La desigualdad persistente

“La desigualdad persistente”

Por Mariano Féliz[1]

La Argentina es un país injusto. Desde 2003 – a pesar de 6 años de crecimiento – la desigualdad en la distribución del ingreso continúa siendo una de las más altas en la historia. Cada miembro de los hogares pertenecientes al 10% más rico recibió en 2009 un ingreso 24 veces superior al ingreso recibido por cada habitante en los hogares pertenecientes al 10% más pobre; en 1992 esa relación era de 19 veces y en 1998 era de 30 veces. En su etapa neoliberal la desigualdad se disparó; en la etapa actual permanece estancada en valores elevados.

Pervivencia de la precarización

La base de la persistencia de la desigualdad es la consolidación de un patrón de crecimiento basado en la sobreexplotación del trabajo. Es decir, basado en salarios reales bajos y condiciones de ocupación precarias. En efecto, los salarios reales de los trabajadores y las trabajadoras recién a finales de 2009 están recuperando el valor que tenían en 2001 (si los medimos con un índice de inflación realista, no el retocado por el INDEC). Mientras que la producción de riqueza ha crecido más de 57% – en términos reales – desde entonces los salarios permanecieron estancados. Esta situación ha sido mucho peor para trabajadores en la informalidad y en el Estado quienes han visto caer fuertemente sus salarios reales en ese período.

La base de este estancamiento y caída de los salarios ha sido la pervivencia de la precarización del empleo. La misma es una condición que debilita de manera estructural el poder de negociación de trabajadores y trabajadoras en los lugares de trabajo frente a los empleadores sean estos públicos o privados.

Sostenemos que la precarización persiste en altos niveles pues este fenómeno supera al llamado trabajo en negro (es decir, aquel empleo asalariado que no se encuentra registrado en la seguridad social y por el cual los patrones no realizan los aportes jubilatorios). En efecto, la información oficial indica que el empleo en negro involucra a 36% de los asalariados y escuchamos a la presidenta señalar que es la cifra más baja en 15 años. Sin negar la realidad del número es importante señalar que la precariedad laboral abarca mucho más que el empleo en negro pues incluye trabajadores contratados en pasantías, con contratos de corta duración, a prueba, o sin contrato, aquellos trabajadores y trabajadoras que trabajan en empresas tercerizadas o subcontratadas (realizando tareas que antes hacían empleados de planta permanente), etc. En el Estado (nacional, provincial y municipal) el empleo precario se manifiesta a través de la proliferación de trabajadores fuera de la planta permanente, como contratados, mensualizados y trabajadores en cooperativas que realizan tareas para los municipios (por ejemplo, a través del programa Argentina Trabaja o el Plan Jefes). Todos estos trabajadores enfrentan la precarización de sus condiciones de trabajo en tanto pueden ser despedidos arbitrariamente, con poco preaviso y sin explicaciones.

A todos ellos habría que sumarle los miles que son trabajadores por cuenta propia y que realizan changas u otros trabajos en condiciones de fuerte inestabilidad. Las estimaciones del IDEF-CTA indican que cerca del 60% de los trabajadores y trabajadoras de la Argentina estaban precarizados en 2008.

Esta situación de debilidad persistente del conjunto de los trabajadores da cuenta de la fuente primaria de la desigualdad de ingresos. Esto explica que la misma permanezca a pesar del crecimiento acelerado y de la caída en la desocupación.

Crecimiento basado en la precarización y la desigualdad

Pero la precarización y la desigualdad no son simplemente productos de la permanencia de la flexibilización laboral de los años noventa. Son el resultado de un patrón de desarrollo capitalista que necesita de ambas para sostenerse en el tiempo. Luego de años de reestructuración, el capitalismo argentino ha consolidado una modalidad de desarrollo que necesita de los bajos salarios como medio esencial para garantizar la competitividad. Las empresas y grupos económicos más grandes en la Argentina se han insertado mundialmente y participan del ciclo del capital a escala regional e internacional a partir de la producción de mercancías que aprovechan las ventajas naturales y los bajos salarios en lugar del desarrollo tecnológico.

En la actualidad, la política de tipo de cambio alto junto a los techos salariales son la base de las ganancias de las grandes empresas. La garantía de ambas políticas es la precarización laboral que se ha convertido en una necesidad estructural pues garantiza la rentabilidad empresaria. Por su parte, la precarización en el Estado es funcional a esa estrategia pues le permite mantener bajos los salarios de sus trabajadores.

Esta condición que estructura al capitalismo argentino tiene otro resultado importante en términos de desigualdad distributiva. Más allá de la desigual distribución del ingreso entre los hogares, la combinación de salarios constantemente presionados a la baja, precariedad laboral y crecimiento económico conducen a recrear continuamente una distribución funcional de los ingresos también desigual. La distribución funcional de los ingresos hace referencia al reparto de los mismos entre el conjunto de los sectores trabajadores y el conjunto de las empresas capitalistas; es decir, es la distribución del valor creado entre trabajo y capital. Utilizando estimaciones realistas de la inflación, nuestros cálculos indican que los ingresos de los asalariados representan alrededor del 35% de los ingresos totales, valores que están en torno a los que regían en los años noventa pero muy por debajo del nivel alcanzado a comienzos de los años setenta cuando los trabajadores y trabajadoras llegaron a apropiarse el 45% del ingreso total.

Más allá de la desigualdad de ingresos

La desigualdad no se expresa sólo en diferencias de ingresos. Ella es acompañada de otras desigualdades – tanto o más relevantes – en la distribución del conjunto de los bienes, servicios y derechos sociales. El acceso a la alimentación, a la vivienda, a la educación y la salud, entre otros, o a la justicia, a la prensa o al trabajo digno, entre tantos otros derechos, se encuentra en nuestra sociedad muy desigualmente distribuidos. Esto se traduce en que la precariedad no sólo abarca en Argentina las condiciones de empleo sino que – podríamos decir – incluye el conjunto de las condiciones de reproducción de la vida.

Aun más, la idea de desigualdad no refiere sólo a la falta de acceso o el acceso diferenciado sino que remite a la experiencia cotidiana que muchas mujeres y varones de nuestro pueblo sufren de ser discriminados, segregados, explotados o ignorados. El country con pileta y cancha de tenis frente al asentamiento sin agua ni luz; la escuela de élite y la clínica privada frente a la escuela y el hospital público que se caen a pedazos y donde sus trabajadores (docentes, médicos, enfermeros y administrativos) carecen de las condiciones mínimas para trabajar (empezando por salarios y materiales de trabajo suficientes y adecuados); el rico amigo del juez que evita la multa por mal estacionamiento frente al pobre que no puede acceder a la justicia o es detenido por exigir en la calle por el derecho a alimentarse. La desigualdad expresa la experiencia de ser permanentemente agraviados por una sociedad que pretende que millones de hogares acepten ser deshumanizados o maltratados sin siquiera derecho a protestar y demandar soluciones. Esto significa que la desigualdad es mucho más que un problema distributivo. Es un problema de justicia y por lo tanto es un problema político.

Salir del círculo de la precariedad

De la situación analizada no puede salirse con medidas compensatorias o parches. No hay forma de terminar con la precarización de la vida y el empleo – que conducen a la desigualdad en la distribución de bienes, servicios y derechos sociales – si no se atacan los fundamentos estructurales de esos fenómenos.

Abandonar el círculo de la desigualdad requiere alterar el patrón de desarrollo económico basado en ella. Para ello hay que avanzar en el control social de las riquezas naturales, el desarrollo de tecnología y el combate a la precarización del empleo. Esto último supone reimponer una legislación que defienda cabalmente los derechos de los trabajadores y trabajadoras – consagrados en la Constitución Nacional – y terminar con el falso discurso de los gobiernos que dicen luchar contra el empleo precario cuando en realidad el Estado es uno de los principales precarizadores. Finalmente, es fundamental desarrollar políticas que ataquen la desigualdad estructural en el acceso a los derechos básicos.


[1] Investigador del CONICET. Docente de la Universidad Nacional de La Plata. Miembro del Centro de Estudios para el Cambio Social. Correo electrónico: marianfeliz@gmail.com / Bitácora: marianfeliz.wordpress.com

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: