El Plan Guzmán+Kulfas ¿Retorno al coloniaje?

[Publicada en Tramas.ar el 8 de enero de 2022]

En los años cincuenta, Arturo Jauretche escribió su renombrado documento contra la propuesta de Raúl Prebisch para superar dificultades emergentes de la estrategia de desarrollo del peronismo durante el 2do mandato de Perón. Si bien mucho ha cambiado en la Argentina desde entonces, hoy participamos de una polémica del mismo tono, pero que -por el lugar de los actores y actrices- se presenta como farsa y no como tragedia.

En los años cincuenta, Arturo Jauretche escribió su renombrado documento contra la propuesta de Raúl Prebisch para superar dificultades emergentes de la estrategia de desarrollo del peronismo durante el 2do mandato de Perón. Si bien mucho ha cambiado en la Argentina desde entonces, hoy participamos de una polémica del mismo tono, pero que -por el lugar de los actores y actrices- se presenta como farsa y no como tragedia.

Hace unos días, el Presidente Fernández junto con el Ministro de Economía Guzmán presentaron frente a los gobernadores aliados a su gobierno, los lineamientos de las discusiones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En simultáneo, el Ministro de Producción Kulfas y funcionarios menores, salieron a defender abiertamente el proyecto de desarrollismo verde (o saqueo desarrollista).

El ministro Guzmán marcó los límites de la negociación con el Fondo. Indicó que si bien se avanzó en los detalles, el FMI no acepta ninguna de las demandas argentinas (extensión del crédito a más de 10 años, eliminación de las tasas de penalización, período de gracia) y plantea un sendero de reducción del déficit fiscal mucho más acelerado que la propuesta oficial. Si bien el Presidente indicó que “la palabra ajuste está desterrada de la discusión”, eso no indica que los hechos (que valen más que mil palabras) no marquen el sendero de un ajuste, que ya está ocurriendo. Guzmán presentó un gráfico donde muestra de manera evidente una de las caras de ese proceso: el déficit fiscal se redujo de casi 8% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2020 a 3,1% en 2021, y un proyectado de menos de 2% en 2022. Recordemos que el ajuste acelerado en 2021 se hizo con un presupuesto aprobado “asumiendo el fin de la pandemia”, algo que la segunda y tercera olas del COVID en nuestro país desmintieron. Aun así, el ajuste continuó y continúa.

En la práctica, el gobierno argentino no se opone al ajuste fiscal, al recorte del gasto público, sino que se preocupa por evitar que tales reducciones resientan la incipiente recuperación económica y compliquen sus chances electorales en 2023. En cualquier caso, la mentada levantada de la actividad es todavía insuficiente e inestable. Los datos de producción industrial recientemente publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) muestran que en el último año, el crecimiento industrial parece más una meseta que una pendiente ascendente, y la producción se encuentra bien por debajo de los valores de 2017.

Es interesante que el gobierno manifiesta voluntad de negociación (pagando religiosamente los vencimientos y acercando posiciones con los equipos técnicos del FMI), acompañada de una leve retórica beligerante. Funcionarios del Ministerio de Economía señalaron que si el Fondo no acepta el sendero de ajuste propuesto por el gobierno argentino “no hay acuerdo”. Por supuesto, es probable que esto sea sólo una bravuconada. Como nos explicó Francisco Cantamutto, tanto la oposición de Juntos por el Cambio (JxC), como el FdT y el propio Fondo prefieren un “mal acuerdo” a ningún acuerdo. Mientras JxC terminaría apoyando un acuerdo que legitimaría sus desmanejos y barrería bajo la alfombra su “pesada herencia”, el Fondo desea cobrarle a su mayor acreedor. Por su parte, la conducción del FdT (aunque le pese a muchos de sus integrantes) preferirá firmar un acuerdo en el que el FMI ceda un poco (aunque no mucho, ya lo sabemos) y ratificar la idea de que “no da la correlación de fuerzas” (Santoro dixit).

Más allá del discurso, la pregunta que ni el Ministro ni el Presidente responden es: ¿si no hay acuerdo, entonces qué? El FMI sabe que sacar los pies del plato no está en la agenda oficial. Frente al planteo del Gobernador de San Luis Rodríguez Saa, quien remitiendo a la doctrina de la Deuda Odiosa solicitó plebiscitar el acuerdo pues “las estafas no se pagan”, Fernández señaló que “es muy difícil considerar deuda odiosa a la deuda que ha tomado un gobierno elegido popularmente, y que además la contrajo inmediatamente después de haber ganado unas elecciones en 2017. Con lo cual, es muy difícil explicarle al mundo que eso es una deuda contraída por una dictadura”. No sólo hay ignorancia y cinismo en esa respuesta (como señaló el Diputado Del Caño), sino que el gobierno se traga sus propias palabras y acciones del pasado reciente. La causa judicial iniciada para indagar en la legalidad del crédito del FMI (presentada con bombos y platillos por el Presidente en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de este mismo año), las iniciativas impulsadas por su aliadxs en el parlamento y el informe elaborado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), todo va a parar a la basura.

Si más allá de las declaraciones altisonantes, está claro para todes que el gobierno buscará un acuerdo a toda costa, también es evidente que esta negociación condicionará la política económica (y la política social, previsional, laboral, educativa, y un largo etcétera) en Argentina por muchos años por venir. Podría decirse que dando un crédito a un gobierno aliado (el de Macri), el FMI y sus principales accionistas, se garantizaron recuperar control directo sobre nuestro territorio. Obviamente, el Fondo negocia con una fuerza de gobierno como el Frente de Todos (FdT) incapaz (y sin la voluntad) de encarar de manera coherente y decidida la discusión.

Retomando la referencia al Plan Prebisch de los años cincuenta, podríamos decir que el gobierno tiene un plan, pero un plan que garantiza consolidar un nuevo coloniaje, una nueva dependencia. Si la abultada deuda externa se toma como un dato, la contracara de la misma es la estrategia que impulsan descaradamente Kulfas y compañía (incluyendo al “Ministerio del Desmonte y Agrotóxicos”, retóricamente llamado ​​Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca).

Históricamente, la dialéctica desarrollista remitió a la contradicción campo versus ciudad, o agro versus industria. Era una pelea entre los sectores agroexportadores y una burguesía nacional que veía crecientemente amenazado su reinado por las demandas obreras, por un lado, y la competencia creciente del gran capital multinacional en proceso de transnacionalización, por otro. Prebisch, defendía una posición que buscaba promover los intereses exportadores y del capital extranjero. Planteaba que el crecimiento económico establecía una relación inversa entre la exportación agropecuaria y las demandas populares. Si crecía el empleo y los salarios, las exportaciones caían, y la economía entraba en crisis. Según esa idea, la culpa de la crisis económica era la mejora en el consumo popular, y sus solución destruir el poder de compra de los salarios.

Ese argumento, remozado y disfrazado, es el que hoy sostienen quienes conducen el Ministerio de Industria. En una nota reciente, Daniel Schteingart (director del Centro de Estudios para la Producción, CEPXXI, de ese ministerio) señaló es necesario explotar recursos naturales que puedan exportarse para “financiar el aumento de los salarios reales que todo proceso de inclusión social requiere”. Es decir, sin exportaciones, no hay posibilidad de aumentar los salarios de las y los trabajadores. El argumento corre como corría el de Prebisch: sin exportaciones, la economía no puede crecer pues choca velozmente contra la ‘restricción externa’. No alcanzan los dólares para pagar las importaciones de insumos y piezas o de productos de consumo o el turismo internacional, pagos de deuda y remisión de utilidades, entre otros usos. Se dice que si la economía no crece por falta de dólares, no pueden aumentarse los salarios, y al contrario, la presión sobre el dólar ‘obliga’ a devaluar.

Claro está, este argumento obvia algunos puntos elementales. Comienza por asumir que la demanda de dólares es un factor que no puede modificarse, es un dato. Pero la deuda no es un dato aunque, como señalamos, el gobierno ha asumido que el endeudamiento con los fondos privados internacionales y con los organismos de crédito como el FMI es legítimo, y no hace nada para cuestionarlo.

El planteo no hace ninguna referencia al proceso de extranjerización de la economía que desde el Estado es aceptado y facilitado con acuerdos de inversión y estabilidad fiscal, con pocas o nulas exigencias reales de reinversión, protección ambiental o laboral, o integración nacional. Sean los capitales europeos o norteamericanos, o sean chinos y rusos, el capital extranjero llega a nuestro territorio para explotar nuestros recursos para destinarlos a sus negocios a escala global. Estos emprendimientos, al igual que la mayoría de las inversiones extranjeras en el país, son extremadamente intensivas en importaciones, mucho más que las inversiones de empresas locales. Además, las grandes corporaciones tienden a endeudarse en el exterior (más barato para ellas, pero con costos sustantivos para un país sin dólares) y a remitir utilidades multimillonarias cuando así lo dictan sus intereses.

Un elemento fundamental en este debate es la desigualdad en la distribución de la riqueza y los ingresos en nuestro país. Celso Furtado hacía notar que esa desigualdad se constituye sobre la base de un sector social privilegiado (tal vez el 1% de la población) que pretende imitar los patrones de consumo de los países centrales, pero partiendo de las condiciones de desarrollo de un país dependiente. El consumo suntuario de estas clases ociosas (como las llamaba Thorstein Veblen) conduce a un sobre-gasto de divisas que acumula presión adicional sobre la restricción externa.

El argumento de la explotación de nuestros bienes comunes, convertidos en recursos naturales mercantilizados, en favor de la exportación, oculta la reformulación de la estrategia de ubicar a nuestro país como sumidero de las potencias imperialistas. Mientras las naciones centrales y sus corporaciones, externalizan los costos de la explotación a gran escala de recursos naturales, nuestros territorios son forzados a cargar con los costos de la destrucción de la naturaleza, la contaminación y el deterioro de la salud de las poblaciones, y sufren la fragmentación y desarticulación de las comunidades penetradas por las transnacionales y sus emprendimientos extractivos. Negar el derecho de los pueblos a decidir sobre su destino y del territorio que habitan, es una práctica profundamente antidemocrática, más cuando las corporaciones muestran una enorme capacidad para afectar las decisiones de los poderes políticos. ¿Miles de voces en contra en una audiencia pública, valen menos que los intereses de un puñado de grandes empresas? ¿Miles de personas en las calles son algo menor, frente a las reuniones de funcionarios con CEOs? Las resistencias populares en Chubut y la costa argentina, y en todo el país, y la respuesta oficial represiva, despectiva o simplemente ignorando las demandas, dan cuenta del dilema que enfrentamos.

Finalmente, decir que Argentina puede participar de la transición energética a nivel global aportando gas, petróleo, hidrógeno o litio (como plantea el Plan Productivo Verde) es puro cinismo si no hay una estrategia real (con políticas y acciones significativas) para apostar a salir del derroche capitalista de recursos y energía en nuestro propio territorio. Lo único que vemos son multimillonarias inversiones de capitales privados que, con apoyo estatal multidimensional (desde subsidios hasta represión de las resistencias), vienen a llevarse nuestros recursos. Mientras tanto avanza el agronegocio y la especulación inmobiliaria sobre bosques y humedales, las comunidades siguen siendo arrasadas por la megaminería y el fracking, o se intenta multiplicar la destrucción de nuestros mares y cursos de agua, al tiempo que nuestras ciudades y pueblos, nuestros barrios y comunidades, nuestras vidas cotidianas siguen sufriendo el deterioro, la contaminación y la violencia de una lógica de desarrollo que nos lleva a la catástrofe. Es un tiempo bisagra: las transnacionales vienen por todo. No tenemos más opción que resistir y construir un proyecto colectivo alternativo para salir del atolladero.

El plan Guzmán + Kulfas es uno solo: el retorno al coloniaje.

Regalos de navidad: acuerdos y pactos

[Publicado en Tramas.ar el 27 de diciembre de 2021]

La economía Argentina sigue recuperándose de la catástrofe de 2020. Sin embargo, los datos marcan los límites de un proceso inestable y desigual. El nuevo pacto social garantizará las bases de un nuevo proyecto hegemónico centrado en el capital transnacional.

En el tercer trimestre de 2021 la economía creció un 11,9% en conjunto y en comparación con el año anterior. En promedio, el crecimiento de los primeros 9 meses del año marca un 10,4%. Por ahora, estos datos hablan de una recuperación y no de un proceso sostenido de crecimiento. En efecto, luego de cuatro meses de crecimiento continuo mes a mes, en octubre de 2021 la creación de riqueza capitalista (aumento del producto bruto interno) cayó fuertemente (-0,8%) en relación al mes previo. Los datos de inversión dan cuenta de esa debilidad; la tasa de inversión sigue por debajo de 2018.

El aumento en la producción se apoya en la recuperación de las tasas de rentabilidad, el uso de la capacidad instalada existente y la mayor apropiación de rentas de la exportación. Las exportaciones crecieron 51,7% en noviembre (en comparación con el año anterior), impulsadas por el aumento en los precios. El saldo positivo de exportaciones netas (exportaciones menos importaciones) sostiene el crecimiento de la demanda y compensa un mercado interno relativamente estancado: el consumo crece (al mes de agosto) en promedio un 5,4% anual, menos de la mitad que el conjunto de la economía.

La contracara de este proceso limitado de recuperación económica es la mejora relativa en algunos indicadores del mercado laboral. En los últimos doce meses la participación en el mercado laboral aumentó sustancialmente. La tasa de actividad aumentó de 42,3% a 46,7% de la población económicamente activa, y subió especialmente entre las mujeres jóvenes. En paralelo, se aprecia un salto en la tasa de empleo de casi 5,5 puntos porcentuales en un año. La recuperación económica creó unos 1,7 millones de puestos de trabajo, al tiempo que redujo las suspensiones en unos 600 mil. Este dato auspicioso está matizado porque 24 de cada 100 nuevos empleos son autoempleos mientras 42 de cada 100 son puestos asalariados no registrados. La recomposición no rompe el patrón de precarización ampliada de la explotación capitalista.

Esta situación es acompañada por ingresos y salarios medios que persisten en promedio por debajo de la línea de pobreza y mantienen lejos de las pautas de dignidad salarial conquistadas por les trabajadores de la industria aceitera. Los salarios en el sector privado formal aumentaron en promedio un 2,51% por debajo de la inflación en comparación con los primeros nueve meses de 2020. En el caso de quienes trabajan en el sector público la pérdida supera el 4,4%. Cierto es que punta a punta (al mes de septiembre de 2021) superaron la inflación en 2,31% y 2,81% por ciento, respectivamente.

En este contexto, el gobierno busca establecer las pautas del programa macroeconómico que discute con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin presupuesto aprobado, se prorrogó el de 2021 y se negocia con las provincias un nuevo pacto fiscal; la única excepción es CABA que se mantendrá afuera. Ese acuerdo deberá permitirles mayor autonomía financiera (más margen para aumentar impuestos) a los estados subnacionales para enfrentar el ajuste fiscal acordado a nivel nacional con el Fondo. La aprobación de las modificaciones en el impuesto a los bienes personales y una posible generalización del impuesto a la herencia a nivel provincial, compensará sólo parcialmente el giro regresivo que supone el fin del impuesto a las grandes fortunas; los intereses de las trasnacionales siguen bien cuidados sin gravámenes y con subsidios de todo tipo. El pacto fiscal habilitará simultáneamente un aumento generalizado en los impuestos al consumo y las ventas (ingresos brutos).

Si bien el triunfo popular en Chubut marcó un hito en la resistencia al proyecto de saqueo desarrollista, el gobierno buscará avanzar en las sesiones extraordinarias del Congreso con algunos proyectos postergados, con el plan económico plurianual (que resumirá los consensos alcanzados con el Fondo) en el centro de la agenda. El acuerdo hegemónico es la integración transnacional subordinada al capitalismo verde impulsado desde los centros imperialistas. En ese plan son claves los proyectos que fortalezcan la base extractivista y alimenten las exportaciones. El mercado interno ya no aparece como motor del desarrollo capitalista dependiente sino sólo como momento subordinado que mejorará solo por efecto derrame.

Tal cual señaló Cristina Fernández en sus últimos discursos, la apuesta del neoperonismo es la concertación de clases pero con signatarios cambiados. El sujeto capitalista ya no es el capital nacional y su mítica burguesía, sino el capital local de base transnacional: Marcos Galperin (CEO  de Mercadolibre), Paolo Rocca (de Techint) y Gustavo Grobocopatel acompañan a las transnacionales del imperialismo global (de China a Rusia, de Estados Unidos a Alemania), todas dispuestas a superexplotar al trabajo y los bienes comunes en nuestro territorio.

Del otro lado del acuerdo social deseado, las clases populares fragmentadas y crecientemente empobrecidas. Una fuerza de trabajo ultra precarizada, necesitada de construir nuevas formas de organización para enfrentar una creciente marginación de las mieles del neodesarrollo. Por un lado, las conducciones de la CGT y las CTA disputan la representación de una fracción cada vez menor de la clase trabajadora y una participación en la gestión de la “modernización” de las relaciones de trabajo en las grandes empresas y el Estado. Por otra parte, las organizaciones sociales herederas de aquellas nacidas de las luchas contra la reestructuración neoliberal (hoy, principalmente, dentro de la UTEP) concentran esfuerzos para disputar políticas de integración y redistribución marginal de ingresos. En todos los casos, asumen la precariedad estructural del trabajo y el empleo, y buscan negociar un lugar en la mesa de la concertación hegemónica sin discutir la estrategia dominante.

La resignación aparente de estas organizaciones se materializa en el apoyo crítico a lo que auspician será un mal o pésimo acuerdo con el FMI. Grabois, por ejemplo, ya indicó que los diputados de su espacio sólo darán sus votos a un programa (de ajuste) con el Fondo si el gobierno acepta incluir algún tipo de salario universal en la discusión. Algo similar al programa acordado con el gobierno de Macri, que no evitó el avance del ajuste ni la pauperización universal del pueblo trabajador, que hoy alcanza a cerca del 50% de la población. Con o sin programas de transferencias de ingresos, cualquier programa acordado con el Fondo Monetario solo puede consolidar la precarización y el empobrecimiento de masas.

Es por eso que el rechazo frontal al acuerdo con el Fondo y el pago de la deuda odiosa acumulada es la batalla de la hora. En este momento, cualquier concesión “táctica” solo fortalecerá la posición de los sectores dominantes.

Mi presupuesto es un dibujo. Alberto y Guzmán sin presupuesto pero con el FMI

[Nota publicada el 21 de diciembre de 2021 en tramas.ar]

En el primer desafío parlamentario post-electoral el gobierno de Alberto Fernández chocó de frente contra la realidad. Sin alfiles propios ni aliades suficientes, el proyecto de presupuesto 2022 naufragó sin atenuantes en una sesión maratónica que lindó lo bizarro y tragicómico. Sin presupuesto aprobado, el gobierno avanzará solo en el programa del ajuste.

Luego de dejarlo dormir durante meses (había presentado la primera versión días antes de las primarias de septiembre), el gobierno recordó que necesitaba aprobar el presupuesto para su gestión en 2022. En menos de 4 días, intentó forzar la aprobación en diputados, con la visita exprés del ministro de Economía Martín Guzmán junto a otros ministros, a la comisión de Presupuesto y Hacienda.

La propuesta oficial cosechó rechazos por derecha y por izquierda. Desde el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad (FITU) condenaron la iniciativa por avanzar en el programa de ajuste que se está discutiendo a puertas cerradas con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Como si nunca hubiera gobernado y hecho desastres, la oposición de derecha -liderada por el PRO en Juntos por el Cambio- rechazó que el ajuste no fuera más explícito y al hueso; con un piso de votos de 40%, intuyen que lo mejor que puede ocurrir es que el gobierno de Fernández pague en soledad los costos políticos del ajuste que prometió al FMI.

En cualquier caso, sin los números, el bloque del Frente de Todos se abroqueló detrás de una propuesta que pretende recortar partidas sensibles como los programas Potenciar Trabajo o del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, o las transferencias a las Universidades Nacionales. Este es un presupuesto al agrado del FMI y el ministro Guzmán, que coinciden en la necesidad de reducir el déficit, ‘contener’ el gasto en beneficios sociales y salarios públicos, y bajar subsidios a las tarifas de energía (y aumentarlas) pero también acuerdan impulsar el extractivismo (apoyado en multimillonarios subsidios a las transnacionales), pagar la deuda y mantener la privatización de los servicios públicos.

Presupuestos y presupuesto

El presupuesto nacional no sólo indica la pauta de gasto del Estado nacional sino que explicita el financiamiento de ese gasto y expone la proyección del desempeño macroeconómico.

Como señalamos la pauta oficial es aumentar el gasto público en torno a la inflación proyectada, pero con algunas partidas que bajarán sustancialmente en términos nominales (en cantidad de pesos gastados) o en términos reales (en relación al aumento de los precios). Por el lado de los ingresos, la proyección es mantener la actual estructura impositiva altamente regresiva, basada en impuestos al consumo y a los salarios. El gobierno mantuvo la promesa (podríamos decir que es casi la única que sostuvo) de no repetir el impuesto a las grandes fortunas, ni crear ningún otro impuesto que grave la concentración de la riqueza y los ingresos. Así, decidido a no aumentar los impuestos a las y los ricos, y las transnacionales, el gobierno concentra el ajuste fiscal en los mencionados recortes de gasto.

Sin modificar el esquema de impuestos, el gobierno apuesta a tener cierto margen de maniobra subestimando la inflación esperada. Luego de un 2021 que cerrará con una inflación anual en torno al 50%, la proyección oficial para 2022 es de sólo 33%, aunque nada indica que ese objetivo sea factible. La excusa / explicación del gobierno es que no puede poner una proyección más ‘realista’ de inflación pues anclaría las expectativas de la discusión paritaria en un valor muy elevado. En el fondo, la proyección oficial pretende continuar con el camino recorrido en los últimos años: hacer que los salarios corran por detrás de la inflación a lo largo del año y -eventualmente y con suerte- otorgar a fin de año un bono o aumento de emergencia, que nunca compensa la pérdida acumulada.

Subestimar la inflación tiene otro beneficio para el Estado nacional: permite al gobierno disponer de recursos adicionales por fuera del presupuesto, provenientes de impuestos cobrados sobre precios e ingresos más elevados en términos de dinero. El statu quo (sellado en ley) permite al poder ejecutivo asignar arbitrariamente los recursos que excedan a lo presupuestado. El presupuesto expresa cierta correlación de fuerzas entre sectores populares y clases dominantes, y también al interior de ellas. En particular, sin presupuesto, parte de los proyectos de inversión pública quedan en el limbo de la coyuntura política particularmente turbulenta del próximo año.

La trastienda del presupuesto (o ¿qué país quieren los sectores dominantes?)

Mientras se discutía en el Congreso de la Nación, la legislatura chubutense aprobaba, en sesión de querusa, la megaminería a cielo abierto en una fracción amplia de la planicie provincial. Pocas horas después, el gobernador Arcioni promulgaba el esperpento, en el marco de una rebelión popular multitudinaria, con movilizaciones y edificios públicos incendiados, que sería violentamente reprimida por la policía provincial. La resistencia colectiva en la provincia, que aún persiste en las calles, es la continuidad de la organización que desde hace dos décadas viene frenando el avance del extractivismo en la región. Desde el plebiscito de 2003 en Esquel que frenó la minería del oro, el pueblo organizado ha venido enfrentando los intentos de convertir el sur del país en territorio de sacrificio, cuyas poblaciones serían descartables en favor de las necesidades de las transnacionales. Hoy, la lucha popular parece estar haciendo retroceder el proyecto de las trasnacionales apoyado por Arcioni.

Lo que sucede en Chubut no es independiente de la discusión en Buenos Aires. El intento de avanzar con más megaminería contaminante se hizo porque “Alberto lo pidió”, como señaló el diputado provincial Carlos Tomás Eliceche y corrobora el impulso presidencial al Plan Estratégico para el Desarrollo Minero” (PEDMA). Esa avanzada es ni más ni menos que la contracara de la discusión con el FMI.

En la estrategia de los sectores dominantes, los dólares del saqueo serán imprescindibles para garantizar la sostenibilidad de la deuda. Pero no alcanza con eso. El ajuste fiscal es esencial para consolidar la matriz distributiva que garantice la sustentabilidad de la deuda a costa de la insustentabilidad de la vida. En los últimos años se fortalece un nuevo patrón de acumulación con crecimiento débil sin inclusión social (salarios deprimidos y empleo hiperprecario), con base en el extractivismo transnacional y apoyo estatal.

Por ello, el Presidente y el ministro de Economía tenían agendada una reunión con Kristalina Georgieva, la mandamás del Fondo, en la tarde del viernes 17, horas después de la votación del presupuesto. El gobierno habrá guardado el champagne, pues no pudo festejar con Kristalina el avance del proyecto de ajuste fiscal, luego del traspié parlamentario. La reunión da cuenta de la centralidad que ya tiene el FMI en la política económica argentina. Sin haber firmado aún un nuevo acuerdo, el gobierno conversa desembozadamente la estrategia con el organismo internacional.

El tropezón presupuestario extiende las negociaciones con el Fondo hasta marzo, última fecha para evitar caer en cesación de pagos con el organismo. Sin arreglo, difícilmente puedan pagarse los vencimientos del primer trimestre de 2022.

Mientras tanto, el gobierno sigue pagando a pie juntillas los vencimientos: 1900 millones de dólares el 22 de diciembre. Este pago equivale a los recursos asignados en 2021 al programa Potenciar Trabajo, y varias veces los destinados al Fondo de Integración Socio Urbana (para urbanizar barrios populares) que se financia con el impuesto a las grandes fortunas. Con o sin presupuesto, las prioridades del Estado nacional están claras.

El Fondo y el nuevo consenso hegemónico: saquear, exportar, pagar

El Fondo y el nuevo consenso hegemónico: saquear, exportar, pagar

[Publicada el 26 de Noviembre de 2021 en Tramas.ar]

¿Llegó la hora de la verdad? Se aceleran los tiempos de la negociación con el Fondo. Dentro del Frente de Todos (FdT) las fichas se acomodan. La oposición de Juntos por el Cambio y el gran empresariado esperan que se firme un compromiso que consolide el nuevo programa de ajuste y reformas estructurales en marcha. Esperan el acuerdo, que el gobierno pague todos los costos políticos, y el pueblo los costos en calidad de vida. Saquear, exportar, pagar, parece ser el nuevo consenso hegemónico.

El acuerdo con el Fondo y la victoriosa derrota electoral del FdT

La derrota triunfal del FdT en las elecciones legislativas despejó el horizonte para que el gobierno de Alberto Fernández pusiera primera para avanzar en un pronto acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Entusiasmados por la remontada desde las PASO pero debilitados por la estrepitosa pérdida de votos, el Presidente y el Ministro de Economía Martín Guzmán juegan el juego que siempre quisieron jugar. Buscan acordar con el FMI un programa de consolidación fiscal (que todxs menos ellxs entendemos como ajuste) y un paquete de reformas que favorezca el crecimiento de las exportaciones en base al saqueo de las riquezas naturales.

Las demandas originales de Guzmán han caído en saco roto. En casi dos años de conversaciones el Fondo no cedió en nada. No aceptó prorrogar los plazos de repago de 10 a 20 años, ni eliminar la sobre-tasa que cobra por el excesivo endeudamiento.

Es evidente que el gobierno argentino negoció muy mal. En primer lugar, el Fondo está muy sobreexpuesto frente a la Argentina a quien le otorgó un crédito muy por arriba de lo que sus propias normas indican. El FMI tiene colocados en nuestro país casi la mitad de los créditos que ha otorgado. Si Argentina no paga, el mayor problema lo tendría el Fondo. Por otro lado, la negociación con el FMI se dio en el marco de la peor crisis capitalista en la historia. Este es el mejor momento para que un deudor negocie un recorte en sus acreencias. El gobierno argentino decidió no sacar los pies del plato.

Ahora, y cómo siempre, las discusiones con el staff del Fondo vuelven a girar en torno a recortar el déficit primario (antes de pagar intereses de la deuda), liberar el mercado cambiario y devaluar la moneda. El viejo recetario del FMI, ni más ni menos.

La propuesta inicial del Fondo es que el gobierno argentino reduzca el gasto en seguridad social, contenga los salarios públicos, achique los subsidios a las tarifas de los servicios públicos (en particular, a la energía) y la inversión pública. Ese es el contenido de la discusión en torno a “reducir el déficit fiscal”. El Ministro Guzmán está de acuerdo en lo general, aunque no tanto en la velocidad del recorte. Mientras que el Fondo quiere un déficit cero para 2023, el Ministro de Economía cree que un ajuste acelerado (en particular, un recorte en la inversión pública) pondrá un freno a la recuperación de la economía. Por otra parte, al gobierno le preocupa que la reducción acelerada en los subsidios al consumo de energía pueda poner en riesgo parte de su -hoy endeble- base electoral.

Saquear, exportar, pagar: el programa hegemónico

La posición del gobierno es tan débil en este momento que pretende comprometer a los sectores de la oposición política -del centro a la derecha- en la aprobación parlamentaria de las condiciones generales de un posible acuerdo. Esas condiciones estarían plasmadas en lo que se ha anunciado como un “programa plurianual”.

En una pantomima de participación popular, el gobierno busca validar ese programa reflotando nuevamente al, muerto en vida, Consejo Económico y Social. En la reunión realizada la semana pasada, participaron representantes de transnacionales como Syngenta (agronegocios), Accenture (consultoría y externalización) o Toyota (automóviles), junto a otros actores. El programa plurianual incluiría no sólo el recorte del déficit fiscal, sino la profundización de las políticas de reducción del costo laboral (históricamente incapaces de generar empleo), y un esbozo de reforma de la educación superior (con el impulso a las carreras cortas en áreas de la ‘economía del conocimiento’). Junto a esto se impulsará el paquete de leyes de promoción del extractivismo (Hidrocarburos, Desarrollo Agro-bio-industrial, Electromovilidad e Industria Automotriz), bajo la etiqueta de “nuevo desarrollismo verde”. Destruir nuestro bienes comunes y nuestras comunidades para “aportar” a la transición verde en los países imperialistas parece ser el nuevo rasgo del desarrollismo dependiente.

El gobierno busca conseguir apoyos para un acuerdo que valide el nuevo consenso de las fuerzas sociales y políticas dominantes. Ese consenso es que la Argentina debe “exportar, exportar y exportar”. Esa doctrina fue impulsada por el neoliberalismo en su punto más alto, pero no logró ser realizada ni siquiera en los años noventa. En las últimas dos décadas, la consolidación del neoextractivismo bajo control trasnacional, parece hacer posible ese sueño.

De alguna forma, el nuevo desarrollismo verde cree haber resuelto la contradicción entre mercado interno y mercado externo. Sin embargo, el contrapunto reaparece cada vez que sube el precio de la soja, el trigo o el petróleo a nivel internacional y presiona sobre el abastecimiento interno, los precios locales y el uso del suelo. Pero el desarrollismo verde cree haber encontrado la nueva fórmula que nos curará de todos los males: exportar generará las divisas que necesitamos para pagar la deuda y pagar las importaciones, y además resolverá los problemas del empleo y los malos salarios pues el sector exportador paga salarios más altos. Paradójicamente, ese nuevo consenso pone del mismo lado a quienes dicen defender a la burguesía nacional, a las transnacionales y al FMI.

En realidad, tal consenso no es tan paradójico si tomamos en cuenta lo que oculta ese discurso. Los salarios altos en la industria de exportación tienen su contracara en las pésimas condiciones de trabajo y salarios entre los trabajadores que producen en el territorio esos productos de exportación (cosecheros, trabajadores en el campo). Las ganancias de las transnacionales que exportan bienes comunes contrastan con los costos que enfrentan quienes ven sus territorios destruidos por el extractivismo y son perseguidos o asesinados por enfrentarlo. Las exportaciones son un gran negocio para quienes las usan para fugar capitales y evadir impuestos, a través del control de los puertos privados y las maniobras fraudulentas. Las noticias recientes de decomiso de contrabando de cereales son sólo la punta del témpano de la evasión y alusión que diariamente realizan los sectores más concentrados de la economía. La investigación que impulsaba Alcira Argumendo hasta los últimos días de su vida daba cuenta del saqueo al que estamos sometidos por los capitales exportadores: “controlar el contrabando, nada más ver si la declaración jurada corresponde con lo que realmente se exporta, y en un año pagamos al contado la deuda con el Fondo Monetario” señaló a comienzos de 2021.

Las iniciativas que buscan promover las exportaciones del agronegocio, la minería y la industria del gas y petróleo, entre otras, sólo consolidarán nuestra posición dependiente en el mundo. Más y más crece el saqueo, y más crece la pobreza y el hambre en el país; más aumentan las exportaciones de bienes comunes y más se multiplican las enfermedades y el daño a la naturaleza.

Según el proyecto hegemónico, produciremos para exportar y satisfacer básicamente la demanda global de materias primas para los capitalismos imperialistas (incluída China y Rusia). Produciremos para cubrir la demanda de divisas de la deuda, las importaciones de las grandes transnacionales (que se dedican a armar productos industriales en nuestro país, con piezas y componentes importados) y la demanda del turismo internacional de las clases acomodadas. Esas son las excusas para saquear el país. Se habla de la necesidad de dólares para industrializarse, pero en realidad se necesitan dólares para alimentar la fuga de capitales, y la remisión de utilidades de las grandes transnacionales.

¿El futuro ya llegó? El futuro lo construimos entre todes

Los próximos meses serán definitorios para el futuro mediato de nuestro país. ¿Seremos capaces de enfrentar el avance de los sectores dominantes a través de las distintas fuerzas políticas hegemónicas? ¿Qué harán las organizaciones populares aliadas al gobierno cuando haya que enfrentar un acuerdo con el Fondo que multiplicará la dependencia, el empobrecimiento y la fragmentación de las clases populares? ¿Qué harán sus legisladorxs en el ámbito del Congreso Nacional? ¿Qué harán si se aprueba un nuevo programa de ajuste? ¿Seguirán apostando al 2023, como lo hicieron en 2018 cuando plantearon “Hay 2019” y abandonaron la lucha contra el ajuste macrista?

Las elecciones nacionales de noviembre de 2021 han expresado el hartazgo de crecientes fracciones del pueblo frente a las fuerzas políticas dominantes. Las opciones por izquierda y por derecha se amplían, al igual que la opción de la abstención o el voto en blanco. Sin embargo, ellas conservan casi el 75% del electorado que sigue participando masivamente (cerca del 70% del padrón).

Frente a un sistema político que sólo conduce a la crisis permanente de las clases populares, la decepción creciente está abriendo la caja de pandora. La fragmentación de las clases populares es tan grande, y la incertidumbre frente a la vida cotidiana tan extrema, que el problema de fondo es cómo politizar la insatisfacción en la dirección de un cambio social radical. El capitalismo de plataformas, uberizado y tercerizado nos aísla y nos encierra, dificultando aún más la organización colectiva. La fragmentación social, la angustia que genera la caída permanente y el fracaso del Estado (en representación fallida de lo público, lo común o colectivo) abren las puertas a planteos ultra-liberales, de odio a la disidencia, de ataque a las prácticas solidarias y respuestas individuales.

Es tiempo de recuperar nuestros territorios (nuestros barrios, las calles, nuestros empleos, nuestras comunidades) para la organización colectiva, solidaria, transformadora. Es tiempo de regresar al espacio público a construir nuevos comunes, nuevas experiencias de autogestión popular. Es tiempo de construir un nuevo proyecto político y social que nos permita crear otra forma de ser (y estar en la) naturaleza, otra forma de producción y reproducción social. Es tiempo de revolución.

Economía preelectoral. Ni el tiro del final

[Publicada en Tramas.ar el viernes 12 de Noviembre de 2021]

En la previa de las elecciones nacionales de medio término, el gobierno de Alberto Fernández llega con una economía abierta a múltiples desafíos. Datos que reflejan una realidad contradictoria y estrategias en disputa abren un horizonte de conflictividad asegurada.

I

La economía se recupera frente a la debacle del año 2020. Aumenta la producción pero la inversión productiva sigue en niveles más bajos que al final del gobierno de Macri. Una recuperación no es un proceso de crecimiento, menos aún de desarrollo. Al mismo tiempo, se recupera parcialmente el empleo pero los salarios siguen corriendo por detrás de los precios. El aumento de 3,5% en octubre en los precios al consumidor, consolida una inflación anual superior al 52%. En lo que va de 2021 la inflación acumula un 41,8%… y quedan todavía dos meses.

Luego de más de cuatro años de guerra de desgaste de los sectores dominantes contra los sectores populares, la participación de los salarios en el ingreso total cayó casi 9 puntos porcentuales (alcanzando sólo el 40% del total). En ese contexto, la insuficiente redistribución de ingresos impulsada luego del cachetazo electoral y los recientes acuerdos de precios, parecen pobres paliativos frente a la crisis estructural que atravesamos y que ha llevado a más de la mitad de la población a caer en la pobreza por ingresos y a millones a pasar hambre. Sigue pendiente el desarrollo de una estrategia de inversión masiva en hábitat urbano y políticas de cuidado en las barriadas populares de todo el país. El presupuesto 2022 no auspicia ningún cambio sustancial en este sentido.

II

Con las cartas echadas, el gobierno apuesta todas sus fichas a un acuerdo con el FMI que -cree- le permitirá apuntalar el crecimiento económico. Sin embargo, luego del resultado de las PASO ese arreglo parece más lejano que nunca. La urgencia son los 19 mil millones de dólares que el Estado argentino debería pagar durante 2022 pero es materialmente imposible hacerlo.

Como el gobierno reniega de la opción de cesar los pagos hasta investigar a fondo la naturaleza del endeudamiento, el FMI -y, por su intermedio, sus principales accionistas- presiona para que se acelere el ajuste fiscal (básicamente, recorte de gastos en salarios y beneficios sociales) y se articule un programa de ajuste estructural clásico.

Desde una posición de debilidad (acrecentada por la derrota electoral), el gobierno traza el camino para un pacto social que sea ratificado parlamentariamente. El gobierno nacional espera que un acuerdo de amplio apoyo entre las fuerzas políticas y sociales del sistema, garantice condiciones de mínima estabilidad económica y política en el camino de las presidenciales de 2023.

III

¿Cuál puede ser la base de tal acuerdo social sin participación popular y contra sus intereses? Está claro que tiene como punto de partida ratificar la validez de la deuda odiosa con el FMI, el Club de París y el capital financiero internacional. La impugnación pública al endeudamiento realizada durante el discurso presidencial de Marzo de 2022, se borrará con el codo. Está claro, sin embargo, que sin desarmar el círculo vicioso de la deuda, la sustentabilidad financiera sólo puede sostenerse sobre la insustentabilidad de la vida.

Por eso, este acuerdo tiene como condición de posibilidad y contracara la consolidación de la política del extractivismo multidimensional, disfrazado ahora de desarrollo verde. Sin abandonar el agronegocio de la soja y sumando el nuevo trigo transgénico (recientemente aprobado en Brasil), la industrialización verde requiere seguir subsidiando a Vaca Muerta para exportar gas, acelerar la explotación minera del litio para abastecer la industria de baterías y autos eléctricos, y garantizar las condiciones para el avance de la nueva joya: la producción de hidrógeno verde. Sin medias tintas, el Estado y el gran capital transnacional acuerdan redimensionar la dependencia colocando a la Argentina como proveedora de los medios materiales para la transición energética en los países centrales. Mientras ellos se proyectan ‘sustentables’, externalizan los costos de esa transición en los países periféricos, cuyas poblaciones son consideradas descartables y menos valiosas (tal cual sostenía en los noventa Laurence Summers, entonces presidente del Banco Mundial). Las clases dominantes en nuestro países (hoy transnacionalizadas) asumen sin problema el patrón racista de tal estrategia. La represión de las luchas contra el saqueo y por el territorio, la persecución a las comunidades indígenas y a las asambleas en lucha, son la consecuencia lógica de esos lineamientos.

IV

¿Qué rol jugarán la CGT y los movimientos sociales que acompañan al gobierno? ¿Sostendrán que la única alternativa es la estrategia del frente anti-macrista frente a la reestructuración económica y el programa de saqueo puesta en marcha por el gobierno de lxs Fernández?

La política social y laboral del gobierno dispone que las demandas populares urgentes deberán seguir esperando. El impacto de la crisis estructural y de la pandemia consolidó una estructura socio-laboral donde la precarización es consustancial. Sin tocar la ley de contrato de trabajo, todas las intervenciones estatales apuntalan la construcción de un modelo de empleabilidad basado en la reducción fiscal de los costos laborales; la evidencia histórica muestra que esas políticas sólo subsidian al capital sin generar incentivos para crear empleo. La propuesta de transformar “planes en empleo” va en tal sentido. Es que la superexplotación de la fuerza de trabajo es la otra cara de la moneda del saqueo de las riquezas naturales. Superexplotar al trabajo aparece como la estrategia general para generar las condiciones del crecimiento económico.

Superexplotar es reproducir a escala ampliada las condiciones de precariedad del trabajo y la vida. Frente a tal perspectiva, ¿de qué forma podrá continuar en pie la alianza de gobierno con parte del sindicalismo y movimientos sociales? Sin políticas masivas para apuntalar y mejorar las condiciones de trabajo en la economía popular, ¿será posible sostener el sueño del salario universal que impulsa la UTEP, aun con sus limitaciones?

El gobierno de Fernández pos-PASO: sin sorpresas

[nota publicada en ContrahegemoníaWeb, el 18 de Octubre de 2021]

(Especial para CH) Pasado un mes de las PASO y a menos de 30 días de las elecciones generales, la economía da señales preocupantes. Mientras tanto, el gobierno nacional da señales de cuál será el camino a partir de noviembre. No hay tantas sorpresas.

Frente al resultado electoral y los indicadores económicos que indican la continuidad de un deterioro en las condiciones de vida de las mayorías, el gobierno nacional ha desplegado una multiplicidad de iniciativas que buscan inducir un incremento en el consumo popular. El adelantamiento de los aumentos en el salario mínimo y, por lo tanto, en los programas de transferencia condicionada de ingresos (Progresar Trabajo y otres) apunta en sentido el sentido de mejorar los ingresos de los sectores populares. De la misma forma, una nueva suba en el mínimo no imponible de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias (sobre los salarios) busca impulsar el consumo en sectores medios. Sin embargo, al mismo tiempo, el gobierno cierra la puerta a un nuevo IFE (Ingreso Familiar de Emergencia). De esa forma, limita seriamente tanto el impacto de las transferencias de ingresos sobre los hogares, como sobre el volumen de consumo popular.

Todas estas medidas son de corto plazo y de carácter electoral (lo cual no es un detalle menor, y tampoco invalida el poco o mucho impacto que puedan tener en los ingresos populares). Sin embargo, en las semanas que sucedieron a la derrota en las PASO y el tumultuoso proceso de reestructuración del gabinete presidencial, el gobierno de Alberto Fernández tuvo acciones que tienen mucha mayor trascendencia estructural.

En la misma semana de crisis del gabinete, se anunció un proyecto de ley de promoción de la industria hidrocarburífera con el Ministro de Economía (Martín Guzmán) a la cabeza; días después, el nuevo Ministro de Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (Julián Dominguez) presentó el proyecto de ley para la promoción del complejo agroindustrial; finalmente, hace poco, se anunció un proyecto de ley para promover la electromovilidad. Sintéticamente, proyectos para promover el extractivismo en Vaca Muerta, el extractivismo sojero y el extractivismo del litio como expresión concreta de la propuesta de desarrollo productivo verde presentada hace unos meses por el ministro de Desarrollo Productivo (Matías Kulfas). En una suerte de lavado de cara verde, el proyecto es reordenar la inserción global de la Argentina sin transformar su rol dependiente (subordinado a las necesidades de las grandes transnacionales) y, en un mismo golpe, encontrar una salida a la limitación estructural de divisas internacionales (la conocida “restricción externa”). Por supuesto, el avance de este proyecto sólo podrá producirse pisando las necesidades y sueños, la salud y la vida, de las comunidades directamente afectadas por los megaproyectos extractivos. Al mismo tiempo, pretende “resolver” la falta de dólar sin alterar la base del problema: el gasto suntuario excedente de los sectores más acomodados (turismo internacional y el atesoramiento de dólares) y las demandas excedentes de las trasnacionales (para importaciones) y el sistema financiero (para el pago de la deuda y la fuga de capitales).

Estos proyectos son la contracara del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que ya estaría cerrado según el presidente. Más allá de los chisporroteos en la coalición gobernante, es evidente que el acuerdo se cerrará en breve. Un período de gracia de 4 o 5 años es la condición mínima para el gobierno, sumada a la posible reducción en las tasas punitorias por endeudamiento excesivo que cobra el organismo. La posibilidad de un acuerdo de más de 10 años es el objetivo máximo, algo que difícilmente ocurra. La opción de la investigación, votada en el Congreso, no tendrá consecuencias reales, siendo sólo fuego de artificios. La estrategia encabezada por el presidente Fernández y el ministro Guzmán ha descartado esa opción.

El próximo acuerdo no resolverá el sobre-endeudamiento de la economía y el Estado argentino, sólo patea la crisis para el futuro. Lo que sí producirá será una aceleración del programa de ajuste fiscal y reformas estructurales que ya está en marcha.

A los proyectos mencionados y la política de ajuste fiscal centrada en los salarios públicos, jubilaciones y pensiones (que viene corriendo por detrás de la inflación y la recaudación de impuestos), se agrega alguna forma de reforma laboral. La propuesta empresarial de eliminación de las indemnizaciones generó revuelo pero expresa el sentido general del debate. El proyecto oficial de “transformar planes en trabajo” va en el mismo sentido: el consenso hegemónico es que es necesario bajar los costos laborales a partir del deterioro en los salarios y condiciones de trabajo. Si no se reducen las indemnizaciones, se reducirá sustancialmente el costo de contratar nuevos trabajadores y trabajadoras.

La propuesta (atribuída por los medios hegemónicos al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, en un intento de darle visibilidad como candidato presidencial de reemplazo) supone que los programas sociales (tales como el Progresar Trabajo) no son programas de empleo sino meras transferencias incondicionales de ingreso. La crítica pública de sectores de la UTEP se han centrado en esta discusión: en efecto, esos programas sociales son transferencias “condicionadas” de ingreso; son complementos de ingresos para trabajadores y trabajadoras de la llamada economía popular.

Sin embargo, el problema no es semántico. En realidad, el fondo del asunto es la propuesta de promover que una serie de trabajos realizados en ámbitos diversos pero en general de manera autónoma, pasen a ser empleos directamente subordinados al capital (a través de formas de empleo asalariado). El objetivo es garantizar que el Estado subsidiará (en principio, de manera temporal) el salario de aquellas personas que sean contratadas por empresas privadas. Siguiendo una modalidad similar a la del programa ATP (Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción), el objetivo es que el Estado reduzca el costo laboral sosteniendo una porción significativa de los salarios de ingreso.

Suponiendo que (contra toda evidencia) esto funcione, surge una pregunta clave: ¿quién realizará el trabajo comunitario en tareas de reproducción -como son, por ejemplo, los miles de comedores comunitarios- si esas personas (mayoritariamente, mujeres) abandonan esas actividades? La visión tecnocrática y burguesa detrás de la iniciativa simplemente ignora que esos trabajos son esenciales en la reproducción de la vida en los barrios populares. En lugar de que el Estado promueva y fortalezca las iniciativas comunitarias de organización, el proyecto simplemente las ignora y -en el límite- promueve su desarticulación. ¿Casualidad?

La continuidad de la crisis argentina es el trasfondo del debate político y electoral. El capitalismo vernáculo está herido de muerte (y nos está matando), pero sin alternativas radicales sólidamente consolidadas, son los sectores dominantes quienes están llevando la delantera para proyectar su presente de dominación hacia el futuro.

En las vísperas del veinte aniversario de las jornadas de diciembre de 2001, los sectores populares tenemos la responsabilidad y la necesidad urgente de construir un proyecto político colectivo que supere los atajos y proponga un real camino de liberación social y política.

Cuestionamientos al modelo extractivista neoliberal desde el sur. Capitalismo, territorios y resistencias

Después de muchos meses de mucho trabajo de les cumpas editores, salió en digital el libro «Cuestionamientos al modelo extractivista neoliberal desde el sur. Capitalismo, territorios y resistencias», en el que puede realizar un pequeño aporte. Hay muchos trabajos muy interesantes para revisar, discutir, compartir. Gracias por la invitación.

Féliz, M. (2021). Despabílate, humanidad, sostenibilidad de la vida en riesgo a través de la pandemia. In C. Alister, X. Cuadra, J. Dasten Vejar, B. Pantel, & C. Ponce (Eds.), Cuestionamientos al modelo extractivista neoliberal desde el sur. Capitalismo, territorios y resistencias (1ra ed., pp. 543–548). Ariadna Ediciones.

[Click para bajar el libro]

El 2001 como murmullo, el saqueo como proyecto y las nuevas promesas para el cambio social

[Nota publicada en HerramientaWeb, 34, Septiembre de 2021]

El escenario electoral de 2021 en Argentina pone sobre la mesa una serie de debates. Sin embargo, al mismo tiempo oculta otros tal vez más trascendentes. Se acerca el veinte aniversario de las jornadas de diciembre de 2001 y cabe preguntarse por su impronta, enseñanzas y proyección. ¿Se cierra un ciclo?

La campaña electoral de 2021 en Argentina está teñida por la crisis económica y la pandemia. Luego de una década de estancamiento, inestabilidad y alta inflación, el gobierno de Alberto Fernández busca proyectar la salida de la crisis; “Vamos que salimos” es su consigna. Asume que la apertura de la economía y la postergación para 2022 (o finales de 2021) del cierre del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ayudarán a la recuperación de la actividad económica. Presume que el repunte económico ayudará a sus chances electorales en Septiembre y Noviembre. Supone, a su vez, que la situación social no se desbordará. Cree tener la situación controlada a partir de la articulación de una red de políticas compensatorias y de la anuencia de un amplio sector del campo de los movimientos populares que se han incorporado de lleno a la alianza de gobierno.

Sin embargo, la pregunta de fondo persiste: ¿puede el capitalismo argentino en crisis y en pandemia (de la cual no hemos salido, y posiblemente no saldremos por años) superar los límites estructurales que lo han conducido a tal situación? El gobierno de Fernández plantea su estrategia como continuidad del proyecto hegemónico construido a lo largo de 20 años. Con matices, lo central es reconstruir la acumulación de capital relanzando la matriz extractivista, ampliando sus bases y presentándola como proyecto progresivo.

Deuda y ajuste fiscal

El primer paso fue comenzar a reorganizar la dinámica del ciclo de endeudamiento. Luego de la crisis de sobreendeudamiento de 2018-2019, la prioridad fue despejar el horizonte financiero. Relajar la restricción externa (la dificultad del país para conseguir suficientes dólares) aparece en el centro de una estrategia que sin sacar a la Argentina de una posición dependiente en el ciclo del capital global, busca reubicarla como proveedora de commodities básicas y mantenerla integrada al sistema de deuda. Por tal motivo, la renegociación con el capital privado transnacional (y otros organismos como el Club de París) no incluyó una quita sustancial de capital sino básicamente condiciones para la sustentabilidad financiera del ciclo de la deuda. La negociación con el FMI se orienta en el mismo sentido, aunque incluye -por supuesto- las conocidas reformas estructurales. Por ahora, sólo sabemos que el acuerdo estaría negociado pero postergado para luego de las elecciones nacionales. Desde el Ministerio de Economía ya se anuncia un proceso de ‘convergencia’ al déficit cero en 4 años (2022-2025), acentuando el ajuste que se inició en 2018 (y se interrumpió sólo parcialmente durante 2020). Reorganizar y no desarticular el ciclo de la deuda garantizando ‘endeudamiento sostenible’; sacar los pies del plato no está en la agenda de un gobierno que se autopercibe como nacional y popular (o en camino a serlo).

El ajuste ya comenzó, aunque poques en el oficialismo se atrevan a confesarlo y algunes aún lo nieguen. Basta preguntar a les jubilades, pensionades o trabajadorxs del Estado para saber qué pasó con el ajuste fiscal; los ingresos de la mayoría de las y los trabajadorxs siguen corriendo por detrás de la inflación. Los aumentos en cuotas y pre-electorales no cambian la situación. ¿Los salarios concluirán por arriba de la inflación en diciembre de 2021? En algún caso, tal vez (si la inflación baja abruptamente en los próximos 4 meses) pero las pérdidas durante el año nunca se recuperan; menos aún las pérdidas de la última década. Un aumento de 40% para iniciar el año es completamente diferente de un aumento en cuotas que concluye con un 40% acumulado a Diciembre; la masa salarial (el total de los salarios recibidos a lo largo del año) será mucho menor en el segundo caso. Cosas del cálculo integral que funcionaries públiques (y muchxs dirigentes sindicales) pretenden ocultar.

El ajuste busca garantizar la sustentabilidad fiscal de la deuda, no la sostenibilidad social de la misma. Junto al ajuste se encuentra la estrategia de acumulación de capital basada en el extractivismo de exportación. Este es uno de los acuerdos hegemónicos más sólidamente construidos desde 2001.

Desarrollismo verde, desarrollismo extractivista

El neodesarrollismo apuntala de manera sistemática con recursos y regulaciones públicas, las bases de un nuevo saqueo de nuestros bienes comunes. La soja transgénica y el agronegocio (hoy fielmente representado en el Consejo Agroindustrial Argentino) sigue siendo el eje articulador, junto con el extractivismo minero. En este caso, ya no es sólo el oro y otros metales, sino que el litio se ha convertido en la nueva soja. La mega minería destructiva y contaminante consigue ahora ser promovida como el centro de un nuevo desarrollismo verde. En este plan entran también los proyectos de saqueo de los mares, las mega granjas porcinas (que serían ‘sanas y limpias’ como las cárceles argentinas) o las nuevas centrales nucleares.

El discurso desarrollista verde no tiene mucho que envidiar al capitalismo verde que impulsa el gran capital. Sin cuestionar la lógica destructiva del capitalismo en su versión dependiente, acepta que nuestro lugar en el mundo es ser territorio de sacrificio. El extractivismo afecta especialmente a las poblaciones más vulnerables, en territorios donde el acceso al agua y la energía son un desafío cotidiano. A su vez, lejos de mitigar el cambio climático, lo acentúa deteriorando los suelos, contaminando las aguas, destruyendo hábitats naturales por completo.

De esta manera, el desarrollismo verde propone que en los barrios populares de las grandes ciudades, en los territorios y comunidades campesinas y originarias, entre tantos lugares marcados como explotables, las poblaciones son dispensables e infravaloradas. Sus opiniones no valen y menos sus vidas, como notan cada día las familias de los pueblos fumigados, o las poblaciones en los territorios ocupados por las mineras transnacionales o  las comunidades mapuches en las zonas de explotación petrolera.

Claro que el proyecto estrella, el yacimiento de esquisto Vaca Muerta, no encaja en este discurso desarrollista verde pero sí en el proyecto de sustentabilidad de la deuda. Sin importar las resistencias populares, y los costos sociales y ambientales, Vaca Muerta(e) pretende ubicarse como la alternativa al complejo sojero exportador como fuente de divisas para desplazar lo más posible la restricción externa.

Casi nada dice el Gobierno, y menos hace, para transformar de manera radical las restricciones al desarrollo en Argentina. El conflicto en torno a Vicentín y el proyecto de volver a privatizar el dragado de la hidrovía del Paraná son casos testigos de la ausencia de un proyecto estratégico en tal sentido. El proyecto neodesarrollista hace pie en los límites del capitalismo vernáculo y simplemente busca desplazarlos por la vía financiera, sin enfrentarlos ni tomar en cuenta los costos que tiene este patrón societal para la reproducción de la vida.

El camino emprendido por el gobierno sólo ha logrado consolidar las condiciones de pauperización de nuestro pueblo. La pobreza y el hambre se encuentran en niveles récord, y la evolución de la inflación y la dinámica distributiva no auspician una solución inmediata.

La economía recupera su crecimiento (que podría ser un nuevo rebote de corto plazo) pero no derrama al conjunto de las y los trabajadores en términos de empleo e ingresos. A pesar del aumento de la producción, el empleo apenas se recupera y los ingresos populares siguen corriendo por detrás de una inflación cercana al 50% anual. La desigualdad estructural en la economía argentina conduce a la paradoja anti-desarrollista: un crecimiento sin inclusión.

Las políticas sociales se amplían pero son insuficientes, y compiten con otros objetivos (como, por ejemplo, hacer frente a la deuda con el FMI o subsidiar el proyecto Vaca Muerta). Pero el gobierno no advierte el problema y continúa alimentando el mito del desarrollo con base extractivista. ¿No logran ver que más producción de petróleo, litio o soja no redundará en mejores condiciones de vida si persiste la precarización de la vida y el trabajo? ¿No comprenden que además ese camino contribuye a multiplicar los daños sociales y ambientales en un proyecto de muerte?

El estallido latente

La situación social es límite. Se multiplican los conflictos sectoriales, y la reproducción de la vida cotidiana está en crisis, con una carga creciente de trabajo en los cuerpos de mujeres y feminidades. Sólo la organización comunitaria, y las organizaciones sociales y políticas en los territorios evitan el estallido. Las propias organizaciones que apoyan al oficialismo reconocen la gravedad de la situación.

A veinte años del Argentinazo, las organizaciones populares enfrentan el dilema de la integración parcial y conflictiva al Estado, y la fragmentación colectiva. El espacio articulado por el tridente UTEP, CCC y el Movimiento Evita disputa su participación en una alianza de gobierno que no hegemonizan. Se hace evidente la contradicción entre sumar cuadros al Estado y gestionar recursos insuficientes, y la presión creciente que ejerce la crisis multidimensional sobre las bases de esos movimientos y sobre el conjunto del pueblo. Haciendo de la necesidad virtud, estas organizaciones hacen una apuesta anti-neoliberal (anti-macrista) que pretende resolver la ausencia de estrategia para una transformación radical. El resto de las organizaciones se encuentran mayormente fragmentadas y/o con serias dificultades para construir un proyecto contra-hegemónico de masas y dirección colectiva.

Frente a la consolidación de patrones de exclusión extendidos, el tridente ha corrido el centro del debate a dos ejes. Por un lado, en dirección de consolidar la institucionalización de las organizaciones de la economía popular -cuya caracterización todavía suscita debate- a partir del intento de la UTEP de irrumpir en la CGT (aunque con la resistencia de ciertos sectores). Por otro lado, a la disputa por una redistribución marginal a partir de la combinación del salario básico universal (SBU) y el empleo garantizado.

La economía popular expresa la heterogeneidad de actividades que van desde la subsistencia mercantilizada (empleo asalariado o autoempleo de muy baja remuneración y alta precariedad) hasta el trabajo comunitario de reproducción y cuidado no remunerado. La centralidad de la demanda de la UTEP de reconocimiento estatal (registro e ingreso), corre el riesgo de congelar los patrones de precariedad al no exponer enfáticamente que las condiciones actuales de esas tareas son la contracara de la brutal desigualdad social y el patrón de acumulación de capital. De alguna forma, al establecer un salario mínimo garantizado para cualquier empleo o trabajo, por precario que sea, el Estado está en los hechos garantizando un empleo sub-remunerado para una fracción de ese amplio conjunto de la población que habita la economía popular. ¿Será esta la base del nuevo mito del crecimiento con inclusión?

La propuesta de salario universal tal cual es divulgada (equivalente a ⅓ o ½ salario mínimo) no garantiza ingresos que permitan alcanzar condiciones de vida dignas más allá de las posibilidades impuestas por el capitalismo contemporáneo. Se propone como un complemento salarial para trabajadoras y trabajadores no registradxs, en la economía popular, jóvenes en ‘formación’ o en actividades estacionales, entre otras formas de trabajo.

Se presenta como ‘factible’ en el marco actual pues sólo requeriría aumentar el gasto público en un par de puntos porcentuales del PBI. Así, paradójicamente, en el afán de exponer la propuesta como “posible” sin alterar los fundamentos de la reproducción capitalista se la despoja de radicalidad. Al presentarse el salario universal como un complemento de un salario insuficiente o como mecanismo de transición hacia el empleo que ofrece el mercado capitalista, la propuesta sólo contribuye a validar la condiciones hiper precarias del mercado de trabajo. Seamos claros: pensar que puede el salario universal servir como transición al empleo formal implica asumir que, sin ningún cambio estructural el capitalismo argentino creará puestos de trabajo protegidos que no ha creado en décadas. Suponer, por otro lado, que servirá para promover la formación de les jóvenes para insertarse en el mercado de trabajo implica asumir que lo que impide su contratación es su falta de capacidades o conocimientos, cargándoles con la culpa de no ser empleades. Usar el SBU como complemento del paupérrimo salario que reciben trabajadoras y trabajadores en trabajos estacionales supone prácticamente validar las condiciones super-explotadoras en esas ramas de actividad. Finalmente, el trabajo de las trabajadoras en actividades no remuneradas de reproducción y cuidado sería reconocido monetariamente pero persistirá como subvalorado, por debajo del salario mínimo.

El 2001 bajo la alfombra y las nuevas promesas ecofeministas

De conjunto esta estrategia puede contener el estallido latente, sin resolver sus causas materiales. La consolidación de una red de redistribución mínima de ingresos es la principal transformación en el Estado en el ciclo abierto en 2001. La crisis de legitimidad del Estado burgués y su sistema político no se borró sino que parece barrida debajo de la alfombra, con el kirchnerismo y el macrismo reconfigurando el péndulo dentro del sistema de los partidos del orden.

La disputa de sentido en torno a la necesidad de un cambio radical (con ‘trabajo, dignidad, y cambio social’) parece quedar hoy como un murmullo lejano. El feminismo y el ambientalismo surgen como promesas de las batallas por venir atravesando todos los planos de la reproducción vital. La experiencia indica que sólo podrán evitar la normalización conflictiva, la institucionalización y el pink/greenwashing (maquillaje rosa o verde), si logran atravesar e intersectar el conjunto de las luchas y organizaciones populares. Lo que parece seguro es que forman parte integral de una nueva oportunidad para la disrupción radical, para la ruptura antisistémica. Convertir esa posibilidad en capacidad de transformación social requerirá de toda nuestra inteligencia, nuestras experiencias y nuestra imaginación. Solo así el murmullo del 2001 volverá a ser grito.

Exposición en las Jornadas del LESET/IdIHCS :: ¿La pandemia cierra el ciclo abierto con la crisis neoliberal?

A 20 años del 2001, se consolida un proyecto de neodesarrollo extractivista. Este esquema articula el saqueo de los bienes comunes y la precarización extendida del trabajo y la vida, con la políticas públicas de universalismo básico. ¿La pandemia cierra el ciclo abierto con la crisis neoliberal?

Participación en las Jornadas ‘Pensamiento Crítico y Mundo del Trabajo: Modelo productivo, empleo y conflictos laborales en la Argentina Contemporánea.’ LESET – IdIHCS // 10 de Septiembre de 2021.

Excelente conversación con Agostina Costantino y Gustavo García Zanotti.

Mi intervención a partir de 1:32:10

Capitalismo en crisis, pandemia y resistencias populares

Capitalismo en crisis,
pandemia y resistencias populares

[Féliz, Mariano (2021), “Capitalismo en crisis, pandemia y resistencias populares”, en Melón, Daiana, y Relli Ugartamendía, Mariana. Geografías del conflicto. Crisis civilizatoria, resistencias y construcciones populares en la periferia capitalista, pp. 17-22. Muchos Mundos Ediciones, 160 pgs., Buenos Aires.]

Una pandemia capitalista en marcha

El capitalismo global se encuentra en una profunda crisis. Desde mediados de 2008 atraviesa un proceso de significativo estancamiento que se ha agravado con el parate provocado por la pandemia del COVID-19. Esta crisis se extendió como reguero de pólvora por el globo, poniendo sobre el tapete la sostenibilidad de la vida misma.

La crisis de 2008 abrió un proceso complejo de reestructuración del capital internacionalizado, que avanza en una sucesión de oleadas. Se aceleró la digitalización del capital y, en paralelo, se multiplicaron las formas de privatización y saqueo de los bienes comunes. Las plataformas online, las Apps, la automatización de procesos y el uso de formas de inteligencia artificial se expandieron como nunca antes. En simultáneo, se profundizó la transformación de la matriz energética global para consolidar un nuevo patrón crecientemente organizado en torno a la energía eléctrica y, por lo tanto, en derredor de las baterías.

Con estas transformaciones, las formas de control total e inmediato de los procesos de trabajo y explotación se amplían en la medida en que los algoritmos y las técnicas de reconocimiento de voz e imágenes mejoran. Por detrás de estos procesos, las transnacionales extienden su esfera de influencia y construyen un mercado laboral mundial donde prevalecen la precarización y la superexplotación de la fuerza de trabajo. Se consolida la irrupción de China como nueva potencia mundial y centro de la acumulación global. A través del nuevo imperialismo chino, el gran capital global se abre paso por medio del sur global con megaobras de infraestructura para el saqueo de nuestros territorios.

La creación del ambiente a imagen y semejanza del capital (es decir, como trabajo muerto productor de muerte) enfrenta en esta crisis pandémica al capital globalizado con su propia finitud. La crisis pandémica es la crisis de una forma de desarrollo (o si se quiere, es producto de lo que conocemos como “desarrollo”) que construye formas de producir mercancías sin considerar las condiciones de producción y reproducción de la base natural/humana/animal/ ambiental de la vida en la tierra. La pandemia provino de la aniquilación de los bosques, del desplazamiento forzado de animales y personas de sus hábitats y territorios ancestrales, del confinamiento masivo y brutal de personas y animales en fábricas y ambientes insalubres, de la aceleración de la vida a ritmos y ciclos incompatibles con su sostenibilidad. [continuar]