Gobierno secuestrado frente al capital: las consecuencias del malmenorismo

[nota publicada en Tramas.ar el 6 de enero de 2023]

Cerró 2022 con pronósticos poco auspiciosos para la economía mundial y por lo tanto para la economía argentina. La economía global entra en un parate luego de la recuperación pos-crisis del COVID y el cambio climático golpea todos los rincones del mundo provocando daños incalculables y efectos impredecibles. Mientras tanto el gobierno de Alberto Fernández, CFK y Massa continúa en la senda marcada por el acuerdo con el FMI. Los festejos mundialistas se quedaron sin feriado.

I

En el Ministerio de Economía, ya proyectan el dólar soja III para finales del primer trimestre de 2023 con el objetivo de “incentivar” a las empresas exportadoras y acopiadoras de granos a liquidar lo más posible de una cosecha fuertemente golpeada por la sequía. Este año se perderán miles de millones dólares en exportaciones primarias, un duro golpe a la estrategia de acumulación de reservas internacionales. ¿A cuánto cotizará el dólar Soja III? ¿Cuál será el costo del pago del rescate por la cosecha secuestrada en silobolsas?

En paralelo, el gobierno nacional continúa indicando sus prioridades: decidió cancelar alrededor de ⅔ de la deuda que las empresas distribuidoras de energía eléctrica tenían con CAMMESA (la empresa de conducción estatal que organiza el ‘mercado eléctrico’ desde principios de los años noventa). Unos 140 mil millones de pesos será el subsidio multimillonario a EDESUR y EDENOR, que no se caracterizan por proveer un servicio de calidad. A la vez, la deuda remanente de 80 mil millones podrá ser pagada en cómodas cuotas a tasas subsidiadas, mientras las empresas continúan recibiendo subsidios y autorizaciones para aumentar las tarifas. Recordemos que estas y otras empresas son parte del paquete de empresas públicas rematadas al mejor postor entre 1991 y 1995. Muchas de estas concesiones se vencen en 2023 y los años subsiguientes. En lugar de premiar a grandes empresas que incumplen contratos y retacean inversiones, ¿no será momento de recuperar para el control público y popular el conjunto de la matriz de empresas de servicios públicos?

Al tiempo que estas (y otras) empresas son subsidiadas y perdonadas en el incumplimiento de los contratos que firmaron, millones de trabajadoras y trabajadores de la economía popular son perseguidxs por el Estado. Para recibir el miserable bono de fin de año, pagado en dos cuotas, millones de compatriotas que trabajan dentro del programa Potenciar Trabajo son obligadxs a dar explicaciones (de manera “gratuita pero obligatoria” dice la propaganda oficial de “reempadronamiento”) para poder acceder a la segunda cuota de 13500 $. Mientras tanto, son investigadxs como grandes evasores por comprar unos dólares, tener una motito o una cuenta bancaria digital. Simultáneamente, el Ministro Massa avanza con el proyecto de “exteriorización de activos no declarados en el exterior”, que no es más que un nuevo mecanismo para que grandes evasores de impuestos puedan invertir en el país sus capitales fugados, a bajo costo y sin persecución judicial alguna. Esos capitales hoy se encuentran en su mayoría colocados en inversiones poco rentables en dólares estadounidenses en guaridas fiscales, y sus propietarios preferirían invertirlos en los proyectos altamente rentables de Vaca Muerta y otras iniciativas extractivistas. Claro, los dólares servirán para seguir haciendo frente al repago de la deuda externa espuria y sostener el programa firmado con el Fondo.

En este mismo sentido, mientras las fuerzas federales (y provinciales) son utilizadas para militarizar los barrios populares y perseguir comunidades en lucha, el empresario inglés Lewis no es molestado en su casa frente a Lago Escondido a pesar de incumplir con resoluciones judiciales que lo obligan a garantizar el acceso público al mismo. ¿Estará siendo investigado por la AFIP? Nuevamente, el gobierno muestra que es complaciente con los fuertes, y violento con los débiles. 

II

Pasaron poco más de tres años de un gobierno cuyo candidato a presidente fue elegido por Cristina Fernández de Kirchner (CFK) en mayo de 2019. En breve, se cumplirán 4 años de esa decisión, que fuera señalada por muchxs como “visionaria”. A la postre, queda claro que tal elección fue más bien un gran error estratégico para los intereses del pueblo. Luego de aquel gravísimo error, ahora CFK abandona el barco del Frente de Todos (FdT) creando un vacío inconmensurable en ese espacio político; detrás de ella, varixs funcionarixs nacionales renuncian con expresiones que hacen parecer que no formaron parte de ese gobierno durante 36 meses. Al igual que la decisión de apuntalar la candidatura de Scioli en 2015, con el “renunciamiento”, CFK pretende despegarse de su propia creación. El camino abierto en 2011, que inició con el ajuste por la vía de la “sintonía fina” con CFK y Kicillof como Ministro de Economía, condujo a la estrategia del “malmenorismo” que, al decir de Gramsci, sólo puede debilitar la capacidad de resistencia social del Pueblo y promover el recorte progresivo del horizonte de lo posible. El problema no son las candidaturas sino el proyecto y la estrategia.

Tres años del gobierno del FdT han creado en grandes fracciones del pueblo trabajador una sensación de hastío, y bronca. Tal es la magnitud del desatino que hoy es probable el retorno de Juntos por el Cambio al gobierno nacional, con una elección récord de facciones del “fascismo libertario”. Frente a esto, a la izquierda propiciamos una buena elección del Frente de Izquierda y lxs Trabajadorxs Unidad (FITU) mientras construimos formas de articulación y lucha mejor preparadas para enfrentar la continuidad del ajuste y proyectar una estrategia de cambio social. En el FdT todo parece ser desconcierto y desazón.

PD: 18, 19 y 20 de diciembre deberían ser convertidos en fechas anuales de festejo popular. Entre 2001 y 2022 se convirtieron en momentos de recuperación popular de las calles, espacio-tiempos de festejo y algarabía, de lucha y rebeldía. Millones en las calles reclamando el derecho a celebrar la vida, luchando y cantando. Feriado autogestionado.

Frente a la masividad del festejo popular, parece algo menor la incapacidad de Fernández de asumir las demandas populares y decretar feriado nacional por el triunfo mundialista, frente a las presiones del capital que pretendía suspender toda expresión de algarabía que no fuera valorizable, puro deseo, pura alegría no mercantilizada. Sin embargo, esa indefinición no es más que otra expresión del derrotero de la estrategia malmenorista.

Se desacelera la inflación… y la economía

[Nota publicada en Tramas.ar el 16 de Diciembre de 2022]

El dato de inflación de noviembre es auspicioso pero insuficiente. Los salarios e ingresos populares siguen corriendo por detrás, y la economía se descelera abruptamente. El ajuste acordado con el Fondo avanza y los acuerdos de precios abren un pequeño pasillo por donde deberá caminar el gobierno si quiere llegar a Octubre con posibilidades de arañar un triunfo, o evitar una derrota catastrófica.la

La inflación de Noviembre marcó una desaceleración considerable en la evolución del índice de precios al consumidor. Un aumento promedio de 4,9% sorprendió a propios y extraños, ya que en la Ciudad de Buenos Aires el índice general había marcado 5,8%. La mayor sorpresa ha sido la suba de “sólo” 3,8% en los últimos 30 días. Claro que la inflación acumulada en 2022 alcanzó 85,3%, con un sólo mes por delante para concluir los cómputos. El gobierno pretenderá anotar un punto a su favor si el guarismo punta a punta no supera el 95%.

La estrategia oficial se concentra es una mesa de cuatro patas. Primero, el acuerdo con el FMI que restringe violentamente el gasto público y -sobre todo- ajusta los salarios y beneficios sociales; la caída en los salarios públicos tira hacia abajo el conjunto de la escala salarial. Los datos más recientes indican una reducción superior al 23% en el gasto público del Estado nacional desde que Massa asumió (algunxs recordaremos el recorte de 13% en lxs salarios que aplicó Bullrich en su experiencia como ministra delaruista).

En segundo lugar, la política de endeudamiento externo y de “dólares de privilegio” (dólar Soja II, por ejempl) ha redundado en menor presión en el mercado cambiario y, por lo tanto, un mayor control sobre la devaluación del peso frente al dólar. En los últimos 12 meses, el aumento del dólar se mantiene 30 puntos porcentuales por debajo de la inflación. Además, la política de tasas de interés super-altas (bien por encima de la inflación) mantiene, por ahora, interesados a los grandes inversores especulativos en colocaciones financieras en pesos (en particular, bonos de la deuda pública).

Tercero, la política de acuerdos de precio que ha permitido en su primer mes de aplicación, desplazar la inercia inflacionaria hacia el futuro, a cambio de beneficios fiscales y/o la promesa de acceso a dólares baratos para las empresas involucradas. Si el gobierno es capaz de cumplir su parte del acuerdo (estará por verse), tal vez las empresas mantengan su parte.

Cuarta pata de la débil mesa en la que el gobierno se encuentra parado haciendo equilibrio: la contención salarial (y de los ingresos populares en general). Este año concluirá -nuevamente- con una caída generalizada de los ingresos de la población. El miserable bono anunciado para jubiladxs y pensionadxs, trabajadorxs formales con bajos salarios y aquellxs en el Potenciar Trabajo, expresa la violencia del recorte y el cinismo de lxs funcionarixs gubernamentales. Será contadas las excepciones de sindicatos que puedan celebrar el año nuevo venciendo a la inflación. La continuidad del ajuste en las condiciones de vida de la población, es la contracara fáctica del acuerdo de precios, ahora llamado Precios Justos. ¿Precios Justos para quienes tienen ingresos por debajo de la línea de pobreza?

La contradicción a corto plazo de todo esto es que la caída en los niveles de ingreso y el aumento en el costo del crédito comienzan a frenar las posibilidades de sostener la acumulación de capital, y por lo tanto el crecimiento económico. Sin crecimiento económico, en una economía capitalista, no creación de empleo, ni formal ni precario. El consumo empieza a caer fuertemente. Los datos muestra que la tendencia en la producción industrial muestra datos negativos por cuarto mes consecutivo, y cayó 1,1% en Octubre. La economía se acerca velozmente a la proyección del presupuesto 2023 de un crecimiento promedio en torno al 2%. Un crecimiento muy bajo para crear empleo que combinado con una inflación proyectada aun muy elevada (ver nota en Tramas.ar), sólo auspicia la persistencia de elevadas tasas de miseria en todo el territorio.

Dólar Soja II: un gobierno de rodillas compra tiempo

[Publicada en Tramas.ar el 30/11/2022]

Bajo presión, el gobierno vuelve a ceder frente al poder del gran capital. Bajo presión, pero por errores propios y rumbo estratégico elegido, el gobierno sigue haciendo esperar a los sectores populares. La maratón hacia las elecciones 2023 ya comenzó, y el gobierno de les Fernández busca construir un puente de plata que le permita llegar sin sobresaltos y -quien sabe- ganar la elección. El problema es que el puente no es de plata sino de naipes.

Se anunció el plan Dólar Soja II. Nuevamente los grandes exportadores del complejo sojero recibirán un dólar de privilegio, más caro, por exportar sus reservas acumuladas. Ahora les toca un nuevo beneficio, indexado por inflación: 230 pesos por cada dólar de exportaciones declaradas, cuando el dólar oficial mayorista está en torno a los 165 pesos. Como ya explicamos, el gobierno nacional recibirá el plus de mayores retenciones a las exportaciones, mejorando el balance fiscal (sonríe el FMI). Sin embargo, al mismo tiempo, el Banco Central acumulará una pérdida multimillonaria por comprar dólares a 230 pesos que luego venderá a 165 a los importadores. El peor negocio del mundo, excepto para exportadores e importadores (que muchas veces son los mismos). A la vez, los pesos emitidos por el Banco Central para comprar esa millonada de dólares de exportación serán re-absorbidos, al menos parcialmente, emitiendo LELIQ, esos títulos de deuda que sólo pueden comprar los bancos. El gobierno sigue alimentando al negocio financiero, pero no al pueblo.

Según del DNU 787/22, a diferencia de la versión I, ahora parte del dinero incremental recaudado por el Dólar Soja II se dirigirá a financiar un número indeterminado de programas para promover las “economías regionales”. Ni siquiera aportará recursos para apoyar transferencias indispensable para los sectores populares más necesitados. Ni las migajas llegan al pueblo esta vez.

La extorsión de las grandes corporaciones exportadoras es la contracara de la decisión del gobierno de sostener a rajatabla un acuerdo con el FMI que ya está teniendo enormes costos sociales, y sólo pasaron unos meses desde su firma. El gasto público (salarios, jubilaciones, programas sociales, transferencias a las provincias) está cayendo a un ritmo acelerado frente a la inflación. Mal que les pese a los oficialistas, ni Guzmán se atrevió a tanto. La decisión del Ministro Massa es cumplir si o si, con el sudor y la sangre de les argentines; y en el Frente de Todxs (Fdt) ya nadie lo cuestiona.

Mientras tanto el gobierno apuesta todos sus cañones pre-electrorales al éxito del plan Precios Justos. Ahora sumó a las petroleras que se comprometen a limitar los aumentos en los precios de los combustibles. Claro, que lo hacen en un momento en que el precio internacional del petróleo se desploma, pero la nafta no se abarata en Argentina. Por supuesto, tampoco es una concesión gratuita de las petroleras: el gobierno les garantiza acceso a dólares oficiales baratos para seguir avanzando en los proyectos vinculados a Vaca Muerta, el saqueo del litio y otras iniciativas extractivistas.

Nubarrones se aproximan. La economía se desacelera frente al aumento de las tasas de interés (que encarece el crédito productivo y de consumo), y la ausencia de dólares (que limita importaciones de insumos esenciales). Para sumar al panorama, el mundo en guerra y con tensiones geopolíticas en ascenso, parece también encaminarse a una fuerte desaceleración. Si con la economía creciendo, los salarios no aumentan y el empleo se precariza, ¿qué puede esperarse de una nueva recesión y atados de manos frente FMI?

Más dudas arrecian. ¿Cuál será el impacto de la sequía sobre la oferta de dólares en los próximos meses? ¿Podrá el gobierno seguir manejando el precio del dólar cuando una multitud de agentes financieros dolarizan sus inversiones en el contexto pre-electoral? ¿Cómo lograrán que en la próxima cosecha los sojeros y otros agroexportadores efectivamente vendan algo sin un “endulzante” (es decir, algún incentivo como el Dólar Soja III)?

El frente interno del gobierno nacional está cerrado en términos estratégicos. Nadie sacará los pies del plato. Todos apuestan a ajustarse los cinturones y rezarle a varios santos y santas para que el programa acordado con el Fondo resista social, económica y políticamente. Pero todo está atado con alambre. En este contexto, la idea en el FdT de la “unidad (de ajustadores y críticos) hasta que duela” con tal de ganarle a JxC, corre el riesgo de entregar en bandeja al macrismo un pueblo exhausto, incrédulo y desorganizado.

Palmaditas del Fondo para un presupuesto de ajuste

[Publicada en Tramas.ar el 22 de septiembre de 2022]

Massa pasó la aspiradora en los Estados Unidos y parece que consiguió algunos dólares para postergar la corrida cambiaria, mientras burócratas sindicales se abrazan con el Embajador de EE.UU. en Buenos Aires. La directora gerenta del Fondo, Kristalina Georgieva, elogia el programa económico y da el ok a un nuevo pago (que volverá sobre sí mismo). El Ministerio de Economía presenta un presupuesto de ajuste con el apoyo del Frente de Todxs y el aval sotto voce de Juntos por el Cambio.

Un presupuesto a la medida del Fondo

Luego de una extensa gira por los EE.UU., el Ministro de Economía Massa recibió promesas de miles de millones de dólares en inversiones y más deuda. Ni bien regresó, se presentó al Congreso Nacional el proyecto de presupuesto de recursos y gastos del Estado nacional para 2023.

Es un proyecto con el visto bueno del Fondo Monetario Internacional (FMI) que propone continuar con el ajuste fiscal: un déficit de 2,5% del PBI en 2022 se transformará en 1,9% en un año electoral, al tiempo que se espera reducir la emisión monetaria para financiar ese déficit a sólo 0,6% del PBI. El resto del déficit se financiará con más endeudamiento. Esto no incluye el creciente déficit del Banco Central (denominado déficit cuasi-fiscal) que es producto fundamentalmente de los millonarios y crecientes pagos al sistema financiero a través de intereses de las LELIQ y otros instrumentos.

No sólo se reducirá el déficti (diferencia entre el gasto y los ingresos). También se achicará el gasto primario (sin incluir pagos de deuda pública) del Estado nacional en 1,2% del PBI. El recorte de gastos se concentrará en los subsidios en servicios públicos (agua, transporte y energía) y el virtual congelamiento de los salarios en el sector público y en la previsión social. Las prioridades son claras: por ejemplo, mientras las universidades nacionales recibirán un aumento presupuestario (54%) menor a la inflación proyectada (75% promedio para todo 2023), el pago de intereses de la deuda pública se duplicará.

En el debate parlamentario, sólo se vislumbra algún chisporroteo en torno a las exenciones impositivas (crípticamente llamadas “gasto tributario”) que superan el 2,5% del PBI. Las mismas incluyen el no pago de impuesto a las ganancias por parte de la mayoría de los jueces y la reducción del pago de IVA por parte de grandes empresas en Tierra del Fuego, hasta el beneficio de no pago de impuestos por los intereses que cobran quienes compran deuda pública o incluso exenciones de impuestos de cooperativas y mutuales. Todo en la misma bolsa, no augura un debate serio en torno a los subsidios directos e indirectos que reciben las grandes corporaciones.

Lejos quedó el insuficiente impuesto a las grandes fortunas aprobado en 2021, o el abortado proyecto de impuesto a las ganancias extraordinarias presentado por Guzmán en 2022. De hecho, la recaudación de impuestos también se reducirá en 2023 en 0,4% del PBI. La reducción del déficit no la pagarán los que más tienen sino los que siempre pagan los platos rotos.

Inflación y crecimiento

El presupuesto nacional incluye proyecciones macroeconómicas, que refieren a la evolución proyectada de la economía en su conjunto. Por una parte, el gobierno ratifica que la inflación durante todo 2022 llegará -al menos- a 95%, muy por encima de la gran mayoría de las paritarias negociadas. Seguramente, la caída del poder de compra de los salarios no ha sido parte de la conversación entre Hugo Yasky, Roberto Baradel, Pablo Moyano y otrxs burócratas sindicales con el Embajador de los EE.UU.

Para 2023 se estima un 60% de inflación entre diciembre de 2022 y diciembre del año próximo, es decir 4% por mes. El gobierno aspira a reducir la inflación sólo por la vía de la caída del déficit fiscal y la menor emisión monetaria (como acordó con el FMI). Sin embargo, parece difícil llegar al objetivo de bajar la inflación, en ausencia de acciones reales que limiten la dolarización de la economía, la sangría de dólares, debiliten el poder de las grandes formadoras de precios y la indexación generalizada de los mismos (incluidos alquileres), y contengan la suba de tarifas de servicios públicos y del dólar (proyectada en 62,2% para todo 2023).

Por último, la proyección de crecimiento económico se reduce a sólo 2% para todo el año próximo. El gobierno espera que eso esté impulsado por un significativo aumento de las exportaciones (7,1%) y un muy leve repunte en la inversión (2,9%). Este es un gran problema para una estrategia que espera que sea el crecimiento y la acumulación capitalista la que resuelva los problemas de trabajo e ingreso de la población. Con alta inflación y bajísimo crecimiento (comparado con 4% en 2022, y 10,4% en 2021) podemos esperar que las y los trabajadores continúen perdiendo espacio en la disputa por la apropiación de la riqueza que ellxs generan. Sin una economía dinámica que genere empleo, sin un Estado que amplíe sus funciones y alcances, y con una inflación que carcome los ingresos populares, los únicos beneficiarios de la estrategia macroeconómica seguirán siendo los acreedores internacionales y locales, junto con las grandes corporaciones (en especial, las exportadoras y saqueadoras de nuestros bienes comunes).

¿Primeros los últimos, o los últimos no serán los primeros?

[Artículo publicado primero en Tramas.ar, el 8 de Septiembre de 2022]

El intento de asesinato a la vicepresidenta generó un terremoto en la sociedad. El ajuste salió de escena. Massa beneficia a las grandes exportadoras. Los “pobres” sojeros reciben una devaluación a medida. Les trabajadorxs pobrxs de la economía popular esperan “algo” mientras son despojados de los beneficios que les ayudan a estudiar.

¿Qué tenés que tener para recibir varios miles de millones de pesos del Estado? Pues varios miles de toneladas de soja. Si sos acaparador (en palabras del propio gobierno nacional) sos premiado. Después de un mes de esperar infructuosamente que los especuladores agropecuarios vendieran sus granos y luego de haberse sentado con la patronales agropecuarias en la Mesa de Enlace, el gobierno decidió modificar el régimen de incentivos a la liquidación de soja. En Septiembre estas grandes empresas que acaparan toneladas de grano podrán liquidarlas a un valor dólar “para los amigos”. Cada dólar liquidado será pagado por el Estado a 200$, un 35% por encima del dólar oficial. Como a fin de mes cierra la promoción, las más grandes exportadoras y acopiadoras han liquidado en los últimos días soja como nunca lo han hecho en la historia reciente. No es un regalo para despreciar.

Obviamente, las quejas de otros sectores del sector no se hicieron esperar. Los pequeños y medianos productores de soja con menos espalda para guardar la cosecha sin vender, ya liquidaron buena parte de su producción al más barato dólar oficial. También reclaman quienes producen trigo o maíz, que no tienen el mismo beneficio. Por otro lado, empresas exportadoras de vinos ya exigen su propio “dólar Malbec”. Se preguntan por qué las mayores empresas del sector más competitivo de la economía reciben beneficios extraordinarios, y no deberían recibirlos ellas. Pretenden sumarse a los beneficios ya recibidos las petroleras y esperan conseguir automotrices y constructoras por la vía de proyectos de ley en debate parlamentario.

Muchas empresas reciben beneficios impositivos, exenciones de impuestos o libertad para administrar libremente las divisas de sus exportaciones. Ellas pagan menos impuestos que un trabajador asalariado, y tienen más derechos que una beneficiaria de alguna de las transferencias condicionadas de ingresos (TCI). Una trabajadora de la economía popular es más auditada que un gran evasor. Recibir un Potenciar Trabajo por trabajar y un Progresar por estudiar (en total, menos de un salario mínimo) parece ser un delito para un gobierno que ya dió de baja los pagos a más de 40 mil beneficiaries. Fugar dólares, evadir impuestos y contaminar y destruir los bienes comunes, es un mérito premiado por la política económica.

Por supuesto, ninguno de estos beneficios ha sido gratuito. No hay almuerzo gratis (cada beneficio debe ser pagado por alguien, aunque no lo sepa). Pagar el dolar soja supone que el banco central entrega a los exportadores alrededor de 55 pesos más por cada dólar que liquida oficialmente.

¿Quién paga esa diferencia? Por supuesto, el Banco Central emitiendo pesos. Si: en el caso en que los exportadores liquiden los prometidos 5000 millones de dólares, el Banco Central emitirá 250 mil millones de pesos adicionales que depositará en las cuentas bancarias de las empresas.

Pero claro, no hay dinero para ampliar la asistencia social al conjunto de las clases populares sumidas en la pobreza extrema. Lo único que se ha prometido es la creación de un Fondo Incremento Exportador, que recibirá una fracción de las mayores retenciones cobradas por las exportaciones liquidadas; esta fracción será calculada sobre los 55 pesos adicionales (no sobre el valor total de la retención cobrada sobre los 200 pesos por dólar). Ese Fondo será aplicado en parte a la creación de “una prestación monetaria extraordinaria no contributiva y de alcance nacional”. No se indica qué proporción de las retenciones incrementadas aportarán a esa Fondo, qué parte de ese fondo se destinará a tal prestación, o cuándo se pagará. Por lo pronto, lo único claro es que será “extraordinaria”, es decir no un apoyo permanente y dirigido solamente a quienes estén en “en situación de extrema vulnerabilidad”. Se establece que tal prestación deberá asegurar “una alimentación adecuada”.

Aclaremos: el Banco Central emitirá miles de millones de pesos para pagar el dolar soja, pero millones de compatriotas hambrientos deberán esperar quién sabe cuánto para que “el Fondo se llene” y poder recibir un beneficio que se espera sea mínimo, mínimo. Desde la UTEP han hablado de que el beneficio alcanzaría a unos 2,1 millones de personas con un beneficio de 16 mil pesos; nadie sabe decir si será una o varias cuotas, aunque seguro no será permanente.

Para ser pobre en Argentina hay que tener paciencia. Para ser sojero alcanza con sentarse un rato sobre los silobolsas.

TT: mofarg

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Una semana de Massa: apoyando al capital, auditando al pueblo

[Publicado en Tramas.ar el 12 de Agosto de 2022]

Una semana después de la presentación del nuevo equipo en el Ministerio de Economía comienzan a delinearse las acciones concretas de la última etapa del gobierno del Frente de Todxs. Si alguien tenía dudas hace una semana, ya no queda mucho por descubrir en relación a la aceleración de un programa que busca consolidar un nuevo patrón de distribución más desigual.

Las reservas: prendiendo velas al clima

Los primeros diez días de Agosto, las reservas del Banco Central (BCRA) continuaron en franco descenso. La autoridad monetaria perdió cerca de 1200 millones de dólares, a un ritmo que pone en duda las posibilidades de evitar una devaluación brusca en la primera mitad de septiembre. El presidente del BCRA señaló, de cualquier forma, que dado que el clima está mejorando, las importaciones de gas se irán reduciendo progresivamente y, tal vez, a fines de Agosto el saldo final de las reservas del Central sea neutro.

Las reservas: subsidiando al capital

La visita de funcionarios nacionales a Vaca Muerta (Sergio Massa, Wado De Pedro, la nueva secretaria de Energía Flavia Royón, entre otros), en el marco de la exposición Argentina Oil & Gas Patagonia, confirma el sendero iniciado con el llamado ‘dólar soja’: subsidiar a aquellas empresas que puedan aportar dólares a la economía nacional. Se anunció la libre disponibilidad de los dólares para las empresas que aumenten la producción de hidrocarburos. Además, se acelera el proceso de construcción del gasoducto que permitirá llevar el gas a los centros urbanos, y -sobre todo- exportar los excedentes. Las empresas proveedoras de las petroleras recibirán 30 mil millones de pesos en créditos subsidiados. Los únicos privilegiados son… los oferentes de dólares.

Las reservas: pidiendo tiempo y perdón

Como se anunció la semana pasada, se realizó el canje de una porción importante de la deuda en pesos que vencía en los próximos meses. Eso permite patear para el año próximo el pago de miles de millones de pesos en deuda emitida por el estado nacional para financiar su déficit fiscal. El nivel de endeudamiento en pesos alcanza el 32% de la deuda total del estado nacional. La deuda total equivale a 378 mil millones de dólares u 80% del producto bruto interno.

Mientras se afinan los detalles de una gira de Massa por distintos sitios estratégicos con el fin de recolectar apoyos (y dólares), en una comunicación pública, el FMI ya señaló el apoyo a los primeros pasos del programa económico del Frente de Todxs. Para su beneplácito, la eliminación de los subsidios al consumo de energía y agua parece avanzar rápidamente, abarcando más familias y aumentando las tarifas mucho más de lo anticipado. El Ministro Massa anunció a sus colegas ministros nacionales que los presupuestos anuales de sus reparticiones no podrán subir su gasto más allá del 62% planeado en el presupuesto aprobado por el ex-ministro Guzmán; con una inflación acelerándose hacia más del 80% anual, se plantea un brutal ajuste.

La pregunta que no se responde aun Kristalina Georgieva (directora gerente del FMI) es qué sucederá cuando deba evaluar el tercer trimestre del acuerdo firmado en Marzo y el estado argentino no pueda cumplir con el compromiso de acumulación de reservas. ¿Otorgará un perdón (waiver) sin más condicionamientos?

Nueva caza de brujas 

En este marco, la nueva agenda de gobierno está puesta en ayudar al capital y auditar a las organizaciones sociales y beneficiarixs de programas sociales en todo el país. Con la complicidad abierta de las direcciones de varias Universidades Nacionales, el gobierno ha decidido que en el centro de la crisis están los programas de transferencia condicionada de ingresos. Algunas voces comenzaron a levantarse contra la participación de las universidades en esta caza de brujas. Para el gobierno, las millones de personas que sobreviven bajo el amparo de precarias e insuficientes transferencias monetarias parecen ser responsables de su propia situación y pasibles de ser expulsadas de la seguridad social si no cumplen con ciertos requisitos. Como siempre, los funcionarios son rápidos para sacarle un subsidio a una trabajadora o trabajador de la economía popular. Son mucho más lentos para sancionar a las grandes empresas que aumentan todos los días los precios, o quienes fugan capitales, o contaminan y destruyen nuestros bienes comunes.

Una vela a cada santo

Esta semana se realizó una nueva marcha de la UTEP al santuario de San Cayetano, mientras unos días después se realizó la movilización de la Unidad Piquetera que se concentró frente al Ministerio de Desarrollo Social y concluyó en un acampe en la Plaza de Mayo. 

Mientras la inflación alcanzó 7,4% en Julio de 2022, el gobierno solo otorga un plus de hasta 7000 pesos por tres meses a jubiladxs y pensionadxs que ganan menos de dos jubilaciones mínimas. Más allá del discurso oficial de Massa y Raverta (gerenta de la ANSES), si la inflación se mantiene en 5% por mes hasta fin de año, las jubilaciones y pensiones mínimas caerán un 7% en comparación con diciembre de 2021. Por otro lado, los precios al consumidor han subido 46,2% en lo que va de 2022 (hasta Julio). Los salarios de les trabajadorxs, por su parte, subieron menos del 40% en ese mismo período. Sin embargo, la CGT y la UIA ven razonable postergar por una semana más la reunión del Consejo del Salario Mínimo. Parece que el gobierno pretende que los movimientos sociales esperen a que en esa reunión se revise el ajuste del salario mínimo, que es el tope y referencia de la mayoría de los programas sociales. ¿Quién puede seguir esperando?

Massa Ministro de Economía: El profeta del ajuste y el consenso extractivista

[Publicada en Tramas.ar el día 4 de agosto de 2022]

El Ministro Massa confirmó que su política será la encarnación del consenso extractivista. El eje articulador de su política será promover el saqueo de nuestros bienes comunes con el fin de conseguir tantos dólares como sean posibles. Minería, hidrocarburos y proteínas (soja) son las estrellas del horizonte desarrollista verde que el gobierno del Frente de Todos propone como guías hacia el paraiso. En este marco el crecimiento y la creación de empleo vendrán por añadidura. Una suerte de teoría del derrame desarrollista.

Dólares

La sangría de dólares que es consustancial con la economía argentina contemporánea es el principal dilema a corto plazo que las nuevas medidas económicas buscan atacar. Acuerdos “firmados” con las empresas exportadoras mineras, pesqueras y de la agroindustria permitirían conseguir 5000 millones de dólares en los próximos meses. Si bien no se anunció ayer, es de esperar que el ‘dólar soja’ (un dólar más alto para les exportadores agropecuarios) sea el modelo a seguir. El impacto de ese dólar más alto (devaluación encubierta) será directo al corazón de las canastas de consumo popular.

Deudas

El programa propuesto por Massa requiere multiplicar a corto plazo el ingreso de dólares para frenar, aplacar o postergar la corrida sobre las reservas. En ese sentido, se anunciaron negociaciones avanzadas para sumar nuevos créditos de organismos internacionales como el BID (Banco Interamericano de Desarrollo, conducido por Claver-Carone, un Trumpista que Biden sostiene en el puesto) y la CAF (Corporación Andina de Fomento) por unos 2000 millones de dólares. En simultáneo se negocian nuevos “blindajes”, seguramente con la expertise de Daniel Marx (quien negoció el blindaje de 2001). Operaciones “REPO” (que suponen ingreso de dólares para devolver en el futuro con garantía en títulos públicos) serán cerradas en las próximas semanas con agentes del gran capital transnacional. Frente a la fuga de capitales y el saqueo, la elección del gobierno es patear para adelante la pelota y seguir endeudándonos.

Planes, salarios y empleos

Nadie esperaba novedades en este aspecto, y no las hubo. Sólo se anunciaron nuevos parches. Primero, un complemento indeterminado en las jubilaciones y pensiones, que seguramente sea otro bono por “única vez”. En paralelo, se planteó un aumento en las asignaciones familiares como parte de una negociación con patronales y centrales sindicales sin objetivos claros.

Lo que sigue adelante es la avanzada sobre las organizaciones sociales, y las políticas de empleo que asumen que el trabajo que realizan millones de personas en la economía popular no son trabajo. Por eso, Massa insiste con la idea de la transición de “planes a empleos” con subsidio estatal: el plan social sería un complemento salarial (y por lo tanto, un subsidio a las ganancias empresariales) en los casos de personas que sean contratadas por empresas privadas. Se sigue asumiendo implícitamente que la baja en el costo laboral es el mecanismo adecuado para generar nuevos puestos de trabajo.

En paralelo, el Ministro de Economía acelera la “auditoría” sobre las organizaciones sociales y amenaza con dar de baja beneficios si encuentra “irregularidades”. Sigue en el foco de la política oficial cargar en las personas más marginadas con las insuficiencias e ineficiencias de los programas sociales, que son -lo sabemos todes- sólo parches que no solucionan las necesidades fundamentales de millones de compatriotas. El debate sobre el salario universal, no está en la agenda.

El ajuste fiscal en marcha

En el centro de la “nueva” (¿?) política económica está el complimiento del acuerdo con el FMI. Nadie saca los pies del plato en la alianza oficial. El ajuste fiscal, reducción del déficit, continúa sin pausa pero con más prisa. Se mantiene el congelamiento en la planta de personal del Estado (claro, excepto para funcionarios, asesorxs, etc.). Se acelera y acrecienta la eliminación de subsidios al consumo de gas, luz y agua, subsidios que ya perdieron los millones de familias que no completaron el formulario en línea. ¿Serán jubilades de la mínima, o personas sin acceso a internet? ¿Podrán recuperar el subsidio más adelante quienes pierdan sus empleos, o vean caer sus salarios en un futuro, o se consolidará un sistema de subsidios aún más arbitrario?

En cualquier caso, la voluntad de cumplir la reducción del déficit fiscal carga sobre el gasto público, pero sigue fuera del programa de gobierno el anunciado impuesto a las ganancias extraordinarias, o cualquier otra medida de corte fiscal progresiva.

Entre el estallido y las elecciones

Es claro que la elección de Massa como Ministro de Economía es el resultado de la consolidación de un consenso dentro del Frente de Todxs. Tres años de mal gobierno, han puesto a la coalición gobernante frente al desafío de evitar la explosión hiperinflacionaria. La debilidad del gobierno de les Fernández es tal que solo apuestan a llegar a Diciembre de 2023, ganando o -con más probabilidad- llegando sin que todo vuele por los aires.

Mientras tanto, en las calles se empieza a amplificar el descontento. Nada para descorchar, pero poco a poco se agitan algo los espacios colectivos en los territorios. La guita que no alcanza y la precariedad de la vida que nos duele cada día, están empezando a colmar la paciencia. Frente a la avanzada del ajuste, solo queda la organización. Sin resistencia, el ajuste en marcha consolidará un Argentina más desigual, más injusta y más violenta.

La precarización y el saqueo en tiempos de capitalismo pospandémico

[Articulo publicado en el Dossier «Tensiones y horizontes del pueblo trabajador frente a la avanzada del capital» de ContrahegemoníaWeb, el 4 de Mayo de 2022]

El pueblo trabajador en Argentina está enfrentando una avanzada brutal contra sus condiciones de trabajo y de vida. La última década perdida, iniciada hacia 2011, es la década de una crisis transicional en el país. En ese momento, el capitalismo en el territorio argentino aceleró un proceso de reestructuración que ha golpeado de frente las defensas que las clases populares habían construido en años de lucha. En el último lustro, el deterioro en los niveles los ingresos populares y la multiplicación de la precarización han marcado el quiebre de la resistencia que por años el movimiento popular ha venido sosteniendo.

I

Desde finales de los años sesenta el pueblo trabajador en Argentina comenzó a enfrentar las consecuencias de la crisis general del capitalismo global. Las luchas populares de aquellos años eran parte de un ciclo de circulación de luchas que ponían al sistema frente a la amenaza de su propia mortalidad. Demandas salariales y de condiciones de trabajo, demandas por una mejor distribución de la riqueza y por el control popular de la reproducción social en su conjunto estaban a la orden del día.

La respuesta de las clases dominantes fue brutal. Las dictaduras militares y las fuerzas paramilitares en la región multiplicaron su violencia. El proyecto neoliberal comenzó a marcar sus primeros pasos en un intento por transformar estructuralmente el capitalismo y desarticular las formas de resistencia popular.

En las décadas que se sucedieron la desigualdad social y las condiciones materiales de vida de los pueblos iniciaron una tendencia declinante. En Argentina ese proceso tuvo su pináculo en los años noventa, pero continuó como proceso general en las décadas neodesarrollistas. Más allá de los picos y valles, la capacidad del gran capital de apropiarse de la riqueza social se multiplicó. En un ciclo de cinco décadas, la pobreza aumentó más de 10 veces y hoy abarca a más de un tercio de la población.

Millones de trabajadoras y trabajadores vuelcan sus vidas al mercado laboral en masa intentando compensar el deterioro de los salarios e ingresos del trabajo. Cada familia multiplica la búsqueda de empleo o trabajo remunerado, mientras las mujeres y niñas sostienen cada vez más horas de trabajo de reproducción y cuidados sin remuneración ni reconocimiento. Por ahora, la batalla social por la apropiación de los ingresos la vienen ganando los grandes capitales: en 2021, las clases trabajadoras se apropiaban de sólo 43% de los ingresos totales, a pesar de que la cantidad de horas trabajadas se han multiplicado, en especial entre las mujeres: la participación femenina en el mercado laboral remunerado se ha duplicado desde los años setenta.

II

Este proceso no se ha producido sin disputas, luchas y conflictos. La capacidad obrera de resistir el avance del capital ha sido significativo pero no ha evitado la debacle social en la que nos encontramos. Luego de la era neoliberal que condujo al “Que se vayan todos” a comienzos de los dosmil, el ciclo neodesarrollista consiguió configurar un nuevo patrón de acumulación de capital en Argentina canalizando y conteniendo la mayor parte de las luchas, sin frenar la tendencia declinante en las condiciones de vida y trabajo.

Una nueva matriz de políticas laborales y sociales se desarrolló para enfrentar las demandas de una nueva generación militante nacida de la precarización más absoluta. La lucha de las y los trabajadores sindicalizadxs por recuperar las negociaciones paritarias libres (casi clausuradas en los años noventa) permitió a las burocracias sindicales consolidar un control casi monolítico en el movimiento obrero. Más allá de los grandes ejemplos de luchas por democracia y participación, y de algunas victorias reivindicativas y políticas, la arquitectura del movimiento sindical argentino se integró plenamente en la articulación construida por políticas laborales que sólo buscan canalizar las demandas salariales y de condiciones de trabajo dentro de los estrechos límites del capitalismo dependiente. Programas como el REPRO, las políticas de salario mínimo, los aumentos de las remuneraciones en cuotas y los topes salariales de hecho, funcionaron como los pilares de la estrategia de neodesarrollo.

Al mismo tiempo, las políticas sociales se ampliaron y extendieron como respuesta a la crisis de 2001 y sus fundamentos de base: la consolidación de una fracción amplia de trabajadoras y trabajadores enderredor del núcleo de la acumulación de capital. Esa fracción ultraprecarizada de la fuerza de trabajo en Argentina opera como amenaza latente a la estabilidad política del sistema en la dependencia. Por ello, las políticas sociales universales pero básicas, tan masivas como insuficientes, se convirtieron en red de contención y chaleco de fuerzas de las potencias disruptivas del pueblo trabajador. No casualmente, esos programas han sido caballito de batalla de las políticas sociales llamadas “de segunda generación” impulsadas por los organismos internacionales de crédito (como el Banco Mundial) a lo largo del sur global.

Aún así, cabe rescatar que las demandas de los sectores más marginalizados de las clases populares consiguieron a través de estas políticas arrancar una masa de recursos que favorecieron la visibilización del trabajo en el ámbito de lo que hoy se conoce como “economía popular”, y en particular de las mujeres y cuerpos feminizados que encarnan la mayor parte del trabajo de reproducción y cuidados en los hogares y barriadas populares.

En un proceso de creciente institucionalización, esas políticas de transferencias de ingresos (como la asignación universal por hije, o el programa Potenciar Trabajo) se han convertido en instrumentos claves en la disputa entre la integración sistémica de los movimientos territoriales piqueterxs y de la economía popular, y la autoorganización antisistémica.

III

El cambio estructural que se está produciendo en la economía argentina se ha acelerado a través de la pandemia. Mientras el capitalismo avanza hacia nuevas formas de producción basadas en las tecnologías de algoritmos e inteligencia artificial, también avanza hacia nuevas formas de saqueo de los bienes comunes y por lo tanto formas de explotación redobladas del trabajo y la naturaleza.

En Argentina eso se aprecia en el derrotero de las políticas económicas de la última década que multiplican el avance de las grandes transnacionales y la inserción del país como nuevo proveedor de materias primas para el giro “verde” del capitalismo global. El proceso de avance del “desarrollismo verde” a partir del gobierno de Alberto Fernández es la continuación lógica del ciclo iniciado con la re-estatización parcial de YPF, el acuerdo con Chevron y la explotación del yacimiento Vaca Muerta. Este avance complementa el crecimiento de la producción de soja transgénica, el extractivismo del litio y el oro, entre otros proyectos. Todos ellos se conjungan para buscar garantizar una nueva inserción en las cadenas globales de explotación y, en paralelo, producir las divisas necesarias para el repago de la deuda externa ilegal e ilegítima, así como la permanencia en el sistema deuda en su conjunto. Esta reorientación general de la economía tiene como contrapunto la consolidación del giro de las relaciones geopolíticas hacia el Esta, con centro en el capitalismo chino, sus inversiones y sus proyectos.

Este nuevo ciclo de capitalismo dependiente en Argentina apoyado en el saqueo de las riquezas y la superexplotación del trabajo explica las dificultades que se observan para complementar crecimiento y redistribución progresiva de las ingresos. El crecimiento económico de estos años se apoya de manera creciente en las grandes corporaciones transnacionales directamente ligada a los flujos de valor global y a la apropiación de rentas extraordinarias. Esas rentas extraordinarias son ingresos por encima de la rentabilidad media del capital y tienden a concentrarse en las cadenas de exportacion e importación controladas por las grandes empresas.

El proceso de reestructuración en marcha, que en 2021 y 2022 se expresa como una incipiente recuperación económica, se apoya en la concentración creciente de la propiedad en manos de unas pocas corporaciones y, por lo tanto, en la concentración de los ‘beneficios’ del crecimiento en un puñado de actores. Por eso, la recuperación no tiene impactos notables en el empleo (en particular, en el empleo formal) ni en los ingresos populares. El empleo informal, por cuenta propia y de subsistencia, es el que más crece en la etapa, con ingresos que sólo garantizan la pobreza.

A pesar de las expectativas del gobierno, no hay derrame posible en nuevo ciclo de expansión capitalista. La orientación general de las políticas productivas y económicas sólo amplía la base para la concentración de los ingresos y sostiene las condiciones de precarización de la vida y el trabajo. Las grandes corporaciones aprovechan la precariedad extendida de las relaciones de trabajo y las nuevas tecnologías de gestión para asegurarse cosechar la parte del león en la producción de la riqueza. Por otra parte, en los territorios y barrios populares, la economía popular se convierte en espacio de producción y reproducción para la subsistencia en condiciones de creciente marginación. No hay políticas sociales o laborales que mitiguen la presión creciente que el nuevo ciclo de expansión capitalista crea sobre las condiciones de vida.

En este contexto se necesita un nuevo ciclo de luchas que imponga nuevas condiciones al capital. Será un ciclo distinto de los anteriores, seguramente liderado por una articulación virtuosa entre las trabajadoras en tareas de cuidados y reproducción, les trabajadorxs en los territorios precarizados y quienes luchan contra la destrucción de la naturaleza y los bienes comunes. Las organizaciones más institucionalizadas y las que hoy se encuentran en proceso de incorporación al aparato estatal deberán decidir en qué campo juegan.

Redistribución de ingresos e impuestos a la renta “(in)esperada”

[Nota publicada en Tramas.ar el miércoles 20 de Abril de 2022]

El Presidente, Alberto Fernández y el Ministro de Economía, Martín Guzmán presentaron nuevas medidas para que parte de las familias de clases populares puedan capear el temporal de la inflación galopante. Sin resolver el problema de fondo, el gobierno intenta evitar la escalada del conflicto social, aunque más no sea mientras pasa la primera misión de revisión del acuerdo firmado con FMI.

Un bono para la tribuna… y para apagar el incendio

Con semanas de demora, el gobierno nacional presentó el lunes 17 de Abril de 2022, un bono especial que tiene reminiscencias al IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) aunque recortado y restringido.

El anuncio es que les trabajadorxs sin ingresos formales, les monotributistas de las categorías más bajas (A, B y monotributistas sociales) y las trabajadoras de casas particulares, recibirán un bono que se pagará en dos cuotas de 9 mil pesos cada una, y se cobrarán en Mayo y Junio.

Simultáneamente, les beneficiaries que cobran hasta dos jubilaciones o pensiones mínimas, recibirán en una sola cuota 12 mil pesos adicionales a los 6 mil que comenzaron a cobrar esta semana. En definitiva, ambos subconjuntos de población (se estima unos 15 millones de personas) recibirán un adicional de 18 mil pesos a lo largo de las próximas semanas. Dado que sus ingresos son bajísimos, este bono significará un aumento significativo en sus ingresos al menos en estos meses.

Más allá del discurso oficial, esta medida es el resultado directo de las masivas y crecientes movilizaciones de los sectores populares organizados realizadas en las últimas semanas, y las negociaciones subsiguientes. ¿Quién dice que no sirve luchar?

El gobierno resistió hasta último momento y con un discurso racista y discriminador hacia les manifestantes, dar una respuesta a las necesidades inmediatas de millones de personas.

Recordemos que el Ministro de Desarrollo Social Zabaleta había reclamado a les manifestantes que dejaran de “apretar a los argentinos”. ¿No son las miles de personas que se manifestaron dignas de ser protegidas por el Estado? ¿No lo son por no ser “argentinos”, como otrxs? ¿Y si no fueran “argentinos” no merecen respeto y atención bajo la Constitución Nacional? En fin, racismo y clasismo; eso sí, nacional y popular.

Además, estas medidas se anuncian luego de que la inflación tocara un pico en Marzo de 2022 y que se esté por informar el dato de aumento en la canasta básica alimentaria (CBA) por parte del INDEC. Se espera un salto similar al que sufrieron los alimentos y bebidas no alcohólicas en las últimas mediciones.

El gobierno quiere evitar a toda costa que los datos de indigencia y pobreza del primer semestre de 2022 (que serán publicados a mediados del segundo semestre) superen los de 2021, como parece que ocurrirá si nada cambia en lo estructural. Estos bonos son, en cualquier caso, una gota de agua en un océano de exclusión.

Por otra parte, se anunció que las y los trabajadorxs más formalizados deberán seguir esperando la eventual reapertura de las paritarias. Con ingresos más elevados que los beneficiarixs de los bonos anunciados, aunque en muchos casos por debajo de la línea de pobreza (y mayoritariamente, por debajo de la canasta ingresos mínimos estimada por ATE INDEC en 145 mil pesos en Marzo 2022), estas trabajadoras y trabajadores seguirán sufriendo la pérdida del poder de compra de sus salarios, hasta que la UIA y la CGT (mientras la CTA brilla por su ausencia) determinen la nueva estructura de los acuerdos paritarios.

Mientras tanto, el gobierno, tratando de no hacer enojar a nadie, mantiene en el cajón de los recuerdos una de las más potentes herramientas en tiempos difíciles (que hasta Néstor Kircher aplicó): el aumento salarial por decreto inmediato y a cuenta de paritarias futuras. Claro: no podemos pedirle peras al olmo.

¿Y cómo se pagará este bono?

El anuncio oficial fue parcial e incompleto, con visos de improvisación como la mayoría de las decisiones oficiales. No está claro exactamente cuándo se pagará ni quiénes lo recibirán (aparentemente, les interesades deberán anotarse -en algún sitio aun indeterminado- para cobrar), ni siquiera cómo se financiará.

El Presidente dijo que parte del financiamiento vendrá del mismo aumento en los precios, que incrementa la recaudación de los impuestos indirectos (e injustos) como el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que son parte principal de la recaudación impositiva nacional. Paradójicamente, el mal (la inflación) aporta su propia solución (más recaudación y bono).

Al mismo tiempo, se anunció que se ratifica el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En realidad, se informó que se creará un nuevo impuesto para pagar los bonos, ya que por el acuerdo firmado no se puede aumentar la emisión monetaria para financiar el gasto público. Ese acuerdo ya se ha hecho carne en la política económica, y nadie en el oficialismo o la oposición de derecha lo cuestiona.

La propuesta de financiación es un nuevo impuesto a la “renta inesperada”. Novedoso concepto en la economía política acostumbrada a la renta “extraordinaria”, renta “monopólica”, o simplemente “renta del suelo”.

Según se indicó, la idea sería cobrar un 15% de impuesto adicional sobre las ganancias contables (netas de gastos y descontado el efecto de la inflación, es decir en términos “reales”) de las empresas de mayor rentabilidad en el país, por encima de las ganancias de 1000 millones de pesos anuales. Las ganancias por debajo de ese monto tributará el 35% como siempre, y por encima de aquel, 15%. El gobierno indicó que la idea sería que las empresas que “inviertan” o “contraten más personal”, podrán descontar esos gastos del monto a tributar.

Hasta ahora la propuesta es sólo esa. No está claro cuántas empresas tributarán, aunque el ministro Guzmán aclaró que menos del 5% de las empresas ganaron más de 1000 millones de pesos netos en 2021. Tampoco se sabe exactamente cuál será la base imponible ni cuánto se espera recaudar, cuándo se deberá pagar, o cuánto podrán deducir las empresas de sus “inversiones” o “nuevas contrataciones”.

El proyecto de ley necesario para crear este nuevo impuesto aun no ha sido presentado. No está claro si el gobierno tiene los números en el Congreso, pero por si las dudas la oposición de Juntos por el Cambio (JxC) ya se opone a la creación de “un nuevo impuesto”, aunque el propio FMI seguramente apoye una medida que -a priori- permitiría sostener la reducción del déficit fiscal acordada.

Es llamativo que se hable de “renta inesperada” a las ganancias apropiadas por las grandes empresas en un proceso que lleva meses. De hecho, el precio internacional de los alimentos, los insumos difundidos y la energía están subiendo abruptamente desde comienzos de 2021. Nada de sorpresa en esto.

La realidad es que lo único inesperado sería que un gobierno que declama defender los intereses populares, se haya demorado tanto tiempo en reconocer estas ganancias “extraordinarias”, más no “inesperadas”. ¿No? Es más, llama la atención que el presupuesto 2021 (rechazado en el Congreso a fin de año) no incluyera siquiera la repetición al impuesto “solidario” a las grandes fortunas. Casi que llama la atención que el gobierno no haya nombrado a este propuesto nuevo impuesto “aporte solidario por ganancias inesperadas”.

La pregunta que se abre en esta etapa es si en efecto el impuesto será aprobado por el Congreso y, por otra parte, si los bonos que se pagarán a la población más empobrecida alcanzarán para aplacar el descontento popular, al menos hasta pasar la primera revisión de las cuentas acordadas con el Fondo, que deberían ser auditadas en Mayo/Junio de este año.

Mariano Féliz

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¿Guerra contra la inflación o guerra contra el pueblo? La inflación de alimentos es la más alta desde abril de 2002

[Publicada en Tramas.ar el 16 de marzo de 2022]

Los datos de inflación de febrero de 2022 dan cuenta del ataque que la población argentina está sufriendo a sus condiciones de vida. La inflación de alimentos más alta desde abril de 2002 indica que el capitalismo argentino está destruyendo las condiciones de su propia reproducción (la reproducción de la vida de las personas mismas). El gobierno de Alberto Fernández quiere iniciar “este viernes” la “guerra” contra la inflación pero hace más de dos años que sus políticas están en guerra con el pueblo.

Los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) de febrero de 2022 fueron contundentes: el aumento en el precio de los alimentos fue de 9,1% en comparación con el mes anterior. El aumento general de precios fue de 4,7%. Comparando con el año 2021, el rubro más amplio “alimentos y bebidas no alcohólicas” subió 55,8%; el nivel general de precios aumentó 52,3%.

La política oficial contra la inflación es un fracaso total. El gobierno de Alberto Fernández (AF) no pudo bajar la inflación durante la pandemia, y menos lo puede hacer en el proceso de salida cuando las condiciones son más complejas y las grandes empresas aprovechan para ampliar sus ganancias. Hace meses que en el mundo hay una presión alcista en el precio de las commodities alimenticias, energéticas y mineras. En las últimas semanas, la invasión de Rusia a Ucrania, los combates subsiguientes y las sanciones al país gobernado por Putin, han puesto presión adicional pues ambos países son productores claves de esas mercancías.

Después de 27 meses de gobierno de AF, el anuncio de la decisión de iniciar en unos días una guerra contra la inflación parece casi una burla al sufrimiento popular. ¿Qué medidas tomarán al respecto? En el contexto de retroceso político evidente frente al FMI y la oposición política por derecha, y en el medio de disputas internas, es difícil pensar que el gobierno podrá tomar acción alguna en tal sentido.

Algunas notas teóricas

Para empezar, unas notas teóricas. El proceso inflacionario en Argentina está directamente ligado a la crisis que el capitalismo local atraviesa desde hace más de una década (hemos hablado de la crisis transicional del capitalismo argentino acá).

Desde 2018, los acuerdos con el FMI, la inflación y la política de ingresos del Estado nacional, se han convertido en un arma fundamental de los sectores dominantes para desarticular la resistencia popular, y destruir el valor de la fuerza de trabajo (y el poder de compra de nuestros ingresos).

Entre diciembre de 2016 y diciembre de 2021, los salarios han caído, en promedio, un 20,1%; cayeron también el salario mínimo, los beneficios sociales y los ingresos del trabajo por cuenta propia.

La inflación se convirtió en el mecanismo privilegiado para forzar una redistribución fenomenal de los ingresos a favor de las grandes empresas.

El poder social de los grandes capitales se hace evidente en el mecanismo de fijación de precios que domina la producción de alimentos, energía y productos mineros.

Veamos. Las empresas tienen un costo local para la producción de cualquiera de estos productos. Sin considerar los costos sociales, sanitarios y ambientales (algo que las empresas obviamente no hacen), ese costo de producción es en Argentina relativamente bajo. Por eso el país es gran exportador de alimentos y minerales, y -si la estrategia de Kulfas en Vaca Muerta avanza- de hidrocarburos en un futuro cercano.

Sin embargo, las empresas establecen sus precios en función del valor internacional (precio de producción global) que se fija en los mercados financieros en los países centrales. Este precio de producción global está determinado por los costos de extracción promedios de cada mercancía en el mundo, que son -en general- mucho más altos que los costos locales. A modo de ejemplo, en el caso del petróleo, el costo local de extracción está (en promedio) en torno a los 10-15 dólares por barril, mientras que el precio internacional hoy supera los 100 dólares el barril.

Es decir, las empresas obtienen una rentabilidad brutal (usualmente denominada -en sentido general- “renta de la tierra” o “renta de los recursos naturales”) por el sólo hecho de que en Argentina producir petróleo, trigo o aluminio (por poner tres ejemplos), es relativamente barato; en algunos casos, el costo es más bajo aún por los subsidios que reciben las empresas a partir de las políticas estatales.

Si sube el precio internacional del petróleo, la soja, el litio, o el hierro -por ejemplo-, las productoras locales buscarán aumentar el precio al que venden sus productos. Para vender en el mercado local exigirán cobrar -al menos- tanto como pueden cobrar en el mercado mundial, a menos que el Estado controle o regule esa decisión.

Claro que el precio de producción global no es necesariamente el precio al que efectivamente venden esos productos. Hay un componente especulativo en los precios de las commodities que puede ser importante (por ejemplo, en el marco de una guerra que genera alta incertidumbre).

Pero también, el Estado puede (y suele) intervenir y modificar el precio de venta en el mercado local. Por ejemplo, puede establecer impuestos a las exportaciones (retenciones), o fijar un precio interno (como, por ejemplo, en el caso del petróleo donde el gobierno fija un precio mínimo aproximado de 50 dólares el barril).

La retención a la exportación logra bajar el precio interno de esa mercancía de exportación. Si el precio mundial de la soja es de 600 dólares el quintal, una retención del 30% puede bajar el precio interno a 400 dólares (600 dólares menos el 30%).

Por otro lado, si el peso argentino se devalúa (sube el dólar), el precio de 600 dólares (o 400 con retención) subirá también en el mercado local.

Dicho todo esto, vemos que las grandes empresas productoras y exportadoras de estos productos esenciales (alimentos, energía y minerales) manejarán la dinámica de sus precios en función de lo que ocurra en el mercado mundial, sin importarles las condiciones locales (ni sus costos reales de producción). Si el Estado no controla las decisiones de precios y producción de las empresas, un país como Argentina, exportador de esas mercancías, importará las variaciones de precios y la inflación internacional.

Entonces, ¿qué pasa con la inflación?

En el contexto actual, sobre el proceso inflacionario local ya instalado desde hace años, se suma el aumento de los precios globales de producción de las principales commodities exportables. Frente a eso, el gobierno ha venido tomando acciones bastante inconducentes.

En primer lugar, acordó con el FMI la reducción del financiamiento monetario del déficit público. Esta decisión asume que la emisión monetaria es una causa fundamental de la inflación, algo que ya cuestionamos acá.

Asumir que la inflación es un fenómeno monetario es un error teórico del acuerdo que se está aprobando en estos días. Es un error con graves costos para la población por el impacto negativo del ajuste fiscal.

En segundo lugar, el gobierno acordó con el Fondo contener el aumento de los salarios reales de las y los trabajadorxs del Estado. En lugar de recuperar aceleradamente la pérdida salarial, la decisión es mantener los aumentos dentro de las bajas proyecciones de crecimiento económico establecidas en el acuerdo. Con mucha suerte, las pérdidas de los últimos años se recuperarán en más de una década.

Tercero, el gobierno nacional continúa apuntando los cañones anti-inflacionarios (para usar su metáfora bélica) a los “formadores de precios”, los “especuladores”. En efecto, es claro que los precios y -por lo tanto- la inflación tienen que ver con las decisiones de las empresas que son las que en definitiva fijan los precios de las mercancías que producen y venden en el país.

¿Quién decide el precio del sachet de leche en el mercado de barrio o en el super?

Pues, en primera instancia, las empresas que los fabrican. Pero, obviamente, no lo hacen en el vacío. En la mayoría de los casos, hay cierto grado de competencia entre las empresas de cada rubro (aunque cada vez más las grandes empresas controlan una mayor porción del mercado), deben negociar con los hipermercados (que también son grandes empresas) y deben fijar el precio más alto que les permite vender sus productos.

Es decir, las empresas no fijan cualquier precio, ni el que quieren unilateralmente, sino el más alto que les hace ganar la mayor cantidad de plata posible.

Esto significa que la estrategia del gobierno de sentarse a negociar con los productores, o con los distribuidores, y fijar precios “cuidados”, “máximos”, o lo que sea, tiene sus límites. Si el Estado no puede controlar los costos de producción, ni las decisión de cuánto producir, la fijación de precios negociada tiende a producir la falta de los productos que entran en la negociación; ahora mismo, un conjunto de frigoríficos exportadores de carne están amenazando con bajarse de un acuerdo voluntario para vender a precios regulados alguna cantidad de “cortes populares” en el mercado local.

Puede que haya en algunos locales de venta en algunos momentos del mes, pero seguramente las empresas recortarán la oferta y promoverán la producción de aquellos productos cuyos precios no estén controlados; sin acción decidida, la mera amenaza de aplicar la ley de abastecimiento u otras medidas son poco efectivas.

En tiempos recientes el gobierno ha decidido intervenir con “fideicomisos” en algunos productos, como el trigo para la harina u otras alternativas. Las empresas que se suman “voluntariamente” al mismo, aportan parte de su producción para la venta en el mercado interno. En el caso del trigo, sólo 1% de las exportaciones son aplicadas al mismo, con el fin de abastecer a la industria local con trigo subsidiado (en relación al precio internacional). Obviamente, el impacto sobre el precio doméstico de todos los derivados del trigo (como el pan de mesa) es más bien limitado. Nuevamente, el gobierno insiste con acciones voluntaristas, marginales, que no resuelven el problema, y supone subsidiar a las empresas productoras/exportadoras que ganan cifras multimillonarias.

No aparece en la agenda del gobierno intervenir directamente en los principales mercados, controlando -con apoyo y participación popular- los procesos productivos. Tampoco se pone sobre la mesa la necesidad de recuperar para el control público los puertos y el conjunto del comercio exterior de commodities. La iniciativa de aumentar las retenciones a las exportaciones o la prohibición de exportar algunas producciones básicas brillan por su ausencia o están sujetas a infinitas conversaciones. Para colmo, el acuerdo con el Fondo supone acelerar la devaluación del peso y alimentar la inflación, para mantener el dólar caro y sostener la rentabilidad de las empresas exportadoras. La reducción de los subsidios a los precios de la energía (también acordado con el Fondo), acelerarán este proceso.

El gobierno de Alberto Fernández ha demostrado una palmaria incapacidad de enfrentar la estrategia del gran capital para asegurarse una mayor porción en la distribución de los ingresos a través de la inflación.

Sin acciones que debiliten el poder social del capital, sin la intención de poner en la calle el poder de la movilización popular, la inflación sigue y seguirá siendo una guadaña cotidiana sobre el poder de compra de nuestros ingresos. Al fin y al cabo, el problema no es sólo la inflación, sino que nuestros salarios e ingresos corren siempre por detrás. Mientras prepara su “guerra contra la inflación”, el gobierno se apresta a aprobar un aumento en el salario mínimo, vital y móvil (SMVM) que lo dejarán bien por detrás del aumento en los precios y siempre por debajo de la línea de pobreza. La masiva movilización y acampe piquetero de estos días frente al Ministerio de Desarrollo Social y al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, da cuenta de lo urgente de las soluciones necesarias y la falta de voluntad política del poder ejecutivo nacional.

El gobierno no parece estar a la altura del problema. Por acción u omisión, por miopía teórica o incapacidad política, el gobierno del Frente de Todos parece estar en guerra contra el pueblo y no contra la inflación.

Mariano Féliz

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