¿Salario o ganancia? A propósito de los cambios en un impuesto controversial

¿Salario o ganancia? A propósito de los cambios en un impuesto controversial

Por Mariano Féliz*

Publicado en marcha.org.ar con pequeños cambios de estilo, 14 de mayo de 2015.

En el marco de un conflicto sindical creciente en ramas claves de la actividad económica, el gobierno nacional decidió modificar la forma de pago del impuesto al salario. Con esto busca crear condiciones para simplificar las negociaciones paritarias y allanar el camino hacia las PASO de agosto y las elecciones generales de Octubre.

¿Qué cambió…

Hace pocos días se reglamentó una modificación en la forma de pago del llamado impuesto a las ganancias de la 4ta categoría, que en los hechos es básicamente un impuesto a los salarios de una fracción de lxs trabajadorxs asalariados formalizadxs.

La modificación no implicó la elevación del salario mínimo no imponible (valor por debajo del cual no se computa el impuesto) ni se alteró la estructura general de las escalas a partir de las cuales cambia la alícuota del impuesto (del 9% al 35% del ingreso imponible) o deducciones más importantes (por hijxs, cónyuge, etc.). El cambio supuso esencialmente la creación de un régimen especial que abarca a todos aquellxs que tienen salarios brutos (antes de descuentos y deducciones) de entre 15 y 25 mil pesos por mes. Éstos tributan hoy entre 8% y 13% de su salario como por este impuesto. El nuevo sistema establece una escala de descuentos en los montos que corresponde pagar de este impuesto, de forma tal que aquellxs en ese rango de ingresos (se estima que unxs 700 mil) pagarán un monto reducido de forma retroactiva a Enero. Los valores ya pagados en exceso serán devueltos en cuotas durante los próximos meses.

y por qué?

En el marco de la campaña electoral que se acelera, de las crecientes demandas sindicales de eliminación o corrección radical del impuesto, y frente al creciente grado de conflictividad de las negociaciones paritarias en marcha, el gobierno nacional encaró de manera parcial, tardía y bastante arbitraria la mencionada modificación. La medida se tomó a pesar de su costo fiscal (que ahora no ha sido explicitado por el gobierno), algo que en otros momentos fue señalado como una de las restricciones para encarar cualquier cambio. La modificación se hizo sin tocar otras fuentes de ingresos o alterar otros tributos. Si bien no fue aclarado, la menor recaudación será compensada con mayores recortes en el gasto público, más endeudamiento en el mercado de capitales privado o con mayores niveles crédito por parte del Banco Central (o, lo que es lo mismo, más emisión monetaria).

La medida es tomada como una respuesta abierta a negociaciones salariales donde las exigencias de lxs trabajadorxs superan ampliamente las ofertas empresariales y las sugerenciasde los funcionarios gubernamentales. Luego de la caída de salarios estimada en torno al 6% en 2014, la mayoría de los gremios están reclamando aumentos por encima del 30 % anual para recuperar la caída y enfrentar la inflación porvenir (superior al 25%), mientras que gobierno y empresarios proponen subas cercanas al 20%, o algo más si son escalonadas o en cuotas.

Frente a esas demandas, el gobierno ha decidido hacer lo que siempre negó poder hacer, aunque tomando prudente distancia del último paro nacional y en una modalidad que no suponga responder literalmente a los pedidos sindicales. Dado que el cambio en la forma de pago del impuesto, los ingresos de lxs trabajadorxes afectadxs subirían en torno al 5%. En la interpretación gubernamental eso tendería a reducir las pretensiones salariales en las negociaciones.

Impuestos y distribución del ingreso. ¿Quién debe pagar?

La presión fiscal sobre los salarios del conjunto del pueblo trabajador se ha incrementado sustancialmente en los últimos años. En el marco de un estancamiento de la economía y de los ingresos de las familias trabajadoras, un porcentaje cercano al 11% de los ocupados formales tributa ganancias. La cuestión es que hoy en día familias con ingresos apenas por encima de la canasta familiar (hoy mayor a $14.000) pagan un impuesto directo por sus ingresos. Además, de pagar el IVA por todos sus gastos (21%) más otros impuestos al consumo (ingresos brutos, combustibles, etc.), más los aportes provisionales, esas familias trabajadoras con ingresos por su trabajo superiores a los 15 mil pesos brutos sufren una importante carga impositiva.

El gobierno pretende justificar el sistema vigente sobre la base de señalar que un porcentaje muy grande trabajadores no tributa el impuesto. Esto es cierto porque la gran mayoría del pueblo trabajador recibe ingresos muy por debajo de la canasta familiar (6 de cada 10 ocupados ganan por debajo de los $6.500) y una porción sustancial (cercana al 30% de las personas) recibe ingresos por debajo de lo que se considera un ingresos indigno en nuestro país, menor a la línea de pobreza. Sin embargo, esta situación es resultado de las enormes tasas de precariedad laboral y de superexplotación del trabajo propiciadas por el proyecto neodesarrollista (y sus principales beneficiarias: las corporaciones transnacionales) y no producto de las demandas de las familias trabajadoras que han logrado escapar parcialmente a tales circunstancias.

Mientras el gobierno exige a lxs trabajadorxs formalizadxs moderación en sus demandas, tanto empresas que desarrollan minería a cielo abierto, inversores en el sistema financiero con plazos fijos millonarios o compradores de títulos públicos, entre otrxs grandes propietarios de capital, tributan poco y nada por las ganancias que obtienen del trabajo ajeno. En efecto, el sistema tributario argentino carga el peso de la recaudación sobre el ingreso de quienes participan de la producción directa de valor y riqueza, lxs trabajadorxs, mientras que quienes reciben porciones variables de la ganancia o plusvalía generada por la mera propiedad de grandes capitales son beneficiadxs. Estos últimos no sólo tributan poco sino que reciben millonarios subsidios y exenciones impositivas.

La situación es tal que una familia trabajadora que gane cerca de dos canastas familiares (25 mil pesos mensuales) por su trabajo, tributará proporcionalmente por este impuesto injusto casi 35% sobre sus ingresos, tanto como uno de los gerentes de YPFSA (con ingresos superiores a los 500 mil pesos mensuales) o de cualquier gran capital nacional o multinacional.

Claro que más allá de lo formal, los ingresos de gerentes al igual que los ingresos de lxs propietarios de los grandes capitales no son salario sino ganancias (plusvalía, plustrabajo) disfrazado como tal. La injusticia de este impuesto es que equipara a una familia con salarios equivalente a dos canastas familiares con el presidente de un gran banco o el gerente de la Barrick Gold en Argentina o el dueño de Grobocopatel.

Un impuesto más justo debería eximir al menos a todxs los que ganen dos o tres salarios equivalentes a la canasta familiar (ajustable de manera automática según la inflación) y a partir de allí establecer un verdadero impuesto a las ganancias que aumente la carga proporcional para llegar progresivamente a alícuotas más altas que los máximos actuales. Ese esquema nuevo debería incluir un cambio en la progresividad de las escalas, una modificación en el sistema de deducciones, junto con la eliminación amplia de exenciones y subsidios al gran capital. Este sistema combinado con la recuperación de los aportes patronales sobre las grandes empresas (que fueran reducidos en los años noventa) permitirían empezar a transitar un esquema de financiamiento de la actividad estatal con mayores niveles de equidad distributiva.

* Militante del Frente Popular Darío Santillán – Corriente Nacional. Docente UNLP. Investigador CONICET.

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