Más concursos ‘arreglados’ en la Facultad de Trabajo Social

Impugnación presentada en relación al concurso para profesor titular ordinario en la Cátedra Economía Política de la Facultad de Trabajo Social (UNLP).

La Plata, 19 de Mayo de 2016.

Universidad Nacional de La Plata

Facultad de Trabajo Social

Consejo Directivo,

Sras. y Sres. Consejeras,

 

Me dirijo a Ustedes a fin de presentar recurso contra la resolución 21/2016 correspondiente al expediente 3200-001430/16-000 referida a Concurso para cubrir un cargo de Profesor Titular Ordinario con dedicación simple para la cátedra de Economía Política. El día 17 de Mayo de 2016 fui notificado fehacientemente de dicha resolución y a partir de ello hago esta presentación en los términos prescriptos por los incisos 1 y 15 del artículo 56 del Estatuto Universitario por la manifiesta arbitrariedad del dictamen de la Comisión Asesora (integrada por la estudiante Pamela Jaime, el graduado Tomás Bover, y los profesores Gerardo De Santis, Darío Ceresani y Adriana Clemente). En tal sentido, solicito reconsideración por parte del Consejo Directivo pidiendo que el mismo deje sin efecto el Concurso mencionado y convoque a un nuevo concurso seleccionando otra Comisión Asesora. En caso de que el Consejo Directivo no acepte mi solicitud de reconsideración para dejar sin efecto el concurso mencionado, solicito Recurso Jerárquico ante el Consejo Superior para que el mismo deje sin efecto el concurso.

Aclaro que mis cuestionamientos a la tarea de la Comisión Asesora, a su dictamen y la resolución del Consejo Directivo remiten a la decisión de poner al Cr. Rubén Fabián Flores en primer lugar en el orden de méritos y a mí en segundo lugar por una diferencia de sólo 3 puntos. Dado que considero que únicamente mediante arbitrariedad manifiesta, la Comisión Asesora y el Consejo Directivo pudo otorgar más puntaje Flores que a mí en ese orden de mérito, solamente me referiré a los elementos que entiendo han operado en esa decisión. No pongo en consideración en ningún momento la decisión de colocar al tercer concursante, Dr. Emiliano López, en el tercer lugar del orden mencionado.

 

Motiva mi solicitud una serie de elementos que paso a considerar.

 

  • De los criterios de valoración de los candidatos.

La ordenanza 179 de la UNLP establece en su artículo 26 que la Comisión Asesora debe evaluar al menos tres ítems básicos: (a) antecedentes y títulos, (b) publicaciones, trabajos científicos y profesionales y (c) prueba de oposición. Asimismo, agrega como posibilidad (d) entrevista personal y (e)  demás elementos de juicio. Los primeros tres ítems son de carácter obligatorio y deben aparecer evaluados por separado. Además, es evidente que existe un orden jerárquico entre los ítems a evaluar. La entrevista personal es complementaria en la evaluación, como queda claro de la expresión ‘si la hubiere’ en el artículo mencionado.

Por otra parte, el Estatuto de la UNLP en su artículo 28 establece que los profesores titulares deben “dictar y dirigir la enseñanza teórico-práctica de su asignatura; dictar cursos parciales o completos de su especialidad; realizar al menos alguna de las siguientes actividades: investigación y extensión; participar en seminarios o reuniones científicas de su cátedra, departamento o instituto”. Esto establece un parámetro de valoración claro respecto a que se espera del trabajo pasado, presente y futuro de cualquier profesor titular. La evaluación de los candidatos para ocupar estos cargos debe ser realizada en relación al conjunto de estas tareas que serán su competencia. En consecuencia, es claro que sus antecedentes y experiencia en estas distintas dimensiones deberían ser fundamentales en la evaluación de la Comisión Asesora.

En tercer lugar, en el artículo 24 de la ordenanza 179 señala que no se puede “computar como título probatorio de competencia el ejercicio mecánico y rutinario de la cátedra por parte de quienes han profesado en ella sin destacarse por la realización de cursos intensivos, trabajos de investigación, publicaciones y otras iniciativas de jerarquía científica y docente. Tampoco se computarán como mérito la acumulación de publicaciones de escaso o nulo valor científico o docente”. Esto supone que la comunidad universitaria considera fundamental jerarquizar y valorar cuantitativa y cualitativamente el trabajo, la experiencia, títulos y antecedentes de las y los candidatos a cubrir cargos de profesor titular.

 

  • Del dictamen de la Comisión Asesora

El dictamen de la Comisión Asesora comienza por ignorar arbitrariamente el segundo ítem de los 3 que deben ser evaluados obligatoriamente a la hora de analizar a los candidatos. Ese ítem (b) no aparece valorado de manera separada como establece la ordenanza 179. Esta arbitrariedad pretende subsumir dos conceptos clave (‘antecedentes y títulos’ y ‘publicaciones, trabajos científicos y profesionales’) en uno sólo, reduciendo su peso general en la evaluación. Este procedimiento pretende neutralizar el peso muy superior (cuantitativa y cualitativamente) de mis ‘antecedentes y títulos’ y ‘publicaciones, trabajos científicos y profesionales’ en comparación con el concursante Flores.

En este sentido, la Comisión Asesora argumenta que el “reglamento interno de Concursos de Profesores Ordinarios” (resolución 24/89 de la Facultad de Trabajo Social) en su artículo 14 establece “se evalúe hasta veinte (20) puntos los antecedentes de los aspirantes, hasta treinta (30) puntos la prueba de oposición, y hasta diez (10) puntos la propuesta pedagógica”. Sin embargo, cabe marcar al menos dos objeciones a esta interpretación. Por un lado, este reglamento se excede por sobre lo dispuesto por la ordenanza 179 de la UNLP pues no respeta los parámetros de evaluación que esta plantea. En segundo lugar, las ponderaciones establecidas son “máximas” (“hasta”) y no fijas como el dictamen asume. El dictamen no justifica las ponderaciones seleccionadas ni las relaciona con los elementos de valoración establecidos en el Estatuto de la UNLP y la ordenanza 179. Reduciendo su valoración a una cuestión aritmética (“Ello suma en total sesenta (60) puntos”) evitan justificar la decisión de las ponderaciones y por lo tanto operan arbitrariamente.

Por otra parte, la Comisión Asesora construye una escala de ponderaciones del resto de los ítems (incluida la ‘entrevista personal’) que desarticula el orden de prioridades establecido el artículo 26 de la ordenanza 179 de la UNLP. Sin justificación alguna, de manera manifiestamente arbitraria, sobre-pondera la ‘entrevista personal’ y la ‘prueba de oposición’ muy por encima de los ‘antecedentes y títulos’ y las ‘publicaciones, trabajos científicos y profesionales’. A las dos (2) preguntas de lo que la Comisión Asesora denominó la ‘entrevista personal’ se le asignan 10 puntos y a la ‘prueba de oposición’ 30 puntos. Sin embargo, la Comisión Asesora otorga sólo 20 puntos a los ‘antecedentes y títulos’ y no valora por separado el ítem ‘publicaciones, trabajos científicos y profesionales’. Esto evidentemente fuerza el espíritu del Estatuto de la UNLP y la ordenanza 179 pues intenta desarticular la valoración explícita que ambas normativas hacen del trabajo previo de los candidatos (sus antecedentes, sus títulos, sus publicaciones, su trabajo en extensión e investigación, etc.) para sobre-valorar ítems donde la Comisión Asesora puede operar con plena arbitrariedad como son la prueba de oposición y la entrevista personal. Mientras estos dos últimos elementos son sólo valorados por la Comisión Asesora, más de dos décadas de trabajo desarrollado a lo largo de mi carrera, y el trabajo que actualmente llevo adelante, es subvalorado, a pesar de que cuenta con la evaluación periódica, sistemática e independiente de centenas de personas e instituciones diferentes que dan cuenta de la calidad de mi labor y promovido y apoyado el desarrollo de esas tareas.

Es manifiestamente arbitrario que a una clase de 40 minutos frente a la Comisión Asesora y las dos preguntas orales y de carácter general en la ‘entrevista personal’ le sean asignadas el doble de puntaje que al conjunto de los antecedentes de los candidatos, máxime para el cargo de Profesor Titular que supone debe ser desempeñado por docentes que hayan realizado una trayectoria en la docencia, como en este caso cuando los que disputan el cargo tienen más de 20 años de antigüedad como trabajadores de la UNLP y por lo tanto han debido y han tenido la posibilidad de desarrollar una vasta tarea como profesional integral en el ámbito universitario. Evidentemente, las ponderaciones arbitrariamente decididas buscan evitar ‘odiosas y desfavorables comparaciones’ que en este caso, en el marco de un concurso ordinario de profesor titular de la UNLP, son elementales para seleccionar a la persona mejor preparada para cubrir el cargo para el desarrollo de las funciones primordiales de la Universidad (que según el preámbulo de su Estatuto son “el desarrollo y fomento de la enseñanza, la investigación y la extensión”).

Más allá de la forma manifiestamente arbitraria en la que la Comisión Asesora ha valorado a los candidatos, la lectura del dictamen corrobora la manifiesta arbitrariedad del mismo, y da cuenta de que su único objetivo es favorecer a uno de los candidatos (Contador Rubén Fabián Flores) frente a otro candidato que tiene evidentemente un trabajo más consistente, más profuso, y más acorde con las demandas y necesidades de la Universidad (mi persona, Doctor Mariano Féliz).

 

La arbitrariedad en la evaluación de los Antecedentes y Títulos

A la hora de evaluar lo que la Comisión Asesora considera “Antecedentes” (y no como establece la ordenanza 179 “Antecedentes y títulos”) en primer lugar se obvia el hecho de que en mi caso tengo dos (2) títulos de doctorado (uno en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y otro en Ciencias Económicas por la Universidad de Paris XIII/Nord), lo cual está acreditado con la documentación correspondiente; además, poseo –tal cual se consigna en el dictamen- un título de Magister en Sociología Económica en la Universidad Nacional de San Martín. En el caso del Contador Flores se señala que “consigna cursos de posgrado” (en temáticas que poco tienen que ver con la materia en cuestión) pero no se hace referencia a que el Cr. Flores no tiene título de posgrado alguno.

Cabe recordar que la ordenanza 179 establece en su artículo 27 que para ser profesor titular hay que “poseer título máximo o superior expedido por Universidad Nacional de la República o Instituto acreditado del extranjero”, algo que a simple vista el Cr. Flores no posee. Flores tampoco posee, como quedará claro más adelante, “trabajos que demuestren su profundo y completo conocimiento de la materia” como para demostrar “especial preparación”, algo que el Consejo Directivo tampoco declara.

A posteriori, el dictamen señala que el Cr. Flores “se desempeña en forma ininterrumpida como docente desde 1990” y que posee 18 años de antigüedad en un cargo de Profesor Adjunto interino y JTP concursado desde 1994 “entre otros cargos docentes desempeñados”. En mi caso, el dictamen sólo dice que acredito ser Profesor Adjunto Ordinario de la UNLP desde 2012 y profesor titular en la Maestría y Doctorado en Ciencias Sociales de la FAHCE-UNLP desde 2010. De esa manera, parece que mis antecedentes docentes comenzaron en 2010 mientras que los de Flores “desde 1990 …. Con 18 años de antigüedad”.

Lamentablemente, la Comisión Asesora obvia señalar que yo también soy docente en Universidades Nacionales desde 1995 con una antigüedad docente total acreditada por la UNLP de más de 21 años (según consta en mi recibo de sueldo en el expediente). He desarrollado actividades docentes prácticamente todos los cuatrimestres desde 1995, excepto en algún período en que me encontraba realizando trabajos para mi Tesis Doctoral en  Francia. Asimismo, he sido docente en grado y posgrado de otras universidades nacionales como la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional del Comahue, además de haber dictado cursos en universidades extranjeras (como la Universidade Federal de Juiz de Fora en Brasil y la Universidad de la República Oriental del Uruguay).

Por otra parte, el dictamen evita remitir al artículo 24 de la ordenanza 179 que señala que no se podrá “computar como título probatorio de competencia el ejercicio mecánico y rutinario de la cátedra por parte de quienes han profesado en ella sin destacarse por la realización de cursos intensivos, trabajos de investigación, publicaciones y otras iniciativas de jerarquía científica y docente”. En ese respecto, Flores cuenta con el único mérito (mencionado en el dictamen) de no haber concluido la especialización universitaria.

Sin embargo, el dictamen olvida indicar mis antecedentes en este sentido: haber sido compilador y publicado 4 capítulos de libros de cátedra para el Ciclo Básico Común de la UBA, haber realizado y concluido un Seminario “Introducción a la Docencia Universitaria” en la UNLP y haber coordinado la publicación reciente (2015) del Libro de Cátedra “Argentina neodesarrollista. Debates sobre el modelo” editado por la Editorial de la UNLP, cuya edición fue seleccionada por concurso por la Editorial. Este Libro de Cátedra fue incorporado de manera integral en la propuesta de contenidos que presenté para el Concurso de Economía Política.

A la hora de valorar los antecedentes y títulos en investigación, la Comisión Asesora señala que desde noviembre de 2012 tengo un cargo de Investigador Adjunto del CONICET (obtenido por CONCURSO) sin mencionar que mi lugar de trabajo es el Centro de Investigaciones Geográficas (CIG) del Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (IdIHCS) del CONICET y la UNLP, con sede en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de nuestra Universidad.

Asimismo, no señalan que soy Consejero Directivo electo del Consejo Directivo de mi Centro de Investigación desde 2011. Por su parte, del Cr. Flores, la Comisión Asesora sólo puede mencionar que “es miembro” del CIEPyC (Centro de Investigación en Economía Política y Comunicación), sin mencionar el rol o dedicación en el mismo, ni señalar que uno de los Jurados (Lic. Gerardo De Santis) es director de ese Centro.

Nuevamente, la Comisión Asesora olvida mencionar otros antecedentes de investigación claves en mi experiencia profesional y de gran relevancia para la propuesta de trabajo que presento para el concurso: entre 1999 y 2007 fui becario de posgrado del CONICET y la UNLP en diferentes modalidades (todas por CONCURSO) y obtuve también una beca externa de investigación del CONICET en 2012 (también por CONCURSO). Tampoco se mencionan las diversas pasantías y estancias de investigación que desarrollé en Argentina, Venezuela y Francia. Por supuesto, tampoco se mencionan los 19 cursos de especialización y actualización que realicé desde 1994, sin contar los 16 cursos de posgrado realizados en el marco de mis estudios de Maestría y Doctorado entre 1999 y 2006. El Contador Flores sólo acredita 9 “cursos o seminarios”.

El dictamen señala que soy docente-investigador categoría III en el programa de Incentivos Docentes desde 2011 (antes tenía categoría V, y he solicitado el ascenso a la categoría II), pero no dice que el Cr. Flores sólo tuvo categoría V cuando se categorizó en 1995. Si señala que en 2015, el Cr. Flores solicitó el “nuevo ingreso y recategorización ” al programa de incentivos, lo cual sólo indica que en algún momento debe haber sido dado de baja del mismo.

A la hora de analizar los antecedentes en investigación, en cuanto a las publicaciones el dictamen se limitó a señalar mi “vasta y profusa producción … en revistas especializadas nacionales e internacionales”, la co-autoría y compilación de varios libros (olvidan mencionar que soy autor individual de un libro) y capítulos de libros, y la participación “destacada” en Congresos y Foros. En contraste, en el caso de Flores sólo mencionan “diversos artículos publicados en revistas especializadas”.

Esta forma de presentar la información obvia elementos claves vinculados a la cantidad y calidad de las publicaciones científicas. Por un lado, no menciona la evidente diferencia cuantitativa en el número de publicaciones. He publicado 42 artículos (uno en prensa) en revistas científicas (la mayoría con referato), de las cuales 16 fueron publicados en revistas del exterior (en Brasil, Colombia, Uruguay, México, Estados Unidos, China). Publiqué 37 capítulos de libros (uno en prensa), varios de ellos editados en libros internacionales con referato. Edité, co-edité, compilé o escribí 8 libros. Tengo 49 trabajos publicados en Actas de Congresos, he asistido a al menos 87 reuniones científicas, en la mayoría de las cuales he presentado trabajos para la discusión. Por supuesto, el dictamen no hace ninguna referencia a que he integrado 23 proyectos de investigación desde 2000, dirigiendo los últimos 12 proyectos (4 de los cuales dirijo en este momento); la evaluación de esos proyectos y su financiamiento ha provenido de la UNLP (proyectos PID), el MINCYT (proyectos PICT) y el CONICET (proyectos PIP), entre otras instituciones, que valoran profundamente el trabajo que vengo desarrollando y lo apoyan sistemáticamente. Asimismo, el dictamen olvida mencionar que participo de varios proyectos en redes internacionales, integrando un grupo de trabajo en CLACSO, y co-dirigiendo un proyecto de Misiones Inversas (SPU) y un proyecto de cooperación internacional entre CONICET y FAPESP (SP, Brasil).

Si nos remitimos a los antecedentes de Flores en este respecto, la Comisión Asesora sólo tiene para considerar (aunque no los menciona explícitamente) 11 publicaciones (artículos o capítulos de libro), de los cuales 6 son artículos sin referato publicados en la revista del CIEPYC en el cual ‘es miembro’, bajo la dirección del Jurado Lic. Gerardo De Santis. Su experiencia de investigación se limita a haber integrado 6 proyectos de investigación acreditados por la UNLP desde 1996; en 2006 integró un proyecto dirigido por mi con sede en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP. Finalmente, la Comisión Asesora ni siquiera menciona los escasos 5 momentos de asistencia (certificada) o exposición por parte del Cr. Flores a Congresos o Jornadas. En mi caso, como ya señalé, he asistido a 87 reuniones científicas y expuesto trabajos en su mayoría.

En lo que hace al trabajo de extensión universitaria, transferencia y vinculación con la comunidad, en el caso del Cr. Flores el dictamen sólo puede mencionar su participación como integrante en “proyectos” desde 2002, sin mencionar que eso ocurrió en solo 2 proyectos y sin señalar que en sus años como docente de la UNLP no ha tenido ninguna otra actividad en la materia, ni siquiera lo que podría considerarse ‘transferencia’. Por contraste, en mi caso el dictamen solo menciona mi actuación desde 2007 (en realidad, desde 2006), eso sí señalando que mi actividad es “en forma ininterrumpida”.

Nuevamente, la Comisión Asesora olvida elementos que ponen mi trabajo en esta dimensión muy por encima del realizado por el otro concursante (Flores). El dictamen no menciona que yo he participado en 14 proyectos de ‘extensión’, actuando como director en 6 oportunidades, como codirector en 1 proyecto, y como coordinador en otros 5 proyectos. Esto incluye, entre otros, 7 proyectos de Voluntariado Universitario, 1 proyecto PIT-AP (Proyectos de innovación y transferencia en áreas prioritarias) de la UNLP, y 1 proyecto de PPUA (Programa de Promoción de la Universidad Argentina) de la SPU. Tampoco se menciona que en la actualidad dirijo 2 proyectos de Voluntariado y 1 de Extensión Universitaria de la UNLP.

Por supuesto, no menciona ninguna de mis actividades en este respecto por fuera de proyectos formales: 7 cursos ‘de transferencia’ dictados en diferentes instituciones, 6 cursos o talleres coordinados con organizaciones de la sociedad civil, 33 charlas o participación en paneles en ámbitos universitarios o no universitarios, o la publicación de 67 artículos cortos en medios de prensa nacionales o internacionales, o materiales de divulgación o debate.

Del Cr. Flores sólo se podría mencionar (aunque la Comisión Asesora parece no darles valor y por lo tanto ni menciona) 7 charlas dictadas, alguna de las cuales tuvieron también mi participación como panelista.

El dictamen de la Comisión Asesora incluye como valorable (por eso lo mencionan) en el caso del Cr. Flores sus antecedentes profesionales, señalando que ‘se desempeña laboralmente’ en la CICBA. Aparentemente, eso es muy importante de mencionar para la Comisión Asesora. Lamentablemente, no consideran de importancia mis ‘otros antecedentes’ en Formación de Recursos Humanos (con tesistas y becarios actuales y anteriores), mi participación en jurados de tesis de posgrado o de grado, mi papel en la evaluación de proyectos de investigación (para diversas universidades nacionales, para el CONICET o el FONCYT/MINCYT), de miembro del comité de evaluación o comité editorial para revistas científicas, o como miembro de Comisiones Asesoras en concursos docentes, ni mi participación como integrante del Comité de Organización de diversas Jornadas Científicas, o mi rol como consejero académico o consejero directivo.

Es claro que la diferencia cualitativa y cuantitativa es tan abrumadora y la coherencia de mi trayectoria profesional debiera haberme otorgado una diferencia en la evaluación de los antecedentes muy superior a la que la Comisión Asesora propuso. No sólo por el escaso peso otorgado en el conjunto de la evaluación a los ítems “Antecedentes y Títulos” y “Publicaciones, trabajos científicos y profesionales” (subsumidos, anti-reglamentariamente en uno sólo “Antecedentes”, y con un muy reducido peso de sólo 20 puntos sobre un total de 60), sino por la poca diferencia en el puntaje otorgado (19 puntos a mi en comparación con 15 a Flores). La diferencia real en calidad y cantidad de antecedentes, títulos, publicaciones, trabajos científicos y profesionales es tan amplia a mi favor en comparación con Flores, que se evidencia una arbitrariedad manifiesta por parte de la Comisión Asesora en su valoración de los mismos.

Lo arbitrario de la decisión es tan claro que la Comisión Asesora olvida también mencionar que en 2012 la Universidad Nacional de La Plata me otorgó el Premio a la labor científica, tecnológica y artística de la UNLP, en la categoría “Menores de 40 años”, en reconocimiento a la integralidad, coherencia, consistencia y valor de mi trabajo en y para la UNLP.

 

La arbitrariedad en la valoración de la prueba de oposición

Pero el criterio manifiestamente arbitrario de la Comisión Asesora no sólo se expresa en la ponderación y valoración que el dictamen hace de los dos primeros ítems de la evaluación, sino que se cierra en el análisis de la ‘prueba de oposición’ y en lo que la Comisión Asesora indica como “entrevista y propuesta pedagógica”.

En referencia a mi “prueba de oposición”, el jurado hace primero una somera descripción de la presentación del tema sorteado y la forma de abordaje. Luego señala que mi “exposición” no habría sido acorde al “carácter introductorio requerido en la asignatura inscripta en segundo año del plan de estudios en la carrera de Trabajo Social”. Evidentemente, es una cuestión de apreciación subjetiva lo que significa “carácter introductorio requerido” de la materia, algo que claramente entra dentro de la “amplia libertad para la exposición de ideas o doctrinas” que como docentes gozamos según el artículo 28 del Estatuto de la UNLP.

Tengo amplia experiencia demostrada en el dictado de cursos de grado y posgrado de Economía Política en carreras tales como el primer año del ciclo básico común de la UBA, en el 2do año de la Carrera de Relaciones del Trabajo de la UBA, el 2do año del ciclo básico de Contador Público Nacional, Administración de Empresas y Licenciatura en Economía en la Facultad de Ciencias Económicas de UNLP, en la Licenciatura en Sociología (1er año, 2do año y 3er año) en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP y en la propia Facultad de Trabajo Social de la UNLP en un curso optativo para estudiantes de 3ro a 5to año. Esa experiencia indica que los estudiantes universitarios son capaces de abordar temas de elevada complejidad aun sin conocimientos formales o sistematizados previos, pues poseen experiencias personales e inteligencia suficiente. El ‘nivel de dificultad’ de mi exposición en la prueba de oposición no fue en ningún sentido superior al del curso que hace unos años di para estudiantes de Sociología de la UNLP en el segundo año de su carrera, ni del curso optativo que tuve oportunidad de impartir para estudiantes de la Licenciatura en Trabajo Social. Por otra parte, la Comisión Asesora obvia mencionar que la materia es la única Economía Política del plan de estudios y por ello, necesariamente deberá hacer una síntesis más vasta, compleja y ‘densa’ que si fuera una de varias economías políticas en el Plan.

Además, según el dictamen yo habría hecho “un uso y abordaje de conceptos, categorías y supuestos que no fueron previamente introducidos por el docente en su exposición”. Esta afirmación obvia señalar al menos dos hechos. Por un lado, yo explicité que los temas que se iban a exponer en la clase se enmarcaban en una propuesta de programa para la materia, que el tema correspondía a la segunda mitad de esa propuesta y que por ello se asumía en esta clase en el marco del concurso, que había conceptos de debían conocerse porque en el curso real se habría incorporado en el momento adecuado (en clases anteriores). Por otra parte, una ‘clase’ en el marco de un concurso no es más que una suerte de ‘experimento’ que busca intentar mostrar las habilidades pedagógicas básicas de un docente. Llamativamente, en este respecto, luego de las ‘pruebas de oposición’ uno de los Jurados (Darío Ceresani) comentó a los tres concursantes simultáneamente (los tres podríamos testificar al respecto) que las tres exposiciones habían sido excelentes, si bien cada una con su perfil teórico definido. Esto no es muy consistente con la valoración a posteriori que se presenta en el dictamen.

La afirmación por la Comisión Asesora de que mi presentación “careció de ejemplos” se contradice con el hecho mencionado en el dictamen respecto a que centré la exposición “en el proceso inflacionario registrado en la economía argentina a partir de la salida de la convertibilidad hasta el presente”. Efectivamente, mis ‘ejemplos’ o ‘aplicación de los conocimientos’ estaban explícitamente desarrollados en la articulación entre lo conceptual-teórico y el proceso histórico-real de la Argentina reciente. Nuevamente, la Comisión Asesora pretende valorar lo que debe incluirse en la “amplia libertad para la exposición de ideas y doctrinas” en lugar de valorar mi capacidad pedagógica.

La Comisión Asesora además, dictamina sobre una supuesta omisión de mi parte de la referencia a “instancias de trabajos prácticos”. Ello es inconsistente pues la exposición que realicé remite a la presentación de un tema complejo en 40 minutos y mi propuesta de trabajo para el conjunto de la materia en mi rol como profesor titular está explicitada en la propuesta pedagógica presentada. En ningún lugar del plan de estudios, de la ordenanza 179 o el Estatuto de la UNLP, se exige para un concurso docente una propuesta de trabajos prácticos (al estilo de una “guía” o “ejercicios”) que suponga la “aplicación de conocimientos”. La modalidad de trabajo en la Cátedra es parte de la libertad que como docentes tenemos y defendemos.

Por último, parece claro que al señalar que “la presentación se realizó mediante el uso exclusivo del pizarrón” pretende dar cuenta de ‘una deficiencia’ que es insustancial. Ese señalamiento pretende ser utilizado por la Comisión Asesora para contrastar con el uso de “el pizarrón y una presentación powerpoint en forma alternada” por parte del Cr. Flores. Soy un docente acostumbrado a coordinar y dictar clases, talleres, conferencias y exposiciones en los más diversos contextos (como queda claro en mis antecedentes), y el pizarrón (aun si improvisado bajo la forma de un ‘papelógrafo’) nunca falta. Ese el medio más ubicuo en las aulas de todas y cada una de nuestras universidades y espacios de enseñanza-aprendizaje tanto formales como informales. En el caso particular de esta clase ‘especial’ (‘prueba de oposición’), la pizarra que la Facultad de Trabajo Social puso a mi disposición usaba la tradicional tiza y era un pizarrón con pie y de reducido tamaño (ni siquiera era un pizarrón colgado en una pared y de tamaño adecuado). Como propongo en la propuesta pedagógica, el proceso de aprender y enseñar es un proceso interpersonal, y si se puede llevar delante de manera correcta apenas con una pizarra y tiza, se podrá realizar en cualquier parte.

Evidentemente, la Comisión Asesora hace un uso arbitrario de la valoración de la ‘prueba de oposición’. Junto con la mencionada ponderación excesiva que se hace de la misma en comparación con otros elementos de juicio de más peso en la valoración de un posible Profesor Titular, esto le permite apuntalar la candidatura del Cr. Flores. Como he señalado, a todas luces Flores no está en condiciones formales y sustantivas de ser seleccionado como Profesor Titular, máxime cuando se compara con mi experiencia, mi trabajo y mis antecedentes.

 

La arbitrariedad en la valoración de la propuesta pedagógica y la entrevista.

Finalmente, la valoración de la propuesta pedagógica y la ‘entrevista’ dan cuenta de un intento ilegítimo de valorar arbitrariamente elementos que son parte dentro de la libertad de cátedra. Además, el dictamen pretende valorar positivamente una propuesta acotada en los contenidos (es decir, con poca carga de bibliografía y lecturas obligatorias), como la presentada por Flores. Ello atenta contra el esfuerzo que estudiantes y docentes debemos hacer para terminar de consolidar, en este caso, a la Facultad de Trabajo Social (la histórica Escuela de Trabajo Social) como una institución con nivel académico a la altura del resto de las Facultades y Carreras de la UNLP.

En tal sentido, el dictamen pretende que los contenidos de mi propuesta tienen “poca correlación con los contenidos mínimos de la materia”. Esto es evidentemente un prejuicio ideológico o teórico, pues mi propuesta da cuenta desde mi perspectiva teórica y metodológica del conjunto de los contenidos del plan de estudios para la materia en cuestión. Luego, y en el mismo plano, se afirma la imposibilidad de hacer viable el dictado del curso dada la carga horaria propuesta en el plan de estudios. En este sentido, expreso mi desacuerdo basado en mi experiencia docente, que da cuenta de la posibilidad de abordar los temas propuestos y la bibliografía presentada a partir de mi propuesta de trabajo integral.

Ello también evidencia o insinúa que la Comisión Asesora considera que los estudiantes de la Facultad de Trabajo Social son menos aptos o menos capaces para abordar los debates de un curso universitario de Economía Política, que otros estudiantes de la UNLP. Yo, por el contrario, estoy convencido de que elevar los niveles de debate, exigencia y dedicación de los estudiantes al estudio de la Economía Política, es posible en el marco de una estrategia pedagógica adecuada y con un trabajo integrado, como el que propongo. Por otra parte, la Comisión Asesora pretende saber a priori como responderán los estudiantes de la Facultad de Trabajo Social a una propuesta de trabajo novedosa (seguramente, diferente a otras propuestas que enfrentan en la carrera). Por mi parte, confío en que los saberes de los estudiantes, su capacidad de aprender y enseñar(se) y su esfuerzo (junto con el mío) son los medios básicos para conseguir los objetivos propuestos por el curso. Por otra parte, la propuesta que he realizado busca ser parte integral del plan de estudios y por eso se articula dentro de un programa de trabajo que incluye actividades de investigación y extensión desde la cátedra. Mi propuesta de trabajo no se apoya en una mera expresión de deseos, sino en mi dedicación probada al trabajo en la Universidad; en el caso del Cr. Flores ocurre precisamente lo contrario pues no expresa en su trabajo y antecedentes mayor interés en construir el tipo de Universidad que nuestro Estatuto pretende.

Finalmente, señalo que la llamada ‘entrevista’ no fue tal, sino –al menos en mi caso- consistió en sólo dos preguntas de orden general sin ningún tipo intercambio o posibilidad de elaborar o debatir. El carácter general de las preguntas fue tal que no hicieron mención a detalles relevantes de la propuesta de curso presentada ni de la propuesta de investigación y extensión. Es decir, que la llamada ‘entrevista’ fue realizada de manera violatoria al artículo 5 de la resolución 24/89 de la Facultad de Trabajo Social (“Reglamento interno para concursos de profesores ordinarios”) que señala que la entrevista personal debe abordar no sólo “a) aspectos didácticos, metodológicos, evaluativos y de orientación que pondrán en práctica en el desarrollo de la cátedra y contenidos del plan de trabajo presentado”, sino también “b) contribuciones a la investigación citadas en los antecedentes y en el plan de trabajo propuesto.”. Si el primer elemento estuvo solo lateralmente presente en las dos preguntas realizadas, el punto (b) estuvo ausente por completo. Evidencia de ello es que el dictamen no hace mención a esos elementos ni en la evaluación que hace de mi entrevista ni en la del Cr. Flores. Es claro que Flores, sin antecedentes en materia de investigaciones ni aportes propios a la propuesta del curso, hubiera perdido muchos puntos. Por el contrario, mi propuesta para el curso incluye varios trabajos en los que participé como autor o coautor, incluyendo el Libro de Cátedra cuya edición coordiné. Anulando ese elemento de la valoración, pierdo puntos fundamentales en la evaluación general.

 

  • Conclusión

Como he sostenido a lo largo de esta presentación, la Comisión Asesora y luego el Consejo Directivo, han actuado con arbitrariedad manifiesta al pretender legitimar un orden de méritos abiertamente injustificado, en relación al Concurso para el cargo de profesor titular de la asignatura Economía Política.

Entiendo que los elementos mencionados dan cuenta de manera abundante de que el Concurso debe ser dejado sin efecto.

Cabe aclarar que estimo que quienes han obrado de manera injusta y manifiestamente arbitraria son los miembros de la Comisión Asesora y los miembros del Consejo Directivo que votaron afirmativamente por ese dictamen. Considero que el Cr. Flores actuó de buena fe como participante del concurso. También entiendo que mi candidatura tiene una abundancia de elementos a mi favor. Aun con las valoraciones subjetivas de la Comisión Asesora en torno a la clase y la ‘entrevista’, es claro que yo debería encabezar el orden de mérito, por merecer una mayor diferencia en el puntaje asignado a ‘Antecedentes y títulos’ y a ‘Publicaciones, trabajos científicos y profesionales’’.

Esto resulta de que el conjunto de los antecedentes, títulos y experiencias puestas en juego en el concurso son resultado de diferentes apuestas respecto a nuestra relación con la Universidad y en referencia al aporte que uno quiere o debe hacer. Yo he trabajado para construir una universidad que se consolide como un agente de cambio social, apostando a ser un trabajador universitario integral (en tanto docente, investigador, extensionista). Ello se evidencia en el conjunto de los aportes que pongo en juego en el concurso. Por el contrario, el Cr. Flores hizo una apuesta diferente, y puso sus esfuerzos y prioridades en otra parte. No soy quien para juzgarlo, pero si considero que dados los caminos elegidos y el esfuerzo puesto por cada uno en ese objetivo, en este concurso yo soy el candidato más adecuado para ocupar el cargo de profesor titular en consideración. Entiendo que nuestra Universidad merece que esta sea la decisión final, que sería la más consecuente con sus objetivos y preceptos, y por ello solicito que este concurso sea dejado sin efecto, revocando la resolución del Consejo Directivo. Es lo más justo.

A la espera de una resolución favorable a mi reclamo, me despido atentamente,

 

Dr. Mariano Féliz

DNI 23.343.788

 

 

 

 

 

 

Anexo. Síntesis de principales antecedentes, títulos, publicaciones, trabajos científicos y profesionales

Mariano Féliz Fabián Flores
Título de grado Licenciado en Economía, UNLP Contador Público Nacional UNLP
Título de posgrado (Magister) Magister en Sociología Económica, UNSAM No tiene
Título de posgrado (Doctorado) Doctor en Ciencias Sociales, UBA

Doctor en Ciencias Económicas, Université de Paris XIII/Nord (Francia)

No tiene
Premios Premio a la labor científica, tecnológica y artística de la UNLP (2012), categoría “Menores de 40 años”. No tiene
Cargos docentes actuales Profesor Adjunto CONCURSO ORDINARIO UNLP (2012)

Profesor Titular Doctorado en Ciencias Sociales FAHCE-UNLP

Profesor Adjunto INTERINO UNLP

 

Antigüedad reconocida UNLP 21 años 28 años
Cargos en Investigación Investigador Adjunto CONICET / Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (IdIHCS) – CONICET/UNLP No tiene
Categoría en el Programa de Incentivos III V
Cargos Institucionales actuales en la UNLP Consejero Directivo del Centro de Investigaciones Geográficas (IdHCS-CONICET/UNLP), elegido 2015-2019 No tiene
Dirección Actual de proyectos de Investigación 4 proyectos (1 PICT/FONCYT-MINCYT, 1 PIP/CONICET, 2 PID/UNLP) No tiene
Dirección Actual de proyectos de Extensión/Voluntariado 3 proyectos (2 voluntariado, 1 extensión UNLP) No tiene
Dirección actual de proyectos de Cooperación Internacional 1 proyecto No tiene
Publicaciones en revistas científicas con referato 42 artículos No tiene
Publicaciones en libros (capítulos) 37 capítulos 1 capítulo
Libros publicados 8 libros No tiene
Publicaciones en actas de congresos científicos 49 trabajos No tiene
Participación en congresos y encuentros científicos 87 5
Formación de RRHH (Becarios y tesistas actuales) 4 becarios (1 becaria doctoral UNLP, 2 becarios doctoral CONICET como director, 1 becaria doctoral CONICET como codirector) No tiene ni tuvo
Publicaciones vinculadas a la docencia 1 compilación de trabajos (Libros de Catedra, UNLP, 2015)

4 capítulos de libro

No tiene

 

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