El gobierno de Fernández se prepara para las elecciones de 2021 profundizando el saqueo

[Nota publicada en Zur.uy el 14 de marzo de 2021]

El presidente argentino Alberto Fernández habló a comienzos de marzo frente a la Asamblea Legislativa en apertura anual de sesiones ordinarias. En un año electoral, indicó su plan de ruta para este y los próximos años. Pagar la deuda y profundizar el extractivismo como trasfondo de su proyecto societal.

A un año de iniciadas las medidas oficiales para enfrentar la pandemia capitalista del COVID-19, el gobierno de los Fernández pretende preparar el terreno para ganar las elecciones legislativas del segundo semestre de 2021 y consolidar un gobierno que él mismo llamó de transición. Luego de una década de estancamiento, inestabilidad macroeconómica y elevada inflación, el gobierno se apresta a intentar dar por cerrada la crisis transicional de la economía argentina. Para ello pone sus esperanzas en concluir lo antes posible la renegociación de la deuda con el FMI e impulsar el crecimiento económico sobre la base de una matriz productiva crecientemente extractivista. El presupuesto del Estado nacional aprobado hace unos meses ya indicaba ese camino.

Primero, la deuda

La renegociación de la deuda con el FMI y la firma de un nuevo acuerdo avanza más lento de lo anunciado. Ahora mismo no está claro si se firmará algo antes de las elecciones nacionales de finales de año. Es claro: el acuerdo viene con un paquete de ajuste bajo el brazo y ningún sensato gobierno reformista anunciaría algo así antes de las elecciones. El gobierno pretende dos cosas fundamentalmente del Fondo. En primer lugar busca postergar los pagos de la deuda acumulada hasta al menos el próximo gobierno y, en lo posible, extender el cronograma de pagos (y, entonces, el acuerdo mismo) en el tiempo (pasar de los actuales 6 años a más de una década, incluso dos décadas). En segundo lugar, el gobierno necesita con cierta urgencia apoyo financiero para cubrir las amortizaciones e interés de deuda durante este año con el Club de París entre Abril y Mayo, y con el propio Fondo a lo largo del año. Pero, del otro lado está el Fondo, con las mismas mañas. Cualquier acuerdo exigirá que el gobierno argentino cumpla con una serie de condicionalidades, es decir ajustes y reformas estructurales. En particular, si el acuerdo tiene décadas de duración, las reformas serán de largo aliento. La reciente reforma previsional va en esa dirección. Un guiño (ahora le llaman “sweetener”).

En un giro en marco electoral, el presidente indicó que iniciarán acciones legales contra quienes aprobaron el acuerdo y crédito con el FMI en 2018. Hay numerosas evidencias que indican irregularidades y aun delitos en ese proceso. Sin embargo, notoriamente el gobierno no toma medidas para hacer cumplir el denominado “fallo Olmos” que en el año 2000 señaló una multiplicidad de ilícitos cometidos en la gestación de la deuda externa durante la última dictadura militar. La acumulación originaria que ese endeudamiento propinó al país y que profundizó el proceso de dependencia, sigue esperando en algún cajón del Congreso para hacer justicia. Claro está, tampoco se habla en el gobierno nacional de revisar el acelerado endeudamiento de los 2000 y su carácter odioso.

Subsidios para el saqueo

Sin suspender el pago e investigar en profundidad el ciclo de endeudamiento brutal de las últimas décadas será imposible tomar las riendas del país para construir una alternativa más allá del desarrollo extractivista. En efecto, consciente de eso, el presidente anunció la profundización de la estrategia del saqueo.

El presidente anunció la continuidad del programa de subsidios al fracking en Vaca Muerta. El Plan GAS tendrá el apoyo necesario para sacar los hidrocarburos del yacimiento y transportarlo a los puertos y la red de distribución. Se proyecta acelerar el saqueo del litio en el Noroeste argentino y subsidiar la electrificación del parque automotor, así como prolongar el extractivismo minero en general. También profundizar el desarrollo de los ‘corredores’ del saqueo, en particular el Corredor bioceánico NOA-Centro que permitirá vincular el puerto de Coquimbo en Chile con Porto Alegre en Brasil. Este corredor es significativo pues se están multiplicando las resistencias en distintos puntos de su traza (San Juan, La Rioja, Córdoba, Santa Fe), donde pueblos y comunidades exigen ser escuchadas.

La aceleración del desarrollo extractivista es la clave de la estrategia gubernamental. Busca multiplicar las plataformas de exportación. Esto tiene un doble objetivo. Primero intenta ampliar la oferta de divisas, fundamentales para debilitar la restricción externa que periódicamente conspira contra el crecimiento en un contexto dependiente. En segundo lugar, busca desplazar relativamente al sector agropecuario como principal proveedor de esas divisas; hoy, ‘el campo’ aporta más del 60% de las exportaciones. Con ello aspira a desarticular a un sector social concentrado y poderoso que reproduciéndose a partir de la apropiación de renta del suelo, ha sido tradicionalmente anti-desarrollista.

Detrás de todos estos proyectos están las viejas potencias hegemónicas pero, fundamentalmente, el hegemón chino que participa de manera creciente en los distintos emprendimientos y actúa como agente financiero. No es de extrañar que detrás de los acuerdos actuales para proveer vacunas para el COVID estén -como parte de la letra chica- nuevas condicionalidades impuestas por el gobierno de China y aceptadas por el gobierno nacional.

El fuego y palos son el proyecto

El avance del extractivismo, como ya es conocido, se produce sobre barrios populares, destruyendo bosques, contaminando la naturaleza y enfermando a las poblaciones. No es casual que mientras se expulsan con violencia a las poblaciones que ocupan tierras abandonadas (como en Guernica, en la provincia de Buenos Aires en 2020), simultáneamente aparecen focos de incendio intencionales que el gobierno evita prevenir y se niega a relacionar con el avance del saqueo. Sea para amedrentar y desplazar pueblos enteros que resisten el avance de la megaminería (apoyada por el Estado), como ocurre ahora mismo en los bosques del sur argentino, sea para habilitar nuevas tierras para la producción sojera o el desarrollo de emprendimientos urbanísticos cerrados (‘countries’), la destrucción planificada de la naturaleza y los bienes comunes es parte de la estrategia de desarrollo.

Las resistencias continúan a lo largo y lo ancho del país. A pesar de las restricciones que impone la pandemia capitalista y a pesar de la acción o desidia estatal, el Pueblo continúa proyectando futuro. Buscando formas sanas de producir alimentos (como ocurre en decenas de proyectos agroecológicos), o intentando nuevas formas de crear comunidades (como en los viejos y nuevos asentamientos populares). Enfrentando a la violencia patriarcal y la complicidad estatal-policial, y combatiendo la violencia institucional y el gatillo fácil en todos los terrenos. Siempre partiendo de la base de que en la autoorganización, y la construcción de poder popular y de entramados comunitarios estarán las soluciones colectivas. Siempre sabiendo que la lucha es en el (a través del) Estado, pero sobre todo contra y más allá de él.

Agradezco a Melina Deledicque por su atenta lectura del borrador de esta nota. La misma fue concluida el 13 de marzo de 2021.

La “sustentabilidad” primero. La nueva reforma previsional mantiene en la pobreza a millones de beneficiarixs.

Mariano Féliz *

23-12-2020

[Publicada en ContrahegemoniaWeb el 28 de diciembre de 2020]

I

La previsión social de base estatal fue un instrumento que históricamente unificó las iniciativas que las y los trabajadorxs construyeron autónomamente para salvaguardar sus condiciones de vida. Mutuales y sociedades de socorros mutuos fueron los primeros pasos de esta estrategia que buscaba contribuir a garantizar la reproducción de la vida en situaciones excepcionales como la pérdida del empleo y la enfermedad, o en etapas de la vida donde el trabajo (fundamentalmente, el remunerado) no se consideraba aceptable, como en la niñez o la vejez. La creación progresiva de un sistema público de previsión social amplió la cobertura y multiplicó los beneficios, pero simultáneamente desarmó una parte importante de las prácticas de autogestión obrera y popular para producción de seguro social.

II

La unificación estatal de la seguridad social supuso hacer tendencialmente obligatorio el aporte al sistema. En sus inicios, los aportes personales y patronales fueron la base de su financiamiento. Progresivamente, en la medida en que se amplió el sistema a mayor número de beneficiaries y tipos de beneficios, y frente a una creciente precarización del mercado de trabajo, el sistema fue recibiendo fondos provenientes de otras fuentes (impuesto a las “ganancias”, impuesto al valor agregado -IVA-, etc.). El sistema se transformó pasando de un sistema de jubilaciones y pensiones contributivas, a un sistema de beneficios mixtos y múltiples: en 2019 el 47,4% de los beneficios otorgados eran no contributivos. El derecho a la seguridad social se consolidó más allá de la base contributiva (es decir, más allá de si le beneficiarie había realizado “aportes” directos al sistema) y más allá de la institucionalización constitucional (de 1949, luego ratificada en el artículo 14bis): “El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable”.

III

En 2019 las prestaciones de la seguridad social llegaron a representar un 10,86% de toda la riqueza generada anualmente en su forma capitalista (es decir, el producto interno bruto o PIB); de ese porcentaje, 7,7% corresponde al pago de jubilaciones y pensiones. Estamos hablando de una redistribución masiva de ingresos que van en buena medida hacia los sectores populares, y que por lo tanto se deducen de las ganancias empresariales y el consumo suntuario de los sectores dominantes. Además, aún dentro de sus límites, la seguridad social se convirtió en una reducción considerable en la compulsión a trabajar en el marco de las reglas del mercado de trabajo capitalista. Sólo por eso los sectores dominantes exigen periódicamente la reforma del sistema. Ellxs consideran que las clases populares deben ganarse “el pan con el sudor de su frente”; claro, ellxs (las clases dominantes) pueden vivir de su riqueza heredada, del producto de la explotación (del trabajo de otres) o de las rentas financieras. Por ese mismo motivo, el FMI ve aquí (junto con las regulaciones laborales) la base de todos los problemas de la Argentina (bah, en realidad, de todos los países).

IV

Luego de las luchas populares históricas contra la desarticulación del sistema (siendo la batalla del Congreso en 2017 la más reciente), ya nadie habla de “ajuste” a la seguridad social sino que le quieren dar una pátina de racionalidad hablando de “sustentabilidad”. Esas reformas tienen una racionalidad, una racionalidad capitalista. En general, el debate se centra en el régimen de jubilaciones y pensiones, y se afirma que la precarización del mercado de trabajo no permite ya sostener el sistema pues la relación entre trabajadorxs ocupades con empleo formal y el número de beneficiaries de la seguridad social se ha reducido sostenidamente. Sin embargo, como señalamos, hace tiempo que el sistema no se financia sólo con aportes previsionales ni redistribuye sólo recursos a jubilades y pensionados. Además, se olvida decir que en las últimas décadas se ha consolidado una gran reducción en los aportes patronales que eran destinados al sistema; se tomó la decisión política de desfinanciar la seguridad social y ninguno de los partidos del orden (hoy FdT o JxC) han buscado cambiar eso. Por otra parte, se dice que el aumento en la esperanza de vida requiere incrementar la edad jubilatoria. Se olvida decir que la productividad laboral tiende a aumentar y que eso permitiría no sólo reducir la jornada de trabajo remunerado, sino acortar la vida laboral activa (es decir, la obligación de ofrecer la fuerza de trabajo en el mercado). Podríamos todes trabajar menos y vivir mejor, si no fuera porque el capitalismo transforma las cosas buenas del desarrollo de las tecnologías y las usa contra nosotres, para ganar más dinero a costa del disfrute de nuestras vidas.

V

En este 2020 de crisis pandémica, nos encontramos nuevamente debatiendo la reforma del sistema previsional. Nuevamente los sectores dominantes buscan imponer su racionalidad y desandar los derechos que hemos conquistado bajo la forma de redistribución de ingresos.

La propuesta impulsada por el gobierno de Alberto Fernández busca fundamentalmente modificar la fórmula de actualización general de los beneficios. Por ahora, nada más. La revisión general del sistema quedó desactivada, por ahora. La memoria de las luchas de finales de 2017 está latente y 2021 es un año electoral.

El problema fundamental de la nueva fórmula es que (al igual que la anterior) no garantiza que los beneficios puedan sostener al menos su poder de compra. Se elimina el ajuste por inflación (que representa el 70% de la ley actual) y se lo reemplaza por una combinación de evolución de los salarios y evolución de los recursos destinados al ANSES. Los beneficios de la seguridad social estarán atados al éxito de las luchas salariales y a la dinámica de la actividad económica y el empleo (que es la que determina centralmente la evolución de la recaudación de impuestos destinados al sistema). No se establece ninguna normativa que impida que los beneficios caigan en términos reales frente a la inflación. No tiene sentido remitir a la historia previa, como hicieron la titular de ANSES Raverta y el Ministro de Trabajo Moroni recientemente, pues lo que se ha consolidado es la crisis transicional (¿ya terminal?) del neodesarrollismo. En el actual contexto global y nacional difícilmente se replique la dinámica virtuosa del período 2007-2013 (cuando crecieron sostenidamente en términos reales); a partir de 2014 los beneficios previsionales se estancaron y cayeron luego violentamente.

La nueva fórmula limita las mejoras en los beneficios a los requisitos de garantizar la “sustentabilidad del sistema”. ¿A quiénes protege “esa” sustentabilidad? Imaginemos que a la hora de definir los pagos de la deuda pública se estableciera que “nunca se pagará más que un x% del total de la recaudación de impuestos”. Evidentemente, los derechos de les beneficiaries de la seguridad social son menos importantes que los “derechos” de los especuladores internacionales (acreedores de nuestra deuda odiosa).

Con este esquema, las jubilaciones, pensiones y otros beneficios quedan condicionados a una dinámica exitosa del capitalismo dependiente. Sólo en la medida en que la economía crezca y mejoren las condiciones en el mercado de trabajo, podrán les beneficiaries mejorar sus ingresos. Dado que el modelo es extractivista, contaminante, y dependiente, el proyecto de movilidad en debate ata la la evolución de los beneficios de la seguridad social al ‘éxito’ de ese proyecto económico, social y político de muerte.

Por supuesto, los debates parlamentarios han dejado fuera de la discusión la necesidad imperiosa de definir un objetivo mediato e inmediato para el valor de esos beneficios. Si la jubilación mínima era de 18129 $ en Octubre de 2020 y se plantea un aumento de 5% en Diciembre, ¿cuánto aumenta la mínima? 906 $ (30 pesos por día)! Con una inflación del trimestre que estará por encima de ese porcentaje, con seguridad su poder de compra volverá a caer.

¿Pero cuánto debería ser la jubilación y la pensión mínimas? Eso queda fuera del debate actual ¿Debería haber una diferencia entre ambas, o entre los beneficios llamados “contributivos” y los “no contributivos”? ¿Qué relación debe haber entre el ingreso en actividad y el beneficio? ¿Cuál debería ser el valor del resto de los beneficios que paga el ANSES? ¿Quiénes deberían aportar más recursos, pagar más impuestos, para mejorar los beneficios de manera sostenida? ¿No es posible emitir dinero para pagar mejores beneficios, de la misma manera que se emite para pagar los intereses de las Leliq que cobra el sistema financiero? Nada de esto entra en la discusión. O lo hace implícitamente: se asume que el Estado seguirá pagando por muchos años más, beneficios por debajo de la canasta familiar, la canasta básica, o cualquiera de los indicadores usualmente disponibles para evaluar las condiciones de vida.

VI

Por lo demás, el sistema permanece igual. Un punto importante es que la ANSES seguirá manejando un fondo de pensiones (llamado Fondo de Garantía de Sustentabilidad, FGS) cuyo papel real nada tiene que ver con la seguridad social. El FGS se creó cuando se absorbieron los fondos que manejaban las AFJP en 2008. Esos fondos y activos (depósitos, acciones, títulos públicos, etc.) son meras inversiones financieras que nada tienen que ver con la capacidad del sistema de previsión social de pagar sus beneficios. En efecto, el FGS es un fondo de inversión que el Ministerio de Economía utiliza para intervenir en el mercado financiero. El Estado maneja esos fondos como parte de la ‘timba financiera’.

Recordemos que el sistema de previsión social es un mecanismo de redistribución de la riqueza social generada en cada momento del tiempo. Los beneficios que hoy paga provienen de los recursos que hoy el Estado puede apropiar a través de distintas fuentes. Su contrapartida son los bienes y servicios que son producidos (a través del Estado o de empresas privadas) para el consumo de las y los beneficiarixs. Ese dinero guardado o invertido en el FGS no crea por sí mismo riqueza ni la transporta en el tiempo. El valor (la riqueza en el sentido capitalista) no se puede transportar hacia el futuro. Debe producirse y reproducirse cotidianamente. Aquello que no es producido no puede ser redistribuido.

VII

Es necesario poner el conjunto de la seguridad social en el centro del debate. La misma se ha convertido en una pieza clave en la reproducción de la vida cotidiana. Junto con la producción pública y/o estatal de bienes y servicios, la seguridad social configura un elemento clave en la reproducción social. A través de ella millones de familias trabajadorxs logran apropiar una porción de la riqueza social generada.

El trabajo de reproducción y cuidados está directamente articulado con el conjunto de esas políticas. El trabajo no remunerado que garantiza la realización de esas tareas en condiciones típicamente de elevada precariedad, realizado por las mujeres y cuerpos feminizados en general empobrecidas, tienen en las transferencias de la seguridad social un soporte fundamental.

En las condiciones actuales los recursos destinados a esas tareas son evidentemente insuficientes para garantizar condiciones mínimas de cuidados y reproducción vital para sus beneficiaries directxs. Este es el debate de fondo. ¿Cuánto y cuáles deberían ser los beneficios de la seguridad social? ¿Las jubilaciones y pensiones deberían garantizar que las personas superen la línea de la pobreza? ¿Es la forma de la transferencia monetaria individual la forma primordial de la seguridad social? ¿La seguridad social sólo puede garantizarse a través instituciones estatales como el ANSES, o deben pensarse otras formas de re-apropiación de la riqueza social? ¿Qué papel deberían tener las organizaciones sociales comunitarias y las familias en esta reconfiguración? ¿Podrá una nueva seguridad social fortalecer la autonomía colectiva, la construcción de poder popular en los territorios?

Yendo más allá: si las actuales transferencias no alcanzan, de dónde se podrían obtener los recursos para multiplicarlas, para llevarlas a los niveles adecuados. ¿Debería pagar más impuestos el capital financiero y extractivista? ¿Es tiempo de recuperar los “aportes patronales” reducidos/eliminados desde los años noventa, en particular a las grandes empresas? ¿Las grandes fortunas deberían pagar más impuestos de manera permanente y no sólo como “contribución extraordinaria”? ¿No habrá que tomar los recursos públicos que hoy se dirigen a subsidiar al gran capital y redireccionarlos a más y mejores beneficios de seguridad social? Estas son algunas de las batallas por sostener.

* Agradezco la atenta lectura de Melina Deledicque a una versión preliminar de este texto.

Crisis, pandemia y pobreza administrada. Un año de gobierno de les Fernández en Argentina

[Nota publicada en Zur.uy, el 17 de Diciembre de 2020]

El gobierno de Alberto Fernández (AF) llegó para intentar concluir el desarrollo de la crisis transicional del neodesarrollismo e impulsar el crecimiento. El gobierno de Macri estuvo signado por la aceleración de esa crisis y la fractura de la resistencia popular. La pandemia capitalista completó un cuadro de reorganización general de las relaciones de valor en un país que todavía no logra resolver las contradicciones entre su historia y su futuro.


[1]

Del macrismo a un nuevo gobierno de pacto social. La crisis como trasfondo.

Hace un año la economía argentina atravesaba una profunda crisis. La economía caía a un ritmo anual de 2,1% y los ingresos populares se desplomaban; la pobreza por ingresos alcanzaba a 35,5% de la población (56,3% de les niñes de hasta 14 años). La alianza liderada por AF y Cristina Fernández (CFK) llegaba a la conducción del Poder Ejecutivo Nacional buscando configurar una nueva coalición social capaz de encauzar la acumulación de capital en Argentina. En un intento renovado de pacto social interclasista, en un marco global y regional complicado aún más por la pandemia capitalista, el gobierno recién instalado no encuentra a un año de asumir la brújula que lo oriente siquiera en un rumbo que le permita al menos llegar a la segunda mitad de 2021 con alguna chance de mantenerse como primera minoría.

Renegociar la deuda con el capital especulativo: primer paso.

Uno de los principales puntos de partida del nuevo gobierno sería la renegociación de la deuda pública. El Ministro de Economía Martín Guzmán (MG) llegaba con la hipótesis de que ello debía realizarse en una negociación amable con los grandes fondos de inversión internacional. Esos acreedores eran los mismos que a inicios de 2018 cortaron de cuajo el financiamiento internacional para una economía altamente dependiente del acceso al crédito externo.

En la visión de MG, resolver el problema de la deuda externa requería patear los pagos de capital e intereses hacia el futuro, y reducir la tasa de interés de la deuda. El monto del endeudamiento, y por lo tanto su legitimidad y legalidad, no se pondría en discusión. Según Guzmán el país enfrentaba una crisis de liquidez, no de solvencia. La crisis prolongada y las tasas usurarias (especulativas) eran el problema; no el sobre-endeudamiento. Luego de varios meses de negociación, el acuerdo alcanzado con los fondos de especulación internacional concluyó sin rebajas sensibles en la deuda. El gobierno de AF despejó por varios años (al menos durante su gobierno) parte del problema: ahora debe negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Ahora, el FMI

La negociación con el Fondo es, en realidad, la clave de todas las negociaciones. No solamente por el monto adeudado y la cercanía de los pagos (fines de 2021) sino, fundamentalmente, por las condiciones para poder llegar a un acuerdo. Si la deuda con el FMI se asume válida y no odiosa (injusta, ilegal e ilegítima), cualquier acuerdo supone por parte del Estado argentino una serie de compromisos cuya gravedad precisa sólo sabremos al final de esa negociación (a inicios de 2021) pero cuyos lineamientos generales conocemos porque son parte del ADN del organismo internacional. Las condicionalidades -parte intrínseca de los acuerdos con el FMI desde su nacimiento- incluyen el ajuste fiscal (con centro en la reforma previsional) y la flexibilización laboral. La sustentabilidad de la deuda y las condicionalidades del Fondo ponen en riesgo la sostenibilidad de la vida.

El gobierno de AF ha planteado que las reformas laborales no son parte de la discusión. Y, sin embargo, las hemos visto avanzar a cuenta gotas como acuerdos paritarios sectoriales, o como imposiciones patronales en el marco de la crisis. El ajuste sobre las condiciones materiales de vida y trabajo de las y los trabajadorxs ha sido tan brutal como el sostenido en los últimos años, y continúa. No es de extrañar que el propio Ministro de Trabajo Claudio Moroni (CM) acepte que los salarios mínimos legales deben acomodarse a lo que ‘puede pagarse’, que no es más que lo que el capital está dispuesto a aceptar. Un nuevo recorte en esos salarios mínimos (aumentaron muy por debajo de la inflación) y en los salarios de les trabajadorxs públicxs (que subieron sólo 7% a lo largo del año) ratifican este camino. En cualquier caso, en 2020 se consolidó una redistribución masiva de ingresos contra les trabajadorxs.

No pasó la crisis pero el ajuste vino para quedarse

Del otro lado de la negociación con el Fondo está el ajuste fiscal. El gobierno nacional enfrentó la crisis y su aceleración en la pandemia con acciones excepcionales. Sin financiamiento internacional, el gobierno de AF estiró largamente el financiamiento monetario de una serie de programas que vinieron a evitar su colapso político prematuro. Sin embargo, la voluntad de acordar con el FMI ubica al Ministro Guzmán como continuador de la política de ajuste fiscal que se proyecta desde la época de la sintonía fina (2011-2015) como tendencia. No habiendo salido de la crisis, se va al hueso reduciendo el gasto público de manera brutal. Sin el apremio de los pagos de la deuda externa en los próximos años, la decisión de cerrar el déficit se sostiene sobre la cancelación de los programas de sostenimiento del empleo formal (ATP), de transferencias (cuasi)incondicionales de ingresos (como el IFE) y la consolidación del recorte previsional. Mientras se decidió recortar 8,3% en términos reales el gasto global en las Funciones de Promoción y Asistencia Social dirigidas fundamentalmente a los sectores populares, el presupuesto 2021 plantea un incremento de 18,6% por encima de la inflación proyectada en los gastos de promoción económica (exenciones impositivas a las empresas) y un 8,6% en términos reales en el gasto en los Servicios Económicos (gasto público en subsidios e infraestructura ‘económica’), en ambos casos cuyas principales beneficiarias son las grandes empresas. Detrás de esta orientación general, avanzó e intenta profundizar el proyecto extractivista con base en la sojización transgénica extendida, la explotación del yacimiento hidrocarburífero no convencional de Vaca Muerta y el avance de nuevos proyectos megamineros. Vaca Muerta cuenta y contará con ingentes recursos provenientes de las arcas del Estado; un 25% de lo recaudado por el impuesto a las grandes fortunas se destinará a ese proyecto. Hoy mismo en Chubut, en el sur argentino, el pueblo resiste en las calles el intento de avanzar con la megaminería (proyecto provincial que cuenta con el aval explícito del gobierno nacional).

La pandemia como excusa, la crisis como pandemia

Claro que todo lo antedicho es el resultado de un gobierno que enfrenta la profundización de la crisis transicional por efecto de la pandemia capitalista del COVID-19. La pandemia y su efecto global claramente quemó los papeles de un gobierno que buscaba cerrar el ciclo de la crisis económica. Sin embargo, pareciera que el gobierno encontró en la pandemia la excusa para explicar los efectos de su orientación política. Por eso, si la pandemia se convirtió en la causa de todos los males, la crisis se transformó consecuentemente en pandémica.

El gobierno enfrentó la pandemia con el mismo diagnóstico con que inició su gestión. La crisis se resolvería con el acuerdo por la deuda pública. Las ofertas del Ministerio de Economía a los fondos especulativos no contemplaron a su favor el cambio en el escenario internacional. La propuesta oficial de Febrero de 2020 fue prácticamente la misma (en su contenido) que todas las posteriores. Nadie en el gobierno registró que la crisis global ha abierto una ventana de oportunidad para revisar los términos de la negociación dada la bancarrota generalizada. Cerró la negociación como si nada estuviera pasando, y la negociación con el FMI parece ir en el mismo camino. En este segundo caso, el gobierno ni siquiera muestra voluntad de aprovechar la gigantesca exposición del Fondo frente a la Argentina (47% de los créditos totales del FMI fueron otorgados al país) y los cuestionamientos legales (sin hablar de políticos y sociales) a las condiciones de los créditos recibidos.

AF y CFK llegaron al gobierno con la voluntad expresa de recrear políticas de inclusión social, algunas de las cuales fueron desmanteladas durante el gobierno anterior. Sin embargo, en lugar de usar la crisis pandémica para dar un salto cualitativo en tal sentido, la usaron como excusa para no avanzar. Las primeras decisiones, pre-pandémicas, fueron anular por decreto la ley de movilidad previsional para establecer un sistema de actualización arbitrario y por decreto. Si bien perjudicaron relativamente menos a las y los beneficiaries de menores ingresos (jubilades y pensionades con haberes mínimos), la actualización otorgada fue menor que la que correspondía según la ley anulada. Además, una fracción no menor al 30% de les beneficiaries perderán ingresos frente a la inflación.[2] El sistema de previsión social es un mecanismo de redistribución de ingresos desde la plusvalía hacia el consumo masivo; la decisión oficial en la pandemia fue redistribuir al interior del sistema en lugar de apropiar mayores recursos desde el capital.[3]

Frente a la pandemia el gobierno decidió, en efecto, crear un programa de subsidios a los salarios de trabajadorxs formales (el programa Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, ATP) y un programa para el conjunto de les trabajadorxs autónomxs o más precarizades (el programa Ingreso Familiar de Emergencia, IFE). A través del primero se pagó un salario complementario por 8 meses, que cubrió en un inicio el 50% del salario y entre 1 y 2 salarios mínimos, y reduciéndose progresivamente. El segundo programa fue pagado 3 veces y tuvo un monto de 10 mil pesos en cada cuota bimestral. Se estima que casi 2 millones de trabajadorxs llegaron a cobrar el ATP mientras que casi 10 millones fueron beneficiaries del IFE. El sesgo de género de esos programas es notable: el ATP -con transferencias muy superiores- se dirigió principalmente hacia varones adultos (con empleo formal) mientras que las beneficiarias del IFE fueron mayormente mujeres y jóvenes (precarizades y encargades principalmente del trabajo de reproducción y cuidados). En Noviembre de 2020 se tomó la decisión de terminar con estos programas, que desaparecen en el Presupuesto 2021. En los hechos el ATP subsidió a las mayores empresas de la Argentina con una monto global de más de 400 mil millones de pesos en los primeros seis meses de vigencia; ellas pudieron reducir sus erogaciones salariales significativamente. Si uno compara estas transferencias con los casi 300 mil millones que fueron derivados a través del IFE, une se pregunta quiénes fueron les privilegiades. Cuando comparamos estos programas con la recaudación proyectada para el ‘impuesto a la grandes fortunas’ (unos 400 mil millones en la última estimación), las dudas se multiplican (o no).[4]

Para cerrar el año, el gobierno nacional avanza con un proyecto de nueva ley de movilidad previsional, para reemplazar la ley actualmente anulada. El proyecto restringe la evolución de las jubilaciones, pensiones y beneficios vinculados a su evolución a una relación en paridad entre el aumento de los salarios y el incremento de la recaudación del ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social), y eliminando -en consecuencia- cualquier ajuste por inflación en los beneficios.[5] Por un lado, las proyecciones indican que la propuesta oficial supondrá para 2021 nuevamente incrementos menores a los establecidos en la ley suspendida (no derogada). Dado que los beneficios previsionales se encuentran en la actualidad muy por debajo de las canasta familiar o aun de la línea de la pobreza, establecer un sistema que perjudique a les beneficiaries (aún si prospectivamente) es cruel; asimismo, las mujeres son quienes en mayor medida cobran las jubilaciones y pensiones mínimas. Por otra parte, incorporar la evolución de los salarios como factor de movilidad en un contexto de elevado desempleo y precariedad laboral, es garantía de proyectar beneficios que no podrán salir del piso en el que hoy se encuentran. Finalmente, vincular la movilidad (en 50%) a la recaudación del ANSES “con el objetivo de recuperar el equilibrio del sistema en función de sus fuentes de financiamiento» se poner en primer lugar la sustentabilidad fiscal y, por lo tanto, los intereses de quienes poseen títulos de deuda pública y de quienes hoy no pagan impuestos como debieran. El proyecto de ley continúa una larga tradición que -con el aval del FMI- se niega a discutir la cuestión de la seguridad social partiendo desde el único punto correcto: los derechos que la misma debe otorgar a las personas, antes que lo que “puede pagarse” con las restricciones fiscales existentes.

La crisis la pagan los de siempre

La orientación general del gobierno desde Diciembre de 2019 no fue radicalmente modificada por la pandemia. Si sobre la crisis transicional la pandemia ameritaba y propiciaba un giro en favor de las mayorías populares, la decisión del gobierno de AF fue avanzar con el programa inicial.[6] Bajo la impronta de la unidad nacional, sobre los efectos de arrastre de la crisis local prolongada, los sectores populares recibieron en la cara el vendaval de la crisis global.

El impacto fue contundente. Los salarios reales caerán nuevamente por tercer año consecutivo. Los salarios en el sector público serán los más golpeados con aumentos nominales menores al 10% con una inflación del 37%; con excepción de las fuerzas de (in)seguridad que fueron premiadas por su papel en mantener el orden social.[7] La tasa de desocupación superará el 13% en promedio, mientras superará ampliamente el 20% para las mujeres y jóvenes. La cara más dura de la crisis se expresa en los datos de la pobreza: más del 40% de la población tiene ingresos insuficientes para alcanzar consumos mínimos y cerca de 4 millones de personas pasan hambre en el país que supuestamente “produce alimentos para 400 millones”.[8] El gobierno señala que sus políticas evitaron que entre 2,7 y 4,6 millones de personas cayeran en la pobreza (ver proyecto de presupuesto 2021, pg. 19); lo que no dice es cuántas están hoy empobrecidas y mal alimentadas por culpa de esas políticas.

La masificación políticas sociales, necesarias pero insuficientes, fue sucedida por un recorte inaudito en el contexto de una crisis que permanece. Los programas creados en reemplazo de los cancelados (Potenciar Trabajo o el futuro programa de urbanización de barrios populares, entre otres) son comparativamente menores (con mucho menos presupuesto y alcance). En lugar de ampliar y consolidar una red de contención social que se apoye en las experiencias organizativas del pueblo en la pandemia, el gobierno prefirió privilegiar los intereses del gran capital financiero, productivo y extractivista en el afán de salir algún día de la crisis transicional. Sin embargo, el sujeto de esa salida (los grandes capitales, la burguesía nacional y transnacional) nunca se presenta a la cita.

El gobierno se pregunta por qué más allá de los beneficios, apoyos y concesiones a los sectores dominantes, la economía apenas se recupera, y si lo hace, lo realiza sobre bases endebles. ¿Será tiempo de que mire hacia el lado del pueblo organizado para construir una salida apoyada en el único sujeto capaz de superar definitivamente esta crisis? Es una pregunta retórica que este gobierno, esa alianza política, no puede responder afirmativamente.

[1] Agradezco a Martín Sotiru sus comentarios a una versión preliminar de este texto. La redacción fue concluida el martes 15 de diciembre de 2020.

[2] Si bien es cierto que una parte menor de les beneficiarixs de mayores ingresos poseen las llamadas “jubilaciones de privilegio”, no se avanzó en políticas para corregir estas situaciones..

[3] La creación de algunos programas como Remediar o Vivir Mejor que entregan remedios de manera gratuita a jubilades y pensionades son un ingreso indirecto importante, que de todas maneras no justifica ni compensa la pérdida mencionada.

[4] Recordemos que la aprobación de este proyecto de ley de “aporte solidario” para atender la urgencia de la pandemia tardó más de 7 meses en ser aprobado en el Congreso. Recién en 2021 será implementado.

[5] Por otra parte, mientras la fórmula propuesta fija “hacia arriba” un techo para los aumentos, nos fija ningún piso. Tampoco atiende el problema de fondo que es el bajo monto de las jubilaciones y pensiones.

[6] El amague con la fracasada propuesta de estatizar la empresa agroexportadora Vicentin y la ‘resolución’ del conflicto por la acupación popular de terrenos en Guernica (con la expulsión de las familias con intimidaciones y represión incluida) marcan algunas de las tensiones en la alianza gobernante. Esas tensiones se han resuelto mayormente en el sentido indicado de ratificar el rumbo conservador.

[7] Recordemos también que el aumento salarial a las fuerzas policiales en la Provincia de Buenos Aires se otorgó luego de un levantamiento de varios días por parte de los oficiales y agentes de esa fuerza de represión. Las fuerzas armadas también recibieron mejoras sustanciales en sus ingresos (en este caso, sin la necesidad de ‘acciones de intimidación’ tan evidentes).

[8] La innovación planteada por la Tarjeta Alimentar (con cerca de 1,5 millones de beneficiarios) continúa siendo insuficiente a la luz de los resultados mencionados.

Presupuesto Nacional 2021: prioridades, proyectos y ajustes

[Este texto salió publicado en Revoluciones.net el día 27 de Noviembre de 2020]

Mariano Féliz*

Luego de un año sin presupuesto aprobado, se votó el presupuesto del Estado nacional para 2021. Allí se señalan las proyecciones macroeconómicas y las decisiones de gasto y recaudación de impuestos. Luego de un año de pandemia y continuidad de la crisis, el gobierno de Alberto Fernández decide priorizar los equilibrios macroeconómicos. La visita del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el ajuste en ciernes.

El presupuesto nacional aprobado hace unos pocos días marca la pauta de lo que serán los próximos pasos del gobierno de Alberto Fernández (AF). De su análisis podemos entender cómo proyecta el gobierno la orientación de la macroeconomía y que propone el gobierno hacer para orientar el proceso de desarrollo en un marco capitalista dependiente.

¿Cómo será la recuperación económica en 2021? Los presupuestos del presupuesto

Lo primero que podemos ver es que el gobierno asume que la economía se recuperará desde el punto bajo que alcanzó en 2020. Luego de 3 años seguidos de caída de la producción general de riqueza (medida por el producto bruto interno, PIB) y de una década de estancamiento e inestabilidad (2010-2020), el ministro de Economía Martín Guzmán (MG) proyecta un crecimiento económico de 5,5% para 2021 (pg. 40 del proyecto de presupuesto). Este crecimiento se produciría después de una caída acumulada de 22% desde mitad de 2017. No parece una recuperación muy robusta. Pondría a la economía por debajo de los valores de 2009. Para colmo, la proyección es que tal crecimiento estará sostenido en un importante aumento del empleo precarizado. Según el Ministro de Desarrollo Social está proyectando para los próximos años, junto con una serie de movimiento sociales y sindicatos, un programa de creación de más de 4 millones de puestos de trabajo en la economía popular y unos 240 mil empleos formales.

En cualquier caso, ¿cuál será el motor de ese crecimiento económico? En principio, el gobierno proyecta un crecimiento sostenido en el aumento de la inversión privada cercano al 18% anual en 2021. Sin embargo, no está claro qué impulsará esa inversión en el contexto de una crisis global, de una reducción en el saldo comercial, un aumento muy reducido del gasto de consumo privado y público, y una reducción importante en el déficit fiscal. Más allá del discurso, la proyección gubernamental es que el consumo privado aumentará apenas un 5,5% (en línea con el PIB) y las exportaciones tan sólo 10,2%. Nada indica que la recuperación de 2021 sea importante.

Los acreedores y el ajuste fiscal

Sobre esas estimaciones el gobierno de Alberto Fernández proyecta un aumento del gasto público por debajo de la inflación (estimada en 30% anual, algo menor a la inflación de 2020; queda por verse si la inflación será efectivamente tan baja), o lo que es lo mismo, propone una reducción en la capacidad de compra del gasto público. El gasto público total del Estado nacional primario (antes de pagar la deuda pública) bajará 3,3% en relación con el PIB.

Por un lado, se proyecta una leve reducción en el pago de intereses por la deuda pública. Esta leve reducción (de 2% a 1,5% en relación al PIB) es el resultado de la renegociación de la deuda con el capital financiero internacional. Sin embargo, cabe recordar que esta reducción es sólo circunstancial y contingente. Circunstancial pues la renegociación significó una postergación de los pagos hacia el futuro próximo; en la segunda mitad de esta década comenzarán a aumentar nuevamente los pagos de una deuda odiosa que persiste. Contingente pues el peso de los pagos dependerá de que el gobierno pueda controlar y contener el precio del dólar, algo que de ninguna manera está garantizado.

Los equilibrios del FMI y el botín del ANSES

Por otra parte, la reducción en el gasto público se concentra en la reducción de los gastos de la seguridad social (ANSES). El gobierno ya decidió eliminar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y busca limitar el aumento en las jubilaciones, pensiones y planes sociales. Lo primero que se aprecia es que el gasto del ANSES se reducirá de 9,6% a 9% del PBI entre 2020 y 2021. A pesar del enorme deterioro en las condiciones de vida de la población, a pesar de salarios que mayormente no superan la canasta familiar, de desarticulación de los servicios públicos gratuitos esenciales y de condiciones de trabajo de elevadísima precariedad, el gobierno proyecta contener el gasto social. Los bonos y programas anunciados para finales de 2020 son en muchos casos excepcionales (sólo se entregan en diciembre) y en otros casos relativamente poco abarcativos (el Potenciar Trabajo se ampliaría en 300 mil beneficiarios, cuando el IFE alcanzaba a más de 9 millones de personas de manera directa); en total, se estima que esos bonos representan ⅓ de lo que significó una cuota del IFE (según el presupuesto -pg. 106-, la Función Promoción y Asistencia Social aumentará sólo 18,3% en 2021, bien por debajo de la inflación). El sistema de seguridad social se ha convertido en el botín en disputa pues supone una redistribución masiva de recursos desde el capital hacia el conjunto de la clase trabajadora. Los recursos redistribuidos equivalen a 10 veces el proyectado (y resistido) impuesto a las grandes fortunas. Ese es uno de los ejes de la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y por eso el gobierno está tan preocupado por aprobar de manera urgente una nueva ley de movilidad previsional que contenga el pago de jubilaciones y pensiones (y les mantenga en la pobreza), en lugar de discutir cómo pagar beneficios dignos.

Sin deuda, sin emisión y poca voluntad de recaudar entre quienes están ganando con la crisis: el torniquete del ajuste fiscal

En lugar de ampliar la base del derecho al ingreso (avanzando el debate sobre el ingreso básico universal) el gobierno ha decidido priorizar los equilibrios macroeconómicos básicos partiendo de dos supuestos esenciales: que no puede emitir más dinero para financiar el gasto público pero que tampoco se puede seguir endeudando.

La renegociación de la deuda no ha permitido al gobierno recuperar aún el crédito internacional. A pesar de haber aceptado un acuerdo sin una quita en el monto adeudado, el capital financiero internacional ve al gobierno argentino pidiendo plata “y llora”. Por otro lado, la decisión de frenar la emisión monetaria para financiar el gasto público ha sido una decisión errada influida por la incapacidad del gobierno de controlar el valor del dólar. La presión sobre el dólar es en realidad una presión indirecta del capital para frenar la monetización del gasto público, o siendo más precisos, es una presión para reducir la parte del gasto que es dirigida a las clases populares. Cada dos meses el Banco Central emite para pagar los intereses que cobran los bancos por las LELIQ y otros instrumentos financieros un monto equivalente a lo que pretende recaudar por el llamado Impuesto a las Grandes Fortunas (300 mil millones de pesos, si es que se aprueba, y sí y cuándo se cobre); al mismo tiempo el gobierno ha decidido suspender por lo que resta del año la emisión monetaria para financiar el resto del gasto público (por eso, no habrá un nueva cuota del IFE). Mientras tanto, las mineras, los bancos y las petroleras, las empresas eléctricas y las empresas que operan online (desde Mercado Pago a Facebook), las agroexportadoras y los pooles de siembra siguen mirando desde lejos el sistema tributario: tendrán en 2021 exenciones impositivas (llamado “gasto tributario por regímenes de promoción económica”; pg. 75 del proyecto de presupuesto) por al menos 260 mil millones de pesos (y que aumentará 53% en comparación con 2020, bien por encima de la inflación). Nada dice el gobierno de buscar ahí, entre quienes hacen ganancias extraordinarias del extractivismo y la pandemia, los recursos que se necesitan para pagar buenos salarios a las y los trabajadorxs esenciales en el Estado (personal de salud y educación, para empezar), o pagar jubilaciones y pensiones dignas (en vez de encorcetarlas para lograr un acuerdo amistoso con el FMI).

Salarios y gasto público: ¿qué es esencial… y qué no?

Por último, el presupuesto proyecta la continuidad de una política de contención de la masa salarial en el Estado y el gasto en servicios sociales. Esto significa que se ha tomado la decisión de consolidar hacia el futuro inmediato la profunda caída salarial en el sector público nacional (y de ahí, en cascada hacia el resto de los niveles del Estado). Entre fines de 2016 y mediados de 2020 el poder de compra de los salarios en el sector público nacional ha caído un 19% en promedio, según datos del INDEC. Sin embargo, en 2020 no todes les trabajadorxs del sector público perdieron: las fuerzas de seguridad lograron una significativa recuperación salarial. Interesante dato a la hora de preguntarse qué trabajadorxs son esenciales. Por otra parte, el gasto en servicios sociales (que va desde salud y vivienda hasta seguridad social y ciencia y técnica) aumentará de conjunto sólo 18% en 2021 (ver página 108 del proyecto del Presupuesto Nacional), bien por debajo de la inflación estimada. Esto significa, que se espera un ajuste de casi 9% en términos reales. Al mismo tiempo, podemos observar que el nuevo Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGD) recibirá 6200 millones de pesos, mucho más que en 2020, pero aún así equivalente al 1,1% de lo que se dedicará al pago de los intereses de la deuda pública renegociada; la Jefatura de Gabinete de Ministros tendrá un presupuesto 3 veces y media mayor al del MMGD. Por su parte, los ‘servicios económicos’ destinados a obras de infraestructura ligadas mayormente a los intereses del gran capital, aumentarán en 2021 un 40,1% (página 117 del mismo proyecto), o un 8,6% en términos reales. Si se aprueba el Impuesto a las grandes fortunas, ¼ de lo recaudado se destinará también al proyecto extractivista en Vaca Muerta. 

El presupuesto marca un camino

El presupuesto aprobado da cuenta de la orientación que está tomando el gobierno de AF luego de que la primera fase de la pandemia parece estar cediendo. Más allá de una retórica que se pretende nacional y popular, en sus acciones el gobierno se encamina a configurar un programa económico que consolida las conclusiones de una crisis que ya dura una década. Consolida un programa de ajuste fiscal que garantice el pago de la deuda pública renegociada pero revalidada a pesar de estar plagada de irregularidades y de su ilegitimidad. Encorceta los salarios de les trabajadores del Estado y las transferencias a les beneficiarios de las seguridad social dentro de los equilibrios necesarios para garantizar la sustentabilidad de esa deuda. Pone así en un riesgo aún mayor la sustentabilidad de nuestras vidas, de la misma manera que propone hacerlo al apuntalar proyectos de inversión que consolidan el saqueo extractivista de nuestros bienes comunes. No es más que la ‘hoja de ruta’ reclamada por la Directora Gerente del FMI. Sobre esa hoja de ruta se pavimenta una nueva espiral de la dependencia

* Nota concluida el 25 de noviembre de 2020. El autor es economista, investigador del CONICET y profesor de la UNLP. Es fellow del International Research Group on Authoritarianism and Counter-Strategies (IRGAC) de la Fundación Rosa Luxemburgo (Berlín). Además, forma parte de la colectiva Al Borde (construyendo pensamiento indisciplinado) y es activista de la Colectiva en Movimiento por una Universidad Nuestramericana (COMUNA) del FPDS-CP en el Movimiento de los Pueblos. marianfeliz@gmail.com  / http//:marianfeliz.wordpress.com

Esto (no) es un ajuste

[Publicado en ContrahegemoníaWeb, el 17 de Noviembre de 2020]

Se aprobó el presupuesto del Estado nacional para 2021 con una reducción del gasto público de 12% en términos reales en comparación con 2020 y cae el gasto del ANSES algo más de medio punto en relación al producto interno bruto (PIB). Se renegoció la deuda pública odiosa y los acreedores no perdieron nada de su capital. El gobierno propone una nueva reforma del sistema previsional que limita los aumentos de beneficios (jubilaciones, pensiones, planes sociales) a la sustentabilidad fiscal, garantizando que les beneficiaries permanezcan en la pobreza. Entra al recinto de Diputados el proyecto para establecer el llamado tal vez demasiado pomposamente “Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la Pandemia”, que sólo pagarán unas 10 mil personas residentes (pero no las grandes empresas y extranjeros ricos como Lewis) y que se destinará en una gran magnitud a subsidiar la explotación del fracking en Vaca Muerta. Llegó la misión del FMI y comienza a negociar un acuerdo de facilidades extendidas con reformas estructurales incluidas. Pero esto no es un ajuste.

El proyecto de presupuesto nacional aprobado esta semana plantea una reducción del déficit fiscal para 2021 en torno a 4% del PIB en comparación con 2020. El gasto público total bajará al menos un 12% en términos reales (si la inflación se mantiene dentro del 29% que estima el gobierno para todo 2021). Una parte importante de esa reducción provendrá de la eliminación del IFE, el fin del ATP y la continuidad del ajuste en los salarios de les trabajadorxs del Estado. Es cierto que baja un poco el pago de intereses por la deuda pública: pasa de 2% del PIB en 2020 a 1,5% en 2021. Pero esa reducción sólo explica una mínima porción de la caída en el gasto y el déficit. El presupuesto del ANSES cae un 7% en relación al PIB (de 9,6% a 9%). En el peor momento de la crisis y la pandemia, el gobierno nacional recorta las transferencias a los sectores populares.

Los argumentos oficiales sobre la propuesta de reforma en la fórmula de ajuste previsional son por lo menos inverosímiles. Circulan comparaciones sobre qué hubiera ocurrido si la fórmula propuesta se hubiera establecido en 2007. O, qué hubiera pasado si se hubiera utilizado la fórmula vigente entre 2018 y 2019. A menos que tengan una máquina del tiempo, ¿qué importa? La pregunta fundamental es otra. La fórmula vigente -hoy suspendida- permitiría mejorar los beneficios en 2021, y los mejoraría más que la fórmula propuesta por el gobierno. El cambio de fórmula propuesto es un ajuste en el corto plazo; eso no es mentira. El resto es pura especulación sobre un futuro que seguramente no será como nuestro pasado reciente (sino probablemente peor, si la crisis mundial continúa como se espera).

Lo dicho no obsta que ambas fórmulas son malas: ninguna pone en el centro el debate sobre cuánto deberían cobrar les beneficiaries de la seguridad social, ni cómo se financiaría. Ni siquiera se plantean recuperar lo perdido este año, o en los últimos años. El debate entre los Partidos del Orden (FdT, JxC y sus aliades) gira en torno a pagar jubilaciones, pensiones y otros beneficios que sólo garantizan que sus beneficiaries permanecerán por debajo de la canasta familiar, crezcan o no crezcan la economía, los salarios o la recaudación impositiva.

El proyecto de ley para establecer un impuesto extraordinario (por única vez) a les riques entra en etapa de definiciones. Un puñado de multimillonarios residentes argentines con activos registrados a su nombre pagarían unos 300 mil millones de pesos (aproximadamente 1% del PIB) en algún momento de 2021. El Banco Central les paga a los bancos ese monto cada dos meses en concepto de intereses de LELIQs y otros instrumentos. Claro, los bancos y las petroleras, las eléctricas y las empresas que operan en redes sociales, las mineras y los grandes exportadores de soja no pagarán un centavo más para hacer su aporte extraordinario y “solidario”, a pesar de los millones y millones que han cosechado durante este año pandémico y los anteriores de crisis. Tampoco lo harán, por ejemplo, el amigo del expresidente Joe Lewis (que parece tener amigos en este gobierno también), pues el proyecto de ley solo incluye a los residentes nacionales. Para colmo, un 25% de la recaudación irá destinada a seguir subsidiando a las petroleras y fortalecer el proyecto extractivista mientras el gobierno ya planea una “corrección” (hacia arriba, por supuesto) en las tarifas energéticas al consumo.

El Ministerio de Desarrollo Social promete para Diciembre -que siempre es un mes caliente- algunas compensaciones para los sectores más empobrecidos. Pero, lógicamente, no compensa lo que pierden con la decisión de no otorgar un nuevo IFE. Más de 8 millones de personas cobraron esa transferencia en alguna de sus 3 cuotas a lo largo de estos largos ochos meses desde el inicio de la cuarentena; los nuevos programas seran recibidos por no más de 2 millones de personas.

De una política amplia y general (aunque insuficiente) el gobierno ha decidido retomar el camino de las políticas focalizadas y condicionadas. En lugar de avanzar en la ampliación de los derechos, la decisión ha sido recortarlos. Según el gobierno, la renegociación de la deuda pública permitiría ampliar los recursos disponibles para la asignación universal, pagar más IFEs y ampliar varias veces el presupuesto en salud. Ahora parece que no alcanzará porque “hay equilibrios muy delicados que mantener” dijo el ministro Guzmán. Pero claro, esto (no) es un ajuste.

Mariano Féliz

16/11/2020

Señales: El gobierno de Alberto Fernández pone en marcha una nueva espiral de la dependencia

[La versión original de este artículo fue publicada en Zur.uy el 27 de Octubre de 2020. Ese texto fue ampliado y actualizado a pedido de la compañerada de el colectivo Herramienta. Salió publicado en HerramientaWeb, 32, el 11 de Noviembre de 2020. Agradezco la lectura atenta de Melina Deledicque.]

Mariano Féliz*

3 de Noviembre 2020

En las últimas semanas el gobierno argentino ha comenzado a dar señales y lineamientos de lo que considera su horizonte estratégico, en lo económico y en lo político. Cuando el discurso pandémico ya no cierra y la renegociación de la deuda con los grandes especuladores globales ha concluido, empieza a trazar el camino hacia una nueva espiral de la dependencia donde las respuestas a las demandas populares se seguirán haciendo esperar.

La crisis pandémica hundió a la economía argentina un escalón más abajo del que ya se encontraba. El primer semestre 2020 el producto bruto interno (PBI) cayó un 12,5% en relación a 2019; desde comienzos de 2018, se ha reducido 18,8%. De esta forma, se corona una década de contracción e inestabilidad. Los números muestran la insuficiencia de las políticas de Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP): casi 40,9% de la población cayó por debajo de la línea de la pobreza en la primera mitad del 2020; 56,3% de les niñes menores a 15 años! Les uniques que ganaron con la crisis son las grandes corporaciones capitalistas transnacionales y en especial los bancos y el sistema financiero, que nunca pierden: los bancos cobran del Banco Central de la República Argentina (BCRA) 4772 millones de pesos cada 24 horas en concepto de intereses por las LELIQ y otros instrumentos. Luego no hay recursos para atender las demandas urgentes de tierra para vivir y trabajar, pero en el primer semestre de 2020 el Estado nacional gastó para pagar los intereses de la deuda pública casi el doble de lo que invirtió en Salud. Las prioridades concretas del gobierno son señales de a dónde quiere ir y cómo quiere llegar.

Luego del acuerdo, ¿el ajuste?

El acuerdo con los grandes capitales especulativos privados (BlackRock, PIMCO y compañía) debía sacar un lastre para la recuperación de la actividad económica. El arreglo fue (casi) sin quita de capital (¡no sea cosa de violentar “su” derecho a la propiedad!), reducción de los intereses y postergación de pagos. Desactivaron una bomba en lo inmediato pero que estallará en medio del próximo gobierno, o el siguiente.

El acuerdo debía invitar a estos acreedores “a los que les interesa el país” (y, aparentemente, no sus negocios) a sumarse a la nueva epopeya nacional desarrollista. Pues no. En medio de las profundidades de la crisis, el saldo del comercio exterior es excepcional (las exportaciones superaron a las importaciones en más de 11562 millones de dólares en los últimos 9 meses), y aun así continúa el drenaje de divisas del Banco Central. La lluvia de inversiones persiste en realidad como una fuga multimillonaria. Tampoco alcanza con la reducción en las retenciones a la exportaciones de soja, que no parece estar induciendo al gran capital exportador a liquidar las divisas que han recibido. “Endulzando al capital” (para usar la neolengua de las altas finanzas) el gobierno no parece estar haciendo lo suficiente como para atraer las inversiones productivas de la misma forma que el ajuste del macrismo nunca nos permitió ver la luz al final del túnel.

La debacle es tal que la presión devaluatoria (no sólo del peso, sino de nuestros salarios y condiciones de vida) persiste. Recientemente el Ministerio de Economía anunció nuevas medidas para cambiar las expectativas de los inversores, incluyendo entre ellas la emisión de nueva deuda. El ya famoso “bono PIMCO” por el equivalente a 750 millones de dólares, será la puerta de salida de ese gran fondo de inversión que se había quedado atascado en la economía nacional con inversiones especulativas en pesos luego de haber apoyado multimillonaria y fallidamente al gobierno del ex-presidente Mauricio Macri. Friends will be friends, o amigos son los amigos (en la versión Nac&Pop). Ayudar a quienes especulan con el destino de nuestro país parece ser una “política de Estado”, parte del acuerdo tácito entre las fuerzas políticas de los partidos del orden.

Ahora, parece que hay que esperar las palabras del Fondo (Monetario Internacional, FMI). Decían que había cambiado, que ahora se había olvidado de sus malas recetas. En Ecuador, en 2019, propuso el mismo paquete de siempre (y el Pueblo salió a las calles para enfrentar el ajuste), pero acá, aparentemente, vendrá con otras ideas… Mientras tanto, ya hay conversaciones para que el dinero remanente del viejo acuerdo (unos 5 mil millones de dólares) sea desembolsado al fin y al cabo, luego de que el gobierno lo negara tres veces. Las condiciones para ese desembolso no están aún sobre la mesa. Habrá que esperar a la próxima visita de les funcionaries del FMI para tener los detalles de un acuerdo que según el Ministro de Economía Martín Guzmán (MG) deberá pasar por el Congreso para ser validado “frente a la sociedad”. Otra vez las “políticas de Estado”, el pacto social que Cristina Fernández de Kirchner (CFK) pidió recientemente buscar.

Algo que sí sabemos, es que Kristalina Georgieva, la nueva Directora Gerente del FMI, aclaró que está esperando que el gobierno argentino presente un programa consistente (“una hoja de ruta”), pero que no se necesitarán “más ajustes”. Lo cual nos plantea una pregunta: ¿el ajuste ya comenzó?

En estos momentos, el proyecto de presupuesto 2021 se está debatiendo en el Congreso Nacional. Ese proyecto ya presenta un recorte en el gasto total del Estado nacional que caerá 4 puntos porcentuales en relación al PBI. En el mismo camino, el gobierno acaba de anunciar que hasta fin de año no pedirá financiamiento del Banco Central. Sólo se endeudará con el capital financiero internacional (incluido el FMI) que parece haber construido buenos lazos con el actual gobierno.

A finales de 2020 continúa el camino del ajuste paso a paso. La decisión de eliminar el IFE y el ATP ya es un hecho, a pesar de que estos instrumentos fueron claves (aunque insuficientes) durante la crisis en 2020. También, se ha decidido reducir los subsidios a la energía y, por lo tanto, aumentar las tarifas congeladas durante este año. A la vez, la proyección es que la masa salarial en el sector público nacional aumentará apenas por encima de la inflación proyectada: luego de una caída acumulada de 30% en los últimos años (9% de reducción en 2020) en los salarios reales, la proyección no es auspiciosa; nadie en el gobierno parece preocuparse por las expectativas populares. Desde inicios de 2018, les trabajadorxs asalariades y no asalariades en todo el país perdieron ingresos equivalentes a no menos de 4 puntos porcentuales en relación al PBI. Sumemos a esto lo que han perdido jubilades y pensionades, y los programas sociales que siguen su evolución. La nueva ley de actualización de las jubilaciones y pensiones (que se votaría en breve) promete sostener el status quo: jubilaciones empobrecedoras restringidas por la sostenibilidad fiscal. El resto del aparato estatal permanece en letargo: el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (si tal cosa es posible, considerando la apuesta a profundizar el modelo extractivo) y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación continúan haciendo la plancha sin políticas reales que atiendan las demandas más urgentes expresadas en conflictos emergentes frente a las violencias hacia las mujeres, la crisis en el sistema de Ciencia y Tecnología, y los incendios intencionales en todo el país. La última pincelada para este cuadro: el gobierno nacional acordó -con la Confederación General del Trabajo, una parte de la Central de Trabajadores de la Argentina y el sector empresarial- un aumento en el salario mínimo vital y móvil (SMVM) que no sólo no recupera lo perdido en la última etapa de la crisis, sino que lo deja por debajo de la línea de la pobreza. “El sueldo digno es aquel que estemos en condiciones de pagar y de sostener” acaba de señalar el Ministro de Trabajo Claudio Moroni, en rol de patrón más que de funcionario. Con razón el FMI dice que no hay que hacer “más ajuste”.

En este contexto, el gobierno de Alberto Fernández (AF) comienza a mostrar sus cartas. El ajuste se consolida. Se reducen las transferencias a los sectores más empobrecidos y se establecen nuevas pautas distributivas regresivas (SMVM, nueva pauta de actualización jubilatoria, paritarias por debajo de la inflación), mientras el impuesto extraordinario a las grandes fortunas -la única propuesta fiscal medianamente progresiva- duerme plácidamente en algún cajón o (en estos tiempos) alguna carpeta digital.

El nuevo modelo es el viejo modelo

El gobierno apuesta a la mejora en los precios internacionales de los productos de exportación y concentra recursos en el extractivismo. Si bien las exportaciones totales están por el subsuelo (cayeron un 6,1% en el primer semestre de 2020 en comparación con igual período de 2019), hay indicios de alguna recuperación en los precios que podría mejorar el balance cambiario a mediano plazo (los precios de los productos primarios de exportación cayeron sólo 1,6% en términos anuales en el 2do trimestre de 2020). Si no se pierden por fuga, esos dólares podrán relajar un poco la ya famosa restricción externa que bloquea los procesos de crecimiento dependiente en Argentina, como reconoce el Ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas (MK).

Según Kulfas la cuestión, parece, no tiene que ver tanto con apuntalar la economía popular (como suponen algunxs aliades del gobierno de AF), sino crear los incentivos adecuados para que el empresario nacional pueda impulsar el desarrollo, ya que “los empresarios han hecho lo que las políticas públicas le han dejado o le han estimulado a hacer”. Sigue buscando bajo las piedras a la burguesía nacional que nunca parece estar a la altura de las expectativas de los proyectos desarrollistas (¿La terrateniente Dolores Etchevehere será parte de esa burguesía progresiva que tanto anhelan?¿O Hugo Sigman, empresario del agronegocio y la industria farmacéutica que espera hacer grandes negocios con la vacuna contra el COVID-19?). 

Tal vez por ello se entiende la defensa cerrada que hace el gobierno de la propiedad privada de la tierra y los medios de producción, como cualquier economista liberal defendería ese ‘derecho inalienable’ frente a cualquier otro derecho. Así, no resulta tan paradójico que el gobierno reniegue de la raíz popular que declama, y deje a quienes reclaman por tierra para vivir y producir sin respuestas frente a las necesidades. Claro: sin otras respuestas que no sean la represión como en Guernica en la provincia de Buenos Aires o en Fiske Menuco en Río Negro, la criminalización de las protestas o las políticas que sólo reproducen la precariedad de las vidas (el ofrecimiento del gobierno bonaerense de algunos miles de pesos a las familias que necesitan tierra para vivir no es más que eso). Los intentos de desplazar, desarticular o reprimir nunca son soluciones al conflicto por la reproducción de la vida.

Para no perder el tiempo, el MK presentó un documento que sintetiza su proyecto de desarrollo productivo “pospandemia” y cuenta con el aval de les mismes que firmaron el acta para (no)recuperar el SMVM. El proyecto busca profundizar el extractivismo en todo el territorio nacional como base para el proyecto de recuperación productiva. El primer objetivo del proyecto lo dice claro: “Necesitamos exportar más”. En torno a este punto se articulará el resto de la estrategia de desarrollo capitalista dependiente. El proyecto de la producción de cerdos para la exportación a China (cuyas empresas ya avanzan con acuerdos locales en Chaco y Córdoba), el plan Gas 4.0 en Vaca Muerta (que sólo funciona con multimillonarios subsidios a las trasnacionales) y los proyectos de extracción de litio, entre otros, son parte de la “hoja de ruta” para superar la restricción externa a toda costa, y permanecer en el sistema de la deuda pagando la deuda odiosa. No muy distinto del combo del Plan Estratégico Industrial 2020 y el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2020 del último gobierno de CFK. ¿Volvieron mejores? Seguro que no son muy diferentes.

Táctica y estrategia

La crisis transicional parece no tener fin en Argentina. Una década de estancamiento, alta inflación e inestabilidad han dejado a un pueblo trabajador fracturado y exhausto. ¿Podemos empezar a hablar de una nueva década perdida? ¿Será tiempo de retomar la crítica radical a un sistema social a todas luces incapaz de ser reformado, como nos sugiere Miguel Mazzeo?

El capitalismo en crisis civilizatoria tiene a nuestras vidas y nuestra subjetividad como la última frontera a conquistar. Es momento de que vayamos por todo y dejemos de pedir permiso para ser incluides en un régimen que solo expulsa.

Los figurones del capital saben bien lo que está en juego y no tienen miedo de pararse de manos y jugar siempre como si fuera el último partido; porque lo es. El sistema está herido de muerte y saben que disputan un nuevo reparto del mundo, una nueva puesta en marcha del metabolismo social del capital donde -esperan- nuestras libertades, deseos, luchas y derechos ya no serán un problema para sus intereses. Las nuevas derechas, la confiscación de la democracia popular, los neofascismos, son las expresiones de este avance.

Frente a la prolongación de la crisis, las organizaciones populares en lucha ponen con claridad en el centro la reproducción de la vida. Por ello las exigencias inmediatas (más aún en la pandemia) son por tierra para vivir, trabajar y producir alimentos, por salarios dignos y condiciones de trabajo, contra las violencias y los femicidios, y contra los incendios intencionales y el ecocidio en marcha. Esas luchas ponen en cuestión la base material de la reproducción del capital: el saqueo (pues, no sólo explotación sino superexplotación y destrucción) de nuestros cuerpos y la naturaleza. Estas luchas por la vida misma nos obligan a enfrentar al capital en su conjunto y en sus diferentes formas y estrategias: no hay capitales buenos ni progres.

La resistencia continúa, por cierto, pese a las dificultades. La pandemia y la crisis civilizatoria nos ha obligado a todes a ponernos creatives. Progresivamente vamos recuperando las calles como terreno privilegiado de las batallas por el cambio social. Luchar contra el saqueo cotidiano como táctica, prefigurar la revolución en nuestras prácticas como estrategia.

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* Economista. Investigador del CONICET. Profesor de la UNLP. Fellow del International Research Group on Authoritarianism and Counter-Strategies (IRGAC) de la Fundación Rosa Luxemburgo (Berlín). Parte de la colectiva Al Borde (construyendo pensamiento indisciplinado). Activista de la Colectiva en Movimiento por una Universidad Nuestramericana (COMUNA) del FPDS-CN en el Movimiento de los Pueblos. marianfeliz@gmail.com / http//:marianfeliz.wordpress.com

Les hablan con el corazón…les responden con el bolsillo

Les hablan con el corazón…les responden con el bolsillo

Mariano Féliz, 23/10/2020

[Este texto fue escrito para ser publicado en Zur.uy. Apareció el 27/10/2020]

En las últimas semanas el gobierno argentino ha comenzado a dar señales y lineamientos de lo que considera su horizonte estratégico. Cuando el discurso pandémico ya no cierra y la renegociación de la deuda con los grandes especuladores globales ha concluido, empieza a trazar el camino hacia un nuevo espiral de la dependencia. 

La crisis pandémica hundió a la economía argentina un escalón más abajo del que ya se encontraba. El primer semestre 2020 el producto bruto interno (PBI) cayó un 12,5% en relación a 2019; desde comienzos de 2018, se ha reducido 18,8%. De esta forma, se corona una década de contracción e inestabilidad. Los números muestran la insuficiencia de las políticas de Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP): casi 40,9% de la población cayó por debajo de la línea de la pobreza en la primera mitad del 2020; 56,3% de les niñes menores a 15 años!

Luego del acuerdo, ¿el ajuste?

El acuerdo con los grandes capitales especulativos privados (BlackRock, PIMCO y compañía) debía sacar un lastre para la recuperación de la actividad económica. El arreglo fue (casi) sin quita de capital (¡no sea cosa de violentar “su” derecho a la propiedad!), reducción de los intereses y postergación de pagos. El mismo debía invitar a estos acreedores “a los que les interesa el país” (y, aparentemente, no sus negocios) a sumarse a la nueva epopeya nacional desarrollista.

Pues no. En medio de las profundidades de la crisis, el saldo del comercio exterior es excepcional: las exportaciones superaron a las importaciones en más de 11562 millones de dólares en los últimos 9 meses. Y, sin embargo, continúa el drenaje de divisas del Banco Central. La lluvia de inversiones continúa siendo en realidad una fuga multimillonaria. La debacle es tal que recientemente el Ministerio de Economía anunció nuevas medidas para cambiar las expectativas de los inversores; incluyó en ellas las emisión de nueva deuda, el ya famoso “bono PIMCO”, pues será la puerta de salida de ese gran fondo de inversión que se había quedado atascado en la economía con inversiones en pesos luego de haber apoyado multimillonaria y fallidamente al gobierno del ex-presidente Mauricio Macri. Friends will be friends, o amigos son los amigos (en la versión Nac&Pop).

Ahora hay que esperar las palabras del Fondo (Monetario Internacional, FMI). Decían que había cambiado, que ahora se había olvidado de sus malas recetas. En Ecuador, en 2019, propuso el mismo paquete de siempre (y el Pueblo salió a las calles para enfrentar el ajuste), pero acá, supuestamente, vendrá con otras ideas… Hace unos días una nueva misión de funcionaries del FMI nos visitó; poco es lo que trascendió tras esta visita. Sí sabemos que Kristalina Georgieva, la nueva Directora Gerente del FMI, aclaró que está esperando que el gobierno argentino presente un programa consistente (“una hoja de ruta”), pero que no se necesitarán “más ajustes”. Lo cual nos plantea una pregunta: ¿el ajuste ya comenzó?

En estos momentos, el proyecto de presupuesto 2021 se está debatiendo en el Congreso Nacional. Ese proyecto ya presenta un recorte en el gasto total del Estado nacional que caerá al 4 puntos porcentuales en relación al PBI. La decisión de eliminar el IFE y el ATP ya es un hecho, a pesar de que estos instrumentos fueron claves (aunque insuficientes) durante la crisis en 2020. También, se ha decidido reducir los subsidios a la energía y, por lo tanto, aumentar las tarifas congeladas durante este año. A la vez, la proyección es que la masa salarial en el sector público nacional aumentará apenas por encima de la inflación proyectada: luego de un caída acumulada de 30% en los últimos años (15% de reducción en 2020) en los salarios reales, la proyección no es auspiciosa; nadie en el gobierno parece preocuparse por las expectativas populares. Desde inicios de 2018, les trabajadorxs asalariades y no asalariades en todo el país perdieron ingresos equivalente a no menos de 4 puntos porcentuales en relación al PBI. Sumemos a esto lo que han perdido jubilades y pensionades, y los programas sociales que siguen su evolución. La nueva ley de actualización de las jubilaciones y pensiones (que se votaría en breve) promete sostener el status quo: jubilaciones empobrecedoras restringidas por la sostenibilidad fiscal. El resto del aparato estatal permanece en letargo: el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (si tal cosa es posible, considerando la apuesta a profundizar el modelo extractivo) y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación continúan haciendo la plancha sin políticas reales que atiendan las demandas más urgentes expresadas en conflictos emergentes frente las violencias hacia las mujeres, la crisis en el sistema de Ciencia y Tecnología, y los incendios intencionales en todo el país. La última pincelada para este cuadro: el gobierno nacional acordó -con la Confederación General del Trabajo, una parte de la Central de Trabajadores de la Argentina y el sector empresarial- un aumento en el salario mínimo vital y móvil (SMVM) que no sólo no recupera lo perdido en la última etapa de la crisis, sino que lo deja por debajo de la línea de la pobreza. Con razón el FMI dice que no hay que hacer “más ajuste”.

En este contexto, el gobierno de Alberto Fernández (AF) comienza a mostrar sus cartas. El ajuste se consolida. Se reducen las transferencias a los sectores más empobrecidos y se establecen nuevas pautas distributivas regresivas (SMVM, nueva pauta de actualización jubilatoria, paritarias por debajo de la inflación), mientras el impuesto extraordinario a las grandes fortunas -la única propuesta fiscal medianamente progresiva- duerme plácidamente en algún cajón o (en estos tiempos) alguna carpeta digital.

El nuevo modelo, que es el viejo modelo

El gobierno apuesta a la mejora en los precios internacionales de los productos de exportación y concentra recursos en el extractivismo. Si bien las exportaciones totales están por el subsuelo, hay indicios de alguna recuperación en los precios que podría mejorar el balance cambiario a mediano plazo. Si no se pierden por fuga, esos dólares podrán relajar un poco la ya famosa restricción externa que bloquea los procesos de crecimiento dependiente en Argentina, como reconoce el Ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas (MK).

Según Kulfas la cuestión, parece, no tiene que ver tanto con apuntalar la economía popular (como suponen algunxs aliades del gobierno de AF), sino crear los incentivos adecuados para que el empresario nacional pueda impulsar el desarrollo, ya que “los empresarios han hecho lo que las políticas públicas le han dejado o le han estimulado a hacer”. Sigue buscando bajo las piedras a la burguesía nacional que nunca parece estar a la altura de las expectativas de los proyectos desarrollistas (¿La terrateniente Dolores Etchevehere será parte de esa burguesía progresiva que tanto anhelan?¿O Hugo Sigman, el empresario farmacéutico que espera hacer grandes negocios con la vacuna contra el COVID-19?).

Tal vez por ello se entiende la defensa cerrada que hace el gobierno de la propiedad privada de la tierra y los medios de producción, como cualquier economista liberal defendería ese ‘derecho inalienable’ frente a cualquier otro derecho. Así, no resulta tan paradójico que el gobierno reniegue de la raíz popular que declama, y deje a quienes reclaman por tierra para vivir y producir sin respuestas frente a las necesidades. Claro: sin otras respuestas que no sean la represión, la criminalización o las políticas que sólo reproducen la precariedad de las vidas.

Para no perder el tiempo, el MK presentó un documento que sintetiza su proyecto de desarrollo productivo “pospandemia” y cuenta con el aval de les mismes que firmaron el acta para (no)recuperar el SMVM. El proyecto busca profundizar el extractivismo en todo el territorio nacional como base para el proyecto de recuperación productiva. El primer objetivo del proyecto lo dice claro: “Necesitamos exportar más”. En torno a este punto se articulará el resto de la estrategia de desarrollo capitalista dependiente. El proyecto de la producción de cerdos para la exportación a China, el plan Gas 4.0 en Vaca Muerta y los proyectos de extracción de litio, entre otros, son parte de la “hoja de ruta” para superar la restricción externa a toda costa, y pagar la deuda odiosa. No muy distinto del combo del Plan Estratégico Industrial 2020 y Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2020 del último gobierno de Cristina Fernández. ¿Volvieron mejores? Seguro que no muy diferentes.

Táctica y estrategia

La crisis transicional parece no tener fin en Argentina. Una década de estancamiento, alta inflación e inestabilidad han dejado a un pueblo trabajador fracturado y exhausto. La resistencia continúa, por cierto, a pesar de todo. La pandemia y la crisis civilizatoria nos obligó a todes a ponernxs creatives. Frente a la prolongación de la crisis, las organizaciones populares en lucha ponen en el centro la reproducción de la vida. Por ello las exigencias inmediatas son por tierra para vivir y trabajar, por salarios dignos y condiciones de trabajo (más aún en la pandemia), contra las violencias y los feminicidios, y contra los incendios intencionales y el ecocidio en marcha. Progresivamente vamos recuperando las calles como terreno privilegiado de las batallas por el cambio social. Luchar contra el saqueo cotidiano como táctica, prefigurar la revolución en nuestras prácticas como estrategia.

La tierra (y la vida) en el centro de la reproducción social y la revolución

[Esta nota fue escrita para Zur, publicada el 17 de Septiembre de 2020]

Unas 3000 familias ocupan un terreno abandonado. Necesitan urgentemente un lugar desde donde proyectar su vida. El capital y su ley sostienen que es ilegal. El sistema judicial (no la justicia) ordena el desalojo, que las fuerzas de represión intentarán ejecutar. Pero el Pueblo organizado, resistirá.


Hay ocupaciones y “ocupaciones”

La ocupación de unas 200 hectáreas en Guernica en el conurbano bonaerense por parte de unas miles de familias en busca de un lugar para vivir levantó las alarmas de les defensores del status-quo capitalista. El empresariado ve en el acto desesperado de estas personas un ataque a la santidad de la propiedad privada (de los medios de producción) que es la base de sus privilegios de clase.

Ocupar tierras es ilegal, dicen. Se olvidan de que antes de la llegada del capitalismo, la tierra era primero que nada un bien colectivo, un común. Se hacen los distraídos frente al hecho histórico de que la tierra en Abya Yala no tenía propietarios. Los pueblos originarios de Nuestramérica hacían uso comunal del territorio, donde vivían y producían lo que necesitaban para vivir.

Quienes hoy se reivindican dueños de todo olvidan que los ocupantes ilegales de lo que hoy conocemos como Argentina fueron las tropas españolas e inglesas que irrumpieron para saquear todo lo que podía ser saqueado y aniquilar a las comunidades preexistentes. Luego el Estado nacional argentino continuó la faena sangrienta de ocupar lo que ya estaba ocupado, pero sobre todo privatizar lo que es por definición el sustrato de nuestras vidas en común. La llamada Campaña del Desierto consumó un genocidio a la vez que consolidó las bases del capitalismo dependiente en Argentina.

La apropiación violenta e ilícita de las tierras comunitarias en nuestro territorio por parte de las elites dominantes contribuyó a constituir el andamiaje de la nueva división internacional del trabajo. Las potencias imperialistas y sus aliados locales consiguieron poner al conjunto del pueblo trabajador y los bienes comunes a disposición del gran capital en proceso de transnacionalización. La privatización de nuestro territorio es la base de nuestra dependencia.

Tierra para vivir y las fronteras del capital

La tierra es el sustrato de la reproducción de nuestras vidas. Sin tierra no hay vivienda, ni alimentos, pero tampoco hay trabajo ni producción. La exigencia de tierra para vivir y trabajar es la demanda elemental de las clases populares. Es el punto de partida de todas nuestras otras demandas. Un lugar donde vivir nos da estabilidad y soporte para organizar nuestras vidas y nuestras luchas por un futuro mejor. En nuestras tierras construimos nuestros territorios, ese entramado de relaciones sociales que nos constituyen.

Pero el derecho a la tierra para vivir no es lo mismo que la propiedad privada sobre la tierra como recurso. El capital sostiene la idea del derecho a la propiedad privada en general, y de la tierra en particular, pues ese es el fundamento para la apropiación capitalista de nuestro trabajo y del acaparamiento de tierras. El control sobre el territorio a partir de la propiedad privada de la tierra es la base del imperialismo. El control de la tierra por parte del capital la convierte en un activo puesto a valorizarse. Sea en la producción para el agronegocio de exportación, o la extracción de minerales o hidrocarburos con igual destino, sea para su conversión en espacios para el turismo o como reservorio natural privado, o sea para la producción inmobiliaria especulativa a gran escala, la tierra bajo la forma de propiedad capitalista se convierte en capital valorizable.

De esa manera, en su uso capitalista siempre está primero su capacidad de multiplicar el capital invertido antes que los derechos básicos que pueda satisfacer (sean estos la vivienda, el trabajo o la producción de alimentos). El acaparamiento de tierras en manos capitalistas está en el origen de nuestro Estado Nación de base oligárquica, que niega el proyecto nacional libertario de los Pueblos, y continúa hoy como el fundamento de las nuevas formas del saqueo de los bienes comunes.

La apropiación privada de la tierra como capital es lo opuesto al uso popular de las mismas. La privatización de la tierra permite su acaparamiento. El cercamiento capitalista de la tierra, el monopolio sobre su uso, es la base de la producción de la renta del suelo, sea rural o urbana. La especulación en tierras y ‘propiedades inmuebles’ va de la mano de la explotación capitalista.

En economía dependientes, la desigualdad es tan grande que la valorización de las tierras expulsa a los sectores populares no ya a las periferias de las ciudades y pueblos sino directamente a la vera de los ríos, a las tierras inundables, a los espacios de sacrificio. Pero las poblaciones marginalizadas por el capital, superexplotadas, ni siquiera allí están a salvo. Cuando el capital se lo propone, los terrenos antes inútiles, se convierten en nuevas minas de oro. Y la fiebre por el metálico, aceita los mecanismos de la nueva expropiación. El sistema se pone en movimiento para avanzar sobre una nueva frontera para el capital, pisando los derechos de quienes (a sus ojos) nada valen, pues nada tienen. De la misma manera, la quema de tierras prístinas y el avance sobre las tierras de ocupación ancestral campesina y comunitaria, prefiguran las nuevas fronteras del desarrollo del capital.

La tierra es el centro de la reproducción social

La precariedad de la tenencia de la tierra para vivir es la precariedad de la vida misma. La incertidumbre frente a nuestro lugar en el mundo, se proyecta como una mancha que atraviesa todos los aspectos de nuestra reproducción vital. Quienes no tienen un “lugar donde caerse muertos”, son forzades a atravesar el tiempo como capital viviente, estando permanentemente al borde del precipicio, superexplotadxs. No hay vida digna sin tierra para vivir.

Mientras el capital busca avanzar como aplanadora (no sólo metafórica) sobre todos los lazos sociales no mercantiles, en barrios y comunidades la reproducción social recae cada vez más en la autoorganización colectiva. Las redes sociales territorializadas, con las mujeres empobrecidas y cuerpos feminizados en el centro, producen y reproducen la vida ante la violencia organizada por el capital. El control territorial popular es lo único que pone un freno a la violencia institucional y parapolicial, al tiempo que garantiza la gestión común de(en) la precariedad.

La defensa de la tierra comunitaria, es decir, de la tierra como un bien común al servicio de la reproducción vital, es el eje de nuestras luchas. La ocupación de tierras sobre los campos cercados por el capital son la base material de la revolución necesaria. ¡A desalambrar! es más que nunca nuestra bandera frente al avance capitalista sobre nuestras vidas.

Mientras cerramos estas palabras, un juez se atreve a decretar la expulsión de miles de personas de los terrenos ocupados en Guernica (provincia de Buenos Aires). La policía, premiada tras su rebelión armada, se aprestará a cumplir la faena para la cual existe: sostener el derecho del capital a apropiarse de todo espacio vital.

Nosotrxs, desde distintos lugares pero juntxs en una praxis colectiva, tenemos la tarea actual de poner un freno al imperio de la violencia y la muerte sobre la vida en común.

Agradezco los comentarios de Melina y Nora a un borrador de la nota. 

Ciencia argentina en crisis. Presupuesto y ciencia digna para una necesaria revolución

[nota publicada en ContrahegemoniaWeb el 25 de agosto de 2020]

El presidente Alberto Fernández (AF) asumió auspiciando un nuevo “Gobierno de Científicos”. Pasados casi 10 meses de gobierno, se multiplican las protestas de lxs trabajadorxs del Sistema de Ciencia y Técnica (CyT) nacional con demandas en torno a las condiciones de trabajo en el marco de la pandemia y, sobre todo, a la necesidad urgente de una recomposición salarial para todo su personal.

Sin presupuesto digno, no habrá ciencia digna

La designación de Roberto Salvarezza en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MINCYT) se presentó como el inicio de un proceso de reivindicación del sector. Luego de los años del Macrismo, marcados por la degradación y persecución a lxs trabajadorxs del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y otros organismos, por la desarticulación institucional y por la sequía presupuestaria, la expectativa generada durante la campaña electoral fue que comenzaría una era de revalorización de la tarea del conjunto del sistema de CyT.

Cada vez hay más agitación por la falta de presupuesto adecuado y, en particular, por la crítica situación salarial. En el caso de CONICET, lxs integrantes de la Carrera del Investigador Científico (CIC-CONICET) venimos reclamando desde hace meses por una caída salarial que alcanza el 49,5% desde Diciembre de 2019, pero que supera el 53,6% desde comienzos de 2011 (como indica el informe elaborado por el investigador de CONICET Mariano Barrera, ver gráfico siguiente); en similar escala se han reducido los salarios el personal de apoyo (CPA).

En paralelo, en los últimos días el personal administrativo del CONICET plantea acciones que implican detener la actividad de las Comisiones de Informe, Ingreso y Promoción de investigadorxs y becarixs. Su pedido es elemental: una mejora en las condiciones de trabajo en el marco del ASPO (que supusieron una enorme sobrecarga de trabajo) y un aumento salarial que le permita salir de abajo de la línea de pobreza a la mayoría de quienes se encuentran en este sector, que permanecen por años con contratos inestables (el inefable “artículo 9” del SINEP/Sistema Nacional de Empleo Público). En simultáneo, lxs becarixs siguen reclamando la formalización de su vínculo laboral con CONICET, institución que los mantiene como receptores de un ‘estipendio’ cuando son verdaderxs trabajadorxs (si nos atenemos al principio de realidad de las relaciones laborales).Te puede interesar:   Larreta. El estado soy Yo

Frente a esto, el Directorio del CONICET, el Ministro Salvarezza (también investigador del CONICET) y la Diputada del Frente de Todos Claudia Bernazza, integrante de la Comisión de Ciencia y Técnica de la Cámara de Diputados, en sucesivas reuniones conseguidas por les investigadorxs en conflicto, asumen conocer la situación. Sin embargo, han respondido con evasivas a la hora de dar respuestas a las propuestas concretas que le han acercado distintos grupos de investigadorxs organizados (ver), por ejemplo, la sugerencia de pasar al salario básico una serie de items salariales que hoy son no bonificables (y por tanto, por ejemplo, no aplican al cálculo del pago por antigüedad). Paradójicamente, hace unas semanas una medida de esa naturaleza fue tomada por el Poder Ejecutivo para recuperar el salario del personal de las fuerzas armadas.

Por su parte, en el CONICET niegan la posibilidad de abrir instancias de negociación paritaria (en un marco informal, la Mesa de Relaciones Laborales, pues les trabajadorxs del CONICET carecen de Convenio Colectivo de Trabajo específico). El ministerio, más bien, parece estar concentrado en algunas inversiones en infraestructura y una recuperación en el financiamiento de proyectos, acciones por demás insuficientes para el deterioro existente, máxime cuando esas decisiones no se corresponden con una indispensable recuperación salarial para les trabajadores del sistema de CyT. A comienzos de Marzo, en una reunión con una comitiva de investigadorxs, el Ministro y la Presidenta del CONICET se comprometieron a analizar los reclamos y volver a juntarse con una delegación. Lamentablemente, hace dos meses estamos intentando concertar la reunión comprometida por el Ministro, sin respuesta.

Frente a la presión de les cientistas en relación con el tema, el oficialismo recientemente presentó un nuevo proyecto de financiamiento de la CyT en Diputados. Llamativamente, la propuesta general es alcanzar para el sistema un aporte del 1% del producto bruto interno (PBI) en 10 años. Digo llamativamente porque hace unos años, el peronismo en la oposición presentó un proyecto similar (conocido como ‘Ley Perotti’, aunque nunca se convirtió en tal) en el cual proponía llevar el financiamiento global a 3% del PBI. Nadie explica sensatamente esa reducción. Ante el pedido formal de una reunión con la Comisión de Hacienda de Diputados (quienes deberán definir el presupuesto para 2021) hemos recibido solo silencio hasta el día de hoy.Te puede interesar:   La farsa neodesarrollista y las alternativas populares en América Latina y el Caribe

Para sumar al desconcierto, hace unos días, el ministro Salvarezza, en una entrevista en el periódico Página/12, señaló que, a finales de 2015, el presupuesto de CyT había llegado a 0,75%. Sin embargo, datos del propio Ministerio de Economía indican que el gasto en la Función CyT a nivel nacional no superó el 0,31%. ¿Un error del diario o del Ministro? No podemos saberlo. En cualquier caso, en 2018, el gasto en CyT habría alcanzado sólo el 0,28% y continúa bajando: el presupuesto anual (actualizado al mes de mayo de 2020) representaba apenas 13% más que en 2019 en términos nominales (con una inflación interanual superior al 40%). En 2019, representaba sólo el 1,11% del presupuesto nacional (1,48%, en 2015); por contraste, los pagos de intereses de la deuda pública llegaron a 19% del gasto total el año pasado. Para colmo, la entrevista mencionada, no nombra el problema salarial en ninguna de sus 1681 palabras.

La ciencia frente a una crisis de identidad y de valores

La ciencia en Argentina enfrenta una crisis no solo presupuestal sino de valores e identidad. Desde hace décadas ya, el sistema de CyT funciona con bajo presupuesto y poca planificación. Hoy lo vemos claramente en la crisis pandémica. Sólo hay recursos para proyectos vinculados a COVID-19 como si no hubiera otra cosa que estudiar, pensar o debatir en Argentina. En un sistema sin recursos, todo el mundo se inclina hacia ese lado (si puede) por instinto de supervivencia. De esa manera, hoy se ponen en suspenso todos los estudios en temas claves para el país (por ejemplo, se reducen al mínimo los recursos disponibles para trabajar sobre Chagas u otras enfermedades endémicas) y se aplican todos los recursos materiales y humanos a la pandemia, abandonando líneas de trabajo históricas en todas las áreas de la ciencia. Quienes no logran insertarse en el eje Coronavirus se quedan básicamente sin recursos para el desarrollo de su actividad.Te puede interesar:   ¿De quién es la revolución?

Nuestro sistema de CyT se ha construido a imagen y semejanza de las necesidades del capital. Al menos desde los años noventa, se ha llevado una política que desfinancia estructuralmente las instituciones del sistema y reemplaza el financiamiento sistemático por programas de incentivos, proyectos y promoción vinculados crecientemente con empresas capitalista. La producción de ciencia y técnica se transforman crecientemente en desarrollo de CyT capitalista. Por fuera del COVID-19 y más allá de las coyunturas, sólo hay dinero en serio para proyectos vinculados al desarrollo del extractivismo; esto ya era evidente en los distintos planes estratégicos aprobados en años anteriores (por ejemplo, Argentina Innovadora 2020). Los fondos para investigación se concentran en proyectos hidrocarburíferos (para el desarrollo del yacimiento Vaca Muerta), para proyectos mineros (crecientemente, en torno al Litio), o agronegocio; hay proyectos como Pampa Azul para el desarrollo capitalista ‘sustentable’ de la fauna marina, o multiplicidad de financiamiento a redes en esas áreas. Por supuesto, hay otras líneas de mucha menor escala y menos recursos. Llamativamente, no hay ningún espacio institucional para la producción de conocimiento en, por ejemplo, la deuda externa, ni tampoco consejos de asesores en tal sentido. Claro, eso se resuelve entre el equipo del Ministerio de Economía y los Fondos de Inversión, con el auspicio del Fondo Monetario Internacional; el ministro Guzmáz también ingresó recientemente como investigador del CONICET.

La ciencia argentina tiene una deuda consigo misma y con el pueblo. Debe poder retomar el camino de Andrés Carrasco  e intentar (al menos) convertirse en una ciencia digna. Debe poder estudiar con mirada crítica las distintas dimensiones de la vida social de nuestro país y dejarse interpelar por el pueblo. Debemos ser capaces de construir nuevos saberes junto con otros saberes y conocimientos. Pero para eso, necesitamos una revolución ético-política en el sistema de CyT argentino. Una revolución que suponga como punto de partida más recursos para el conjunto del sistema, empezando por pagar salarios dignos a sus trabajadorxs, la clave de cualquier transformación radical. Claro está, esto supone también mejorar las condiciones de remuneración y trabajo del conjunto de lxs trabajadorxs estatales, y junto con ellxs, del conjunto del pueblo trabajador. Pero ello, claro, supone otra revolución… ¿O será la misma?

Mariano Féliz[1]

Investigador Independiente CONICET


[1] Texto concluído el 24 de agosto de 2020.

Otra vez la deuda, otra vez un pacto de caballeros

[esta nota salió publicada en Herramienta.com.ar]

1. Con bombos y platillos, el Gobierno de Alberto Fernández anuncia un acuerdo de palabra con los acreedores externos privados. Estos tienen tiempo hasta el 24 de Agosto de hacer valer ese apretón de manos y sellar por escrito lo que juraron de manera remota.

2. El acuerdo echa por tierra la posibilidad inmediata de dejar de pagar para investigar una deuda que es abiertamente fraudulenta e ilegítima, y por lo tanto odiosa, como viene siendo reclamado desde la Campaña por la Suspensión del Pago de la Deuda Pública externa y por una Auditoria Integral y Participativa. Por el contrario, un nuevo ‘pacto de caballeros’ recrea el círculo de la dependencia financiera.

3. Con el pacto, el Estado argentino reconoce la legitimidad de las acreencias (alrededor de 68 mil millones de dólares, cerca de un quinto del total de la deuda pública), aun aquellas que muchos de los integrantes de la alianza gobernante señalaron como fraudulentas (por ejemplo, el bono a 100 años de Caputo). Acá sí que hay “política de Estado”; por eso, festejan tanto desde el FdT como muchos ex-funcionarios del gobierno anterior. Por eso, también, mejoran las cotizaciones de los títulos de la deuda argentina.

4. La propuesta inicial del gobierno de las semanas previas al inicio de la cuarentena se presentó como la única propuesta sostenible. Meses después, se llega a un acuerdo según el cual Argentina deberá pagar decenas de millones de dólares más. Si aquella era única oferta sostenible, está última no puede serlo.

5. El arreglo se resume en (a) una insignificante reducción en el capital adeudado (b) una rebaja en la tasa de interés promedio, y (c) una postergación del cronograma de pagos.

6. El acuerdo reduce marginalmente el monto total de la deuda exigible. El capital se reduce sólo en 2%; casi nada si se compara con la quita de capital de las renegociaciones de 2005 y 2010. 

7. La tasa de interés baja significativamente, a un promedio de poco más de 3% anual. Sin embargo, sigue siendo muy alta para la capacidad de pago de un país que no crece hace una década, y es elevadísima en un contexto global en que en el mundo se pagan tasas de interés cercanas a 0%.

8. La postergación del cronograma de pagos es la clave de la cuestión. El problema de la deuda no se soluciona: sólo se patea para adelante. En los próximos 9 años se reducen fuerte los pagos de capital pero ellos vuelven a subir violentamente en los años subsiguientes. Más temprano que tarde enfrentaremos nuevamente una crisis de la deuda.

9. Si algo puede decirse de la negociación es que podría conseguir alcanzar el objetivo propuesto: abrir nuevamente el acceso al mercado internacional de capitales. Es decir, garantizar el sistema de la deuda que sólo beneficia al capital financiero y sus socios aquí y allá, nunca al Pueblo.

10. En los dosmil, el kirchnerismo ‘aprendió’ que la renegociación con quitas fuertes de capital (como ocurrió en 2005 y 2010) no abre el grifo del financiamiento privado internacional. Hasta el segundo gobierno de CFK y el acuerdo con el Club de París, la Argentina estuvo excluida de esos recursos. Algo que ahora creen no ocurrirá.

11. Esa posibilidad, claro está, queda sujeta a que se complete la siguiente etapa de la negociación: ahora con el FMI. He aquí la sombra que se proyecta sobre el futuro del país: ¿cuáles serán las exigencias del Fondo para renegociar el pago de los más de 40 mil millones de dólares que le prestó al Estado argentino? ¿Qué reformas y ajustes propondrá?

12. En el gobierno aseguran que el Fondo es distinto, más sensible, que aprendió de sus errores. ¿No va a reclamar una nueva reforma previsional que garantice ahora la “sustentabilidad” del sistema jubilatorio? ¿No pedirá nuevas reglas laborales que permitan dar un salto en la “productividad” del trabajo (es decir, en realidad, en la explotación)?

13. ¿Cómo vamos a pagar la deuda externa? Se dice desde el gobierno: con más exportaciones. ¿Y de dónde saldrán? Dicen: Vaca Muerta, litio, soja y, ahora, chanchos. ¿Es viable un proyecto de desarrollo basado en el extractivismo exportador?

14. ¿Están seguros que en este mundo, de crisis civilizatoria, de crisis pandémica, exportar puede ser la solución al problema de la deuda y nuestro desarrollo? ¿A cambio de qué, a qué costo? ¿Firmando un nuevo pacto colonial -ahora con la nueva potencia imperialista en ascenso que es China- que destruye en el camino el ambiente, nuestra salud y comunidades?

15. Parece que el acuerdo por la deuda no será tan sostenible. Tal vez sea financieramente sostenible (y eso está en duda), pero seguro será social y ambientalmente destructivo. La sostenibilidad de la deuda se garantizará sobre la (in)sostenibilidad de la vida.

6/08/2020