Holdouts o Buitres, dos nombres para la misma estafa

 

Holdouts o Buitres, dos nombres para la misma estafa

Se cierra la era de lxs pagadores seriales y se inicia un nuevo ciclo de reendeudamiento

Por Mariano Féliz*

 

La última dictadura militar dio nacimiento a un proceso de acumulación de deuda externa que ha condenado al pueblo argentino al ajuste permanente. Una deuda inicial de 5000 mil millones de dólares en 1974, se transformó en 7900 para 1975 y superaban los 45 mil millones en 1983. Este proceso comprendió el financiamiento público de la fuga de capitales y la estatización ilegal e ilegítima de la deuda externa de las grandes empresas privadas, incluida la empresa familiar del actual presidente Macri.

Sucesivos gobiernos electos legitimaron la deuda preexistente y la multiplicaron: luego de los gobiernos de Alfonsín y Menem, debíamos más de 120 mil millones de dólares. En el interín alimentaron la valorización financiera del capital y el saqueo definitivo de las empresas públicas. El gobierno de la Alianza, con De la Rúa, Machinea, Cavallo y Sturzenegger  (actual presidente del Banco Central) a la cabeza, la transformaron en más de 145 mil millones en pocos años, Megacanje y Blindaje de por medio. Todo por salvar el interés del gran capital expresado en la ley de Convertibilidad. Duhalde se fue del gobierno, y entre todxs debíamos más de 179 mil millones, nuevamente producto de millonarios subsidios a bancos y grandes empresas. La cesación parcial de pagos (default) de 2002 abrió un paraguas para barajar y dar de nuevo. Sin embargo, luego del ciclo kirchnerista, convertidos en pagadores seriales gastamos 200 mil millones de dólares y aun así debíamos más de 250 mil millones de dólares a fines de 2015. En el medio pagamos cash (en efectivo) casi 10000 millones al FMI, renegociamos (dos veces, en 2005 y 2010) esa deuda acumulada espuriamente para seguir pagándola, reconocimos una deuda por otros 10000 millones con el llamado Club de Paris (nacida en la dictadura militar) y nos endeudamos en 6000 mil millones más para pagar por la estatización parcial de YPF (mientras nos “olvidábamos” de cobrar por los pasivos ambientales provocados por la gestión REPSOL).

Los acreedores que renegociaron obtuvieron grandes ganancias (más de 300% en dólares), pero una porción menor (7%) buscaba ganar aun más (más de 1000%). Esos fondos de inversión eran llamados ‘buitres’ por el discurso nacional y popular, o conocidos como ‘holdouts’ por el discurso de la derecha. El kirchnerismo aceptó discutir con estos fondos especulativos en una corte extranjera (el juzgado de Griesa), en un acto que disminuye la soberanía popular. Lo mismo había hecho en las negociaciones con las numerosas empresas transnacionales que litigaron contra Argentina en la corte del Banco Mundial (más conocido como CIADI). Esa cesión de soberanía ya nos había costado varios miles de millones de dólares. El juicio con los fondos de inversión más especulativos (‘buitres’) se perdió, como era de esperar que ocurriera en una corte estadounidense. El kirchnerismo, decidido a pagar, se propuso postergar lo más posible el acuerdo, exacerbando la retórica nacionalista (‘patria o buitres’), olvidando el carácter evidentemente anti-nacional de la política de pago serial. Perdiendo la elección, quedó en manos de un gobierno más ‘amigable’ al capital financiero, concluir la negociación. La nueva coalición gobernante y sus aliados coyunturales (muchos ex – socios del kirchnerismo) se aprestan a cerrar un mal trato para todxs lo antes posible: unos 6000 millones de dólares se convierten en más de 12 mil a corto plazo; a mediano plazo podrían ser muchos más si los acreedores que arreglaron antes se siente ‘estafados’. El objetivo del acuerdo de apuro: reabrir el camino del endeudamiento externo como medio para relanzar el crecimiento capitalista lo antes posible y –por si fuera necesario aclararlo- para seguir pagando la deuda.

Está claro que no corresponde pagar una deuda injusta, ilegal e ilegítima. Durante los últimos 40 años, los costos de pagarla han sido evidentes. Por un lado, la inestabilidad crónica de la economía que se mueve al vaivén de los intereses del capital financiero, cada vez más especulativo. Por otra parte,  la deuda implica un desvío sistemático de recursos que podrían haber sido destinados a satisfacer las necesidad populares tales como la construcción de millones de viviendas, el desarrollo de los barrios populares con acceso a los servicios básicos, ampliación de la infraestructura escolar, etc. ¿En la última década, cuánto se podría haber hecho en este sentido con los más de 200 mil millones de dólares pagados?

Más allá de esto, la pregunta obvia pero que no aparece en los debates mediáticos es ¿para qué queremos seguir endeudándonos?. Si endeudarse para pagar una deuda espuria es un sinsentido, pedir dinero prestado en moneda extranjera a fondos financieros internacionales es un despropósito. Primero, porque la deuda internacional pone al país al servicio de los intereses de los acreedores y de las grandes transnacionales (en particular, exportadores). Efectivamente, son ellos quienes son los principales proveedores y demandantes de moneda extranjera. Por ello, tienen un poder excepcional para promover sus intereses en el Estado (y a través de éste), presionando con su capacidad para controlar el valor y la cantidad de moneda extranjera disponible. El Estado endeudado en moneda internacional (una moneda que no puede imprimir) queda sujeto –aun más- a los vaivenes de las exigencias del gran capital. Además, en general la deuda externa tiene como pre-requisito el apoyo del FMI, que viene siempre atada a condicionalidades. Esas condiciones son expresión de las necesidades y demandas del gran capital financiero y no financiero, y se manifiesta en políticas económicas que promueven sus intereses.

Por otra parte, ¿para qué endeudarse en moneda extranjera para financiar obras de infraestructura o programas públicos en el país? Si los dólares no son necesarios para realizar esas inversiones, ¿para qué pedirlos? Por ello, el anuncio reciente de un nuevo crédito del Banco Mundial (negociado por Cristina y Macri) por más de 6000 millones de dólares para obras y para financiar la Asignación Universal es completamente negativo: más deuda en dólares para financiar obras o gastos cuyos costos son esencialmente en pesos. Antes que atarse a una deuda en una moneda que el país y el Estado no producen, sería más lógico endeudarse internamente en moneda nacional. O mejor aun, no endeudarse y ampliar la base tributaria sobre los actores y clases sociales con capacidad de pago para financiar los gastos necesarios. Esto reduce sustancialmente el costo de las obras (pues los impuestos no pagan intereses ni hay que devolverlos) y evitan quedar atado a futuro a la necesidad de devolver el dinero.

La deuda pública y en particular la deuda externa construida desde mediados de los años 70, es uno de los puntos críticos a desandar/desarmar en cualquier proyecto popular de cambio social. Sin impugnarla ni rechazarla, el peso del capital financiero opera de manera directa o a través de sus representantes como presión permanente sobre el Estado y la economía. El pago de la deuda tiende a convertirse en el eje articulador de toda la política económica, pues pagarla se convierte en cuestión de Estado y prioridad fundamental. El camino de la liberación, el cambio social y la verdadera independencia tendrá que batir contra la deuda, contra los buitres y los grandes especuladores, pero también contra los pagadores seriales.

 

* Profesor UNLP. Investigador CONICET. Militante de COMUNA (Colectiva en Movimiento por una Universidad Nuestramericana) en el FPDS-CN.

 

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