Análisis de por qué el gobierno K creó el Fondo del Bicentenario para pagar la deuda externa

Análisis de por qué el gobierno K creó el Fondo del Bicentenario para pagar la deuda externa.
Por: área de prensa del Frente Popular Darío Santillán.
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La discusión sobre deuda pública pareciera reducirse a encontrar la mejor forma de pago. El oficialismo defiende su política de canje y pago con reservas del Banco Central. La oposición por derecha al kirchnerismo, destaca permanentemente la necesidad de reducir el gasto público para pagar con “recursos genuinos”. A excepción de la posición de Proyecto Sur -minimizada por los medios masivos-, pareciera no existir alternativas en el debate: el pago de la deuda es indiscutiblemente positivo. Deuda y dependencia: dos caras de una misma moneda En primer lugar, debemos destacar el rol histórico que ha jugado la deuda pública externa como forma de subordinar la dinámica económica de los países del Tercer Mundo al desarrollo capitalista de los países centrales. A través de diversos mecanismos, las potencias imperiales –primero Inglaterra y más tarde Estados Unidos- han realizado préstamos a los países sub-desarrollados insertando a estos a la lógica del capital global. En cada período, los excesos de liquidez del centro se tradujeron en fondos prestables para las clases dominantes y los gobiernos de los países periféricos, con sus consecuencias en términos de condicionamientos para los Estados nacionales para llevar a cabo una política autónoma. Estos mecanismos de prestamos fueron particularmente importantes en la Segunda Posguerra, momento en el cual Estados Unidos toma el rol de potencia hegemónica y de representante del capitalismo global. Los diferentes organismos multilaterales –Banco Mundial, FMI, entre otros- creados en el acuerdo de Bretton Woods, no hicieron más que fortalecer la posición imperial del país del norte, otorgando una mayor legitimidad a sus acciones. En cada uno de estos organismos los países ricos poseen un derecho de voto muy superior al de los países atrasados, lo cual asegura su funcionamiento adecuado a los intereses de estos Estados y, por su intermedio, de sus clases dominantes. Aún en 2008, Estados Unidos contaba con el 18% del derecho a voto en el directorio del Banco Mundial y un 17% en el FMI, mientras que Japón –segunda potencia en el directorio- posee sólo un 6%. Estas posiciones desiguales en los organismos –encargados, supuestamente, de la regulación de las actividades financieras a nivel global-, junto con capacidades productivas diferenciales de los países centrales, tuvieron como consecuencia el incremento del endeudamiento de los países eufemísticamente llamados “en desarrollo”. Esto se hace muy claro especialmente luego del giro neoliberal de los ´70: el stock de deuda externa en los países del Tercer Mundo pasó de 540.000 millones de dólares en 1980 a 3.360.000 millones en 2007 –una variación del 522%). Otro tanto representan los servicios de esta deuda: pasaron de 86.000 millones de dólares en 1980 a 523.000 millones en 2007. Aproximadamente la mitad de esta deuda externa es pública, es decir unos 1.680.000 millones de dólares en 2007. En los países centrales, por el contrario, en ese año la deuda externa pública sólo alcanzó los 105.700 millones de dólares. Conclusión: los países del sur poseen una deuda pública externa 16 veces superior a la de los países centrales. Del stock de deuda externa pública de los países del sur, Nuestra América poseía –en promedio- 79.000 millones en el año 2007. Argentina, a pesar de los diagnósticos positivos del oficialismo, se encontraba aún en 2007 en el quinto lugar de los países más endeudados a largo plazo detrás de México, Brasil, Turquía e Indonesia. Lo más interesante de la cuestión es que aún cuando no se tome nueva deuda, los intereses y servicios de la deuda previa, incrementan los montos adeudados. Cada vez que los diferentes gobiernos del sur refrendan los pagos de intereses –o renegocian los vencimientos de capital – en su presupuesto público, no hacen más que permitir que el capital excedente del centro se destine a una “inversión” confiable y duradera: el endeudamiento público de los países del sur. Así, a nuestros pueblos se les exige destinar parte del valor socialmente producido cada año a asegurar la rentabilidad de los flujos de capital que provienen del norte. Sobre el mito del desendeudamiento popular El primer gran incremento de deuda fue durante la última dictadura, cuando a través de la “bicicleta Financiera” y la estatización de deuda privada pasó de 9.700 a 45.100 millones de dólares entre 1976 y 1983. Durante los gobiernos constitucionales posteriores, el stock de deuda continuó incrementándose, sobre todo en el período de vigencia de la convertibilidad, en el cual se pasó de 57.000 millones de dólares en 1990 a 144.000 hacia fines de 2001. Con la salida de la crisis de la convertibilidad, la deuda pública argentina aumentó todavía más en el período 2003-2009, a excepción de lo que ocurrió en el año 2005 con el pago al FMI. Entre 2002 y 2005 se incrementó un 68% y luego volvió a crecer, aún cuando no se tomó nuevo endeudamiento de manera masiva. Esto llevó a que hacia fines de 2009 la deuda pública del Estado Nacional trepara a los 147.000 millones de dólares, todavía mayor que los valores de 2001 y 44% superior al promedio de toda la etapa 1992-2001. Evidentemente, los pagos y renegociaciones de la deuda pública no han permitido reducirla de manera significativa. Los mecanismos que la generaron siguen operando y recreando un amplio espacio para la valorización del capital financiero. Los títulos públicos continúan funcionando como formas de inversión de alta rentabilidad y relativo bajo riesgo. Si bien en la etapa actual la proporción de endeudamiento en manos de “extranjeros” se redujo al igual que la proporción de deuda sobre el PBI, la deuda pública continúa siendo un condicionante de la política económica. A través del Estado, el capital financiero internacional se apropia de casi 10% de la riqueza total generada en el país. A pesar de haber pagado la deuda con el FMI, el peso global de la deuda pública en la economía nacional mantiene al capital financiero en condiciones de seguir direccionando –a favor del conjunto del capital– la orientación general de las políticas públicas. De este estado de situación surge una pregunta central: ¿por qué la deuda sigue siendo un problema para la Argentina? Luego de años de alto crecimiento y tasas de rentabilidad elevadas para el capital (superiores a las vigentes en los noventa), con una situación fiscal mucho más holgada que en otra épocas y un ingreso excedente de dólares para el conjunto de la economía. ¿Por qué el Estado Nacional decide hoy retomar la negociación con los acreedores (antes llamados “buitres”) y refrendar ese endeudamiento con el fin declarado de “volver a insertarse en el mundo” o de “tomar nueva deuda a menores tasas”?. En primer lugar, el canje planteado por el ministro de economía es una decisión que beneficia a aquellos acreedores que se auto-excluyeron del canje de 2005. Los bonistas y bancos de inversión que quedaron afuera apostaron a esperar que el gobierno argentino retomara el ciclo del endeudamiento. El canje de 2010 privilegia la rentabilidad de los bonistas, reconociendo una deuda de al menos 10.000 millones de dólares, que no existía por decisión soberana del Estado argentino. El reconocimiento por parte del gobierno de que los especuladores –paradigmas de lo más rancio del capital financiero– tienen razón en reclamar el pago de sus acreencias difícilmente pueda defenderse como un acto de soberanía popular. En segundo lugar, existe un mejor destino para los ingresos fiscales que el pago que año a año se lleva la deuda pública. De acuerdo al presupuesto nacional, en 2010 se destinarán al pago de intereses un 9,7% del gasto público total planeado para este año. Si lo comparamos con el 3,7% que se destina a salud y el 7,2% que se asigna a educación y cultura queda en claro cuáles son las prioridades más allá de los discursos grandilocuentes. Si no se pagara este monto de intereses, se podría -por ejemplo- cuadruplicar la cantidad de viviendas construidas en el año. Tercero, los salarios de las y los trabajadores del sector público se encuentran aún hoy muy por debajo de sus niveles de 2001. Sin embargo, el incremento salarial estipulado en el presupuesto no permite siquiera una recomposición por la inflación. Cuarto, la necesidad de sostener y aumentar el endeudamiento para financiar la actividad del Estado es una opción política anti-popular, claramente inferior a otras alternativas. Con un sistema tributario regresivo como el actual, los/as trabajadores/as pagan con su esfuerzo a los más ricos acreedores del Estado. Una política alternativa implicaría, al menos, tres medidas: (a) Constituir una Comisión para la Auditoría Integral de la Deuda Pública –tal como se ha hecho recientemente en Ecuador- que declare el endeudamiento ilegítimo e ilegal, (b) eliminar los subsidios al gran capital y (c) aumentar la carga impositiva sobre los sectores con mayor capacidad contributiva para terminar con la “necesidad” de hacer uso del endeudamiento.

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