgánica, espontánea, la pre-existencia de colectivas (como los Jóvenes Científicos Precarizados -JCP- de CABA y La Plata, algunas juntas internas de ATE CONICET, como la de Saavedra 15, la de Facultad de Sociales de la UBA o la de La Plata) con prácticas de democracia sindical y participación opera como reaseguro (no 100% efectivo) contra la inercia burocrática y las tendencias oportunistas.

X

La batalla de diciembre en el sistema de CyT partió del despido de hecho de casi 500 jóvenes investigadoras/es y concluyó con la continuidad precaria de su empleo por un año más. Esa batalla nació centralizada en CABA y se federalizó rápidamente; las acciones en el CONICET/MINCYT se multiplicaron en los CCT de CONICET y Universidades en todo el país, lo cual tiene una enorme relevancia para pensar la profundización y continuidad de la lucha.

XI

El ‘acuerdo’ alcanzado expresa las limitaciones de la articulación nacional y de las propias organizaciones participantes (sindicales y políticas), da cuenta de la novedad de la forma y masividad de la lucha y expresa también la incidencia que adquirieron las fuerzas políticas más institucionalizadas (vinculadas sobre todo al kirchnerismo) que ‘trabajaron’ para bloquear la radicalización de las medidas y las exigencias de máxima. Por supuesto, el resultado de la lucha de cuenta del carácter defensivo del conflicto en el contexto de un gobierno nacional aún fuerte y de una masificación importante pero limitada del mismo (evidente en la dificultad de sostener la ocupación del MINCYT).

XII

Que lxs recomendadxs para ingresar al CONICET ahora tengan el compromiso de un ‘ingreso’ en diversos organismos de CyT, UUNN y empresas públicas (es decir, ya no como investigadorxs de CONICET), abre una caja de Pandora pues se valida el hecho de que el CONICET deje de ser el eje del sistema de CyT, abriendo el camino a su desarticulación. Con sus límites y defectos, los derechos laborales y los procesos de selección y permanencia del CONICET son infinitamente superiores a los existen en las otras instituciones. Desde los noventa, los sectores dominantes han avanzado en la intención de hacer una transición de un sistema CONICET centrado (similar al CNRS de Francia) hacia uno centrado en la ANPCYT/AGENCIA, donde lxs investigadoras/es son buscadores de subsidios y sus salarios dependen su capacidad de conseguirlos (como ocurre en Estados Unidos, por ejemplo).

XIII

A pesar de que los resultados no son los esperados, la ocupación masiva del CONICET el miércoles 14 de diciembre y del MINCYT en la semana del 19 de diciembre pasarán a la historia. El proceso logró ampliar el cuestionamiento a la figura de Macri y la gestión PRO, visibilizando un nuevo ajuste y creando solidaridad y apoyo social hacia un sector que no aparecía anteriormente como sujeto de luchas. Semanas extraordinarias hemos pasado y las cosas ya no serán iguales. Semanas que nos marcarán a fuego, que marcarán a fuego la historia del sistema de Ciencia y Técnica. La democratización del sistema de CyT y la organización colectiva de becarixs, investigadorxs, personal de apoyo y administrativo, serán parte ineludible del futuro que hemos construido.

XIV

2017 será un año importante. A nivel nacional las elecciones ponen a la lucha social en un lugar privilegiado. El conflicto en torno al sistema de CyT, y en especial, la situación del CONICET, será preponderante. No sólo estará en juego la situación laboral de los 500 compañerxs llamados ‘damnificados’, sino se pondrá en debate la estructura general del sistema de CyT. Las cartas no están echadas y el destino no está prefijado, pero se nos escapó la oportunidad (¿real?) de voltear a Barañao y frenar claramente el ajuste. En la UNLP, la previa de la elección del nuevo presidente (que será a comienzos de 2018) agrega un condimento esencial a la política universitaria. La alianza de gobierno ya lanzó su sucesión; la elección en el último trimestre del año 2017 de nuevos integrantes de Consejos Directivos definirá las condiciones de la misma. En tercer lugar, la elección nacional de medio término define las posibilidades de continuidad y capacidad de avance del gobierno de Cambiemos, en particular en la reformulación del conjunto del sistema de UUNN y CyT.

XVI

¿Qué tareas siguen para quienes trabajamos y militamos dentro del sector? Desde COMUNA proyectamos seguir impulsando ámbitos de debate con perfil de pensamiento crítico y articulando entre compañerxs y colectivos que acuerdan con la democratización del sistema científico y la necesidad de un conocimiento para el cambio social. Consideramos que es necesario consolidar una forma de intervención en lo sindical (tanto en la Universidad como en el sistema de CyT en sentido amplio) que nos permita construir desde abajo para luchar por nuestros derechos y poner en debate las prácticas, los medios y los fines de la producción de conocimiento. Por una ciencia insurgente, al servicio del pueblo y no de las corporaciones y los gobiernos.

 

COMUNA (Colectiva en Movimiento por una Universidad Nuestramericana) / 2-1-2016

FUERA PRAY-GAY ¿MÁS HALCONES Y MENOS PALOMAS? La política económica de Cambiemos entre la radicalización del ajuste y la resistencia social.

FUERA PRAY-GAY ¿MÁS HALCONES Y MENOS PALOMAS?

La política económica de Cambiemos entre la radicalización del ajuste y la resistencia social.

Publicada en revista Bordes, 28 de diciembre de 2016 (http://revistabordes.com.ar/mas-halcones-y-menos-palomas/) / Reproducida en ContrahegemoníaWEB (30 de diciembre de 2016; http://contrahegemoniaweb.com.ar/mas-halcones-menos-palomas-la-politica-economica-cambiemos-la-radicalizacion-del-ajuste-la-resistencia-social/)

Mariano Féliz (CIG-IdIHCS/CONICET-UNLP)

Luego de un año de aceleración de la crisis económica, el gobierno de Cambiemos decidió que era tiempo de comenzar a hacer algunas modificaciones en el área de gestión de la economía. A diferencia de otros gobiernos, la administración Cambiemos ha dividido las funciones históricas del ministerio de Economía en una multiplicidad de ministerios y otros espacios institucionales. De esa forma, Alfonso Prat-Gay, el primer ministro renunciante/despedido de la era Macri, era tan sólo Ministro de Hacienda y Finanzas teniendo bajo su exclusivo control fundamentalmente la gestión del Estado en lo que atañe a la recaudación de impuestos, su gasto y el financiamiento del déficit por la vía del endeudamiento. Temas importantes como la fijación de tarifas de servicios públicos, la política monetaria o la política de obra pública se concentraban en otros espacios institucionales fuera de su control directo.

La renuncia de Prat-Gay produce numerosas especulaciones respecto las causas y consecuencias de la misma. En un gobierno de CEOs, la política económica parece construida como un rompecabezas difícil de resolver. La política anti-inflacionaria restrictiva del Banco Central (elevadas tasas de interés, reducción en la emisión de dinero, emisión sin límites de deuda pública en la forma de Letras del Banco Central, LEBAC) se enfrenta con una política de gasto público expansiva con la que Prat-Gay buscaba evitar un colapso mayor de la economía. Esa misma política fiscal, de reducción progresiva del déficit, se contradecía con la voluntad declarada de llevar adelante un ajuste en el gasto público. La política de ‘sinceramiento’ tarifas energéticas del ministerio de Energía se choca con la pretensión de bajar la inflación. La política de dólar estancado (abaratándose) y apertura acelerada ponía en riesgo a la industria local frente a las importaciones, reduciendo a casi cero la posibilidad de una recuperación de la actividad económica a corto plazo.

Esas contradicciones dan cuenta de un Estado fragmentado, donde la fuerza política en el gobierno pretende representar simultáneamente a un bloque en el poder que no ha encontrado aún una forma institucional que exprese el liderazgo claro de alguna fracción particular. Prat-Gay, con firmes lazos con el gran capital financiero internacional, había ido navegando en estas aguas turbulentas con el uso discrecional del financiamiento internacional, pero en el frente interno ese poder no le ha permitido alinear a sus compañeros de mesa en la gestión económica. Las diferentes fracciones de la clase dominante demandan y han conseguido, parcialmente, prebendas sectoriales que convergen contradictoriamente para conformar un cóctel que amenaza con explotar si la conflictividad social no es contenida y/o el mundo pos-Trump entra en una espiral contractiva.

La contracara de esa situación al nivel de las clases dominantes, ha sido una política social y laboral que en los últimos meses puso en jaque la autoridad, licuada ya, del ministro de Hacienda y Finanzas. La batalla de los movimientos sociales por la Emergencia Social y el conflicto presentado por la CGT en torno a la modificación del impuesto ‘a las ganancias’ (al salario del trabajador/a formalizado/a) puso en cuestionamiento la estrategia fiscal del ministro. La lucha social –aun si limitada y defensiva- se presenta para los CEOs y sus socios en el gobierno como un desafío político que operó como instrumento para dar el empujón final de un Prat-Gay desgastado por un año de ajuste y sin brotes verdes a la vista. Frente a sus colegas ministros y funcionarios, en apariencia más decididos a un ajuste fiscal más duro, los acuerdos alcanzados fueron señal de debilidad del ministro saliente (que apenas si intervino en las negociaciones) y así la gota que rebalsó el vaso. Las inconsistencias acumuladas en una política económica fragmentada (dólar abaratándose de manera inconsistente, déficit y endeudamiento creciendo peligrosamente, inflación que no baja al ritmo esperado, economía en implosión) fueron las campanadas que avisaron al ministro que era tiempo de huir.

La salida de Prat-Gay abre la caja de Pandora para el año que comienza. Por el nuevo cambio en la estructura de gestión de la política económica, el ministerio de Hacienda y Finanzas se fragmenta en sus partes componente, separando aún más la gestión del gasto público del financiamiento mismo. Si ya había distancia entre quien recauda impuestos y gasta (Hacienda) y quien emite dinero para financiar parte del déficit (Banco Central), ahora ese distanciamiento institucional se amplía a quien puede emitir deuda para financiar el gasto excedentario (nuevo ministerio de Finanzas, bajo el comando de Luis Caputo, quien negoció con los buitres como secretario de Finanzas de Prat-Gay). Esto significa que quien ejecutará el gasto público, al menos en el ámbito (limitado) de su incumbencia como simple ministro de Hacienda (Nicolás Dujovne), no tendrá a su mano la carta del endeudamiento público para financiarse. Esto opera en un sentido muy claro: fortalecer la tendencia al ajuste fiscal. Si Dujovne ya es un ‘halcón’ del recorte de gasto público (en especial, de empleo público), la división operativa del Estado le dará más fortaleza en tal sentido. El Banco Central y el Ministerio de Finanzas pasan a tener la llave del control del financiamiento al Estado mientras el ministerio de Hacienda transitará una economía que se encuentra en el fondo del mar con menos instrumentos a su alcance.

¿Lograrán alguna consistencia los planes de gasto y ajuste, con el financiamiento disponible? ¿Si la economía no repunta, y por lo tanto la recaudación de impuestos no mejora, será capaz Dujovne de impulsar el recorte que desearía? La pregunta por la consistencia fiscal es la pregunta por la consistencia política del ajuste en tiempo de elecciones y donde las fuerzas políticas y sociales de oposición están reconstruyendo su capacidad de impugnación. El ministro de Hacienda entrante parece un ‘duro’, casi un desafío para los movimientos populares. ¿Es la mejor elección de Cambiemos para 2017? Algo se ha hablado de sus contactos personales (familiares) con el nuevo presidente norteamericano. Poco sólido el argumento como para justificar la elección de un ministro.

El 2016 fue un año de ajuste y crisis capitalista. Ese proceso, acelerado y orientado por una política económica que buscó realinear variables claves (tipo de cambio, salarios, precios), no logró con ello dar las ‘señales’ esperadas por el gran capital que todavía retacea su ‘lluvia de inversiones’. ¿Será posible que en 2017 la ‘inundación’ de capital financiero a través del blanqueo de capitales se transforme en el manantial que la economía necesita para arrancar o aportará a un ‘tsunami’ que han alimentado desde el Banco Central de Sturzenegger y la secretaría de Caputo con su política de sobre-endeudamiento?

A Dujovne le toca ser ministro de Economía cuando tal cargo ya no existe. Sólo quedará en sus manos impulsar el ajuste fiscal y las nuevas reformas estructurales (seguramente, en acuerdo con el FMI: reducción de costos laborales –esencialmente los impositivos-, reforma previsional con extensión de la edad jubilatoria). La pregunta es sí este intento será compatible con las expectativas electorales y con la tan ansiada gobernabilidad. Por lo pronto, el nuevo ministro comenzó cuestionando a uno de los principales gremios del país (Camioneros) por el supuesto impacto de su convenio colectivo en la competitividad de la economía. La batalla recién comienza y los motores ya se están poniendo a prueba.

¿Un cambio sin futuro? Apuntes para pensar la Argentina a un año de gobierno de Cambiemos

¿Un cambio sin futuro? Apuntes para pensar la Argentina a un año de gobierno de Cambiemos

Nota aparecida en ContrahemoníaWEB, 10 de diciembre de 2016. Compartida también desde La Tinta

Los grandes ganadores de esta primera fase de la profundización del ajuste transicional son los sectores exportadores (agro, mineras), la banca y el capital financiero, y las empresas de servicios públicos (gas, electricidad, transporte). Los primeros fundamentalmente por el cambio en el régimen de retenciones, las segundas por la política de tasas de intereses elevadas y de aceleración del endeudamiento, y las últimas por la nueva política tarifaria.

 

Ganadores, perdedores y el pueblo

Casi doce meses de un nuevo gobierno permiten señalar algunos elementos para comprender las novedades de la etapa. Primero, los grandes ganadores de esta primera fase de la profundización del ajuste transicional son los sectores exportadores (agro, mineras), la banca y el capital financiero, y las empresas de servicios públicos (gas, electricidad, transporte). Los primeros fundamentalmente por el cambio en el régimen de retenciones, las segundas por la política de tasas de intereses elevadas y de aceleración del endeudamiento, y las últimas por la nueva política tarifaria.

Esto no quiere decir -obviamente- que esté cambiando la estructura del poder social en Argentina. El dominio del gran capital transnacional en todas las ramas de la economía persiste pero en esta etapa transicional (¿hacia la radicalización del neodesarrollo o hacia una nueva fase del proyecto neoliberal?) los sectores mencionados son llamados a convertirse en la palanca para reiniciar la exitosa acumulación de capital (es decir, el crecimiento económico). Ese es el presupuesto (y objetivo) de toda la acción de gobierno. Detrás del impulso de esos sectores, se espera se encolumnen otros tantos, como la industria manufacturera, la construcción y los servicios.

Estos sectores, los “perdedores”, sostienen una posición de apoyo crítico al proyecto Cambiemos, aparentemente con una doble expectativa. Primero, que el ajuste permita impulsar la profundización de la reestructuración económica “congelada” en la década pasada. Las luchas sociales acumuladas a la salida de la convertibilidad y la constitución de una nueva composición política del pueblo trabajador (más centrada en los “movimientos” populares poco institucionalizados) detuvieron en el tiempo las intenciones de avanzar en nuevas formas de organización empresarial más “productivas” -más rentables- para el capital (más flexibilidad y desregulación, menor “costo laboral” e impositivo, más productividad). La superexplotación (del trabajo colectivo, de la naturaleza y del trabajo no remunerado de las mujeres) es la base de sustentación del capitalismo dependiente argentino, los fundamentos de la inversión privada y el empleo.

En segundo lugar, los “perdedores” apuestan a que si Cambiemos fracasa en su papel, el peronismo (hoy, pejotismo/cegetismo) podrá contener y canalizar las demandas de recomposición parcial para avanzar en las reformas más lentamente, sin prisa pero sin pausa.Prefieren la primera opciónpero no abjuran de la segunda si no hubiera alternativa en un marco de “gobernabilidad” (es decir, en un marco controlado por los “partidos del Orden”).

Mientras esperan que puedan construirse los “Puentes hacia el futuro” (como propusieron en el reciente coloquio de IDEA), ni ganadores ni perdedores sacarán los pies del plato de un proyecto que saben propio. Tampoco apostarán todas sus fichas a un gobierno que oscila entre la improvisación y el cinismo pero que no parece -aun- acertar en la receta. De allí que la lluvia de inversiones no sea más que una garúa que no permite que surjan los esperados “brotes verdes”.

El marco de dominación ampliada del gran capital transnacional condiciona la capacidad general del pueblo de controlar y apropiar los frutos del trabajo colectivo. Luego de un quinquenio de estancamiento, la desigualdad social empeoró violentamente en tan sólo unos meses. Los más ricos aceleran su enriquecimiento a pesar del ajuste y la crisis, mientras el pueblo trabajador es el único perjudicado. La caída en los salarios reales llega al 10% (lo que se significa que hemos perdido más de un mes de sueldo a lo largo de 2016), aumentan los despidos y suspensiones, miles de jóvenes se mantienen como ni-ni sin esperanzas de encontrar empleo (aun así la tasa de desocupación juvenil trepó a 24,6% en el tercer trimestre de 2016, siendo 30,3% para las mujeres jóvenes que buscan empleo remunerado); la política social persiste en el modo de la prevalencia de los beneficios de tendencia universal pero básicos (es decir, inadecuados). La pobreza por ingresos sube desde los niveles persistentemente elevados de la década pasada: en torno a un tercio de la población (más de la mitad de las niñas y niños) viven con ingresos insuficientes y en condiciones de hábitat, servicios sociales y de cuidado precarios y deficientes. El crecimiento económico no permite superar los límites del capitalismo en la dependencia; el estancamiento y la crisis sólo contribuye a profundizar las carencias estructurales.

 

Brotes verdes no aparecen

La crisis, las políticas de ajuste (por parte del capital y el Estado) que la acompañan y la redistribución regresiva (a favor de los ricos) son -según el gobierno- el camino inevitable para alcanzar la “luz al final del túnel”. La confianza en que las señales “correctas” serán suficientes para desplegar la voluntad empresarial de invertir y así mover la economía, se parece cada vez más a puro cinismo o -en realidad- puro sentido común burgués.

Pero no sólo de esperanzas vive el capital(ista). Liberales “keynesianos” le prenden una vela a San “Animal Spirits” (es decir, la buena voluntad, ilusión y espíritu empresarial) pero a su vez llevan adelante una política económica abiertamente contradictoria que prepara la próxima gran crisis. En el Banco Central se privilegia el uso de las altas tasas de interés (a través de la emisión disparatada de deuda, LEBAC) para frenar la inflación, al costo de la destrucción de la producción de valor y riqueza material (en especial, entre las pequeñas y medianas empresas); la apertura de la economía y el dólar anclado operan en el mismo sentido. La deuda del BCRA aumentó un 60% y el dólar es más barato que en 2015 pero ahora con mayores niveles de apertura comercial (por eso, las importaciones de bienes de consumo aumentan 9% y las de autos 28% en el marco de una caída general de la actividad económica: el Estimador Mensual de Actividad Económica cayó 3,7% en septiembre de 2016 en comparación con el año anterior y producción industrial se desplomó 8% en octubre en relación a un año antes). El Ministerio de Trabajo ha logrado canalizar en el marco de las paritarias las demandas salariales por debajo de la inflación, derrumbando el mercado local de consumo popular (las ventas minoristas caen no menos del 8% anual). Frente a ello, el Ministerio de Hacienda hace piruetas para limitar el impacto político del ajuste, manteniendo elevado el déficit fiscal (acrecentado por la caída en el nivel de actividad económica y por la reducción de retenciones) a partir de crecientes niveles de endeudamiento que acompañan al BCRA. El endeudamiento se convertirá en una bomba si la economía no resurge de sus cenizas. Por ahora, la deuda pública sube por el ascensor (en total, más de 46 mil millones de dólares en este año) mientras que la economía persiste en un coma con pronóstico reservado (de conjunto, el PBI cae el 2,6% anual).

 

Suenan las Trump(etas), tiemblan los profetas de Cambiemos

Para colmo de Cambiemos, el triunfo de Donald Trump en los Estados Unidos no es fuente de buenos augurios. Si la economía mundial se encuentra en crisis prolongada hace ya casi una década (EEUU con un crecimiento promedio inferior a 2,2% anual, EU y Japón bien por debajo de eso), un gobierno proteccionista y fascista en el declinante hegemón global sólo auspicia un peor horizonte.

El gobierno de Trump es la reacción de un pueblo sin alternativas políticas progresivas (en un sistema político profundamente antidemocrático), agobiado por la reestructuración económica  prolongada que es resultado del programa neoliberal de internacionalización del capital. Ese programa ha trasladado buena parte de la producción manufacturera norteamericana a las periferias del sur global, dejando un tendal de ciudades fantasma, pesadillas en el sueño americano. La brutal caída en los empleos manufactureros y los salarios de quienes permanecieron ocupados (37% y 28% en las últimas tres décadas, respectivamente) son testimonio de la debacle.

Si se cumplen los anuncios, la política de EE.UU. será de mayores niveles de déficit fiscal (endeudamiento público y baja de impuestos a los ricos) que tendrán como consecuencia inmediata el encarecimiento del endeudamiento internacional, la desaceleración mayor del conjunto del capitalismo global y un estancamiento en los precios de lascommodities de exportación de los países dependientes, como Argentina. Si el capitalismo neoliberal es muy malo para la economía capitalista argentina, el capitalismo neofascista no se presenta como algo superador.

El horizonte no se ilumina como predicaban los profetas de Cambiemos, sino que son nubes de tormenta las que se acercan; las luces que se aprecian a la distancia, rayos y centellas. Una economía como la Argentina consolidada y consolidándose como plataforma para la exportación de materias primas y la superexplotación del trabajo y la naturaleza enfrenta un mundo en crisis, que se cierra sobre sí mismo. El fantasma del 2001 se acerca peligrosamente para la economía argentina: alta inflación y depresión económica son una combinación explosiva.

 

Emergencias

En un contexto que construye las bases de una creciente conflictividad, Cambiemos busca tejer un puente de plata para llegar a las elecciones parlamentarias en condiciones de mejorar su rendimiento electoral. Para ello debe encontrar puntos de acuerdo con las fuerzas sociales y políticas de la oposición parlamentaria. Con el peronismo en el Congreso los acuerdos se negocian día a día bajo la forma de transferencias de recursos a las provincias, autorizaciones para endeudarse (6200 millones de dólares en lo que va de 2016) y futuras obras. Nada novedoso. Con el sindicalismo empresario de la CGT, los mecanismos son similares: devolución de recursos de las obras sociales (cerca de 25 mil millones de pesos en títulos públicos), propuestas de discutir el impuesto sobre el salario (ahora mismo está en debate) y poco más. Eso alcanza para aportar algunos votos claveen el Congreso Nacional y congelar en el tiempo e indefinidamente medidas de alto impacto como un paro general.

Frente a eso, la CTA persiste en una crisis política profunda y los movimientos sociales neo-kirchneristas liderados por el Movimiento Evita impulsan una ley de Emergencia Social (ES) que podría ser vetada por el ejecutivo con poco o ningún costo político (como ocurrió con el veto a la ley “anti-despidos”). Aun si no fuera vetado, la ambigüedad y poco alcance de ese proyecto de leyno resuelve el fondo del asunto que es que el proyecto de desarrollo capitalista en Argentina no tiene futuro como proyecto popular. Esto no significa que la aprobación de la ES no sea significativo en términos de recursos y reconocimiento político para las organizaciones involucradas. Por su parte, el FIT y otras fuerzas del campo del trostkismo muestran masividad organizativa (el acto del FIT en Atlanta lo atestigua), pero con capacidad de intervención limitada y la prevalencia de estrategias de autoconstrucción. Finalmente, la “izquierda independiente”atraviesa un proceso de reconstrucción de sus lazos de afinidad en un intento de recuperar potencia disruptiva pero sin la masividad de otras épocas.

En cualquier caso, el pueblo en lucha comienza a resurgir en diferentes articulaciones y proyecciones pero en la calle, en marcha. Cierto es que las proyecciones estratégicas son distintas. No es lo mismo articular fuerzas en torno a (y detrás de) el kirchnerismo y su proyecto de vuelta al neodesarrollo clásico, que articular fuerzas sociales y políticas que cuestionen el desarrollo capitalista mismo, su Estado y sus políticas, su tendencia productivista-extractivista.

 

Entonces, ¿qué esperar? ¿qué hacer?

Enfrentamos un mundo en crisis civilizatoria que gira, en especial en los países centrales, violentamente hacia formas renovadas del fascismo que nunca ha renegado del capitalismo en sus formas desarrollistas. La paradoja es que en nuestro país y en la región suramericana avanza una corriente liberal (más o menos desarrollista) que -paradójicamente- es incompatible con ese proyecto global.

El proyecto de Cambiemos supone proyectar el saqueo a nuevas dimensiones, tal cual estaban planteadas ya en el Plan Estratégico Industrial 2020 (PEI2020), el Plan Estratégico Agropecuario y Agroindustrial 2020 (PEAA2020) oPlan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva Argentina Innovadora 2020 (AI2020)impulsados por el kirchnerismo. Pero un mundo que se cierra conspira contra ello.

La contracara del proyecto de saqueo es la mayor competitividad demandada por las fracciones industriales del gran capital. Eso es devaluación del peso en lo inmediato pero a mediano plazo más productividad (a través de flexibilidad laboral) y medidas de “modernización” o “racionalización” (reforma del Estado, reforma y rebaja impositiva, nuevos programas de gestión de la educación, la salud, la ciencia y la tecnología, etc.). Ese programa, que sostiene Cambiemos, es similar al programa del Frente Renovador y de otras fracciones del peronismo “ortodoxo”. La CGT se prepara para acompañarlo al igual que el “kirchnerismo popular” (Evita y compañía), todo a cambio de algunas reinvindicaciones parciales. El camino que proponen es “vandorismo clásico”, combinando presión en las calles con negociación y aporte a la gobernabilidad.

Desde el campo de las organizaciones que luchamos por un cambio social radical, anticapitalista, antiimperialista, antipatriarcal, la apuesta debiera ser precisamente la inversa: construir la ingobernabilidad con nuestros cuerpos en las calles, construyendo pensamiento y -sobre todo- prácticas críticas en todos los espacios que habitamos, cuestionando todos los rasgos de la sociedad impregnados por la lógica del capital. Es decir, debemos impugnar la sociedad toda, al capital, pero también al Estado, a las burocracias sindicales; e incluso a nuestras propias organizaciones, a las que debemos cuestionar, repensar y reinventar, para construir un mundo nuevo en que quepan todos los mundos.

 

 

(*) Mariano Féliz es Profesor UNLP. Investigador CONICET. Integrante de COMUNA (Colectiva en Movimiento por una Universidad Nuestramericana) en el Frente Popular Darío Santillán – Corriente Nacional. Correo electrónico: marianfeliz@gmail.com

Más concursos ‘arreglados’ en la Facultad de Trabajo Social

Impugnación presentada en relación al concurso para profesor titular ordinario en la Cátedra Economía Política de la Facultad de Trabajo Social (UNLP).

La Plata, 19 de Mayo de 2016.

Universidad Nacional de La Plata

Facultad de Trabajo Social

Consejo Directivo,

Sras. y Sres. Consejeras,

 

Me dirijo a Ustedes a fin de presentar recurso contra la resolución 21/2016 correspondiente al expediente 3200-001430/16-000 referida a Concurso para cubrir un cargo de Profesor Titular Ordinario con dedicación simple para la cátedra de Economía Política. El día 17 de Mayo de 2016 fui notificado fehacientemente de dicha resolución y a partir de ello hago esta presentación en los términos prescriptos por los incisos 1 y 15 del artículo 56 del Estatuto Universitario por la manifiesta arbitrariedad del dictamen de la Comisión Asesora (integrada por la estudiante Pamela Jaime, el graduado Tomás Bover, y los profesores Gerardo De Santis, Darío Ceresani y Adriana Clemente). En tal sentido, solicito reconsideración por parte del Consejo Directivo pidiendo que el mismo deje sin efecto el Concurso mencionado y convoque a un nuevo concurso seleccionando otra Comisión Asesora. En caso de que el Consejo Directivo no acepte mi solicitud de reconsideración para dejar sin efecto el concurso mencionado, solicito Recurso Jerárquico ante el Consejo Superior para que el mismo deje sin efecto el concurso.

Aclaro que mis cuestionamientos a la tarea de la Comisión Asesora, a su dictamen y la resolución del Consejo Directivo remiten a la decisión de poner al Cr. Rubén Fabián Flores en primer lugar en el orden de méritos y a mí en segundo lugar por una diferencia de sólo 3 puntos. Dado que considero que únicamente mediante arbitrariedad manifiesta, la Comisión Asesora y el Consejo Directivo pudo otorgar más puntaje Flores que a mí en ese orden de mérito, solamente me referiré a los elementos que entiendo han operado en esa decisión. No pongo en consideración en ningún momento la decisión de colocar al tercer concursante, Dr. Emiliano López, en el tercer lugar del orden mencionado.

 

Motiva mi solicitud una serie de elementos que paso a considerar.

 

  • De los criterios de valoración de los candidatos.

La ordenanza 179 de la UNLP establece en su artículo 26 que la Comisión Asesora debe evaluar al menos tres ítems básicos: (a) antecedentes y títulos, (b) publicaciones, trabajos científicos y profesionales y (c) prueba de oposición. Asimismo, agrega como posibilidad (d) entrevista personal y (e)  demás elementos de juicio. Los primeros tres ítems son de carácter obligatorio y deben aparecer evaluados por separado. Además, es evidente que existe un orden jerárquico entre los ítems a evaluar. La entrevista personal es complementaria en la evaluación, como queda claro de la expresión ‘si la hubiere’ en el artículo mencionado.

Por otra parte, el Estatuto de la UNLP en su artículo 28 establece que los profesores titulares deben “dictar y dirigir la enseñanza teórico-práctica de su asignatura; dictar cursos parciales o completos de su especialidad; realizar al menos alguna de las siguientes actividades: investigación y extensión; participar en seminarios o reuniones científicas de su cátedra, departamento o instituto”. Esto establece un parámetro de valoración claro respecto a que se espera del trabajo pasado, presente y futuro de cualquier profesor titular. La evaluación de los candidatos para ocupar estos cargos debe ser realizada en relación al conjunto de estas tareas que serán su competencia. En consecuencia, es claro que sus antecedentes y experiencia en estas distintas dimensiones deberían ser fundamentales en la evaluación de la Comisión Asesora.

En tercer lugar, en el artículo 24 de la ordenanza 179 señala que no se puede “computar como título probatorio de competencia el ejercicio mecánico y rutinario de la cátedra por parte de quienes han profesado en ella sin destacarse por la realización de cursos intensivos, trabajos de investigación, publicaciones y otras iniciativas de jerarquía científica y docente. Tampoco se computarán como mérito la acumulación de publicaciones de escaso o nulo valor científico o docente”. Esto supone que la comunidad universitaria considera fundamental jerarquizar y valorar cuantitativa y cualitativamente el trabajo, la experiencia, títulos y antecedentes de las y los candidatos a cubrir cargos de profesor titular.

 

  • Del dictamen de la Comisión Asesora

El dictamen de la Comisión Asesora comienza por ignorar arbitrariamente el segundo ítem de los 3 que deben ser evaluados obligatoriamente a la hora de analizar a los candidatos. Ese ítem (b) no aparece valorado de manera separada como establece la ordenanza 179. Esta arbitrariedad pretende subsumir dos conceptos clave (‘antecedentes y títulos’ y ‘publicaciones, trabajos científicos y profesionales’) en uno sólo, reduciendo su peso general en la evaluación. Este procedimiento pretende neutralizar el peso muy superior (cuantitativa y cualitativamente) de mis ‘antecedentes y títulos’ y ‘publicaciones, trabajos científicos y profesionales’ en comparación con el concursante Flores.

En este sentido, la Comisión Asesora argumenta que el “reglamento interno de Concursos de Profesores Ordinarios” (resolución 24/89 de la Facultad de Trabajo Social) en su artículo 14 establece “se evalúe hasta veinte (20) puntos los antecedentes de los aspirantes, hasta treinta (30) puntos la prueba de oposición, y hasta diez (10) puntos la propuesta pedagógica”. Sin embargo, cabe marcar al menos dos objeciones a esta interpretación. Por un lado, este reglamento se excede por sobre lo dispuesto por la ordenanza 179 de la UNLP pues no respeta los parámetros de evaluación que esta plantea. En segundo lugar, las ponderaciones establecidas son “máximas” (“hasta”) y no fijas como el dictamen asume. El dictamen no justifica las ponderaciones seleccionadas ni las relaciona con los elementos de valoración establecidos en el Estatuto de la UNLP y la ordenanza 179. Reduciendo su valoración a una cuestión aritmética (“Ello suma en total sesenta (60) puntos”) evitan justificar la decisión de las ponderaciones y por lo tanto operan arbitrariamente.

Por otra parte, la Comisión Asesora construye una escala de ponderaciones del resto de los ítems (incluida la ‘entrevista personal’) que desarticula el orden de prioridades establecido el artículo 26 de la ordenanza 179 de la UNLP. Sin justificación alguna, de manera manifiestamente arbitraria, sobre-pondera la ‘entrevista personal’ y la ‘prueba de oposición’ muy por encima de los ‘antecedentes y títulos’ y las ‘publicaciones, trabajos científicos y profesionales’. A las dos (2) preguntas de lo que la Comisión Asesora denominó la ‘entrevista personal’ se le asignan 10 puntos y a la ‘prueba de oposición’ 30 puntos. Sin embargo, la Comisión Asesora otorga sólo 20 puntos a los ‘antecedentes y títulos’ y no valora por separado el ítem ‘publicaciones, trabajos científicos y profesionales’. Esto evidentemente fuerza el espíritu del Estatuto de la UNLP y la ordenanza 179 pues intenta desarticular la valoración explícita que ambas normativas hacen del trabajo previo de los candidatos (sus antecedentes, sus títulos, sus publicaciones, su trabajo en extensión e investigación, etc.) para sobre-valorar ítems donde la Comisión Asesora puede operar con plena arbitrariedad como son la prueba de oposición y la entrevista personal. Mientras estos dos últimos elementos son sólo valorados por la Comisión Asesora, más de dos décadas de trabajo desarrollado a lo largo de mi carrera, y el trabajo que actualmente llevo adelante, es subvalorado, a pesar de que cuenta con la evaluación periódica, sistemática e independiente de centenas de personas e instituciones diferentes que dan cuenta de la calidad de mi labor y promovido y apoyado el desarrollo de esas tareas.

Es manifiestamente arbitrario que a una clase de 40 minutos frente a la Comisión Asesora y las dos preguntas orales y de carácter general en la ‘entrevista personal’ le sean asignadas el doble de puntaje que al conjunto de los antecedentes de los candidatos, máxime para el cargo de Profesor Titular que supone debe ser desempeñado por docentes que hayan realizado una trayectoria en la docencia, como en este caso cuando los que disputan el cargo tienen más de 20 años de antigüedad como trabajadores de la UNLP y por lo tanto han debido y han tenido la posibilidad de desarrollar una vasta tarea como profesional integral en el ámbito universitario. Evidentemente, las ponderaciones arbitrariamente decididas buscan evitar ‘odiosas y desfavorables comparaciones’ que en este caso, en el marco de un concurso ordinario de profesor titular de la UNLP, son elementales para seleccionar a la persona mejor preparada para cubrir el cargo para el desarrollo de las funciones primordiales de la Universidad (que según el preámbulo de su Estatuto son “el desarrollo y fomento de la enseñanza, la investigación y la extensión”).

Más allá de la forma manifiestamente arbitraria en la que la Comisión Asesora ha valorado a los candidatos, la lectura del dictamen corrobora la manifiesta arbitrariedad del mismo, y da cuenta de que su único objetivo es favorecer a uno de los candidatos (Contador Rubén Fabián Flores) frente a otro candidato que tiene evidentemente un trabajo más consistente, más profuso, y más acorde con las demandas y necesidades de la Universidad (mi persona, Doctor Mariano Féliz).

 

La arbitrariedad en la evaluación de los Antecedentes y Títulos

A la hora de evaluar lo que la Comisión Asesora considera “Antecedentes” (y no como establece la ordenanza 179 “Antecedentes y títulos”) en primer lugar se obvia el hecho de que en mi caso tengo dos (2) títulos de doctorado (uno en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y otro en Ciencias Económicas por la Universidad de Paris XIII/Nord), lo cual está acreditado con la documentación correspondiente; además, poseo –tal cual se consigna en el dictamen- un título de Magister en Sociología Económica en la Universidad Nacional de San Martín. En el caso del Contador Flores se señala que “consigna cursos de posgrado” (en temáticas que poco tienen que ver con la materia en cuestión) pero no se hace referencia a que el Cr. Flores no tiene título de posgrado alguno.

Cabe recordar que la ordenanza 179 establece en su artículo 27 que para ser profesor titular hay que “poseer título máximo o superior expedido por Universidad Nacional de la República o Instituto acreditado del extranjero”, algo que a simple vista el Cr. Flores no posee. Flores tampoco posee, como quedará claro más adelante, “trabajos que demuestren su profundo y completo conocimiento de la materia” como para demostrar “especial preparación”, algo que el Consejo Directivo tampoco declara.

A posteriori, el dictamen señala que el Cr. Flores “se desempeña en forma ininterrumpida como docente desde 1990” y que posee 18 años de antigüedad en un cargo de Profesor Adjunto interino y JTP concursado desde 1994 “entre otros cargos docentes desempeñados”. En mi caso, el dictamen sólo dice que acredito ser Profesor Adjunto Ordinario de la UNLP desde 2012 y profesor titular en la Maestría y Doctorado en Ciencias Sociales de la FAHCE-UNLP desde 2010. De esa manera, parece que mis antecedentes docentes comenzaron en 2010 mientras que los de Flores “desde 1990 …. Con 18 años de antigüedad”.

Lamentablemente, la Comisión Asesora obvia señalar que yo también soy docente en Universidades Nacionales desde 1995 con una antigüedad docente total acreditada por la UNLP de más de 21 años (según consta en mi recibo de sueldo en el expediente). He desarrollado actividades docentes prácticamente todos los cuatrimestres desde 1995, excepto en algún período en que me encontraba realizando trabajos para mi Tesis Doctoral en  Francia. Asimismo, he sido docente en grado y posgrado de otras universidades nacionales como la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional del Comahue, además de haber dictado cursos en universidades extranjeras (como la Universidade Federal de Juiz de Fora en Brasil y la Universidad de la República Oriental del Uruguay).

Por otra parte, el dictamen evita remitir al artículo 24 de la ordenanza 179 que señala que no se podrá “computar como título probatorio de competencia el ejercicio mecánico y rutinario de la cátedra por parte de quienes han profesado en ella sin destacarse por la realización de cursos intensivos, trabajos de investigación, publicaciones y otras iniciativas de jerarquía científica y docente”. En ese respecto, Flores cuenta con el único mérito (mencionado en el dictamen) de no haber concluido la especialización universitaria.

Sin embargo, el dictamen olvida indicar mis antecedentes en este sentido: haber sido compilador y publicado 4 capítulos de libros de cátedra para el Ciclo Básico Común de la UBA, haber realizado y concluido un Seminario “Introducción a la Docencia Universitaria” en la UNLP y haber coordinado la publicación reciente (2015) del Libro de Cátedra “Argentina neodesarrollista. Debates sobre el modelo” editado por la Editorial de la UNLP, cuya edición fue seleccionada por concurso por la Editorial. Este Libro de Cátedra fue incorporado de manera integral en la propuesta de contenidos que presenté para el Concurso de Economía Política.

A la hora de valorar los antecedentes y títulos en investigación, la Comisión Asesora señala que desde noviembre de 2012 tengo un cargo de Investigador Adjunto del CONICET (obtenido por CONCURSO) sin mencionar que mi lugar de trabajo es el Centro de Investigaciones Geográficas (CIG) del Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (IdIHCS) del CONICET y la UNLP, con sede en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de nuestra Universidad.

Asimismo, no señalan que soy Consejero Directivo electo del Consejo Directivo de mi Centro de Investigación desde 2011. Por su parte, del Cr. Flores, la Comisión Asesora sólo puede mencionar que “es miembro” del CIEPyC (Centro de Investigación en Economía Política y Comunicación), sin mencionar el rol o dedicación en el mismo, ni señalar que uno de los Jurados (Lic. Gerardo De Santis) es director de ese Centro.

Nuevamente, la Comisión Asesora olvida mencionar otros antecedentes de investigación claves en mi experiencia profesional y de gran relevancia para la propuesta de trabajo que presento para el concurso: entre 1999 y 2007 fui becario de posgrado del CONICET y la UNLP en diferentes modalidades (todas por CONCURSO) y obtuve también una beca externa de investigación del CONICET en 2012 (también por CONCURSO). Tampoco se mencionan las diversas pasantías y estancias de investigación que desarrollé en Argentina, Venezuela y Francia. Por supuesto, tampoco se mencionan los 19 cursos de especialización y actualización que realicé desde 1994, sin contar los 16 cursos de posgrado realizados en el marco de mis estudios de Maestría y Doctorado entre 1999 y 2006. El Contador Flores sólo acredita 9 “cursos o seminarios”.

El dictamen señala que soy docente-investigador categoría III en el programa de Incentivos Docentes desde 2011 (antes tenía categoría V, y he solicitado el ascenso a la categoría II), pero no dice que el Cr. Flores sólo tuvo categoría V cuando se categorizó en 1995. Si señala que en 2015, el Cr. Flores solicitó el “nuevo ingreso y recategorización ” al programa de incentivos, lo cual sólo indica que en algún momento debe haber sido dado de baja del mismo.

A la hora de analizar los antecedentes en investigación, en cuanto a las publicaciones el dictamen se limitó a señalar mi “vasta y profusa producción … en revistas especializadas nacionales e internacionales”, la co-autoría y compilación de varios libros (olvidan mencionar que soy autor individual de un libro) y capítulos de libros, y la participación “destacada” en Congresos y Foros. En contraste, en el caso de Flores sólo mencionan “diversos artículos publicados en revistas especializadas”.

Esta forma de presentar la información obvia elementos claves vinculados a la cantidad y calidad de las publicaciones científicas. Por un lado, no menciona la evidente diferencia cuantitativa en el número de publicaciones. He publicado 42 artículos (uno en prensa) en revistas científicas (la mayoría con referato), de las cuales 16 fueron publicados en revistas del exterior (en Brasil, Colombia, Uruguay, México, Estados Unidos, China). Publiqué 37 capítulos de libros (uno en prensa), varios de ellos editados en libros internacionales con referato. Edité, co-edité, compilé o escribí 8 libros. Tengo 49 trabajos publicados en Actas de Congresos, he asistido a al menos 87 reuniones científicas, en la mayoría de las cuales he presentado trabajos para la discusión. Por supuesto, el dictamen no hace ninguna referencia a que he integrado 23 proyectos de investigación desde 2000, dirigiendo los últimos 12 proyectos (4 de los cuales dirijo en este momento); la evaluación de esos proyectos y su financiamiento ha provenido de la UNLP (proyectos PID), el MINCYT (proyectos PICT) y el CONICET (proyectos PIP), entre otras instituciones, que valoran profundamente el trabajo que vengo desarrollando y lo apoyan sistemáticamente. Asimismo, el dictamen olvida mencionar que participo de varios proyectos en redes internacionales, integrando un grupo de trabajo en CLACSO, y co-dirigiendo un proyecto de Misiones Inversas (SPU) y un proyecto de cooperación internacional entre CONICET y FAPESP (SP, Brasil).

Si nos remitimos a los antecedentes de Flores en este respecto, la Comisión Asesora sólo tiene para considerar (aunque no los menciona explícitamente) 11 publicaciones (artículos o capítulos de libro), de los cuales 6 son artículos sin referato publicados en la revista del CIEPYC en el cual ‘es miembro’, bajo la dirección del Jurado Lic. Gerardo De Santis. Su experiencia de investigación se limita a haber integrado 6 proyectos de investigación acreditados por la UNLP desde 1996; en 2006 integró un proyecto dirigido por mi con sede en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP. Finalmente, la Comisión Asesora ni siquiera menciona los escasos 5 momentos de asistencia (certificada) o exposición por parte del Cr. Flores a Congresos o Jornadas. En mi caso, como ya señalé, he asistido a 87 reuniones científicas y expuesto trabajos en su mayoría.

En lo que hace al trabajo de extensión universitaria, transferencia y vinculación con la comunidad, en el caso del Cr. Flores el dictamen sólo puede mencionar su participación como integrante en “proyectos” desde 2002, sin mencionar que eso ocurrió en solo 2 proyectos y sin señalar que en sus años como docente de la UNLP no ha tenido ninguna otra actividad en la materia, ni siquiera lo que podría considerarse ‘transferencia’. Por contraste, en mi caso el dictamen solo menciona mi actuación desde 2007 (en realidad, desde 2006), eso sí señalando que mi actividad es “en forma ininterrumpida”.

Nuevamente, la Comisión Asesora olvida elementos que ponen mi trabajo en esta dimensión muy por encima del realizado por el otro concursante (Flores). El dictamen no menciona que yo he participado en 14 proyectos de ‘extensión’, actuando como director en 6 oportunidades, como codirector en 1 proyecto, y como coordinador en otros 5 proyectos. Esto incluye, entre otros, 7 proyectos de Voluntariado Universitario, 1 proyecto PIT-AP (Proyectos de innovación y transferencia en áreas prioritarias) de la UNLP, y 1 proyecto de PPUA (Programa de Promoción de la Universidad Argentina) de la SPU. Tampoco se menciona que en la actualidad dirijo 2 proyectos de Voluntariado y 1 de Extensión Universitaria de la UNLP.

Por supuesto, no menciona ninguna de mis actividades en este respecto por fuera de proyectos formales: 7 cursos ‘de transferencia’ dictados en diferentes instituciones, 6 cursos o talleres coordinados con organizaciones de la sociedad civil, 33 charlas o participación en paneles en ámbitos universitarios o no universitarios, o la publicación de 67 artículos cortos en medios de prensa nacionales o internacionales, o materiales de divulgación o debate.

Del Cr. Flores sólo se podría mencionar (aunque la Comisión Asesora parece no darles valor y por lo tanto ni menciona) 7 charlas dictadas, alguna de las cuales tuvieron también mi participación como panelista.

El dictamen de la Comisión Asesora incluye como valorable (por eso lo mencionan) en el caso del Cr. Flores sus antecedentes profesionales, señalando que ‘se desempeña laboralmente’ en la CICBA. Aparentemente, eso es muy importante de mencionar para la Comisión Asesora. Lamentablemente, no consideran de importancia mis ‘otros antecedentes’ en Formación de Recursos Humanos (con tesistas y becarios actuales y anteriores), mi participación en jurados de tesis de posgrado o de grado, mi papel en la evaluación de proyectos de investigación (para diversas universidades nacionales, para el CONICET o el FONCYT/MINCYT), de miembro del comité de evaluación o comité editorial para revistas científicas, o como miembro de Comisiones Asesoras en concursos docentes, ni mi participación como integrante del Comité de Organización de diversas Jornadas Científicas, o mi rol como consejero académico o consejero directivo.

Es claro que la diferencia cualitativa y cuantitativa es tan abrumadora y la coherencia de mi trayectoria profesional debiera haberme otorgado una diferencia en la evaluación de los antecedentes muy superior a la que la Comisión Asesora propuso. No sólo por el escaso peso otorgado en el conjunto de la evaluación a los ítems “Antecedentes y Títulos” y “Publicaciones, trabajos científicos y profesionales” (subsumidos, anti-reglamentariamente en uno sólo “Antecedentes”, y con un muy reducido peso de sólo 20 puntos sobre un total de 60), sino por la poca diferencia en el puntaje otorgado (19 puntos a mi en comparación con 15 a Flores). La diferencia real en calidad y cantidad de antecedentes, títulos, publicaciones, trabajos científicos y profesionales es tan amplia a mi favor en comparación con Flores, que se evidencia una arbitrariedad manifiesta por parte de la Comisión Asesora en su valoración de los mismos.

Lo arbitrario de la decisión es tan claro que la Comisión Asesora olvida también mencionar que en 2012 la Universidad Nacional de La Plata me otorgó el Premio a la labor científica, tecnológica y artística de la UNLP, en la categoría “Menores de 40 años”, en reconocimiento a la integralidad, coherencia, consistencia y valor de mi trabajo en y para la UNLP.

 

La arbitrariedad en la valoración de la prueba de oposición

Pero el criterio manifiestamente arbitrario de la Comisión Asesora no sólo se expresa en la ponderación y valoración que el dictamen hace de los dos primeros ítems de la evaluación, sino que se cierra en el análisis de la ‘prueba de oposición’ y en lo que la Comisión Asesora indica como “entrevista y propuesta pedagógica”.

En referencia a mi “prueba de oposición”, el jurado hace primero una somera descripción de la presentación del tema sorteado y la forma de abordaje. Luego señala que mi “exposición” no habría sido acorde al “carácter introductorio requerido en la asignatura inscripta en segundo año del plan de estudios en la carrera de Trabajo Social”. Evidentemente, es una cuestión de apreciación subjetiva lo que significa “carácter introductorio requerido” de la materia, algo que claramente entra dentro de la “amplia libertad para la exposición de ideas o doctrinas” que como docentes gozamos según el artículo 28 del Estatuto de la UNLP.

Tengo amplia experiencia demostrada en el dictado de cursos de grado y posgrado de Economía Política en carreras tales como el primer año del ciclo básico común de la UBA, en el 2do año de la Carrera de Relaciones del Trabajo de la UBA, el 2do año del ciclo básico de Contador Público Nacional, Administración de Empresas y Licenciatura en Economía en la Facultad de Ciencias Económicas de UNLP, en la Licenciatura en Sociología (1er año, 2do año y 3er año) en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP y en la propia Facultad de Trabajo Social de la UNLP en un curso optativo para estudiantes de 3ro a 5to año. Esa experiencia indica que los estudiantes universitarios son capaces de abordar temas de elevada complejidad aun sin conocimientos formales o sistematizados previos, pues poseen experiencias personales e inteligencia suficiente. El ‘nivel de dificultad’ de mi exposición en la prueba de oposición no fue en ningún sentido superior al del curso que hace unos años di para estudiantes de Sociología de la UNLP en el segundo año de su carrera, ni del curso optativo que tuve oportunidad de impartir para estudiantes de la Licenciatura en Trabajo Social. Por otra parte, la Comisión Asesora obvia mencionar que la materia es la única Economía Política del plan de estudios y por ello, necesariamente deberá hacer una síntesis más vasta, compleja y ‘densa’ que si fuera una de varias economías políticas en el Plan.

Además, según el dictamen yo habría hecho “un uso y abordaje de conceptos, categorías y supuestos que no fueron previamente introducidos por el docente en su exposición”. Esta afirmación obvia señalar al menos dos hechos. Por un lado, yo explicité que los temas que se iban a exponer en la clase se enmarcaban en una propuesta de programa para la materia, que el tema correspondía a la segunda mitad de esa propuesta y que por ello se asumía en esta clase en el marco del concurso, que había conceptos de debían conocerse porque en el curso real se habría incorporado en el momento adecuado (en clases anteriores). Por otra parte, una ‘clase’ en el marco de un concurso no es más que una suerte de ‘experimento’ que busca intentar mostrar las habilidades pedagógicas básicas de un docente. Llamativamente, en este respecto, luego de las ‘pruebas de oposición’ uno de los Jurados (Darío Ceresani) comentó a los tres concursantes simultáneamente (los tres podríamos testificar al respecto) que las tres exposiciones habían sido excelentes, si bien cada una con su perfil teórico definido. Esto no es muy consistente con la valoración a posteriori que se presenta en el dictamen.

La afirmación por la Comisión Asesora de que mi presentación “careció de ejemplos” se contradice con el hecho mencionado en el dictamen respecto a que centré la exposición “en el proceso inflacionario registrado en la economía argentina a partir de la salida de la convertibilidad hasta el presente”. Efectivamente, mis ‘ejemplos’ o ‘aplicación de los conocimientos’ estaban explícitamente desarrollados en la articulación entre lo conceptual-teórico y el proceso histórico-real de la Argentina reciente. Nuevamente, la Comisión Asesora pretende valorar lo que debe incluirse en la “amplia libertad para la exposición de ideas y doctrinas” en lugar de valorar mi capacidad pedagógica.

La Comisión Asesora además, dictamina sobre una supuesta omisión de mi parte de la referencia a “instancias de trabajos prácticos”. Ello es inconsistente pues la exposición que realicé remite a la presentación de un tema complejo en 40 minutos y mi propuesta de trabajo para el conjunto de la materia en mi rol como profesor titular está explicitada en la propuesta pedagógica presentada. En ningún lugar del plan de estudios, de la ordenanza 179 o el Estatuto de la UNLP, se exige para un concurso docente una propuesta de trabajos prácticos (al estilo de una “guía” o “ejercicios”) que suponga la “aplicación de conocimientos”. La modalidad de trabajo en la Cátedra es parte de la libertad que como docentes tenemos y defendemos.

Por último, parece claro que al señalar que “la presentación se realizó mediante el uso exclusivo del pizarrón” pretende dar cuenta de ‘una deficiencia’ que es insustancial. Ese señalamiento pretende ser utilizado por la Comisión Asesora para contrastar con el uso de “el pizarrón y una presentación powerpoint en forma alternada” por parte del Cr. Flores. Soy un docente acostumbrado a coordinar y dictar clases, talleres, conferencias y exposiciones en los más diversos contextos (como queda claro en mis antecedentes), y el pizarrón (aun si improvisado bajo la forma de un ‘papelógrafo’) nunca falta. Ese el medio más ubicuo en las aulas de todas y cada una de nuestras universidades y espacios de enseñanza-aprendizaje tanto formales como informales. En el caso particular de esta clase ‘especial’ (‘prueba de oposición’), la pizarra que la Facultad de Trabajo Social puso a mi disposición usaba la tradicional tiza y era un pizarrón con pie y de reducido tamaño (ni siquiera era un pizarrón colgado en una pared y de tamaño adecuado). Como propongo en la propuesta pedagógica, el proceso de aprender y enseñar es un proceso interpersonal, y si se puede llevar delante de manera correcta apenas con una pizarra y tiza, se podrá realizar en cualquier parte.

Evidentemente, la Comisión Asesora hace un uso arbitrario de la valoración de la ‘prueba de oposición’. Junto con la mencionada ponderación excesiva que se hace de la misma en comparación con otros elementos de juicio de más peso en la valoración de un posible Profesor Titular, esto le permite apuntalar la candidatura del Cr. Flores. Como he señalado, a todas luces Flores no está en condiciones formales y sustantivas de ser seleccionado como Profesor Titular, máxime cuando se compara con mi experiencia, mi trabajo y mis antecedentes.

 

La arbitrariedad en la valoración de la propuesta pedagógica y la entrevista.

Finalmente, la valoración de la propuesta pedagógica y la ‘entrevista’ dan cuenta de un intento ilegítimo de valorar arbitrariamente elementos que son parte dentro de la libertad de cátedra. Además, el dictamen pretende valorar positivamente una propuesta acotada en los contenidos (es decir, con poca carga de bibliografía y lecturas obligatorias), como la presentada por Flores. Ello atenta contra el esfuerzo que estudiantes y docentes debemos hacer para terminar de consolidar, en este caso, a la Facultad de Trabajo Social (la histórica Escuela de Trabajo Social) como una institución con nivel académico a la altura del resto de las Facultades y Carreras de la UNLP.

En tal sentido, el dictamen pretende que los contenidos de mi propuesta tienen “poca correlación con los contenidos mínimos de la materia”. Esto es evidentemente un prejuicio ideológico o teórico, pues mi propuesta da cuenta desde mi perspectiva teórica y metodológica del conjunto de los contenidos del plan de estudios para la materia en cuestión. Luego, y en el mismo plano, se afirma la imposibilidad de hacer viable el dictado del curso dada la carga horaria propuesta en el plan de estudios. En este sentido, expreso mi desacuerdo basado en mi experiencia docente, que da cuenta de la posibilidad de abordar los temas propuestos y la bibliografía presentada a partir de mi propuesta de trabajo integral.

Ello también evidencia o insinúa que la Comisión Asesora considera que los estudiantes de la Facultad de Trabajo Social son menos aptos o menos capaces para abordar los debates de un curso universitario de Economía Política, que otros estudiantes de la UNLP. Yo, por el contrario, estoy convencido de que elevar los niveles de debate, exigencia y dedicación de los estudiantes al estudio de la Economía Política, es posible en el marco de una estrategia pedagógica adecuada y con un trabajo integrado, como el que propongo. Por otra parte, la Comisión Asesora pretende saber a priori como responderán los estudiantes de la Facultad de Trabajo Social a una propuesta de trabajo novedosa (seguramente, diferente a otras propuestas que enfrentan en la carrera). Por mi parte, confío en que los saberes de los estudiantes, su capacidad de aprender y enseñar(se) y su esfuerzo (junto con el mío) son los medios básicos para conseguir los objetivos propuestos por el curso. Por otra parte, la propuesta que he realizado busca ser parte integral del plan de estudios y por eso se articula dentro de un programa de trabajo que incluye actividades de investigación y extensión desde la cátedra. Mi propuesta de trabajo no se apoya en una mera expresión de deseos, sino en mi dedicación probada al trabajo en la Universidad; en el caso del Cr. Flores ocurre precisamente lo contrario pues no expresa en su trabajo y antecedentes mayor interés en construir el tipo de Universidad que nuestro Estatuto pretende.

Finalmente, señalo que la llamada ‘entrevista’ no fue tal, sino –al menos en mi caso- consistió en sólo dos preguntas de orden general sin ningún tipo intercambio o posibilidad de elaborar o debatir. El carácter general de las preguntas fue tal que no hicieron mención a detalles relevantes de la propuesta de curso presentada ni de la propuesta de investigación y extensión. Es decir, que la llamada ‘entrevista’ fue realizada de manera violatoria al artículo 5 de la resolución 24/89 de la Facultad de Trabajo Social (“Reglamento interno para concursos de profesores ordinarios”) que señala que la entrevista personal debe abordar no sólo “a) aspectos didácticos, metodológicos, evaluativos y de orientación que pondrán en práctica en el desarrollo de la cátedra y contenidos del plan de trabajo presentado”, sino también “b) contribuciones a la investigación citadas en los antecedentes y en el plan de trabajo propuesto.”. Si el primer elemento estuvo solo lateralmente presente en las dos preguntas realizadas, el punto (b) estuvo ausente por completo. Evidencia de ello es que el dictamen no hace mención a esos elementos ni en la evaluación que hace de mi entrevista ni en la del Cr. Flores. Es claro que Flores, sin antecedentes en materia de investigaciones ni aportes propios a la propuesta del curso, hubiera perdido muchos puntos. Por el contrario, mi propuesta para el curso incluye varios trabajos en los que participé como autor o coautor, incluyendo el Libro de Cátedra cuya edición coordiné. Anulando ese elemento de la valoración, pierdo puntos fundamentales en la evaluación general.

 

  • Conclusión

Como he sostenido a lo largo de esta presentación, la Comisión Asesora y luego el Consejo Directivo, han actuado con arbitrariedad manifiesta al pretender legitimar un orden de méritos abiertamente injustificado, en relación al Concurso para el cargo de profesor titular de la asignatura Economía Política.

Entiendo que los elementos mencionados dan cuenta de manera abundante de que el Concurso debe ser dejado sin efecto.

Cabe aclarar que estimo que quienes han obrado de manera injusta y manifiestamente arbitraria son los miembros de la Comisión Asesora y los miembros del Consejo Directivo que votaron afirmativamente por ese dictamen. Considero que el Cr. Flores actuó de buena fe como participante del concurso. También entiendo que mi candidatura tiene una abundancia de elementos a mi favor. Aun con las valoraciones subjetivas de la Comisión Asesora en torno a la clase y la ‘entrevista’, es claro que yo debería encabezar el orden de mérito, por merecer una mayor diferencia en el puntaje asignado a ‘Antecedentes y títulos’ y a ‘Publicaciones, trabajos científicos y profesionales’’.

Esto resulta de que el conjunto de los antecedentes, títulos y experiencias puestas en juego en el concurso son resultado de diferentes apuestas respecto a nuestra relación con la Universidad y en referencia al aporte que uno quiere o debe hacer. Yo he trabajado para construir una universidad que se consolide como un agente de cambio social, apostando a ser un trabajador universitario integral (en tanto docente, investigador, extensionista). Ello se evidencia en el conjunto de los aportes que pongo en juego en el concurso. Por el contrario, el Cr. Flores hizo una apuesta diferente, y puso sus esfuerzos y prioridades en otra parte. No soy quien para juzgarlo, pero si considero que dados los caminos elegidos y el esfuerzo puesto por cada uno en ese objetivo, en este concurso yo soy el candidato más adecuado para ocupar el cargo de profesor titular en consideración. Entiendo que nuestra Universidad merece que esta sea la decisión final, que sería la más consecuente con sus objetivos y preceptos, y por ello solicito que este concurso sea dejado sin efecto, revocando la resolución del Consejo Directivo. Es lo más justo.

A la espera de una resolución favorable a mi reclamo, me despido atentamente,

 

Dr. Mariano Féliz

DNI 23.343.788

 

 

 

 

 

 

Anexo. Síntesis de principales antecedentes, títulos, publicaciones, trabajos científicos y profesionales

Mariano Féliz Fabián Flores
Título de grado Licenciado en Economía, UNLP Contador Público Nacional UNLP
Título de posgrado (Magister) Magister en Sociología Económica, UNSAM No tiene
Título de posgrado (Doctorado) Doctor en Ciencias Sociales, UBA

Doctor en Ciencias Económicas, Université de Paris XIII/Nord (Francia)

No tiene
Premios Premio a la labor científica, tecnológica y artística de la UNLP (2012), categoría “Menores de 40 años”. No tiene
Cargos docentes actuales Profesor Adjunto CONCURSO ORDINARIO UNLP (2012)

Profesor Titular Doctorado en Ciencias Sociales FAHCE-UNLP

Profesor Adjunto INTERINO UNLP

 

Antigüedad reconocida UNLP 21 años 28 años
Cargos en Investigación Investigador Adjunto CONICET / Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (IdIHCS) – CONICET/UNLP No tiene
Categoría en el Programa de Incentivos III V
Cargos Institucionales actuales en la UNLP Consejero Directivo del Centro de Investigaciones Geográficas (IdHCS-CONICET/UNLP), elegido 2015-2019 No tiene
Dirección Actual de proyectos de Investigación 4 proyectos (1 PICT/FONCYT-MINCYT, 1 PIP/CONICET, 2 PID/UNLP) No tiene
Dirección Actual de proyectos de Extensión/Voluntariado 3 proyectos (2 voluntariado, 1 extensión UNLP) No tiene
Dirección actual de proyectos de Cooperación Internacional 1 proyecto No tiene
Publicaciones en revistas científicas con referato 42 artículos No tiene
Publicaciones en libros (capítulos) 37 capítulos 1 capítulo
Libros publicados 8 libros No tiene
Publicaciones en actas de congresos científicos 49 trabajos No tiene
Participación en congresos y encuentros científicos 87 5
Formación de RRHH (Becarios y tesistas actuales) 4 becarios (1 becaria doctoral UNLP, 2 becarios doctoral CONICET como director, 1 becaria doctoral CONICET como codirector) No tiene ni tuvo
Publicaciones vinculadas a la docencia 1 compilación de trabajos (Libros de Catedra, UNLP, 2015)

4 capítulos de libro

No tiene

 

Cambiemos en su laberinto

Ponencia presentada en el taller de Economistas de Izquierda realizado en Julio de 2016.

Cambiemos en su laberinto

Mariano Féliz

 

Texto definitivo concluido el 10 de agosto de 2016.

Herencias y trampas del primer neodesarrollismo

El programa de Cambiemos se construye sobre la herenciad de 12 años de consolidación de la hegemonía neodesarrollista. Ese proyecto societal de las clases dominantes se conformó en un pecado original: la derrota política (aunque no societal) del proyecto neoliberal entre 1998 y 2001. Esa derrota se sintetizó en el QSVT (‘Que se vayan todos’) y marcó a fuego la forma de la reconstitución de la legitimidad social de un proyecto capitalista. El kirchnerismo (como fuerza política de síntesis emergente del sistema de los partidos del Orden) encarnó esa herencia, buscando canalizarla productivamente para el capital al tiempo que intentaba neutralizar su potencia política disruptiva.

Esa reconstrucción hegemónica se apoyó en el rebote económico posterior al ajuste duhaldista y en las condiciones políticas y económicas regional e internacionalmente favorables. Si la estrategia de contención política del kirchnerismo implicó contener a las fuerzas sociales más disruptivas, desde el punto de vista de la acumulación de capital el proyecto hegemónico supuso valorizar las conclusiones estructurales del neoliberalismo.

El proyecto de crecimiento con inclusión (o mercantilización extendida de las relaciones sociales) implicó consolidar las trampas del neodesarrollismo: el saqueo de lo común como base de la acumulación; es decir, el saqueo de la naturaleza y los bienes comunes, la superexplotación extensiva de la fuerza de trabajo y la apropiación intensiva del cuerpo-territorio de las mujeres. Esto se manifiesta en el fortalecimiento de la producción y apropiación de renta extraordinaria en el campo y la ciudad, la precarización y tercerización generalizada de la fuerza de trabajo (capitalista) y la multiplicación de la explotación del tiempo de las mujeres en los hogares (propios y ajenos), las comunidades y los empleos ‘feminizados’.

Tal proyecto reprodujo a escala ampliada las contradicciones históricas de capitalismo dependiente, multiplicando sus efectos mercantilizantes e individualizantes. Mientras la coyuntura internacional actuó como ‘viento de cola’ (2003-2008) el crecimiento pudo ser compatibilizado con una parcial integración de fracciones del pueblo trabajador dentro del ciclo local de valorización del capital. En paralelo, y en ese marco general favorable, mientras la coyuntura política regional favoreció el desenvolvimiento contradictorio tanto de las estrategias de neodesarrollo (Brasil) como de los proyectos de tendencia socialista (Venezuela), la estrategia de construcción hegemónica articulada políticamente por el kirchnerismo pudo conformar un bloque en el poder con capacidad estratégica. El llamado ‘proyecto nacional’ neutralizó al QSVT pero las contradicciones sociales convergieron inevitablemente en crecientes desequilibrios (inflación en aumento, saldo fiscal y externo en descenso, limitada integración por la vía del empleo). La crisis internacional del capital y su expresión a escala regional exacerbaron las barreras del desarrollo del capital en la argentina.

Del crecimiento por aprovechamiento de la capacidad instalada y utilización extensiva de la fuerza de trabajo sin acumulación sustancial de capital fijo, se pasó progresivamente al estancamiento e inestabilidad en el ciclo del capital. Mientras en la primera fase, el crecimiento se sostuvo en un incremento en el uso de capital variable (con la creación de millones de empleos) con bajas tasas de inversión en capital constante fijo, en la segunda etapa el estancamiento del crecimiento general fue concomitante con un estancamiento relativo del empleo, sin cambios sustantivos en la tasa de acumulación de capital.

La crisis transicional iniciada fue progresivamente canalizada desde el Estado. Primero con la ‘sintonía fina’ en 2011, luego con el proceso de devaluación, endeudamiento externo y ajuste heterodoxo (2013-2015) y finalmente en el proceso de transición política que tuvo como participantes a los posibles gestores de la aceleración y profundización del ajuste (Scioli, Macri o Massa). El triunfo de Cambiemos dió marco político propicio para profundizar las medidas que tibia y contradictoriamente con el discurso del ‘capitalismo en serio’ se habían iniciado en el último gobierno de Cristina F. de Kirchner.

 

Cambiemos: morfología del ajuste en el neodesarrollo

Cambiemos nace y triunfa como consecuencia directa de la estrategia kirchnerista de desplazar en el tiempo las contradicciones de la acumulación de capital, habiendo construido su hegemonía sobre la base del crecimiento con inclusión. Nace también de la incapacidad de los sectores populares de articular una fuerza política y social propia, con un proyecto de superación radical del régimen del capital.

La fragmentación de la base social del kirchnerismo y su alienación política, en tanto el mito del desarrollo se alejaba de su realidad, llevaron al giro ‘por derecha’. La promesa de un futuro venturoso dentro de los mismos parámetros (inclusión mercantilizada con crecimiento económico) permitieron a Cambiemos construir una fuerza política suficiente para encarar la aceleración del ajuste transicional. Desde un Estado débil y un gobierno con una legitimidad efímera, el gobierno liderado por el PRO se ha lanzado a la desarticulación del kirchnerismo y a tender puentes con el peronismo histórico.

Sin embargo, esa base electoral insuficiente y la necesidad de la construcción de una articulación política más amplia, ha forzado a Cambiemos a avanzar en un programa que exacerba las contradicciones preexistentes. La inflación se aceleró violentamente, mientras que la capacidad fiscal del Estado se debilita por los cambios en la política fiscal y el ajuste recesivo: el consumo público reduce su tasa de crecimiento de 6,7% anual durante 2015 a sólo 2,7% en el primer trimestre de 2016, el consumo privado se desacelera a sólo 1,1% en este último período (en contraste con 5% en todo 2015), y la inversión se derrumba (-3,8% en I 2016) y las ganancias globales caen (-5,2% anual en I 2016, luego de caer 16,8% en 2015). En sintonía, los niveles salariales y las políticas sociales (universalistas pero básicas) para el conjunto del pueblo trabajador caen en términos reales; la carga del ajuste se coloca sobre las familias trabajadoras y dentro de ellas sobre las mujeres, quienes realizan la mayor parte del trabajo de cuidado y reproducción material de la fuerza de trabajo. El crecimiento exportador es limitado, y su efecto expansivo contrariado por el aumento en las importaciones suntuarias. El mundo se desploma sobre el programa económico: Brasil cae, China desacelera y el centro capitalista sostiene una depresión permanente. La acumulación de capital a escala global continuará atravesando en el futuro cercano una etapa similar a la contracción mundial de 1998-2002. Los precios de las exportaciones caen 9,8% en el primer semestre de 2016 (en comparación con igual período de 2015) mientras las cantidades exportadas subieron 19,6% en el primer trimestre pero sólo aumentaron 0,1% en el segundo trimestre del mismo año (siempre en contraste con el año anterior).

La aceleración del ajuste transicional parecía inevitable para la coalición de los partidos del Orden (tanto triunfantes como perdidosos en la elección de 2015). Sin embargo, la macroeconomía del desastre puede conducir a un callejón sin salida a la alianza gobernante y su intento de sucesión hegemónica.

La radicalización del ajuste neodesarrollista aparece como una táctica que puede bloquear la posibilidad de construir una nueva alianza gobernante de carácter estable. Desde la modorra del kirchnerismo, sectores de la oposición política (mayoritariamente dominados por la disputa interna del peronismo) y distintas fracciones del movimiento popular han comenzado un proceso de articulación en las calles. La creciente agitación social ponen en riesgo la construcción de un ‘clima de negocios’ apto para la inversión transnacional en un contexto mundial depresivo. La apuesta a reorientar el comercio y abrirlo, sólo opera como ‘canto de sirenas’ sin novedad: la economía argentina ya se encuentra plenamente inserto en el ciclo global del capital como proveedor de materias primas (commodities) y los acuerdos de libre comercio hacia un lado o el otro (Mercosur – UE; Alianza del Pacífico/TTP) no alteran la sustancia del camino encarado (en y a través del Estado) hace tiempo por los sectores dominantes.

Frente a ello, el boom del re-endeudamiento público y privado, y el blanqueo fiscal son la ‘nueva esperanza blanca’ en la que el gobierno cree poder confiar para -al menos- comenzar a soñar con un nuevo rebote económico hacia fines de 2016. Contrariando el efecto contractivo del ajuste, el dólar barato, el crédito blando (continuación del Ahora12) y alguna ‘corrección’ en la política fiscal (en especial, en el régimen de pago del ‘impuesto a las ganancias’ sobre los salarios) podría dar a las fracciones ‘medias’ del pueblo trabajador la expectativa de un ‘veranito’ económico y cierto alivio al gobierno.

 

Cambiemos en la cornisa

El año 2017 será el primer examen electoral de la nueva alianza política en el gobierno del Estado. Sólo la lucha social contra el ajuste en esta transición será la que ponga límites al proyecto de radicalización del sustrato neodesarrollista y su continuidad hoy bajo la alianza Cambiemos.

El éxito -en sus propios términos- del programa del gobierno de la transición supone (a) la desaceleración inflacionaria, (b) la recuperación del crecimiento, (c) el salto cuanti/cualitativo en la tasa de inversión, y (d) una nueva composición política del trabajo (productivo/reproductivo). Lo primero depende de las posibilidades de sostener la baja salarial en términos reales en un contexto recesivo, desarticulando la capacidad obrera de disputar la producción/distribución del ingreso; en este sentido se dirigen las apelaciones a una mayor flexibilidad laboral y los intentos de encorsetar a la burocracia sindical dentro del arco de aliados del gobierno. El ansiado crecimiento sólo será factible si se combinan una menor conflictividad social, con las esperadas inversiones y la recuperación al menos parcial del mercado mundial. El salto inversor podría venir de la mano de la consolidación de una nueva correlación de fuerzas sociales que permita al capital apropiar la productividad contenida (en forma potencial) en una nueva composición política de las clases. Esto último depende de que en el seno del pueblo trabajador las familias -y en especial, las mujeres- absorban el aumento de la explotación del trabajo productivo (caída salarial) y carga sobre el trabajo reproductivo y de cuidados.

Ese delicado equilibrio depende enteramente de la derrota de la lucha y resistencia del conjunto del pueblo trabajador. Sólo la conformación de un proyecto societal alternativo en el marco de una fuerza social colectiva capaz de impulsarlo podrá evitar que la transición en curso avance. Sólo la conformación de una fuerza social contrahegemónica podrá a su vez construir una alternativa política que no sea simplemente el regreso de un kirchnerismo renovado al gobierno.

¿Reino (des)Unido? Las conclusiones políticas y consecuencias económicas del Brexit para Argentina

¿Reino (des)Unido? Las conclusiones políticas y consecuencias económicas del Brexit para Argentina

http://www.laizquierdadiario.com/Reino-des-Unido-Las-conclusiones-politicas-del-Brexit-y-consecuencias-economicas-para-Argentina

Por Mariano Féliz

 

La Unión Europea enfrenta su mayor crisis política en años. La decisión del pueblo del Reino Unido (RU) de abandonar la Unión (el conocido Brexit) pone a la Europa imperialista frente a la necesidad de re-evaluar el conjunto de las instituciones construidas a lo largo de décadas.

Lo que ha ocurrido en el RU es expresión de un descontento más generalizado a lo largo y ancho del viejo continente respecto de un Estado supranacional que se ha consolidado bajo una forma percibida como crecientemente autoritaria, antidemocrática, y constituida para la defensa de los intereses del gran capital frente a las demandas y necesidades de los pueblos del continente.

Esta situación ha sido aprovechada por fracciones de las derechas nacionalistas del RU y el continente para acentuar sus exigencias fascistas y xenófobas. El crecimiento de esas expresiones debe ser analizado en el marco de una Europa que se ha convertido dominio del nuevo imperio alemán y su Banco Central. Un continente en el cual el pueblo trabajador sufre las consecuencias de las políticas económicas de ajuste, del guerrerismo imperial en medio oriente y de la  exacerbación del discurso del odio hacia ‘el otro’ (musulmán, migrante, etc.).

El Brexit ha repercutido inmediatamente en los mercados de capitales especulativos del mundo, con caídas violentas en las cotizaciones de las acciones y títulos de empresas con intereses extendidos en el RU, y en el conjunto de las bolsas del globo. La Libra Esterlina (la moneda británica, que nunca fue abandonada ni reemplazada por el Euro) cae frente al dólar, el euro y el resto de las monedas, mientras el capital se fuga de las islas británicas.

El impacto directo sobre Argentina ya se empieza a sentir por la vía de la desvalorización del tipo de cambio pues el dólar acelera su valorización frente a la libra y el peso. Por otra parte, las empresas ‘argentinas’ que cotizan en las bolsas del mundo son arrastradas a la baja en el tobogán del pánico creado por la fractura europea. Seguramente, a la huida de la libra se sume una corrida contra el euro (la moneda del hegemón en crisis) y ello aumente las presiones para el ajuste económico en esa región. El ajuste europeo creará crecientes presiones sobre la economía mundial, que hace años opera en un régimen de bajo/nulo crecimiento, rayano con la depresión. Este mundo no le conviene al gran capital en argentina, pues debilita aún más las posibilidades de una recuperación pronta del crecimiento económico en el país.