Economía política y poder popular. De la crisis transicional al programa de transición.

Economía política y poder popular. De la crisis transicional al programa de transición.

Mariano Féliz**

[Este texto es parte del libro Resistencia o Integración. Dilemas de los movimientos y organizaciones populares de América Latina y Argentina, pp. 271-293, Cuadernos de Contrahegemonía, 3, ContrahegemoníaWeb / Ediciones Herramienta, ISBN: 978-987-1505-64-7, 2019, Buenos Aires.]

¿Del paraíso al infierno y de vuelta?

El capitalismo dependiente argentino atraviesa una profunda crisis. El último trimestre de 2018 la creación de valor (producto bruto interno, o PBI) cayó 6,8% en relación con un año antes; más de 400 mil desocupadxs han engrosado el ejército de reserva y el consumo popular ha caído en 9,5% en los últimos doce meses.

Esta crisis no ha comenzado en 2018. Ni siquiera a fines de 2015 con la asunción de Cambiemos como fuerza política en el Estado nacional y en algunos de los principales distritos provinciales. Hemos nominado a esta crisis como transicional pues precisamente es la crisis de un patrón de reproducción del capital que se consolidó a lo largo de la década corta de los dosmil (2002-2011), bajo la gestión política del PJ (Eduardo Duhalde 2002-2003, Néstor Kirchner 2003-2007, Cristina Fernández / CFK 2007-2011). A través de esta crisis, las fracciones dominantes intentan -sin éxito aún- superar las barreras de esa estrategia de desarrollo capitalista (Féliz, 2017).

Ese patrón de reproducción social capitalista dependiente se sostiene en una serie de pilares que fueron constituyéndose a través de la era neoliberal (desde fines de los sesenta), y se consolidaron a partir de su crisis a finales de los noventa. Las bases principales de este nuevo patrón de desarrollo capitalista dependiente son la trasnacionalización general de la economía, la sojización del ‘campo’ y las exportaciones, el desarrollo de la minería a cielo abierto (del oro al litio) y el fracking hidrocarburífero, y la financiarización del consumo de masas (tarjetas de crédito, financieras “al paso”) y la producción -en particular de alimentos (pooles de siembra) y vivienda (fideicomisos inmobiliarios)-. Estos rasgos constituyen un nuevo patrón de extracción de plusvalía asentado en nuevas formas de superexplotación de la fuerza de trabajo, la naturaleza y el cuerpoterritorio de las mujeres (Féliz & Díaz Lozano, 2018; Féliz & Migliaro, 2018).

La crisis transicional se expresa en las dificultades de esta nueva forma de ser del capitalismo dependiente en Argentina para avanzar en una fase de intensificación. Luego de unos años de recuperación y acumulación extensiva (2002-2008), el desarrollo capitalista dependiente sobre la base de estrategias de plusvalía absoluta (trabajo remunerado y no remunerado más precario y con jornadas más extendidas), choca contra las barreras que impone la productividad del trabajo si no logra establecer mayores niveles de tecnificación e inversión productiva. La superexplotación laboral enfrenta los límites que establece la resistencia popular en los lugares de trabajo.

Se suma a esto la imposibilidad de superar los límites que impone la forma patriarcal del trabajo de cuidados y reproducción: sin transformaciones radicales en ese plano, la irrupción de las mujeres en el mercado de trabajo encuentra una barrera difícil de superar. Esto es especialmente cierto cuando ellas se niegan a aumentar su superexplotación frente a la necesidad del capital de ampliar el trabajo hacia adentro (impago) y hacia fuera (mal pago) del hogar/comunidad. La resistencia de las mujeres a que se amplíe su superexplotación en la ‘triple jornada’ (trabajo remunerado, trabajo no remunerado en el hogar y trabajo en la comunidad) frena el avance del capital.

Finalmente, la crisis se desata por las barreras impuestas por la centralidad del extractivismo en la producción de plusvalía (bajo la forma de renta de la tierra): la renta opera como amplificador de los mecanismos primarios de superexplotación (del trabajo productivo y reproductivo). En tanto a partir de 2010 se desinfla el boom de precios internacionales, se desacelera aún más rápidamente el proceso de valorización. Sumemos a esto, las resistencia populares que frenan el avance de procesos extractivistas y lo cuestionan en todo el territorio. A partir de ese momento, el capital necesita desesperadamente aumentar el ritmo de la explotación.

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos del INDEC.

Como en otras oportunidades en nuestra historia, la crisis señala la necesidad del capital de superar barreras que son impuestas por las resistencias populares a pagar los costos de esa aceleración de la acumulación de capital. De ahí que la crisis se haya presentado nuevamente como estancamiento y ajuste sin fin, en un intento aún inútil (hoy en 2019) de recrear el ciclo de valorización. El ajuste pretende recomponer las relaciones de valor en proporciones más favorables al capital. El asalto a las condiciones de vida del pueblo trabajador en esta fase es un nuevo intento de apropiación originaria de capital, es decir, una nueva avanzada para desarticular nuestros proyectos de vida, nuestra autonomía, nuestro tiempo libre y nuestras libertades.

De CFK a MM, o la radicalización del ajuste

Esta crisis tuvo una faceta inicial que fue del ajuste heterodoxo (o sintonía fina) del segundo gobierno de Cristina a la primera etapa del gobierno de Macri (Féliz, 2016). Fueron intentos -fútiles a la postre- de superar las barreras crecientes del proyecto hegemónico: déficit externo, fiscal e inflación crecientes, estancamiento en el empleo y los salarios, caída sostenida en la rentabilidad del capital. Sin tocar la base estructural del patrón de acumulación, el ajuste en el tipo de cambio (devaluación creciente del peso), el cambio en la estructura de tarifas de servicios públicos y subsidios a su consumo, y un creciente acceso al capital financiero internacional (acuerdos con los ‘fondos buitres’ y club de París, desarticulación de las restricciones a la movilidad de capitales), no consiguieron dar el impulso buscado para acelerar el crecimiento económico. El gran capital de conjunto no logró recuperar su tasa de ganancia de manera sostenida. No hubo lluvia de inversiones.

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de la Encuesta Nacional a Grandes Empresas del INDEC.

El ajuste a cuenta gotas funciona como una guerra de desgaste contra los sectores populares. En la primera etapa, durante el segundo gobierno de CFK, hubo cierto desconcierto porque no se percibía que había llegado el final de la “era dorada” (aquí, 2002-2010). Luego, hubo desazón frente a la prepotencia del poder instituido que pretende pasar ‘gato por libre’, y proponía moderación y unidad nacional. Ese proceso debilitó la coalición del gobierno que había consolidado el nuevo patrón de reproducción del capital: el segundo gobierno de CFK atravesó por ese desfondamiento, en la medida en que la desazón mutaba en enojo y resistencia. Sin embargo, por dificultades propias las organizaciones populares no pudimos construir una alternativa político-societal que canalizara el descontento en las calles y las urnas. De ahí que la opción electoral ganadora fue dentro de los partidos del orden.

Cambiemos, con minoría legislativa, se obligó a acelerar la crisis transicional (es decir, el ajuste) pero dentro de los límites de un gobierno débil. Continuó la guerra de desgaste con un movimiento popular debilitado por el mito del capitalismo inclusivo. Ese mito había construido -en el último gobierno de CKF- un consenso parcial pero suficiente en torno a las posibilidades de superar la crisis dentro del marco capitalista. En todo caso, fue eficaz en neutralizar buena parte del accionar disruptivo del pueblo en el inicio de la crisis transicional.

A pesar de la falta de gimnasia en la resistencia activa a las políticas del ajuste en y a través de la crisis, la capacidad de resiliencia colectiva bloquearon parte de los efectos regresivos en los primeros años del nuevo gobierno. Dos años entrado el gobierno de Cambiemos, las estadísticas distributivas mostraban la persistencia del estancamiento pero con poco cambio estructural en las condiciones de producción y apropiación de riqueza: la participación del salario en el ingreso, a modo de ejemplo, alcanzó el 51% en 2017 apenas cambiando en esos primeros tiempos de nuevo gobierno en relación a la etapa anterior. Esto no quita que se haya profundizado la precarización de las condiciones de vida a partir de una mayor fragilidad en el mercado de trabajo y en las posibilidades de acceso a consumos básicos.

Momentos definitorios

I

Todo cambió a fines de 2017 cuando pareció agotarse la cuota de confianza del gran capital financiero internacional respecto del nuevo gobierno. La apertura al financiamiento para el programa del ajuste transicional se cortó por la incapacidad del mismo para dar el salto demandado en la intensificación de la explotación (Féliz, 2018).

La reforma laboral integral, la reforma previsional y la reforma fiscal, tenían un papel central en su estrategia. La reforma laboral tenía como objetivo de fondo debilitar el poder obrero en los lugares de trabajo (en especial, el poder de las comisiones internas, la protección legal a les delegades y la centralidad de los sindicatos por rama de actividad); como un paso intermedio pretenden recortar el costo de gestión de la fuerza de trabajo reduciendo los aportes previsionales, recortando las indemnizaciones y creando modalidades de “blanqueo laboral” que redundan en caídas en el costo de contratar y despedir trabajadorxs. La reforma previsional, por su parte, buscaba reducir los beneficios del sistema y ampliar los requisitos de acceso (desde mayor edad jubilatoria a más años de aporte y otros requisitos) con el fin de ampliar la masa de trabajo explotable disponible, reducir la redistribución de plusvalía hacia les trabajadores que no trabajan directamente para el capital (jubiladxs y pensionadxs -mayormente mujeres-, personas con capacidades diferentes, niñes) y promover formas de previsión social privadas (fondos de pensiones, seguros de retiro). Finalmente, la reforma fiscal avanzaba en un sentido similar apuntando a recortar la carga tributaria sobre el gran capital.

El freno al proceso de reformas dañó la confianza de las fracciones dominantes en relación a un gobierno de empresaries. A pocos meses de esa derrota en las calles y el Parlamento, la fuga de capitales se aceleró y pronto se inició una corrida sobre las reservas del Banco Central. El resultado inmediato fue la devaluación violenta de la moneda nacional (en pocas semanas, el precio del dólar aumentó más de 100%).

Llegó el segundo semestre de 2018, y bajo la tutela del capital financiero internacional (en su personificación como Fondo Monetario Internacional -FMI-), la fuga de capitales empujó a la economía local al abismo de la estanflación: mientras el PBI colapsa, la inflación se dispara hacia rangos rayanos con la hiperinflación. En un año, no hay casi sectores con capacidad de valorización. Sólo dos sectores consiguen sostener sus tasas de ganancia. Por un lado, los sectores vinculados a los servicios públicos (en especial, en energía), con regulación de precios y carácter monopólico. Por otro, el monopolio del sistema bancario, que actúa como agente local del capital especulativo y tiene de rehén al Banco Central. En el marco de la aceleración de la crisis general, estos sectores apropian porciones crecientes de una masa de plusvalor en descenso. La consecuencia inmediata no se hace esperar: la acumulación de capital constante fijo (maquinaria y equipo) pasa de una tasa de crecimiento anual de 19,1% en el cuarto trimestre de 2017 a una caída de 25,1% a finales de 2018. El gran capital puso el freno de mano cuando iba a 130 km por hora y acelerando; el vuelco fue espectacular.

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos del INDEC.

En una economía en caída libre, los sectores populares enfrentan una violenta reducción en sus niveles de ingreso y capacidad de consumo mercantil. Esto se acentúa por el proceso de financiarización de la vida: el peso de la deuda personal se ha convertido en una amenaza creciente sobre las condiciones de vida. El permanente riesgo de embargo limita a la vez las posibilidades subjetivas de resistir el ajuste y objetivamente fuerza a aceptar formas de trabajo más precarizadas. El ajuste en el gasto público reduce sostenidamente las políticas de redistribución y aquellas que operan en el plano del trabajo de reproducción socializado (educación, salud, atención a niñes y ancianes, etc.). El gasto público social del Estado nacional aumentó sólo 37,8% entre abril de 2018 y abril de 2019, mientras la inflación fue de 55,8% promedio en igual período; el gasto en salarios de trabajadorxs del Estado nacional se incrementó nada más que 29,5% en ese tiempo. El colapso de estas políticas amplifican la superexplotación del cuerpoterritorio de las mujeres, que reciben amplificadamente las demandas de cuidado en el ámbito privado y comunitario en un contexto de desarticulación y recorte de las ya insuficientes políticas públicas en tal sentido.

Se desploma el empleo asalariado formal y la precariedad y desocupación abierta estallan, al igual que la pobreza por ingresos. Entre 2017 y 2018 la participación de los salarios en el ingreso total cae 5,1 puntos porcentuales; a fines de 2018 la tasa de desocupación salta a 9,1% de la población económicamente activa (aumentando casi 26%) y para las mujeres jóvenes alcanza el 21,4%; entre los varones jóvenes es donde se produce la más fuerte destrucción de empleo remunerado (la tasa de empleo cae 2,9 puntos porcentuales a sólo 47,2% de la población en ese rango etáreo. En 2019 esto continúan empeorando aceleradamente.

Por ahora, la existencia de una red de contención social básica e insuficiente pero extendida -con centro en la asignación universal por hije (AUH)- es clave para evitar la explosión social. Sin embargo, lo que no evita es la reproducción ampliada de la violencia cotidiana, callejera, interpersonal, provocada por la alienación, ansiedad y angustia que atraviesa la vida diaria. Esa violencia es reforzada y recreada de manera preocupante por un creciente deterioro del Estado de Derecho. Se multiplican el gatillo fácil y las detenciones arbitrarias por parte de agentes (para)estatales, en particular en las barriadas populares y en las movilizaciones callejeras donde se intensifica una suerte de Estado de Excepción Permanente. Cualquier excusa vale para la violación sistemática de los derechos individuales y colectivos; la Constitución parece -más que nunca- letra muerta.

II

La fase definitoria de la crisis transicional ha comenzado. La política del doble-0 (combinación del torniquete monetario -emisión cero- y el déficit fiscal primario cero) acordada con el FMI es la última carta en manos del gran capital para “poner en su lugar” al conjunto de los sectores populares.

El debate en la cabeza de los sectores hegemónicos no es el déficit cero. Ese objetivo es simplemente manifestación de uno más amplio: la reducción del sector público a su mínima expresión y la contención de su capacidad de ‘arbitrar’. El doble-0 busca restringir las posibilidades de que un Estado débil (nacido de la crisis neoliberal) sea permeado por los vaivenes de las luchas sociales.

Ese arbitraje se expresaba en políticas de gasto, impuestos y crédito, entre otras, que habilitaban formas de redistribución de ingresos y poder social entre fracciones. El Estado neoliberal (en particular, en su punto alto en la década de los noventa) avanzó con fuerza sobre el conjunto de las clases y fracciones de clases para construir una nueva hegemonía social (la del gran capital transnacionalizado). El Estado surgido de las cenizas de esa era, fue parcialmente liberado de esas cadenas y ha arbitrado -de manera contradictoria- las demandas emergentes hasta la segunda mitad de los dosmil.

En la crisis transicional ese Estado no ha sido eficaz en destrabar la acumulación; no ha conseguido reorientar los equilibrios societales a favor de las fracciones dominantes. Sólo ha logrado desplazar en el tiempo y espacio las barreras a la reproducción ampliada: desequilibrios externos (déficit externo, endeudamiento), inflación sostenida y creciente, incapacidad de acumular y crecer, etc.

Como dijimos, el doble-0 no se relaciona estrictamente con el déficit sino con la correlación de fuerzas sociales en disputa. Es el más reciente intento de resolver la crisis en favor de las fracciones dominantes del gran capital. La apuesta que hacen es enorme pues el tiempo se acelera y el contexto electoral sólo aumenta la incertidumbre. El riesgo país en ascenso expresa esa dimensión de la crisis. Los 10 puntos de “consenso” propuestos por el gobierno de Cambiemos no es más que la aceleración y consolidación estructural del mismo plan: el programa del G20 y el FMI sin medias tintas.

Los sectores populares tenemos la inmensa tarea de configurar un cuadro de fuerzas que haga saltar por los aires esa estrategia y simultáneamente conforme una articulación política capaz de canalizar las demandas populares en las próximas elecciones; pero sobre todo más allá de ellas. En cualquier caso, una salida popular a la crisis no puede quedar supeditada al evento eleccionario.

En búsqueda de un camino para salir de la crisis. Primeros pasos.

Frente a la intensificación de la crisis capitalista, la pregunta por esa salida es realmente compleja de resolver. ¿Por dónde empezar, con qué fuerzas sociales, cómo proyectar el programa de transición?

I

La primera duda resulta de entender que estamos atravesando una profunda crisis transicional en la economía capitalista dependiente argentina. Es decir, hay una serie de determinaciones que se constituyen en límites que sólo pueden ser superados dialécticamente (es decir, con rupturas radicales pero que no pueden eliminar inmediatamente las barreras del desarrollo capitalista dependiente).

En segundo lugar, hay acciones de corte inmediato que deben atender la emergencia social y simultáneamente apuntalar condiciones para frenar la implosión de la economía. Cancelar la sangría de valor localmente producido y redistribuir una fracción creciente del mismo a los sectores populares son resultados prioritarios en esa coyuntura.

Desde el comienzo, las medidas de política económica deben poner en el centro y sin mediaciones las necesidades populares. A diferencia del programa neodesarrollista que pone al capital ‘nacional o local’ como agente fundante del proceso de recuperación, en un programa de cambio radical los sectores populares deben ser ubicados como sujetos fundamentales. Su reproducción material y el cambio en las restricciones estructurales que enfrentan deben estar sistemáticamente en el centro de la escena. No es posible establecer un camino de reformas radicalizables si el sujeto popular aparece mediado por la lógica del capital, de la competitividad, de la superexplotación.

II

En lo inmediato, es clave intentar frenar el deterioro de las condiciones materiales de vida del conjunto de los sectores populares. Sin acciones concretas en este sentido, ningún otro conjunto de políticas podría encaminar un proceso de construcción de una alternativa popular de salida a la crisis transicional en marcha.

Por ello, hay que empezar por la duplicación de la AUH y programas similares y llevar el salario y jubilación mínima a valores que permitan que una familia con dos adultos superen la línea de la pobreza en lo inmediato y en un programa de pocos años lleguen a la canasta familiar. Paralalemente, crear un programa de remuneración al trabajo de reproducción y cuidados de las “amas de casa”, con el objetivo de ampliar la capacidad de consumo de los hogares, a la vez que apuntala la autonomía financiera de las mujeres. En simultáneo, se eliminará el impuesto al salario y se compensará la pérdida de recaudación con una sobretasa en la imposición a las ganancias de grandes capitales, el aumento en la alícuota del impuesto a los bienes personales (con ajustes acordes en los mínimos) y la creación de un impuesto al ingreso con un mínimo imponible equivalente a 2 canastas familiares (hoy, alrededor de 100 mil pesos). Por último, el sistema de monotributo será eliminado para las categorías más bajas (aportan poco al sistema impositivo general y son una carga injusta y excesiva sobre quienes se ven obligades a pagar) sin que esto implique la pérdida de beneficios ligados al mismo (por ejemplo, acceso al sistema de salud o jubilatorio).

Estos cambios parciales serían el primer paso de una contrareforma al sistema de previsión social, y laboral. La visión hegemónica (neoliberal o desarrollista) que asume la necesidad de una “modernización” de esas normativas: en especial, piensan que el sistema previsional está quebrado por la precarización laboral y/o la dinámica demográfica que conduce al envejecimiento de la población. Todos piensan la previsión social como un fondo de capital valorizable (por ejemplo, Fondo de Garantía de Sustentabilidad creado luego de la reeestatización) y no como lo que es: un sistema de apropiación y redistribución de valor desde el capital (plusvalía) hacia el trabajo. Por eso su preocupación es la sustentabilidad fiscal y por eso cargan las tintas sobre el aumento en la edad jubilatoria y la contención de los beneficios. Un sistema previsional para el cambio social debe ampliar su base de sustentación a partir de la apropiación de plusvalías extraordinarias (desde las rentas extraordinarias de la explotación de recursos naturales hasta las ganancias de las corporaciones) y la provisión de servicios sociales colectivos para sus benefiarixs: salud, educación, cuidado, recreación.

En el campo de la regulación laboral la visión del desarrollismo y el liberalismo oscila entre el fortalecimiento de la unicidad sindical, el sindicalismo empresario (con las obras sociales sindicales en el centro) y el control normativo, y políticas de reducción de costos laborales y flexibilización laboral. El desarrollismo reduce el papel del pueblo trabajador a un factor de demanda agregada y -dentro de los márgenes del capitalismo- de crecimiento económico; el neoliberalismo enfatiza el lugar de la fuerza de trabajo como costo. En ambos casos, el pueblo trabajador aparece como potencia que debe ser canalizada a la reproducción ampliada del capital. En ese marco, el movimiento obrero es visto siempre como la forma-sindicato a través de la cual puede/debe ser controlada. No registran al pueblo trabajador como actor plural y múltiple, capaz de autoorganizarse desde las bases en, a través y más allá de los sindicatos. Desde esta perspectiva, ampliar el poder popular en los lugares de empleo supone empezar por (a) fortalecer la democracia sindical y las formas de auto-organización de la clase, (b) atacar la precariedad laboral empezando por las modalidades de contratación y gestión de la fuerza de trabajo en el Estado y las grandes empresas, (c) reducir la jornada de trabajo (sin reducción salarial) en los espacios de empleo remunerado y mejorar el transporte público a los fines de reducir los tiempos de traslado, y (d) atacar la discriminación de género en sindicatos, empresas y hogares a partir de normativas que tiendan a desarmar las prácticas patriarcales, avanzando en políticas de cuidados colectivos y de educación, y sanciones concretas. A partir de aquí, se ampliarán las posibilidades de construir formas de organización del pueblo que sostengan un proyecto de cambio social plural, diverso, múltiple, con protagonismo popular.

Esta salida tiene como fundamento básico configurar una recuperación de las condiciones de vida frente al mercado de consumo; no tienen una motivación macroeconómica de recreación de la demanda (aunque ese sería un efecto importante también). En ese punto, entendemos los ingresos populares de manera diferente al desarrollismo. La política de ingresos no puede ser parte de un ‘acuerdo’ que ponga en suspenso las necesidades básicas de la población frente al capital: la ampliación de la base de consumo popular es el núcleo inmediato de un programa de recuperación económica. En el contexto actual de movilización controlada y mediada por los partidos del orden, el ‘contrato social de ciudadanía responsable’, propuesto recientemente por CKF, supone colocar nuevamente la carga de la solución de la crisis en los sectores populares (ahora, luego de varios años de ajuste transicional).

III

La crisis actual se aceleró a partir de la decisión del capital financiero de tomar las riendas de la misma. Déficit cero y emisión cero son las dos caras de esa decisión. Una salida popular al ajuste debe cancelar la extorsión cotidiana que atravesamos.

Desarmar el esquema de LELIQ en cabeza del Banco Central (BCRA) es prioridad. En la actualidad, la tasa de interés elevada y creciente expresa el pago aumentado por el secuestro de la política monetaria. Centralizar en cabeza del BCRA la gestión del conjunto de los depósitos es el paso uno, junto con una restricción inmediata a la movilidad de capitales. Debe liquidarse de cuajo la posibilidad de una corrida hacia el dólar: esta es la base para evitar la espiralización ascendente del proceso inflacionario. En este camino, se podrá iniciar una transición hacia un sistema de bancos y crédito que financie la actividad económica, y el consumo durable de masas, en lugar de gastar (como ocurre hoy en día) 4% del PBI pagando los intereses de las LELIQ (el llamado déficit cuasi-fiscal) para evitar la huída del gran capital al dólar.

El crédito es fiduciario pues su único respaldo es la reproducción social; no hay límites físicos (reservas en dólares u oro, por ejemplo) a la expansión crediticia. En lugar de emitir dinero para contener la especulación financiera (caso LELIQ), el crédito y la emisión deben orientarse a movilizar los recursos disponibles para la solución de los problemas materiales existentes (capacidad instalada ociosa, déficit habitacional, etc.). El crédito debe estar dirigido a promover la ampliación de la capacidad productiva en valores de uso de consumo popular, incentivar la producción en pequeña y mediana escala (en particular, en modalidades de producción no capitalista) y facilitar el acceso a formas de producción del hábitat para las familias trabajadoras. Esto debe hacerse con financiamiento a tasas sensatas vinculadas a la rentabilidad potencial de los emprendimientos y en el caso del financiamiento al consumo durable y vivienda, a tasas que no confisquen los ingresos (como ocurre en la actualidad con los créditos indexados, llamados créditos UVA). El crédito no debe ser un medio de satisfacción de necesidades inmediatas (alimentos, salud, educación, etc.) como ocurre hoy día con la creciente financiarización de la vida cotidiana, proceso que opera con una carga creciente sobre las mujeres (en especial, a partir de los programas públicos de crédito por la vía del ANSES para beneficiarias AUH y pensiones no contributivas, impulsados por igual por distintos gobiernos a lo largo de la crisis transicional).

IV

Terminar con la política de déficit cero es prioridad para salir de la espiral descendente de la economía. Por un lado, la política fiscal expansiva debe acompañar la política salarial y de ingresos delineada anteriormente. En segundo lugar, debe priorizarse el aumento del gasto en aquellos rubros potencialmente más expansivos y con impacto más directo en las fracciones precarizadas del pueblo (mujeres trabajadoras -en especial, en tareas de cuidados y reproducción-, niñes, adultxs mayores, personas con capacidades diferentes) y más directamente ligados a la solución de sus problemas: construcción y reconstrucción del hábitat urbano, desarrollo científico y técnico, ampliación del sistema educativo, de salud y el desarrollo de un sistema público de cuidados colectivos, entre otros.

Si bien parte de la expansión puede financiarse con emisión monetaria, es primordial ampliar la base de financiación impositiva del sector público y poner en suspenso el pago de la deuda externa. Lo primero para avanzar en un sistema de imposición progresiva sobre ingresos y riqueza, donde las cargas se coloquen en quienes tienen mayor apropiación. Recordemos que en la actualidad (último dato disponible del 4to trimestre de 2018), el 10% más rico (2/3 de los cuales son varones) apropia no menos del 32% de la totalidad de los ingresos y mucho más de la riqueza total de la sociedad (controlada en una proporción aun mayor por varones). Estos son los principales beneficiarios de la reproducción social del sistema del capital, y en la medida en que no salgamos de él, son quienes deben tener la mayor carga fiscal.

Suspender el pago de la deuda externa eliminará una presión inmediata sobre el financiamiento del Estado; la cuestión no es sólo el pago de intereses, sino fundamentalmente la imposibilidad de seguir refinanciando el capital adeudado en moneda extranjera. En efecto, esa suspensión reducirá la carga de tener que conseguir dólares para el pago de la misma que en el contexto actual son demasiado escasos. Este es un punto clave: la situación es tal que la Argentina hoy carece prácticamente de financiamiento internacional. La deuda externa pública ha crecido hasta niveles cercanos al 100% del PBI, entrando en los hechos en una inminente cesación de pagos; el riesgo país por encima de los 900 puntos básicos y en ascenso, dan cuenta de eso. En esas condiciones, muchos de los costos inmediatos de la suspensión unilateral del pago de la deuda ya se están pagando. Este es un punto de diferencia radical frente a la propuesta de Cambiemos (continuar con el ajuste a los fines del pago de la deuda) o la consigna de la opción desarrollista del Kirchnerismo (pagar y renegociar para seguir pagando). La idea de que no se puede cesar el pago de la deuda pública conlleva la hipótesis de qué el ajuste fiscal y macroeconómico debe continuar, aun en la alternativa de renegociación amigable. La opción, esbozada por economistas desarrollistas, de empezar por volver a crecer pero seguir pagando aparece en el contexto actual (local, regional y global) muy voluntarista, y probablemente requiera de una transición donde la “responsabilidad ciudadana” se imponga.

Luego de la urgencia, el proyecto societal. La transición.

Habiendo despejado las barreras que conducen a la economía argentina a su implosión, es ya posible bosquejar los lineamientos de un principio de camino transicional (Féliz, 2013, 2014). Ese derrotero tiene al menos dos requisitos fundamentales. Primero, ampliar y consolidar la base de sustentación popular del programa de transición. Segundo, ir neutralizando y superando las barreras que impiden construir un proyecto societal de tendencia poscapitalista.

En relación al primer punto, es clave configurar un campo de fuerzas sociales dispuestas a encarar y sostener un programa de cambio social radical. Es decir, el programa de transición debe construir una base material que reproduzca y amplíe la base de sustentación política. Claro está, ese programa debe apuntalar simultáneamente un proceso de cambios donde la reproducción social del pueblo trabajador se ubique en el centro, en armonía con la naturaleza y apuntalando transformaciones societales antipatriarcales, antiracistas y anticapitalistas.

Desde el punto de vista macroeconómico, es clave terminar con la fuga de capitales bajo la forma de moneda extranjera. Esa es una barrera sustancial a cualquier proyecto transicional realizable en un país dependiente. Esto implica (a) pasar de la cesación de pagos sobre la deuda externa a su revisión exhaustiva y anulación de todo aquello que tenga visos de ilegalidad, usura o ilegitimidad, (b) limitar los gastos de consumo suntuario en divisas, y (c) restringir los mecanismos de fuga de plusvalor bajo la forma de moneda extranjera que realizan las grandes corporaciones transnacionales por la vía de remisión de utilidades, regalías, endeudamiento con casas matrices y sobre todo “precios de transferencia” (ej., exportaciones a sus casas matrices, socias o sucursales por debajo de los valores reales). Simultáneamente, hay que redefinir el patrón de articulación del comercio exterior, tomando como primer paso la nacionalización del mismo y redefiniendo los niveles de apertura. Cualquier protección al capital local debe estar atada estrictamente al cumplimiento de objetivos de precios y calidad de la producción, empleo (en cantidad y calidad), y a la promoción de formas de producción y gestión no capitalistas.

Sobre la base de esa reorientación general de las políticas económicas, una salida popular supone el camino de la superación dialéctica del patrón de reproducción existente. Con el horizonte de construir nuevas formas de buenvivir que superen la producción por la producción misma, las acciones deben buscar ubicar en el centro de la actividad económica la sostenibilidad y reproducción ampliada de la vida. En tal sentido será fundamental avanzar en una transformación integral que supere el productivismo y economicismo, abriendo el paso a una progresiva desmercantilización y a un creciente control popular, consciente y participativo de la reproducción social. Cualquier propuesta de “(re)industrialización” debe tener en cuenta estos presupuestos.

En ese proceso de salida de la crisis y superación transicional habrá que encaminar un proceso de recuperación colectiva de las ramas estratégicas de la producción y la reorientación de la matriz productiva. La producción y gestión de la infraestructura económica y social (energía, petroquímica, minería y siderurgia, comunicaciones y transporte, además del comercio internacional y la banca) deben estar bajo control popular directo a través de formas de propiedad colectiva. A través de empresas públicas y políticas públicas impositivas, de gasto e inversión pública, de ciencia y técnica (CyT), etc., el desarrollo de esas ramas se debe direccionar en función de proyectar un patrón de producción alternativo.

En ese plan es necesario dejar de promover un proyecto industrializador enmarcado en las cadenas de valor de las transnacionales (como proponen los planes estratégicos agroalimentario-agroindustrial e industrial impulsados durante el gobierno de CFK). Una política productiva popular debe orientarse a garantizar la producción de un conjunto particular de valores de uso que permitan superar los principales límites del capitalismo dependiente en la etapa actual. Por un lado, debe permitir ampliar la oferta de bienes y servicios de consumo popular que permita dar respuesta a la redistribución del ingreso a favor del pueblo trabajador, ampliando no sólo los niveles de consumo material sino apuntalando transformaciones en las modalidades de producción y reproducción de la vida cotidiana.

Por otra parte, si no hay mayor capacidad de producción doméstica de “bienes salario”, la redistribución del ingreso a favor de las clases populares enfrenta los límites de la capacidad instalada local creando tensiones inflacionarias y presionando sobre la demanda de importaciones. Por eso, hay que comenzar por plantear el desarrollo local de componentes, piezas y equipos (aquí la articulación con el sistema de CyT es fundamental). Esta estrategia debe incluir la necesidad de reformular la producción primario-industrial de forma de conducirla a favor de la satisfacción de las demandas locales de alimento, energía, minerales y otros insumos básicos, desplazando el privilegio que hoy tiene su orientación a la exportación (desde la pulpa de celulosa y el agrocombustible hasta el oro y la soja). En paralelo, esta política permitirá desandar un camino de superexplotación de las riquezas naturales y los bienes comunes.

Por otro lado, una nueva industrialización debe articularse de manera explícita con una política integral de producción de hábitat popular que supere la solución individual a la demanda de vivienda adecuada. Desde la crisis neoliberal, la producción del hábitat queda dominada a las demandas suntuarias de las clases dominantes (construcción de barrios cerrados con demandas de infraestructura pública) y la valorización especulativa de la renta del suelo a través de los fideicomisos inmobiliarios. La construcción del hábitat popular, masivo, requiere de la planificación colectiva a través de programas de infraestructura urbana, periurbana y rural y una nueva articulación entre estos espacios.

Tercero, es necesario configurar una nueva matriz de producción y consumo de energía que reconozca la necesidad de reproducir y cuidar la naturaleza. La estrategia actual busca combinar las tradicionales bases de hidrocarburos, hidroeléctrica y nuclear con energías “renovables” o “verdes”, sin reflexionar sobre la matriz de consumo que transforma a la demanda energética en un camino explosivo. En ese horizonte, tanto para neodesarrollistas como para neoliberales, YPF se convirtió en la punta de lanza para transformar al país en plataforma de exportación de hidrocarburos por la vía del fracking sin considerar el impacto ambiental, social y macroeconómico de esa estrategia Un vía alternativa debería poner a YPF en articulación con el complejo de CyT en el camino de desarrollar fuentes más sostenibles de energía hoy subdesarrolladas por falta de inversiones, y a partir de allí redimensionar el resto de la matriz de producción de energía existente. Por otro lado, hay que poner en discusión los costos implícitos en el actual patrón de consumo de energía (p.ej., una minera consume el 70% de la energía de una provincia completa) para apuntalar un proceso de buenvivir que respete la naturaleza.

En cuarto lugar, es fundamental crear una nueva infraestructura de transporte de pasajeros y cargas de base local centrada en el transporte público y el “autotransporte” personal (bicicletas, etc.). Las transformaciones operadas a través del neoliberalismo y consolidadas en el neodesarrollismo, conformaron un patrón de transporte sostenido en camiones para las mercancías y automóviles para las personas, sin consideraciones por los costos sociales y ambientales de la misma (contaminación sonora, del aire y el agua, costos de la congestión, etc.). La política de subsidios al combustible (o a la producción de hidrocarburos -hoy, en el yacimiento Vaca Muerta-) y la persistencia de una estrategia mercantilizante y privatista en el sector sólo alimentó esa tendencia garantizando simultáneamente la destrucción completa de la infraestructura. En sintonía, hoy persiste la protección a una industria automotriz fuertemente deficitaria en términos de divisas (exporta mucho menos de lo que importa), poco integrada nacionalmente y plenamente subordinada a las transnacionales y a la dinámica del subimperialismo brasileño. Una política de transporte que articule eficazmente el transporte ferroviario de media y larga distancia con formas de transporte de pasajeros masivos y menos contaminantes en los espacios urbanos (incluyendo la promoción sistemática del uso de las bicicletas y otros medios de transporte con menos impacto ambiental) debería vincularse con un proyecto de reestructuración de la industria automotriz.

Un proyecto societal diverso deberá ser acompañado de un proyecto de integración alternativo. El pasaje de la dependencia de los mercados de Estados Unidos y la Unión Europea (UE) a favor de una dependencia “sur-sur” con los sub-imperialismos de Brasil y China, sólo reproduce la espiral del saqueo y la superexplotación del trabajo y la naturaleza y prolonga la subordinación de la soberanía popular al capital transnacional. En paralelo, la permanencia del país en instituciones imperiales como el CIADI (corte del Banco Mundial conformada para defender los intereses de las transnacionales en nuestros países), el Banco Mundial o el FMI son signos de la falta de voluntad de construir una verdadera autonomía social y política. Es fundamental apuntalar los proyectos de integración de comercio justo, y proyectos de una nueva arquitectura financiera alternativa, enfrentando –desde dentro y conflictivamente- los proyectos de integración capitalista del Mercosur y la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA). De la misma forma, deben suspenderse las negociaciones para nuevos acuerdos de libre comercio (como el que está en debate con la UE) que sólo promueven nuevas formas de integración subordinada.

Economía política, poder popular y transición

La economía argentina atraviesa una profunda crisis. Es una crisis transicional que los sectores dominantes no han logrado resolver a su favor por las múltiples resistencias en el campo del Pueblo. Si bien es cierto que las organizaciones populares no hemos logrado aun configurar una alternativa social-política que se constituya en instrumento para avanzar en un cambio social radical, también es cierto que los partidos del orden tampoco logran construir alternativas que superen el fantasma del 2001; la crisis de las instituciones del régimen es evidente y se profundiza.

La crisis actual nos pone frente a frente con la radical necesidad de dar un salto de calidad en tanto Pueblo organizado. Proyectar una salida de la crisis inmediata en el marco de un proceso de transición hacia otra configuración societal, es de primera importancia. Sin alternativas políticas, la salida posible parece ser un nuevo estallido económico y eventual estabilización (frágil) en los años por venir.

La dependencia de la economía argentina y la profundización de sus contradicciones en años recientes, nos enfrenta nuevamente a las palabras de Rosa Luxemburgo: socialismo o barbarie. Si no construimos formas de poder popular capaces de delinear e imponer una opción en este tiempo, lo que viene será una profundización de la crisis o a lo sumo una recuperación lenta partiendo de mayores niveles de exclusión, saqueo y explotación. En cualquier caso, ambas opciones dentro del actual régimen social sólo garantizan la consolidación del actual estado de precaridad de la vida, fractura social, apatía política y frustración. El capitalismo dependiente argentino no puede ofrecer más que eso. De ahí, la urgencia de construir un camino de liberación social.

Referencias bibliográficas

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Féliz, M. (2014). Economía política para la transición. Más allá del neodesarrollismo. Revista Herramienta, (54).

Féliz, M. (2016). Argentina 2011-2016: ¿De la crisis del neodesarrollo a su radicalización conservadora? Luchas sociales, proyectos de desarrollo y alternativas populares. Lutas Sociais, 20(37), 72-85.

Féliz, M. (2017). Argentina, de la crisis neoliberal a la crisis del neodesarrollo, de Kirchner a Macri. Hipótesis sobre el tiempo que nos toca. En La farsa neodesarrollista y las alternativas populares en América Latina y el Caribe (pp. 49-70). Buenos Aires: Herramienta Ediciones.

Féliz, M. (2018). Cambiemos: entre la reforma y la crisis en el capitalismo dependiente. En Anuario EDI. ANUARIO EDI 2018. CAPITALISMO ARGENTINO: ¿una vez más en la encrucijada? (1ra ed., pp. 67-75). Recuperado de https://rosaluxspba.org/wp-content/uploads/2018/07/Anuario-EDI-2018-para-web.pdf

Féliz, M., & Díaz Lozano, J. A. (2018). Trabajo, territorio y cuerpos en clave neodesarrollista. Argentina, 2002-2016. Revista Perfiles Latinoamericanos, 26(52), 1-26. https://doi.org/10.18504/pl2652-005-2018

Féliz, M., & Migliaro, A. I. (2018). Superexplotación de la naturaleza y el trabajo en sociedades extractivas. Capitalismo y patriarcado en el neodesarrollismo en la Argentina. Ambiente & Educación. Revista de Educación Ambiental, 23(3), 201-229.

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** Agradezco los comentarios de Melina Deledicque y Sergio Nicanoff a versiones preliminares de este texto. El mismo fue concluido el 22 de Mayo de 2019.