“Diez años de kirchnerismo y la situación del pueblo trabajador”

“Diez años de kirchnerismo y la situación del pueblo trabajador”.

El proyecto neodesarrollista enfrenta sus límites: Precarización del empleo y estancamiento salarial.

Por Mariano Féliz* y Diego Paz**

En http://frentepopulardariosantillan.org

A diez años de comenzado el proceso político dominado por el kirchnerismo como fuerza política en el control del Estado, un nuevo Primero de Mayo nos permite valorar las situación del pueblo trabajador en Argentina.
Luego de un primer lustro (2003-2007) de inflación moderada y crecimiento económico sostenido, el proyecto kirchnerista, de carácter neodesarrollista[1] (y nombrado desde el gobierno como un capitalismo “serio”), enfrenta sus límites. Esto se manifiesta en el aumento de los precios, desde el 2008, por encima del 20% anual (promedio), y a una situación que alterna entre el estancamiento perdurable y el bajo crecimiento de la actividad económica. Esto supone pasar de una situación de aumento en el empleo, recuperación parcial de los salarios de los trabajadores y trabajadoras formales y por lo tanto cierta mejora distributiva, a una situación de salarios fluctuantes, escasa creación de empleo y descenso en la participación de los salarios en el ingreso. Los “beneficios del modelo” han durado poco para el pueblo trabajador. La fachada del “capitalismo serio” que prometía una vida mejor para todos y todas, muestra cada día más sus grietas y su verdadera naturaleza.
Por detrás de este ciclo, una serie de elementos marcan las continuidades estructurales del proyecto actual con el neoliberal: la persistencia de la precarización como forma extendida de las relaciones laborales y la super-explotación del trabajo como fuente extraordinaria de ganancias empresariales, entre otras continuidades como el saqueo de la naturaleza, la regresividad tributaria y el sometimiento al pago de la deuda pública.
Más de una década después de la crisis neoliberal en Argentina, la mitad de los/as asalariados/as en el sector privado enfrentan alguna forma de precarización laboral mientras que la misma penetra todos los rincones del aparato estatal. Los contratos basura, las cooperativas truchas y las tercerizaciones son las modalidades más extendidas, aunque no las únicas. Estado y capital han escrito un compendio de formas de precarizar el trabajo, con el aval de presidentes/as y CEO, de ministros y gerentes, de secretarios, subsecretarios y directores. La extensión de la precariedad laboral garantiza la prevalencia de la super-explotación de los trabajadores y trabajadoras: más del 50% ganan por debajo de la canasta familiar mientras un número creciente ganan menos que el salario mínimo. Los bajos niveles salariales y las precarias condiciones de trabajo se desparraman en efectos sobre las condiciones materiales de vida, haciendo imposible para las familias trabajadoras tener una casa digna o arreglarla, tener tiempo de ocio y esparcimiento, alimentación y vestimenta adecuados o acceso a servicios básicos.
Esta situación es el producto de la condición estructural que desde el Estado ha sido consolidada, pero también de la política laboral llevada adelante desde el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Desde 2003, ese ministerio utilizó la reapertura de las Comisiones Paritarias para canalizar institucionalmente el conflicto laboral que desde 2002 se hacía cada vez más potente. Una creciente cantidad de comisiones internas ganadas por los/as trabajadores/as a las burocracias sindicales se convirtieron para el gobierno y las cúpulas de los sindicatos en los principales objetivos de la nueva política laboral, en un afán de controlarlas y neutralizarlas en su accionar.
A partir de 2006 se sumó como objetivo de primer orden, la “contención” de las demandas salariales que -aun dentro del “corset” de los ámbitos paritarios- desbordaban los objetivos empresariales y minaban su rentabilidad. En el marco de la nueva política de “techos salariales”, comenzó a exigirse “moderación” a las exigencias salariales, cargando las culpas por la creciente inflación sobre los/as trabajadores/as.
En esas condiciones, desde 2001 el PBI creció un 74% hasta 2012. Sin embargo, el salario real (poder de compra) de los trabajadores formales del sector privado lo hizo apenas 20%. Los trabajadores informales y los estatales todavía tienen salarios un 25% por debajo de los niveles de 2001.
En años recientes, las barreras y límites del proyecto neodesarrollista se hacen cada vez más evidentes: regresión distributiva, reindustrialización trunca, crisis fiscal e inflacionaria, externa y productiva. Frente a ello, desde el Estado se ha avanzado en “poner en caja” las demandas populares. Los techos salariales se han generalizado, convirtiéndose en efecto en límites a las mejoras salariales. La vocación del Estado de sostener el pago de la deuda pública (fraudulenta e ilegítima) y continuar con una política de subsidios generalizados al gran capital sin corregir la inequidad tributaria, se manifiesta en la decisión de sostener un régimen de impuestos sobre el salario (“a las ganancias”) que pesa cada vez más sobre una fracción creciente de los/as trabajadores/as.
A su vez, las Comisiones Paritarias se desvirtúan (por acción y omisión de parte de los funcionarios y las burocracias sindicales) convirtiéndose en espacios que permiten legitimar un ajuste silencioso: aumentos salariales menores a la inflación, en cuotas y con plazos cada vez más prolongados. Esto se suma a la aprobación de legislación anti-popular que favorece el debilitamiento de la capacidad de lucha del pueblo. En ese sentido operan la llamada ley “anti-terrorista” junto a la violación sistemática del derecho a huelga con el descuento de los días de paro y el uso ilegítimo de la conciliación obligatoria por parte del Estado. La retórica nacional-popular que se trasmite desde las fuerzas políticas en el gobierno es cada vez más incongruente con la realidad. La reciente aprobación de una nueva legislación de riesgos del trabajo (Ley de ART) avanza destruyendo los derechos básicos del pueblo trabajador, en momentos en que al menos mil personas mueren anualmente en promedio por accidentes laborales.
En la última década, las luchas del pueblo trabajador en torno a sus condiciones materiales de empleo como fuerza de trabajo, han mutado. Los primeros años posteriores a la crisis de la convertibilidad encontró a la histórica CGT y la CTA como actores que recuperaban cierta capacidad de intervención. Esto se explica, en parte, por la presión de sus bases, la reducción en la desocupación y la acción de los Movimientos de Trabajadores/as Desocupados/as. La creciente contradicción entre el discurso del “capitalismo serio” y la realidad de las condiciones precarias de existencia del trabajo, se tradujeron en fracturas al interior de las organizaciones sindicales. Se consolidó así en el país un panorama gremial con cuatro centrales sindicales.
En simultáneo, las organizaciones sociales nacidas al calor de las luchas contra el neoliberalismo, registran progresivamente los cambios en la morfología del pueblo trabajador (menos desocupación abierta, más empleo precario, mayor peso del empleo industrial y en el Estado) y profundizan un trabajo sindical de nuevo tipo apoyado en los aprendizajes de sus luchas anteriores y en experiencias recientes de nuestra historia del movimiento obrero como el clasismo: democracia de base y protagonismo popular, formación de base permanente, unidad en la acción, socialismo prefigurativo, articulación multisectorial de las luchas. Nuevas corrientes sindicales, nutridas de esa experiencia y de una nueva generación de activistas, han comenzado a transformar la dinámica política en el seno del movimiento obrero altamente precarizado y con creciente participación de jóvenes compañeras y compañeros.
Este es el panorama general que enmarca el Primero de Mayo, con el desafío permanente de impulsar nuevas luchas y la organización de los trabajadores y trabajadoras, con independencia de clase, y con la mirada en avanzar con todos los sectores del pueblo trabajador en la construcción de un proyecto verdaderamente popular, que resuelva los problemas de fondo, para la vida digna y realización plena de las grandes mayorías.

* Economista. Investigador del CONICET (CIG/UNLP & CEIL-PIETTE/CONICET); docente de la UNLP. Miembro del Centro de Estudios para el Cambio Social (CECSO). Militante del Frente Popular Darío Santillán – Corriente Nacional. Correo electrónico: marianfeliz@gmail.com

** Militante de La Fragua (Trabajadorxs organizados en el FPDS-Corriente Nacional).

[1]Hablamos de neo-desarrollismo porque comprendemos que luego del 2001, el modelo neo-liberal perdió consenso social y político, aunque varias de sus reformas estructurales sirvieron y sirven hoy de base para una mayor apropiación de la riqueza a favor de los grupos económicos concentrados del capital, tanto nacional como transnacional. Por lo tanto entendemos que el “modelo” económico vigente hoy en Argentina presenta rupturas y continuidades con respecto a la etapa neoliberal, entendiendo que el neo-desarrollismo no es más que una nueva etapa hegemónica en el marco de expansión y desarrollo capitalista, el cual ha avanzado históricamente sobre la soberanía y la emancipación de lxs trabajadorxs y en detrimento de sus condiciones materiales de vida. Para profundizar más consultar: http://www.herramienta.com.ar/proyecto-neodesarrollista-en-la-argentina/proyecto-neodesarrollista-en-la-argentina

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