Políticas sociales y laborales en la Argentina posneoliberal

Por Mariano Féliz[1]

Hasta mediados de los años ochenta las políticas sociales y de empleo estuvieron articuladas fundamentalmente en torno al empleo asalariado. Junto con esas políticas la provisión pública universal de bienes y servicios varios (fundamentalmente, salud y educación) permitieron por mucho tiempo una mejora persistente en las condiciones de vida de la población, manteniendo los niveles de pobreza muy por debajo de la media de la región sudamericana. Menos del 5% de los hogares eran pobres en la primera mitad de los años setenta.

Los cambios estructurales que la dictadura militar de 1976 profundizó – y continuaron los gobiernos elegidos que la sucedieron – condujeron al deteriorioro en las condiciones de vida y alteraron radicalmente la forma de intervención del Estado. El primer resultado de todo esto fue el salto en los niveles de pobreza (ver cuadro).

Desde mediados de los años ochenta y con mayor radicalidad en los noventa, las políticas públicas orientadas a las clases populares ganaron en selectividad y focalización. Abandonaron progresivamente los criterios de universalidad que las luchas históricas del pueblo trabajador habían conseguido imponer en ellas desde comienzos de los años cuarenta. En los ochenta nació la caja PAN (Plan Alimentario Nacional) como primer destello de lo que vendría. Luego en la década menemista – como respuesta a las luchas sociales contra el ajuste neoliberal – nacieron los diversos planes “de empleo” (Planes Trabajar) y otros similares acompañados por una política de desregulación y privatización de la seguridad social y de desmantelamiento de los derechos laborales. En la década actual la salida de la convertibilidad marcó el comienzo del post-neoliberalismo pero no el fracaso del programa neoliberal ni el abandono de sus premisas básicas. Los sectores dominantes habían avanzado sobre un pueblo trabajador fragmentado, con un movimiento obrero vencido y desmoralizado (con formas organizativas debilitadas y burocratizadas y – en muchos casos – claramente integradas a los sectores dominantes) consolidando un patrón de acumulación de capital articulado en la precarización laboral y la superexplotación del trabajo y la naturaleza, aún vigente.

La resolución de la crisis a comienzos de 2002 significó la redistribución del ingreso desde el conjunto del pueblo trabajador hacia los grandes capitales: en la presente década los asalariados se apropian de cerca del 30% de los ingresos totales, menos que en las tres décadas previas (ver cuadro). La contracara: tasas de ganancia para el gran capital 50% (superiores a las de los noventa). Aun con la recuperación del empleo y los aumentos salariales que los trabajadores consiguieron en los últimos años, la persistente inflación mantiene los ingresos reales de los/as trabajadores/as – aún hoy en 2010 – por debajo de la media de la década menemista. Luego de una etapa inicial de recuperación salarial (2002-2005), se avanzó en la represión de la conflictividad (en muchos casos, a partir de la utilización de la mediación de la burocracia sindical) y la contención salarial (“techos salariales”), conteniendo los salarios debajo de la inflación real. En los últimos tres años los salarios reales se han – al menos – estancado.

Luego de más de una década de políticas focalizadas, segmentadas y residuales, en 2002 nace el Plan Jefes/as, un programa social de carácter masivo y universalizante. Surgido como respuesta a la creciente conflictividad social, en lugar de ser mejorado y ampliado comenzó a ser rápidamente replegado para su reconversión hacia una nueva estrategia de focalización: el Plan Familias, que se orientó a las mujeres con niños/as quienes fueron declaradas “no empleables”. El Plan Familias se aceleró la desaparición del Plan Jefes y su reemplazo por más programas selectivos y segmentados. Para acelerar el proceso se mantiene congelado desde 2002 el beneficio del Plan Jefes (150 pesos) frente a una canasta básica que – al menos – duplicó su costo y un salario mínimo formal que subió 9 veces (aunque la mayoría de los ocupados tiene salarios por debajo de él y aún representa menos del 50% de la canasta familiar).

Los nuevos programas sociales se caracterizaron por su masividad: el plan Jefes llegó a casi 2 millones de beneficiarios en 2002 y el plan Familias abarca más de medio millón. Comparados con los programas de las décadas previas (que llegaron a 300 mil beneficiarios) vemos que la nueva política social busca contener lo que la economía post-ajuste nos legó como condición de su propia reproducción: millones de trabajadores/as abandonados a las changas o el empleo precario. La expansión económica permitió recuperar los niveles de empleo pero mantiene los altos niveles de precariedad: en 2008 casi 60% de los ocupados estaban empleados en modalidades precarias, lo cual incluye pero excede el empleo no registrado (que abarca a un 35% de los asalariados y todavía supera largamente los mínimos históricos). En paralelo, persiste la precarización laboral como política de Estado: 12% de los empleados públicos son pasantes, becarios, o similares; muchos más son repetidamente “contratados” en lugar de incorporados a la planta permanente. La utilización de los beneficiarios del plan Jefes como fuerza de trabajo para los caudillos municipales, está siendo paulatinamente desplazada por numerosas cooperativas de trabajo (muchas de ellas en el programa Argentina Trabaja). En La Plata, por ejemplo, cerca de 2500 personas trabajan bajo esta modalidad en tareas otrora realizadas por empleados de la planta del municipio.

En relación a la política de previsión social a pesar de la recuperación para el Estado de los fondos del sistema previsional, más de 2/3 de los jubilados aún cobran por debajo de la línea de la pobreza. Mantiene, además, los principales ingredientes del régimen previo: aportes patronales reducidos, edad jubilatoria aumentada y un concepto neoliberal de previsión social que asocia los aportes a un fondo de inversiones y bajo el mismo esquema de gestión y financiamiento previo a su privatización en 1993 (por lo tanto con sus mismos límites estructurales). La importante ampliación de la cobertura hacia pensiones no contributivas y la expansión del beneficio del ingreso familiar a varios millones de personas son medidas cuya veta positiva queda relativizada ante su trasfondo: el reconocimiento de la precarización laboral como una situación permanente y de la incapacidad del sistema previsonal de garantizar jubilaciones dignas.

Es claro que el Estado desde 2002 ha actuado propiciando y aceptando las restricciones estructurales impuestas por los sectores dominantes. Expresa también los límites de esa dominación y una nueva configuración de los movimientos populares a la salida de la crisis que impone restricciones y fuerza cambios en las políticas públicas sociales y de empleo. Gobiernos con bajos niveles de legitimidad de origen (Duhalde elegido por un cuestionado Congreso Nacional, N. Kirchner votado por menos del 20% del padrón y C. Fernández perdedora en la mayoría de las grandes ciudades) – más por necesidad que por convicción produjeron cambios significativos en las políticas públicas sociales y de empleo. Cambios que registran parcialmente las demandas históricas de las organizaciones populares y los ecos de las luchas del pueblo contra el ajuste, pero que evitan permitir el protagonismo popular en su orientación, diseño y gestión. Por el carácter conservador de las alianzas políticas gobernantes, las políticas públicas sociales y de empleo siguen limitándose a funcionar como medio de control social intentando colocar a las organizaciones populares como simples correas de trasmisión. Por otro lado, esas políticas tienen una gran limitación: aceptan y no han podido superar la consolidación de un nuevo modo de desarrollo capitalista basado en la precariedad del empleo y de las condiciones de vida.

Cuadro

Año Incidencia de la pobreza (% población) Salario real promedio ($ 2008)
1974 5 2148
1986 12 1342
1992 16 1031
2008 30 876

[1] Investigador del CONICET. Docente de la Universidad Nacional de La Plata. Miembro del Centro de Estudios para el Cambio Social. Correo electrónico: marianfeliz@gmail.com / Bitácora: marianfeliz.wordpress.com

Este texto fue publicado también en el sitio de Prensa de Frente (http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/new/2010/02/22/p5458)

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: