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Frente a la economía política del capital, la economía política de la clase trabajadora: Alternativas populares antes a la crisis capitalista en Argentina

Resumen

La actual crisis capitalista pone contra las cuerdas buena parte del saber dominante. Frente a la profundidad de la destrucción que se abate contra los pueblos del mundo, la economía liberal se ha quedo muda –balbuceando, a lo sumo, las recetas ya fracasadas-.

La alternativa neo-desarrollista, la propuesta del Estado post-2001, intenta presentar como nuevo la recuperación de un intervencionismo que, antes que nada, busca sostener la legitimidad de las formas sociales capitalistas que la crisis tiende a poner “en suspenso”. Desde las medidas más “simpáticas” (como la recuperación del sistema de previsión social a manos del Estado) a otra no tanto (como el persistente subsidio, directo e indirecto, al gran capital) todo apunta a postergar en el tiempo -absorberlo o disfrazarlo- el impacto que la crisis capitalista tiene sobre el ciclo del capital en la periférica y dependiente economía argentina.

Frente a la verdad del capital en tiempos de avanzada (neoliberal) o en tiempos de su reflujo-recomposición –neo-desarrollista-, pueden plantearse otras alternativas que, sobre la base de las iniciativas concretas de las organizaciones populares, propongan cursos de acción realizables y abran a la vez un mayor espacio para la organización del pueblo en pos del cambio social.

En este trabajo desarrollaremos primero una breve caracterización de la situación actual, con una lectura crítica a las salidas propuestas por el campo del capital-. En ese marco, planteando abriremos el debate sobre el desarrollo capitalista y su crisis actual, para abordar luego algunas propuestas alternativas de superación de la misma que surgen de iniciativas algunas las organizaciones sociales de nuestro país –en particular, las más novedosas, aquellas surgidas al calor de las luchas de las últimas décadas- que con vocación de cambio social han venido impulsando en los años recientes.

Frente a la economía política del capital, la economía política de la clase trabajadora: Alternativas populares ante a la crisis capitalista en Argentina[2]

1.Introducción

La actual crisis capitalista pone contra las cuerdas buena parte del saber dominante. Frente a la profundidad de la destrucción que se abate contra los pueblos del mundo, la economía liberal se ha quedo muda –balbuceando, a lo sumo, las recetas ya fracasadas-.

La alternativa neo-desarrollista, la propuesta del Estado post-2001, intenta presentar como nuevo la recuperación de un intervencionismo que, antes que nada, busca sostener la legitimidad de las formas sociales capitalistas que la crisis tiende a poner “en suspenso”. Desde las medidas más “simpáticas” (como la recuperación del sistema de previsión social a manos del Estado) a otra no tanto (como el persistente subsidio, directo e indirecto, al gran capital) todo apunta a postergar en el tiempo -absorberlo o disfrazarlo- el impacto que la crisis capitalista tiene sobre el ciclo del capital en la periférica y dependiente economía argentina.

Frente a la verdad del capital en tiempos de avanzada (neoliberal) o en tiempos de su reflujo-recomposición –neo-desarrollista-, pueden plantearse otras alternativas que, sobre la base de las iniciativas concretas de las organizaciones populares, propongan cursos de acción realizables y abran a la vez un mayor espacio para la organización del pueblo en pos del cambio social.

En este trabajo desarrollaremos primero una breve caracterización de la situación actual, con una lectura crítica a las salidas propuestas por el campo del capital-. En ese marco, planteando abriremos el debate sobre el desarrollo capitalista y su crisis actual, para abordar luego algunas propuestas alternativas de superación de la misma que surgen de iniciativas algunas las organizaciones sociales de nuestro país –en particular, las más novedosas, aquellas surgidas al calor de las luchas de las últimas décadas- que con vocación de cambio social han venido impulsando en los años recientes.

2.De la manifestación a la causa de la crisis del capital

La actual crisis mundial tiene su origen aparente en una crisis financiera. Los primeros síntomas han sido el desplome de los precios de los principales productos de exportación denominados commodities (mercancías poco diferenciadas, insumos de comercialización internacional). Entre Junio de 2008 y Junio de 2009 las cotizaciones cayeron brutalmente: 19,4% los porotos de soja, 27,5% el trigo, 34,3% el arroz, 47,4% el petróleo, 39,5% el cobre y 20,4% el conjunto de los alimentos.[4] Esta caída fue acompañada de un paralelo derrumbe en los valores de las propiedades inmobiliarias en las economías capitalistas del centro.[5]

Este proceso llevó al colapso al sistema financiero internacional, derribando en el camino a muchos de sus principales jugadores.[6] Quebraron o están al borde de la quiebra el Citibank y la aseguradora ING, entre otros grandes agentes financieros. Ellos han sido los principales impulsores de la burbuja especulativa que acaba de reventar y no los ‘perjudicados’ por la crisis. Financiando inversiones puramente especulativas, prestando dinero con garantías a valores irreales, en la previsión de una continuación de la escalada de precios, estos gigantes de las finanzas –caras visibles de la dimensión financiera del capital global- alimentaron la evolución irracional de los precios de la mayoría de los productos básicos del consumo popular en casi todos los países del mundo.[7]

3.Neoliberalismo y crisis: ¿derrota o éxito?

Este llamativo proceso –y su implosión- no es simplemente resultado de la desregulación financiera y el creciente peso del capital financiero. Estos elementos entran en juego dentro del marco de la evolución del capitalismo a escala global en los últimos 30 años. Es, en efecto, el corolario del neoliberalismo -un proceso de reestructuración de la economía mundial- que avanzó con fuertes resistencias populares desde los setenta.

En esos años los sectores dominantes enfrentaron la ofensiva de los movimientos populares, que en todas partes del mundo amenazaban –con mayor o menor claridad- con superar los límites que el capitalismo imponía al desarrollo de las naciones. En el plano estrictamente económico, las revueltas populares fueron enfrentadas con la huelga de inversiones, la inflación y la crisis. Como eso no bastó, los Estados capitalistas avanzaron con represión, ajuste fiscal y reestructuración económica. Todo esto en un marco ideológico que cuestionando el ‘fracaso’ del keynesianismo saludaba el retorno de la ‘mano invisible’ y la retirada de la intervención estatal en la economía.

La reestructuración económica condujo –entre otras cosas- a una creciente flexibilidad del capital fijo (no sólo del trabajo como forma de capital). En efecto, como señalan Marini (1997) y Ceceña (1996), el fortalecimiento de la tendencia del capital a internacionalizarse condujo a partir de los años 70 un doble movimiento. Por un lado, la mayor movilidad del capital fijo -crecientemente capaz de mudarse a bajo costo de un lado del globo a otro-, junto a la flexibilidad productiva permitida por el desarrollo de la tecnología informática, han convergido en una aceleración de la circulación del capital y –en definitiva- han creado una masa disponible de capital bajo su forma dineraria que alimentó el circuito especulativo. Por otra parte, la internacionalización definitiva del ciclo del capital condujo a la internacionalización del capital variable, es decir, de la fuerza de trabajo. Por primera vez en la historia del capitalismo la fuerza de trabajo (y el ejército de reserva) tiene efectivamente una dimensión global. La abstracción real del trabajo –el imperio de la ley del valor- a escala mundial alcanzó realidad sustancial a finales de los años ochenta.

El neoliberalismo se dio así la tarea de profundizar las tendencias a la mundialización del capital y la contención de los conflictos obreros. En pocos años, la flexibilidad laboral, la crisis de la deuda, las privatizaciones masivas y la desregulación financiera crearon el clima que permitió al capital social retomar –a escala mundial- la acumulación sostenida. Desde los ataques a los mineros en Gran Bretaña con Thatcher y los controladores de vuelo en los Estados Unidos con Reagan, hasta la avanzada sobre los trabajadores telefónicos en Argentina con Menem, el neoliberalismo encarnó en esos años un virulento ataque a las condiciones de producción y reproducción de la fuerza de trabajo.

En ese marco, desde finales de los años ochenta los Estados Unidos se convirtieron en el centro de un nuevo proceso de valorización exitosa de capital. Exitosa, no en términos de sus logros sociales, sino en cuanto a su capacidad de contener, reprimir y canalizar –neutralizando- las exigencias populares, garantizando a su vez la máxima explotación posible del trabajo a escala planetaria. Este proceso se caracterizó por un crecimiento sostenido desde 1985 y hasta 2007, con una breve interrupción en 1990 y otra en 2001. En ese período, la productividad del trabajo en los EE.UU. aumentó 155,9%, mientras en Japón subió 106,5% y en Alemania lo hizo 86,3%.[8] La contracara de dicho incremento fue la creciente explotación laboral: los salarios reales aumentaron sólo 29,9%, 29,4% y 39,1%, respectivamente.[9]

El capitalismo choca hoy en día contra una pared por su propia lógica: producir cada vez más, a un valor (costo privado) cada vez menor, para el consumo de una proporción decreciente de la población. El costo unitario de producción cayó un 41,4% -en términos reales- entre 1985 y 2007 en los Estados Unidos. Se produce más que nunca pero miles de millones en el mundo siguen pasando hambre: aún hoy más de 850 millones de personas no acceden a los medios de consumo necesarios para evitar la indigencia.

4.¿Crisis del neoliberalismo? ¿Qué es el desarrollo?

La presente crisis potencia los costos sociales del capitalismo (incluidos la destrucción del medio ambiente y el saqueo de las riquezas naturales). El capitalismo avanza con fuerza en lo que puede denominarse la etapa del imperialismo con acumulación por desposesión (Harvey, 2004, 2005). Ese proceso incluyó la ocupación de los espacios ocupados por los socialismos reales. Hoy, para consolidar su hegemonía mundial, la clase dominante -a través de las grandes corporaciones multinacionales- pretende colonizar, privatizar y mercantilizar aquello que aún es común: el agua, la tierra, los bosques, el aire, los genes, la biodiversidad y el conocimiento (Vega Cantor, 2006). La guerra del gas y del agua en Bolivia, la lucha de los sin tierra en Brasil, los zapatistas en México, los campesinos del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) en Argentina, entre otras luchas en todo el planeta, involucran el intento de frenar la apropiación privada del mundo. La lógica “minera” (Chesnais, 2007), es decir del saqueo de las riquezas naturales, ha avanzado y predomina conflictivamente.

Estamos frente a una crisis ambiental y civilizatoria, además de económica (Chesnais, 2008); una crisis que pone en cuestión el conjunto del capitalismo como única forma de desarrollo, además del propio concepto de “desarrollo” y los parámetros para medirlo. Entran en debate las relaciones capitalistas de producción y reproducción social, es decir el papel del dinero y el capital como mediación de las relaciones entre personas (Lebowitz, 2005).

El capital propone como idea del desarrollo meramente el crecimiento, es decir la expansión sin fin del valor, de su propia esencia (De Angelis, 2007). La crisis –por su parte- pone en debate los valores capitalistas (la ganancia por la ganancia, la producción por la producción, la mercancía como la forma privilegiada –tendencialmente única- que deben asumir las relaciones humanas). El concepto capitalista del desarrollo implica la imposición de valores que conducen a la oposición, al enfrentamiento y la competencia, como forma de articular las relaciones inter-personales.

La crisis civilizatoria pone en primer plano la crítica práctica de esas formas de hacer capitalistas. Los valores predominantes de la sociedad contemporánea –los valores del capital- no hacen sino destruir (ahora de manera transparente) las posibilidades de reproducción social. La dignidad humana brota, entonces, como nuevas formas de actuar y hacer. Como un sinnúmero de “otros valores” (De Angelis, 2007) enfrentando al capital e intentando de hecho su superación como forma de mediación social, a través de su potencial articulación común.

5.La crisis y la periferia

Esta crisis golpeará a todos, pero en la periferia el impacto será mayor allí donde la tras-nacionalización de sus economías haya avanzado más. La recesión iniciada en los países centrales está impactando más en aquellos países cuyas economías están más fuertemente incorporadas –de manera subordinada- a la economía mundial. Esto es particularmente evidente para aquellas economías periféricas menos diversificadas y con sistemas productivos menos integrados. Por un lado, aquellas cuya integración en el ciclo del capital global se produce fundamentalmente bajo la forma de enclave o de exportación de unas pocas mercancías indiferenciadas (por ejemplo, Venezuela y Ecuador). Por otro, aquellas cuyas producciones de exportación se encuentra fuertemente articuladas a los mercados centrales en contracción (por ejemplo, México, Brasil y Chile). Estos países verán sus economías crecer mucho menos (Chile) o –en varios casos- decrecer en menor (México, Venezuela, Ecuador) o mayor medida (Brasil).[10]

La Argentina, por su parte, si bien se encuentra fuertemente integrada al ciclo del capital global parece estar relativamente fortalecida frente al impacto directo de la crisis.[11] Mientras que en los Estados Unidos, por ejemplo, la producción industrial ha caído un 2,5% (en el primer trimestre de 2009 en comparación con igual trimestre del año anterior, según el BEA) o un 1,8% en Brasil (según el IBGE), en Argentina el impacto ha sido más reducido: la economía habría crecido 2,3% (según el INDEC)[12].

Los datos más recientes –mayo de 2009- muestran que la producción de bienes y servicios de uso final (PBI, estimado a través del Estimador Mensual de Actividad Económica) se encuentra estancado (según el INDEC). La producción industrial, según el propio INDEC, se habría contraído un 0,8% en el 2do trimestre del 2009 en comparación con igual período del año anterior. Tomando en cuenta que las cantidades exportadas habían caído un 13% en el primer trimestre de 2009 (en relación a igual período de 2008) y las importaciones (en volumen físico) lo habían hecho un 32,5%, sólo queda afirmar que algo lentamente la economía argentina registra el impulso descendente de la economía mundial, encontrándose estancada desde mediados de 2008.

La dominación del capital se ha consolidado con la salida de la convertibilidad. La reestructuración de los noventa conformó una centralización, concentración y trasnacionalización del capital que -junto al reforzamiento de la descomposición política de las/os trabajadoras/es- auspician una desaceleración significativa pero no una debacle económica de magnitud.[13]

6.El Estado y la crisis del capital

En este contexto, la crisis es un instrumento de los sectores dominantes para intentar consolidar su posición a costa de las mayorías. A tal efecto, lleva adelante una no declarada “huelga de inversiones”: la inversión interna bruta fija cayó –según el INDEC- un 14,2% en el primer trimestre de 2009 en comparación con igual trimestre del 2008.[14] El gran capital comienza a poner en marcha los mecanismos sociales a través de los cuales buscará encontrar -para sí mismo- “términos ‘más justos’ de explotación” (Negri, 1978: 115).[15]

En la etapa de crecimiento el capital avanzó precarizando nuestras vidas: creando millones de puestos de trabajo bajo formas precarias y flexibles, con niveles salariales medios inferiores a los promedios de la década anterior).A través de la crisis profundiza esas tendencias, como medio para superar sus límites.[16] Por eso arremete primero con suspensiones y despidos, rebajas salariales y el cese de contratos; luego le siguen los cierres de empresas en perfectas condiciones técnicas para producir.[17] Estos no son “efectos de la crisis” sino -más precisamente- acciones deliberadas de empresarios y gerentes para no perder dinero y trasladar el costo a quienes ninguna responsabilidad tienen (los trabajadores y trabajadoras).[18] Atravesamos una crisis del capital, es decir de una forma de producir sólo aquello que es rentable sin atender a las necesidades sociales insatisfechas.

Frente a la incertidumbre política y la agitación social, atravesamos –nuevamente- una crisis del pensamiento hegemónico que no puede dar las respuestas (teóricas y prácticas) necesarias.

Cuando la “mano invisible” parece no alcanzar, los sectores empresariales más concentrados demandan mayores subsidios y nuevos apoyos de ese Estado que en “tiempos normales” prefieren mantener a distancia. Kalecki advertía –en 1943- sobre la actitud de los “líderes empresariales” frente a un Estado que necesitan –como mediación necesaria- para mantener el control social, pero sobre el que prefieren que acote su intervención a inversiones en infraestructura económica y/o subsidios a la inversión privada (Kalecki, 1943). Hoy mientras los sectores del gran capital rechazan –por ejemplo- las estatizaciones en Venezuela, reclaman una firme acción estatal para defender los ‘intereses nacionales’ –que serían ni más ni menos que los intereses de ese gran capital-[19] y nada dicen del hecho extraordinario de la estatización de General Motors en los Estados Unidos y la intervención con pocos precedentes de la Reserva Federal de ese país en varios grandes bancos.

Uno de los más paradójicos programas de subsidio al gran capital en la etapa actual es el REPRO (Programa de Reconversión Productiva). Hasta mediados de 2009 este programa incluía unas 1100 empresas que recibían un subsidio de hasta 600 pesos mensuales por trabajador/a (unos/as 70 mil). Este programa es presentado como una política progresiva (ver, por ejemplo, Herrera y Tavosnanska, 2009) cuando significa un inmenso subsidio a las grandes empresas. Mientras miles de emprendimientos autogestionados y empresas recuperadas –que involucran decenas de miles de trabajadoras y trabajadores- reciben mínima asistencia del Estado, a través del REPRO los grandes capitales son beneficiados con varios millones de pesos al mes.[20] Uno de los principales límites que enfrenta los emprendimientos autogestivos es –y ha sido históricamente- la dificultad de acceder a niveles de crédito suficientes y de bajo costo, la falta de tecnología adecuada a la escala y forma de producción cooperativa (con reducidas estructuras de supervisión y control) y las limitaciones de una demanda sostenida más allá de la competencia en los mercados capitalistas (Féliz, 2006). De allí que sean estos quienes debieran ser privilegiados a la hora de ser apoyados financiera y técnicamente por el Estado.

Otro ejemplo: el Estado argentino buscó hasta último momento otorgar un crédito de 55 millones de pesos a un empresario “nacional” para la compra de la quebrada empresa metalúrgica Mahle de Rosario, cuando podría haber otorgado el mismo crédito a los propios trabajadores que luchaban contra su cierre (Martín, 2009). Finalmente, ante la falta de capitales solventes dispuestos a tomar la empresa, el gobierno nacional decidió su estatización transitoria. En el caso de Fasinpat (ex-Zanón) de Neuquén, en cambio, los trabajadores desde hace casi ocho años mantienen y amplían las fuentes de trabajo, sin que el Estado los apoye significativamente.

Es decir los capitalistas no rechazan la intervención del Estado: la rechazan en el caso de ayuda al pueblo en emergencia social, pero alientan la intervención del Estado a través de erogaciones que los beneficien. Su rechazo a los subsidios a los sectores populares es ‘instintiva’ pues perciben que tal apoyo pone en riesgo su dependencia estructural frente al capital y –por lo tanto- pone compromete el dominio de este sobre el conjunto de la sociedad.

Los capitalistas llegan incluso a actuar colectivamente para hacer lobby ante los gobiernos con el objetivo explícito de ser subsidiados, y como el abecé de la acción política lo indica, intentan hacer aparecer como generales sus intereses particulares. En tiempos difíciles olvidan sus prejuicios y diferencias sectoriales para crear un frente único contra el pueblo trabajador, exigiendo que se garanticen el orden, la “competitividad” y la “moderación” de los reclamos populares.

Los costos de la crisis se manifiestan para el pueblo trabajador bajo la forma de una renovada presión empresarial hacia la baja en los niveles de empleo, salarios y condiciones de trabajo. Esta presión se expresa tanto en la modalidad de las demandas generales de mayor competividad cuanto como exigencias de una redistribución del gasto público de manera más directa hacia el capital y una merma en su carga impositiva.[21] Estas demandas -que hoy los sectores empresariales buscan poner sobre la mesa abiertamente en el marco del “diálogo” con el gobierno- son presentadas como las únicas relevantes y justas, pretendiendo invisibilizar las urgentes necesidades del pueblo: empleo e ingresos dignos, vivienda y servicios urbanos, educación y salud.

7.Alternativas populares frente a la crisis: La economía política del pueblo trabajador

Frente a la crisis de las ideologías del capital en tiempo de auge (el liberalismo) se fortalecen las posiciones desarrollistas que pretenden reubicar al viejo Estado (capitalista) en el centro del desarrollo (del capital). No hay novedad en esto. El par liberalismo-keynesianismo es parte de la artillería ideológica de los sectores dominantes pues no propone nada que cambie –de fondo- la dinámica de la crisis (las relaciones sociales que la sustentan y expanden) y proteja al conjunto del pueblo trabajador.

Este presente re-actualiza la necesidad de proponer e impulsar alternativas que apuntalen un cambio social profundo, frente a un sistema de producción social que siempre carga los costos de “su” desarrollo sobre el conjunto del pueblo. En consecuencia, cabría retomar el llamado de Rosa Luxemburgo sobre el dilema de nuestro tiempo “Socialismo o Barbarie” (Luxemburg, 1915), como consigna que remite a la actualidad de la revolución, de la necesidad de una acción práctica para impulsar un cambio social.

Cabe señalar que estas alternativas no pueden ser simplemente salidas teóricamente “racionales” sino que es clave tomarlas de las mismas propuestas que las organizaciones populares, el pueblo organizado, está elaborando e impulsando desde su acción cotidiana.

Las propuestas que se analizan a continuación –o variaciones de las mismas- son impulsadas en diversas medida y con diferente grado de detalle, por diferentes organizaciones sociales de la Argentina -entre ellas, el espacio Otro Camino para Superar la Crisis, el Frente Popular Darío Santillán, la Central de los Trabajadores Argentinos, etc.-.[22] Remitimos a las mismas ya que consideramos que la implementación de las medidas adecuadas a las necesidades del pueblo requieren la modificación de la correlación de fuerzas sociales y por ello suponen la movilización activa de las clases subordinadas junto a la factibilidad técnico-política de las medidas que abran el espacio para un –potencial- triunfo popular. En tanto provienen de los propios procesos de organización, práctica y reflexión del campo del pueblo, estas propuestas (junto a otras) intentan no sólo atacar determinados problemas prácticos sino que a su vez son medios para profundizar la organización popular, no meras imposiciones –intelectuales- “desde arriba”.[23] Son, de alguna manera, propuestas de políticas públicas “desde abajo” (Dinerstein, Deledicque y Contartese, 2007).

Estas opciones de políticas públicas pueden resumirse en tres ejes que apuntan a (a) contener los efectos de la crisis, (b) mejorar las condiciones de vida de los sectores populares reorientando los fondos públicos ‘contra-cíclicos’ y (c) crear condiciones que aporten a la popular para la superación de la crisis –y el capital- como modalidad de desarrollo de la sociedad.

7.1 Políticas de contención de los efectos.

Por un lado, medidas que protejan a los sectores más vulnerables de la población de los “efectos” inmediatos de la crisis. Por ejemplo, la suspensión de los despidos por dos años, la creación de un ingreso universal equivalente a la canasta básica -comenzando por la elevación inmediata de los planes sociales (Jefes y Jefas, Familias)-, el aumento de emergencia en salarios y jubilaciones y la creación de tarifas sociales para los servicios y el transporte públicos. Debe agregarse la protección pública y promoción con créditos y subsidios de las experiencias de recuperación de empresas por sus trabajadores/as y los emprendimientos autogestivos y cooperativos.[24]

Este conjunto de medidas tienen como principal objetivo sostener y aumentar el poder de compra de los sectores populares con el fin de evitar las consecuencias inmediatas de la crisis. Mientras por un lado estas medidas permitirían evitar la pauperización de las familias más vulnerables, frente a la dinámica propia de la crisis capitalista, el aumento en los ingresos de los sectores populares también podrá crear un cierto contrapeso a las tendencias recesivas al aumentar el consumo de masas.[25]

De la mano de una reforma impositiva radical (ver más abajo) se podría avanzar en el sentido de la creación de un sistema de protección social que garantice un ingreso básico (IB) de manera universal, sin contraprestaciones (Féliz, 2009; Pérez, Féliz y Toledo, 2006).[26] Esto supondría una superación de la reciente reforma (re-estatización) del sistema de jubilaciones y pensiones. En efecto, hay que desterrar la idea de que el sistema de seguridad social (SSS) debe basarse en los aportes “personales” y “patronales”, actuando como una suerte de salario diferido. El IB supone concebir al SSS como un medio de redistribución del plusvalor no acumulado o consumo suntuario (y no del capital variable) al conjunto del pueblo trabajador para garantizar su consumo necesario (Féliz, 2008).

Por su parte, la reorientación de los subsidios desde las grandes empresas a los emprendimientos cooperativos y autogestivos podría dar nuevo impulso al desarrollo de un circuito de producción alternativo a la dinámica del capital.[27] Al recrear circuitos de producción de mercancías parcialmente por fuera de los circuitos del capital, estas iniciativas permitirían aislar en parte a trabajadores/as del movimiento contractivo de estos últimos –dominados por la ganancia y no por la satisfacción de necesidades-. Aquí la acción pública decidida –articulada con la participación de la banca pública y/o cooperativa y las instituciones y organismos de producción de conocimiento científico y técnico- podría dar un fuerte impulso a estos emprendimientos.[28]

7.2 Políticas de desarrollo del hábitat y empleo autogestivo.

En segundo lugar, un conjunto de medidas que contribuyan a mejorar las condiciones del hábitat de los barrios populares a través de un programa de obra pública dirigido a la provisión de servicios sociales básicos (agua, cloacas, luz y gas, servicios médicos, escuelas, hábitat comunitario).[29]

La crisis económica suele poner de manifiesto las contradicciones más evidentes del sistema. En las barriadas populares la carencia de infraestructura social básica es evidente: en 2001, el 27,1% enfrentaba “privación material” extrema, vinculada a las pobres condiciones de vivienda.[30] Mientras tanto los principales programas de inversión pública se orientan a la creación de infraestructura “económica”, es decir para el capital (autopistas, puertos, plantas energéticas). En 2009 el gasto en inversión real directa en “servicios económicos” alcanzaría (según el presupuesto del sector público nacional) los 8.185 millones de pesos, alcanzando los 20.087 millones de pesos el total de gastos de capital destinados a ese rubro. A modo de contraste, el total de la inversión directa para “vivienda y urbanismo” y “agua potable y alcantarillado” alcanzó los 812 millones de pesos, y el gasto de capital total en esos rubros llegaría a 6.503 millones de pesos.

El financiamiento estatal de programas de mejoramiento del hábitat en los barrios populares –con la participación directa en la gestión de los mismos por parte de las organizaciones populares- permitiría no solo enfrentar el impacto negativo de la recesión sino a la vez mejorar las condiciones de vida de los sectores más postergados del pueblo.

7.3 Políticas de socialización y superación de la crisis.

Por último, un programa de socialización de la producción estratégica (empezando por energía, transporte, comercio exterior y banca) bajo propiedad pública con gestión de trabajadores y usuarios, acompañado por una reforma tributaria que rebaje el IVA a los productos básicos y acreciente la carga impositiva de los sectores de más ingresos.

Por una parte, la socialización de las grandes empresas en sectores estratégicos permitiría avanzar en el sentido de una organización más democrática de la economía, una gestión sostenible de las riquezas comunes y un control social mayor sobre la producción y apropiación de las rentas provenientes de la explotación económica de los bienes naturales.[31] La socialización no es mera estatización sino que involucrará la creación de formas de propiedad gestión colectivas de nuevo tipo. Además, supondría poner en discusión la (in)conveniencia de desarrollar actividades que deterioran profundamente las condiciones socio-ambientales con el fin de satisfacer los patrones de sobre-consumo de espacios capitalistas centrales.[32]

Por otro lado, una reforma impositiva radical, que reduzca la carga tributaria sobre los sectores más empobrecidos –a la vez que acreciente el peso de los impuestos sobre las ganancias y el capital- permitiría mejorar sustancialmente las condiciones de vida de la población.[33] Por ejemplo, la eliminación del IVA a los productos de la canasta básica podría –potencialmente- reducir en casi un 20% la incidencia de la pobreza (Domian, 2009).[34] En este caso, es de destacar que una política de reducción del IVA como la mencionada debe –necesariamente- ir acompañada de un incremento en la carga tributaria sobre los sectores capitalistas y que reciben ingresos derivados del plusvalor.[35] Esto es así porque, si bien la rebaja del impuesto al valor agregado pude mejorar las condiciones de vida de la población, es necesario compensar la pérdida de recaudación y avanzar en una mayor carga fiscal sobre los sectores que hoy son beneficiarios de un patrón de acumulación sostenido en la super-explotación del trabajo (Féliz, 2008b).

8.Conclusiones

La crisis que atraviesa la economía argentina y su impacto en las condiciones de reproducción de la vida son producto de las particulares condiciones de inserción del ciclo del capital local en el ciclo del capital a escala global.

La paradoja es que frente a la misma el capital, reacio a la intervención estatal, aparece demandando acciones del Estado que restauren su competitividad. En conjunto, esas demandas avanzan –nuevamente- sobre las condiciones de vida del pueblo trabajador, profundizando sus niveles de privación.

Frente a ello, desde las organizaciones populares han surgido numerosas alternativas. Todas ellas plantean opciones de políticas públicas favorables a las mayorías y sobre todo muestran –a grandes rasgos- elementos prefigurativos de una economía política de los trabajadores y trabajadoras (Lebowitz, 2005). Este conjunto de medidas de emergencia –incompleto, perfectible pero realizable-, surgido de las propias organizaciones sociales, permitiría no sólo proteger a los sectores más vulnerables del pueblo frente a la profundidad de la crisis y favorecer la recuperación económica, sino que permitiría avanzar por un camino de cambio social que trasforme la organización de la producción y la distribución de la riqueza. Para esto, claro está, el debate sobre las políticas apropiadas tendrá que articularse –o más aún, ser parte de él- con el movimiento social que el pueblo va construyendo.

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[2] Una versión preliminar de este trabajo fue presentada en el Segundo Encuentro Internacional “La economía de los trabajadores: trabajo y autogestión frente a la crisis global” realizado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, durante los días 12 al 15 de agosto de 2009. Su contenido fue expuesto en la mesa-debate “La crisis capitalista global: caracterización y alcances para la economía de los trabajadores” realizado el 12 de agosto de 2009. Esta versión ampliada y corregida se nutre de los valiosos comentarios de Ismael Domian, Fernando Vicente y Emiliano López. Por supuesto, los errores o imprecisiones remanentes son mi exclusiva responsabilidad.

[4] Según el Ministerio de Economía sobre la base de datos del FMI.

[5] La caída de esos precios no significa que los precios de esas mercancías no se encuentren –en general- aun muy por encima de sus niveles históricos. En relación a 2001 las subas han sido –en general- muy fuertes: 70,3% los porotos de soja, 90,1% el trigo, 93,2% el arroz, 295,3% el petróleo, 145,9% el cobre y 43% el conjunto de los alimentos. Fuente: Ministerio de Economía sobre la base de datos del FMI.

[6] Pueden verse numerosos estudios que analizan las causas y dinámica de la crisis mundial en Herramienta, no. 40 y no. 41.

[7] Lograron de esa manera multiplicar el hambre y las revueltas contra él en muchos países de la periferia (Katz, 2008).

[8] Fuente: Estimaciones propias sobre la base de datos de producción por hora trabajada en la industria manufacturera, provenientes del Bureau of Labor Statistics de los Estados Unidos.

[9] Fuente: Estimaciones propias sobre la base de datos de compensación real media anual total para trabajadores de la industria manufacturera, provenientes del Bureau of Labor Statistics de los Estados Unidos.

[10] Según las estimaciones del FMI, en 2009 la evolución del PBI real será: 0,11% en Chile, -1,3% en Brasil, -2% en Ecuador, -2,2% en Venezuela y -3,7% en México. Ver WEO (2009).

[11] Los principales rasgos de la inserción argentina en el ciclo mundial del capital son: exportaciones e importaciones que representan un 44,9% de la producción bruta doméstica -PBI-, los productos primarios y sus manufacturas representan un 56,8% de las exportaciones totales en 2007, el capital extranjero representando más del 80% del valor agregado producido en 2004 por la cúpula empresaria, y un endeudamiento externo que representa más del 50% del producto en 2005.

[12] En cualquier caso, la información provista por el INDEC se encuentra fuertemente cuestionada desde que en 2007 el mismo fuera intervenido por el Poder Ejecutivo. En tren de hacer alguna especulación, probable que siendo la inflación real mayor a la estimada, el resultado sea que el crecimiento fue sobre-estimado en 2007-2008 y la caída en 2009 sub-estimada.

[13] Si bien las jornadas de fines de 2001 hicieron visible un proceso de rearticulación política de la clase trabajadora, cierto es que a partir de mitad de 2002 los sectores dominantes consiguieron contener (y reprimir) las alternativas más radicales y cooptar a los sectores organizativamente más débiles. De esa forma, a medida que avanza la consolidación de un nuevo arco político-social surgido de nuevas formas de lucha y organización en los noventa, los sectores del capital cuentan aún con la docilidad de los sectores más conservadores e integrados al sistema de dominación.

[14] A modo de contraste a comienzos de la crisis de 1998 mientras la inversión cayó 15,2% en el primer trimestre de 1999 (en comparación con igual período de 1998) el PBI se redujo un 2,6% (siempre según el INDEC). En la crisis actual, el impacto del freno a la inversión aparece como menos fuerte en términos del crecimiento del conjunto.

[15] En una reciente declaración la Asociación Empresaria Argentina (AEA) –que agrupa a los principales agrupamientos del gran capital- señaló con evidente claridad sobre sus intereses mediatos que “el ámbito propio de las empresas privadas debe ser respetado” y que “el derecho de propiedad de las empresas sobre su patrimonio y sus ganancias es fundamental para el desarrollo del país”. Ver Asociación Empresaria Argentina (2009).

[16] Según un estudio de CTA (IDEF-CTA, 2008), en 2008 un 26,8% de los ocupados tienen ingresos por debajo de la línea de la pobreza y un 58,7% se encuentra empleado en condiciones de precariedad.

[17] Según el Observatorio del Derecho Social entre diciembre de 2008 y marzo de 2009 se perdieron (en términos netos) 162 mil puestos de trabajo registrados y 59 mil no registrados (Observatorio del Derecho Social, 2009).

[18] De la misma manera, en los noventa las políticas de flexibilización laboral buscaron trasladar el riesgo “empresarial” a los/as trabajadores/as, sin los beneficios que provienen de la propiedad de los medios de producción (Battistini, Deledicque y Féliz, 2002).

[19] No deja de resultar paradójico que mientras siempre se exige que los subsidios que el Estado da a los/as desocupados/as deben involucrar una contrapartida laboral o de otro tipo (Pérez, Féliz y Toledo, 2006), en el caso de las demandas de apoyo estatal por parte del empresariado nunca se hace referencia a la contrapartida concretas del mismo. En algunos casos la contrapartida ofrecida por los empresarios es “mantener el empleo”, asumiendo una suerte de ‘derecho natural’ a despedir sin justa causa y de manera masiva a los trabajadores. Cabría cuestionar tal derecho teniendo en cuenta los altos costos sociales del desempleo masivo, no tomados en cuenta por el capital.

[20] Si asumimos que el subsidio promedio es de 300 pesos por trabajador por mes, esto significa que las empresas más grandes (principales beneficiarias del programa) están recibiendo un subsidio equivalente a unos 20 millones de pesos por mes.

[21] Podemos incluir aquí desde los pedidos de la UIA de una mayor y más veloz reintegro del IVA sobre las exportaciones industriales y las exigencias de la Mesa de Enlace agropecuaria de menores (tendencialmente nulas) retenciones. Por su parte, la AEA en la mencionada declaración exige que “en la medida de lo posible deben reducirse los gravámenes que desalientan la producción y las exportaciones” y “una reducción a las retenciones a los productos agropecuarios”.

[22] Ver, por ejemplo, la declaración “No votes contra el pueblo” del Espacio “Otro Camino…” previa a las elecciones del 28 de Junio (Documento 1, 2009) y la “solicitud de audiencia con la Presidenta” realizada por un conjunto de movimientos sociales y de desocupados el 24 de Julio de 2009 (Documento 2, 2009) o las declaraciones de la CTA del 20 de Julio de 2009 (Documento 3, 2009).

[23] Como sugiere Dunayevskaya, (2000), en ese movimiento la práctica del pueblo organizado se convierte en teoría, completando –en articulación dialéctica- el movimiento en sentido contrario desde el pensamiento a la acción. Dunayevskaya propone que el fundamento de la teoría social debe surgir de la propia praxis del pueblo. Es en esa imbricación que dicha teoría puede convertirse en “fuerza material”. En su propia actividad son los/as trabajadores/as quienes –organizándose- van encontrando (pensando y haciendo) esas nuevas formas de actuar que la vez permiten enfrentar –tendencialmente- los “valores” del capital prefigurando nuevas relaciones sociales.

[24] Ver, por ejemplo, Documento 2 (2009).

[25] De cualquier manera, debido a la reducida participación de los/as trabajadores/as en el ingreso total (menos del 30%) el impacto macroeconómico de un incremento en sus ingresos será –en principio- bastante limitado.

[26] Ver, por ejemplo, Documento 3 (2009) en que se plantea la demanda de “universalizar el salario por hijo y cobrar un ingreso asegurado para la familia de los desocupados y los trabajadores no registrados, un piso de ingreso”. También Documento 2 (2009).

[27] Desde finales de 2008 se observa el comienzo de un nuevo ciclo de experiencias de recuperación de empresas por parte de sus trabajadoras/es. El ciclo anterior de recuperaciones (2001/2002) ha colocado en el imaginario social de los/as trabajadores/as la posibilidad de la autogestión obrera como alternativa frente al cierre de las plantas por parte del capital (Magnani, 2009).

[28] En la actualidad, por el contrario, las políticas públicas impulsan una creciente “vinculación” de las instituciones de ciencia y técnica con los grandes capitales. Esto se produce tanto a través de pasantías laborales –que no son más que bolsas de trabajo barato y precarizado- como por medio de convenios de investigación y desarrollo que suponen en la mayoría de los casos la apropiación privada del saber producido (bajo la forma de acuerdos de confidencialidad y patentes) y el subsidio estatal a las empresas.

[29] Ver, por ejemplo, el documento 2 (2009) en el que las organizaciones firmantes exigen “Planes de Obra Pública y Construcción de Viviendas populares […] Que sean ejecutados por las organizaciones independientes vecinales y de desocupados a través de sus cooperativas, y supervisadas por […] por las propias organizaciones de trabajadores”.

[30] En 2001, el último Censo Nacional de Población marcaba que un 14,3% de la población del país tenía sus Necesidades Básicas Insatisfechas. Este indicador refleja fundamentalmente las precarias condiciones de hábitat y otras vinculadas a las posibilidades de acceso al mercado laboral y por ello al ingreso.

[31] Según Lozano y Raffo (2007) el volumen de rentas extraordinarias derivadas de la explotación de las riquezas naturales de base energética, minera y agraria superaban en 2007 los 20 mil millones de dólares.

[32] Cabe recordar que los más importantes emprendimientos de explotación de las riquezas naturales (tales como la minería del oro o la producción sojera) orientan la mayor parte de su producción directamente a la exportación a los fines de satisfacer la demanda internacional. En estos “negocios” los productores capitalistas se apropian de la mayor parte de los beneficios, mientras que los costos socio-ambientales (denominadas por la economía neoclásica como “externalidades negativas”) son soportados por las comunidades locales.

[33] Ver Documento 2 (2009).

[34] Este sería el resultado de la eliminación del IVA en toda la cadena de producción-distribución de los productos de la canasta básica. Por supuesto, asume la traslación de la eliminación del IVA a los precios de los productos (los cuales se reducirían en un 16%). Esto supone la capacidad del Estado y las organizaciones populares de forzar -por diversos medios- tal reducción de precios.

[35] El consumo suntuario representaba en 2007 un 33,9% del ingreso total (Féliz, 2008b). Si bien esto implica una reducción en relación a 2003, todavía tiene una participación del 57% en el plusvalor potencialmente disponible. Además, la apropiación desigual de los ingresos se mantiene: según Lozano (2009) el 10% más rico se apropiaba de 28,7 veces más ingresos que el 10% más pobre (guarismo más alto que el de 1998: 22,8).

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